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SLP, segundo nacional en venta de menores

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De enero a diciembre de 2018 se presentaron cuatro casos en el estado, que representan el 11% del total nacional

Por: El Saxofón

Con cuatro casos, San Luis Potosí se ubica en el segundo lugar de la incidencia delictiva en materia de Tráfico de Menores a nivel nacional. En primer lugar se ubica el estado de Guanajuato, con siete denuncias por este delito, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Entre enero y noviembre de 2018, la Fiscalía General del Estado abrió cuatro carpetas de investigación por igual número de denuncias de este delito. Los casos ocurrieron en Ciudad Fernández, Ciudad del Maíz, Rioverde y San Luis Potosí capital. Dos de las víctimas fueron mujeres.

En todo el país se denunciaron 36 casos de tráfico de menores, lo cual quiere decir que San Luis Potosí acumula el 11.1 por ciento de los casos.

Las entidades que reportan casos de Tráfico de menores son: Guanajuato (7), San Luis Potosí (4), Baja California (3), Oaxaca (3), Jalisco (3), Sinaloa (3), Veracruz (3), Chiapas (2), Michoacán (2), CDMX (1), Hidalgo (1), Estado de México (1), Nuevo León (1), Quintana Roo (1) y Aguascalientes (1). El resto de los estados no reportó ningún caso hasta noviembre de 2018.

Según estos datos, en la región del Bajío (a excepción de Querétaro y Zacatecas que reportan cero casos) se concentra el 33.33 por ciento de las denuncias por este delito.

El Código Penal de San Luis Potosí señala, en su Capítulo VI, Artículo 162, queComete el delito de tráfico de menores, quien traslade a otro Estado u otro municipio del Estado, o entregue a un tercero a un menor de dieciocho años de edad, de manera ilícita, con el propósito de obtener un beneficio económico indebido o de cualquier otra índole”.

Este delito se sancionará con una pena de prisión de ocho a cuarenta años y sanción pecuniaria de ochocientos a cuatro mil días del valor de la unidad de medida y actualización.

Según el Código Penal También comete el delito de Tráfico de Menores:

  1. Quienes ejerzan la patria potestad o custodia sobre el menor, aunque no haya sido declarada, cuando realicen materialmente el traslado o la entrega, o por haber otorgado su consentimiento para ello;
  2. Los ascendientes sin límite de grado, los parientes colaterales y por afinidad hasta el cuarto grado, así como cualquier tercero que no tenga parentesco con el menor.

Se entenderá que las personas a que se refiere el párrafo anterior actúan de manera ilícita cuando tengan conocimiento de que:

a) Quienes ejerzan la patria potestad o la custodia del menor no han otorgado su consentimiento expreso para el traslado o la entrega.

b) Quienes ejerzan la patria potestad o la custodia del menor obtendrán un beneficio económico indebido o de cualquier otra índole, por el traslado o la entrega, y

3. La persona o personas que reciban al menor.

 

Según las estadísticas oficiales, el delito de Tráfico de Menores se habría reducido drásticamente durante el 2018, pues en 2015 se denunciaron 91 casos, la cifra repuntó a 206 en 2016 y se redujo a 176 en 2017, para recalar en 2018 en solo 36 denuncias, distribuidas en 15 entidades de la República.

En 2017, en San Luis Potosí se registraron tres denuncias por tráfico de menores, mientras que en 2015 se registró solo una y en 2016 dos.

A nivel nacional, en 2017, Sonora concentró el 76.7 por ciento de las víctimas relacionadas con tráfico de menores en México, pues en esta entidad se denunciaron 135 casos.

En diciembre de 2017, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) presentó una recomendación dirigida al gobierno de Sonora por ese delito.

La recomendación se dio luego que, el 26 de marzo de 2015, el Departamento de Seguridad Interna de Estados Unidos alertara a la Procuraduría de Justicia de Sonora “sobre el posible tráfico de menores que se realizaba en… dicha entidad… imputable a servidores públicos del Hospital Infantil y de la entonces Procuraduría del Menor” de Sonora.

El tráfico de menores o trata infantil es una forma de trata de personas que implica el traslado o reclutamiento de bebés, niños o adolescentes de un lugar a otro para explotarlos, siendo los más comunes el laboral y sexual.

La carta de las Naciones Unidas define al tráfico de menores como «La captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de un niño con fines de explotación».

Las desapariciones de niñas, niños y adolescentes prenden las alertas en México, porque

Recientemente la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim) denunció que cada día, cuatro menores desaparecen en el territorio nacional.

Cabe mencionar también que en el periodo comprendido entre enero y noviembre de 2018, San Luis Potosí registró cinco denuncias por el delito de Trata de personas, según las estadísticas del SESNSP.

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Federico Garza renunció a la Fiscalía General del Estado

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José Luis Contreras, quien actualmente se desempeña como vicefiscal jurídico, ocupará temporalmente este cargo

Por: Redacción

Esta mañana, Federico Arturo Garza Herrera presentó su renuncia como titular de la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGE) al Congreso del Estado, argumentando que se trata de motivos personales.

Su lugar quedará temporalmente a cargo de José Luis Ruiz Contreras, quien se desempeña como Vicefiscal Jurídico.

Garza Herrera fue el último procurador general de justicia de la entidad hasta el 26 de octubre de 2017 y una vez que se conformó la FGESLP, fue el primer fiscal general desde el 27 de octubre de ese mismo año hasta ahora que deja ese encargo. 

Se especula que la terna que mandaría el Ejecutivo del Estado, a cargo de Ricardo Gallardo Cardona, estaría integrada por Leonel Serrato, recientemente anunciado titular de la SCT; Candido Ochoa, ex diputado local; y Juana María Castillo, vicefiscal especializada en delitos sexuales y atención a la mujer.

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Ricardo Gallardo mudaría su oficina; Palacio de Gobierno se convertiría en museo

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El despacho del gobernador estaría ubicado en el Centro de Convenciones y la Sedeco pasaría al Centro Histórico

Por: Redacción

Ricardo Gallardo Cardona tomará protesta como gobernador de San Luis Potosí el próximo domingo, y uno de los primeros cambios que implementaría, de acuerdo con fuentes consultadas por este medio, sería mudar su despacho del Palacio de Gobierno a la Torre Corporativa del Centro de Convenciones, lugar en donde actualmente se encuentra la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco).

El Palacio de Gobierno se convertiría en un museo abierto a la ciudadanía, mientras que las oficinas de Sedeco serían establecidas en donde actualmente se encuentra la Secretaría de Turismo, dependencia que será trasladada a la Huasteca.

Trabajadores y trabajadoras de la Sedeco se instalaron temporalmente en uno de los salones del Centro de Convenciones, pero han informado que desde este viernes se les dio la indicación de volver a sus labores hasta nuevo aviso.

Otro de los cambios que hará Gallardo, el cual ya está confirmado, es el traslado de la Secretaría de Cultura al Altiplano, por lo que su icónica casona de la Plaza de San Francisco quedaría vacante.

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#LaHerenciaDeCarreras | Las cruces rosas del feminicidio

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El empoderamiento de las mujeres en SLP no responde a un esfuerzo del gobierno estatal, sino a la incansable lucha de activistas y organismos civiles

Por: Karina González

En marzo de 2016 ocurrió el primer feminicidio catalogado como tal en el sexenio de Juan Manuel Carreras López como gobernador de San Luis Potosí. Desde entonces 116 mujeres han perdido la vida a manos de feminicidas en crímenes de odio y violencia de género, según la organización Semáforo Delictivo y el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en un análisis sobre los casos ocurridos entre octubre de 2015 y abril de 2021, fecha de su última actualización.

En 2019 se registró el mayor número de feminicidios en el estado con 28 asesinatos de mujeres; en 2018 y 2020 la cifra fue menor solo por un número, ambos años registraron 27 feminicidios; en 2017 se contabilizaron 18, en 2016 se tiene registro de 7 y actualmente, de enero a abril de este 2021, se han cometido 9 asesinatos de mujeres en el estado potosino.

Todo esto, pese a que el 21 de junio de 2017 se emitió la declaratoria de Alerta de Género para seis municipios en San Luis Potosí: la capital potosina, Soledad de Graciano Sánchez, Ciudad Valles, Matehuala, Tamazunchale y Tamuín. Con este decreto el gobierno de Juan Manuel Carreras se comprometió a coadyuvar en la garantía del derecho a una vida libre de violencia de las mujeres y niñas; además, de ejercer algunas obligaciones, tales como:

Reforzar patrullajes preventivos; instalar alumbrado público y mejorar el existente; implementar mecanismos de vigilancia y seguridad pública como videocámaras y postes de emergencia en puntos estratégicos; incrementar la vigilancia en el transporte público; difundir información sobre líneas de apoyo a víctimas de violencia; crear aplicaciones para teléfonos que permitan el acceso inmediato a los servicios de atención y seguridad; capacitación y profesionalización del servicio público en perspectiva de género y de derechos humanos; campañas de prevención; recuperación de espacios públicos; la creación de agrupaciones de seguridad especializadas en género y de reacción inmediata, así como la creación de una unidad especializada para el avance en la investigación de casos de feminicidio; medidas para garantizar el efectivo acceso a la justicia y la reparación integral del daño; y la creación de un grupo especializado en análisis de contextos de violencia, y la armonización legislativa.

De todas las anteriores, ninguna se logró acatar al 100 por ciento, tal como se refleja en los índices delictivos de los últimos seis años; pese a estos datos, en San Luis Potosí la figura de la mujer está cobrando importancia y se refleja en las posiciones de poder que poco a poco de conquistan dentro de la administración pública, la vida social y la industria, reconoció el doctor en criminalística Luis Alberto Osornio Saldívar, quien señaló que este logro, lamentablemente no se debe a las voluntades del gobierno del estado, sino a la incansable lucha de distintos organismos civiles que han alzado la voz para posicionar los derechos de las mujeres.

Indicó que la deuda que se queda en el gobierno estatal no es empoderar a la mujer porque ya existen mujeres empoderadas en San Luis Potosí, que han obtenido cargos de diputadas, senadoras, alcaldesas y actualmente es una mujer quien encabeza el Poder Judicial, “es histórico”, reconoció el experto; sin embargo, dijo, no es un resultado tangible para la lucha que exigen las mujeres y activistas en sus marchas; el reclamo social va mucho más allá que solo una posición laboral o económica; es la sed de justicia ante la indiferencia con las víctimas.

El experto mencionó que en feminicidios, no existe hasta el momento la operatividad adecuada en los elementos de seguridad para afrontar temas como la investigación y por tanto, no existen detenidos, culpables, procesados, ni casos cerrados. Pues según el “mapa de feminicidios” creado por el medio digital feminista La Alcantarilla y la consultoría de desarrollo de proyectos tecnológicos, software y mapas interactivos “Uxmalsoft” ningún caso ocurrido entre 2018 y 2021 ha sido considerado “concluido” por la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí.

“Hemos tenido la capacidad activista enorme pero no hemos tenido una actividad operativa de investigación efectiva y eso es donde debemos de cambiar, por ejemplo la ministerial, los protocolos de investigación, las persecuciones, las pesquisas, las cuestiones periciales forenses, en estas debemos de avanzar”, consideró. Lo anterior se refleja en las marchas y movilizaciones feministas que año con año incrementan el número de participantes.

En 2020, antes de la pandemia de covid-19 se vivió la marcha más importante en conmemoración del 08 de marzo, miles de mujeres caminaron en una protesta por las víctimas de feminicidio y violencia de género que no recibieron justicia, víctimas de desaparición que no cuentan con carpetas de investigación o búsqueda de su paradero; familias que han perdido a una integrante porque en las calles no hay quien cuide el transitar de sus mujeres. En 2020 también se llevó a cabo por primera vez el movimiento “el nueve ninguna se mueve” que provocó que cientos de mujeres dejaran paradas sus labores por un día, visibilizando la fuerza laboral y económica que representan en la vida diaria.

Este 2021 debido a la pandemia las manifestaciones que exigen justicia se vieron limitadas, pero no silenciadas; incluso, el pasado 14 de mayo se conmemoró el Día por la Justicia para las Víctimas de Feminicidio donde se develó un memorial para recordar a las víctimas que siguen sin justicia. En este sitio se dejaron cruces rosas, flores y carteles donde se le recuerda al gobierno de Juan Manuel Carreras la deuda con la seguridad para las mujeres. Por tanto, sin soluciones ni un efectivo sistema de justicia, este problema será una de las herencias más sentidas que Juan Manuel Carreras dejará a San Luis Potosí.

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