diciembre 5, 2025

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SLP podría aprobar una ley de amnistía para robos, aborto, narcomenudeo…

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El Senado hizo un exhorto al Congreso del Estado para crear dicha iniciativa

Por: Bernardo Vera

El Senado de la República emitió un exhorto, el pasado martes 15 de noviembre, para que 21 congresos locales -incluido San Luis Potosí- expidan leyes de amnistía por la comisión de delitos previstos en sus respectivas legislaciones, y que sean acordes a los lineamientos establecidos en la Ley de Amnistía Federal, vigente desde el 23 de abril de 2020.

Los senadores y senadoras enfatizaron que la creación de las leyes de amnistía en los estados permitirá garantizar que se incorporen a los ordenamientos jurídicos locales, determinados supuestos que permitan liberar a personas privadas de la libertad que se encuentran en centros penitenciarios locales por los delitos específicos del artículo 1 de la legislación federal, como:

1.- Aborto: cuando se impute a la madre, personal médico o familiares que hayan auxiliado.

2.- Homicidio por razón de parentesco: cuando el sujeto pasivo sea el producto de la concepción en cualquier momento de la preñez, en los supuestos previstos del punto anterior.

3.- Delitos contra la salud cometidos por personas en situación de pobreza, extrema vulnerabilidad, personas con discapacidad permanente, o se haya cometido por indicación de algún familiar u obligados por el crimen organizado; que pertenezca a un pueblo o comunidad indígena o afromexicana, y personas consumidoras que hayan poseído narcóticos en cantidades superiores hasta en dos tantos a la dosis máxima de consumo personal e inmediato.

4.- Por cualquier delito: a personas pertenecientes a los pueblos y comunidades indígenas que durante su proceso no hayan contado con intérpretes o defensores que tuvieran conocimiento de su lengua y cultura.

5.- Robo simple y sin violencia que no amerite pena privativa de la libertad de más de cuatro años.

6.- Sedición o que hayan incitado a la comisión de este delito por parte de grupos impulsados por razones políticas con el propósito de alterar la vida institucional, siempre que no se trate de terrorismo, y que en los hechos no se haya producido la privación de la vida, lesiones graves a otra persona o se hayan empleado o utilizado armas de fuego.

Los congresos estatales a los que fue dirigido el exhorto son los de Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Chiapas, Chihuahua, Ciudad de México, Coahuila, Colima, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Morelos, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Sonora, Tabasco, Veracruz, Yucatán y Zacatecas.

La discusión del tema fue abordada por Mónica Fernández Balboa, senadora y presidenta de la Comisión de Gobernación, quien presentó el dictamen de punto de acuerdo para el exhorto; aseguró que la expedición de las leyes por cada congreso local promoverá mecanismos en cada entidad para acabar con injusticias que tienen muchas veces llenos los centros penitenciarios de personas que no han podido acceder a un juicio justo. Mientras que Nestora Salgado García, senadora por Morena, aclaró que se trata de un proceso de reconciliación y pacificación, además que incorpora al ámbito local una ley de amnistía que contemple supuestos que permita liberar a presos que por razones políticas, deficiencias procesales u otras circunstancias se encuentran privadas de la libertad.

Damián Zepeda Vidales, senador del PAN, señaló su rechazo a la propuesta y manifestó su preocupación para otorgar esta figura en caso de robos menores a 50 mil pesos y narcomenudeo; “Esta Ley está enfocada a resolver problemas sociales, pero también abre la puerta a los delincuentes, para que salgan a delinquir nuevamente”, mencionó. Por otro lado, Patricia Mercado Castro, senadora por Movimiento Ciudadano, consideró necesario adoptar una estrategia que incluya los instrumentos de liberación ya existentes y un impulso decidido a la política de reinserción social.

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Ciudad

Gallardo y Galindo anuncian 600 mdp para dos megaproyectos para la capital

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El gobernador destacó la importancia del trabajo en equipo entre ambas administraciones; aún no se detallan las características ni ubicación de las obras

Por: Redacción

Ricardo Gallardo Cardona, gobernador de San Luis Potosí, anunció este miércoles una inversión conjunta de 600 millones de pesos para dos nuevos megaproyectos de infraestructura en la capital potosina, tras sostener una reunión con el alcalde Enrique Galindo Ceballos.

A través de sus redes sociales, el mandatario estatal destacó que el encuentro permitió acordar una estrategia coordinada entre Gobierno del Estado y Ayuntamiento para impulsar obras de gran calado que buscan transformar la movilidad y la conectividad urbana.

Cuando se trabaja en equipo, las buenas noticias se multiplican

”, expresó el gobernador, quien aseguró que estos proyectos forman parte de una visión de desarrollo que pretende consolidar una capital “con obras sin límites”.

Aunque no se detallaron aún las características específicas de los dos megaproyectos, Gallardo Cardona adelantó que la inversión será “histórica” y que en los próximos días se darán a conocer los alcances de las obras.

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FGR podría atraer el caso de los policías potosinos detenidos en Zacatecas

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Los cuatro elementos de SLP fueron vinculados a proceso en Zacatecas por desaparición forzada

Por: Redacción

La investigación por la desaparición forzada y el hallazgo de siete cuerpos en la frontera entre Zacatecas y San Luis Potosí podría pasar a manos de la Fiscalía General de la República (FGR). Así lo confirmó el fiscal zacatecano, Cristian Camacho Osnaya, tras la vinculación a proceso de los cuatro policías potosinos detenidos por su presunta participación en estos hechos.

Los elementos María “N”, José “N”, Etelberto “N” y Roni “N” fueron arrestados el pasado 23 de noviembre en territorio zacatecano, cuando circulaban en una camioneta sin rótulos oficiales. Durante una inspección, policías estatales encontraron rastros de sangre en el vehículo, lo que los relacionó de inmediato con los siete cadáveres abandonados minutos antes en un camino de terracería del municipio de Villa de Cos, justo en la franja limítrofe con San Luis Potosí.

Camacho Osnaya informó que en la audiencia inicial —que se prolongó por casi 10 horas—, una jueza de Control determinó su vinculación a proceso, fijó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria, y ordenó prisión preventiva justificada como medida cautelar.

Entre los indicios integrados en la carpeta de investigación se incluyen los estudios periciales realizados a los rastros hemáticos encontrados en la camioneta, los cuales coinciden genéticamente con uno de los siete cuerpos

localizados.

El fiscal también confirmó que un predio del municipio potosino de Santo Domingo fue procesado como posible escena del crimen, debido a que ese mismo día se reportó la presencia de cuerpos en esa zona. Las autoridades investigan si ahí ocurrieron los homicidios, antes de que los cadáveres fueran abandonados en Zacatecas.

Sobre la posibilidad de que la FGR atraiga el caso, Camacho Osnaya señaló que existe la facultad legal para hacerlo, especialmente porque se trata de hechos que involucran a dos estados. Otro factor clave sería garantizar imparcialidad en la investigación, sobre todo para las familias de las víctimas; hasta ahora, solo dos de los siete cuerpos han sido identificados.

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Auditorías Federales reconocen finanzas sanas en la administración potosina

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SLP se mantiene con buen manejo de los recursos y buena transparencia de cuentas

Por: Cristian Betancourt

San Luis Potosí obtuvo resultados favorables en las revisiones realizadas por la Auditoría Superior del Estado (ASF), aseguró Sergio Arturo Aguiñaga Muñiz, titular de la Controlaría General del Estado quién destacó que cerrará el año con finanzas sanas y avance positivo en materia de fiscalización.

Aguiñaga Muñiz subrayó que San Luis Potosí tiene cuentas sanas lo que permitirá recibir un informe positivo de la Auditoría Superior de la Federación.

Asimismo destacó que en la actual administración existe una política de transparencia obligación que recae en todas las dependencias y organismos públicos. “Siempre ha existido transparencia. Toda la transparencia pública estatal tiene la obligación de transparentar todo lo que se realiza y todo lo que se ejerce con recursos públicos”, afirmó.

Insistió en que estos resultados reflejan una buena coordinación entre las instancias estatales y federales encargadas de vigilar el uso de los recursos.

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