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SLP podría aprobar una ley de amnistía para robos, aborto, narcomenudeo…
El Senado hizo un exhorto al Congreso del Estado para crear dicha iniciativa
Por: Bernardo Vera
El Senado de la República emitió un exhorto, el pasado martes 15 de noviembre, para que 21 congresos locales -incluido San Luis Potosí- expidan leyes de amnistía por la comisión de delitos previstos en sus respectivas legislaciones, y que sean acordes a los lineamientos establecidos en la Ley de Amnistía Federal, vigente desde el 23 de abril de 2020.
Los senadores y senadoras enfatizaron que la creación de las leyes de amnistía en los estados permitirá garantizar que se incorporen a los ordenamientos jurídicos locales, determinados supuestos que permitan liberar a personas privadas de la libertad que se encuentran en centros penitenciarios locales por los delitos específicos del artículo 1 de la legislación federal, como:
1.- Aborto: cuando se impute a la madre, personal médico o familiares que hayan auxiliado.
2.- Homicidio por razón de parentesco: cuando el sujeto pasivo sea el producto de la concepción en cualquier momento de la preñez, en los supuestos previstos del punto anterior.
3.- Delitos contra la salud cometidos por personas en situación de pobreza, extrema vulnerabilidad, personas con discapacidad permanente, o se haya cometido por indicación de algún familiar u obligados por el crimen organizado; que pertenezca a un pueblo o comunidad indígena o afromexicana, y personas consumidoras que hayan poseído narcóticos en cantidades superiores hasta en dos tantos a la dosis máxima de consumo personal e inmediato.
4.- Por cualquier delito: a personas pertenecientes a los pueblos y comunidades indígenas que durante su proceso no hayan contado con intérpretes o defensores que tuvieran conocimiento de su lengua y cultura.
5.- Robo simple y sin violencia que no amerite pena privativa de la libertad de más de cuatro años.
6.- Sedición o que hayan incitado a la comisión de este delito por parte de grupos impulsados por razones políticas con el propósito de alterar la vida institucional, siempre que no se trate de terrorismo, y que en los hechos no se haya producido la privación de la vida, lesiones graves a otra persona o se hayan empleado o utilizado armas de fuego.
Los congresos estatales a los que fue dirigido el exhorto son los de Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Chiapas, Chihuahua, Ciudad de México, Coahuila, Colima, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Morelos, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Sonora, Tabasco, Veracruz, Yucatán y Zacatecas.
La discusión del tema fue abordada por Mónica Fernández Balboa, senadora y presidenta de la Comisión de Gobernación, quien presentó el dictamen de punto de acuerdo para el exhorto; aseguró que la expedición de las leyes por cada congreso local promoverá mecanismos en cada entidad para acabar con injusticias que tienen muchas veces llenos los centros penitenciarios de personas que no han podido acceder a un juicio justo. Mientras que Nestora Salgado García, senadora por Morena, aclaró que se trata de un proceso de reconciliación y pacificación, además que incorpora al ámbito local una ley de amnistía que contemple supuestos que permita liberar a presos que por razones políticas, deficiencias procesales u otras circunstancias se encuentran privadas de la libertad.
Damián Zepeda Vidales, senador del PAN, señaló su rechazo a la propuesta y manifestó su preocupación para otorgar esta figura en caso de robos menores a 50 mil pesos y narcomenudeo; “Esta Ley está enfocada a resolver problemas sociales, pero también abre la puerta a los delincuentes, para que salgan a delinquir nuevamente”, mencionó. Por otro lado, Patricia Mercado Castro, senadora por Movimiento Ciudadano, consideró necesario adoptar una estrategia que incluya los instrumentos de liberación ya existentes y un impulso decidido a la política de reinserción social.
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Ciudad
Incendios aumentan hasta un 30% en diciembre: Bomberos
Benavente Duque dijo que el uso de pirotecnia y descuido en instalaciones eléctricas provocan mayores incidentes en la temporada decembrina
Por: Cristian Betancourt
Adolfo Benavente Duque, comandante del H. cuerpo de Bomberos, advirtió que el mes de diciembre será uno de los más complicados en materia de emergencia debido al incremento de siniestros que se registran en la zona metropolitana.
Benavente explicó que los incendios entre el 10 y 15 de diciembre suelen incrementarse entre 25% y 30%, principalmente por el uso de pirotecnia
y aumento de incendio en pastizales.Detalló que la corporación cerrará con entre 400 y 450 servicios atendidos mientras que noviembre concluyó con 385 emergencias.
Benavente Duque pidió a la población evitar en lo posible el uso de pirotecnia; comentó que en caso de utilizarla se debe encender en zonas sin vegetación.
Finalmente, llamó a extremar precauciones con instalaciones eléctricas, evitar sobrecargas y utilizar equipos adecuados.
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Destacadas
Acusan que imputados simulan tortura para justificar delitos
La titular de la Fiscalía confirma que el recurso busca anular procesos, pero reiteró el trabajo de la unidad especializada para denuncias genuinas
Por: Redacción
La titular de la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP), María Manuela García Cázares, reconoció que la acusación de tortura es un recurso frecuentemente utilizado por las defensas legales de los imputados, lo que en ocasiones busca retrasar el proceso judicial o generar una vía para evadir la justicia.
La Fiscal señaló que, si bien no se tienen cifras exactas de cuántos casos utilizan este argumento meramente como un “medio defensivo”, el fenómeno es conocido, ya que los imputados buscan aprovecharse de los protocolos de ley.
“Lo utilizan en algunas ocasiones como un medio defensivo… [como saben] que se ha efectuado el protocolo de Estambul, que lleva tiempo, exámenes psicológicos, exámenes médicos. Ello trae consigo un retraso en el proceso,” explicó García Cázares.
La estrategia posterior de algunos imputados es retractarse, argumentando que la acusación fue un intento de justificar supuestas violaciones. Sin embargo, la Fiscal enfatizó que, una vez presentada la denuncia, el Estado tiene la obligación ineludible de investigar , lo que impide que la parte acusadora simplemente se desista.
La titular de la FGESLP subrayó que la Fiscalía especializada en el tema ha desempeñado una labor significativa para atender las denuncias genuinas.
“Evidentemente que hay casos en los cuales son ciertos, se denuncian y esta fiscalía especializada, pues ha tenido una importante labor”, indicó la funcionaria.
García Cázares mencionó que las denuncias de tortura provienen de diversos cuerpos de seguridad: “Tenemos todo tipo de denuncias, de policías municipales, de de guardia, de de todo tipo.”
El procedimiento obliga a la Fiscalía a localizar a la víctima y realizar los exámenes respectivos sin posibilidad de desistimiento, asegurando que la investigación se realice de manera rigurosa, aunque esto pueda ser usado tácticamente por los imputados.
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SCT endurece regulación al transporte de personal industrial
Araceli Martínez indicó que su depedencia trabaja en una iniciativa con el Congreso para establecer sanciones penales por contratar transporte ilegal
Por: Redacción
Araceli Martínez Acosta, titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), anunció que este viernes iniciará la capacitación piloto para certificar a operadores del transporte de personal, particularmente aquellos que trabajan en la Zona Industrial, donde —reconoció— persisten accidentes derivados de jornadas laborales excesivas y falta de regulación.
Martínez señaló que muchas empresas prestan el servicio sin estar reguladas, se niegan al registro estatal y han mostrado resistencia histórica a cumplir la normativa. “Estamos prácticamente escribiendo las reglas que nunca han tenido”, afirmó.
La funcionaria reveló que hace 15 días se sostuvo una reunión con el parque Logistik II y la Unión de Usuarios, donde se advirtió directamente a los directores de Recursos Humanos: continuarán los aseguramientos de unidades sin autorización y habrá consecuencias legales .
“Hay corresponsabilidad de los RH que contratan deliberadamente empresas sin permiso. Están poniendo en riesgo a su capital humano”, expresó.
La SCT ya comenzó el aseguramiento de camiones irregulares: solo este lunes se retuvieron tres unidades más. Aunque reconoció el impacto económico para las empresas, Martínez señaló que el riesgo a la vida pesa más que cualquier afectación en la producción .
Además, adelantó que antes de finalizar el año se firmará un convenio de colaboración con empresas que se comprometan a contratar únicamente proveedores autorizados y certificados. Con esto se busca ampliar el padrón regulado y establecer tarifas mínimas y máximas que eviten que empresas foráneas compitan con costos bajos gracias a operadores sobreexplotados e incluso menores de edad.
Sobre la posibilidad de concesionar formalmente el transporte de personal, la funcionaria confirmó que es el siguiente paso:
“Ya existen empresarios potosinos con concesiones en esta modalidad; queremos fortalecer a los potosinos y dejar de depender de empresas de otros estados”, señaló.
Finalmente, Martínez informó que la SCT trabaja con el Congreso del Estado en una reforma legal para establecer responsabilidad penal para quienes contraten servicios irregulares que pongan en riesgo a su personal.
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