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SLP logró objetivo de firmas para enjuiciar a expresidentes, a nivel nacional no
Por: Ana G Silva
Jorge Kinich Ramírez Reyes, integrante de Jóvenes por la Cuarta Transformación y Mexicanos por la Cuarta Transformación, anunció que, aunque a nivel nacional no se han logrado recaudar todas las firmas para poder solicitar, por la vía ciudadana, el proceso para la consulta popular que decida enjuiciar o no a los expresidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, en San Luis Potosí se ha logrado una importante participación de la ciudadanía: “sí hubo un empuje a nivel estatal”.
“A nivel estatal no tenemos el dato exacto de cuántas firmas se han recaudado, la meta eran 47 mil, sin embargo, en la capital potosina logramos sumar 24 o 25 mil firmas, pero como ya se nos vino el tiempo enzima el conteo de todo lo que se juntó en el estado se realizará en Cuidad de México”.
Jorge Kinich Ramírez Reyes indicó que en el municipio de San Luis Potosí ya se suspendió la recaudación de firmas, sin embargo, se sigue trabajando en casas de enlace de Morena e integrantes del partido.
“A nivel municipal hacían filas para que la gente firmara, si hacemos un censo de lo que vimos la gente quería participar”.
Mencionó que al menos en el estado se han juntado 40 mil firmas “y creo que a nivel nacional sí se va a lograr la meta”.
Esta mañana, El Universal mencionó que, a menos de 48 horas, Morena solo había recaudado aproximadamente un millón de firmas de un millón 800 mil que se planean recaudar.
Según Ramírez Reyes en realidad se deben juntar un millón 200 mil firmas: “Ya lo anunció el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que 900 mil son las que ya se alcanzaron y que faltan 300 mil firmas para llegar a la meta”.
El integrante de Jóvenes por la Cuarta dijo que, aunque López Obrador pudo haber presentado al Senado la solicitud para consulta sobre juicios a expresidentes, se esperaba estimular una democracia participativa, porque “todas las ordenes se daban de arriba hacia abajo y Andrés quiere que todo se inicie desde abajo, por eso no solo quiere hacerlo desde su perspectiva”
“Yo no diría que no se juntaron todas las firmas porque hubo muchas personas que participaron y todavía querían más días para seguir juntando. El ejercicio tiene el objetivo de ver a la ciudadanía cómo participaba, si llegabas a las 100 mil firmas era evidente que no se quería enjuiciar a los expresidentes o no se quiere este ejercicio democrático, pero como si hubo una gran participación fue la clave para que el presidente tome partido y decir ‘no se alcanzó, pero yo como poder ejecutivo voy a meter la iniciativa porque si hubo participación ciudadana’”.
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Ciudad
Incendios aumentan hasta un 30% en diciembre: Bomberos
Benavente Duque dijo que el uso de pirotecnia y descuido en instalaciones eléctricas provocan mayores incidentes en la temporada decembrina
Por: Cristian Betancourt
Adolfo Benavente Duque, comandante del H. cuerpo de Bomberos, advirtió que el mes de diciembre será uno de los más complicados en materia de emergencia debido al incremento de siniestros que se registran en la zona metropolitana.
Benavente explicó que los incendios entre el 10 y 15 de diciembre suelen incrementarse entre 25% y 30%, principalmente por el uso de pirotecnia
y aumento de incendio en pastizales.Detalló que la corporación cerrará con entre 400 y 450 servicios atendidos mientras que noviembre concluyó con 385 emergencias.
Benavente Duque pidió a la población evitar en lo posible el uso de pirotecnia; comentó que en caso de utilizarla se debe encender en zonas sin vegetación.
Finalmente, llamó a extremar precauciones con instalaciones eléctricas, evitar sobrecargas y utilizar equipos adecuados.
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Destacadas
Acusan que imputados simulan tortura para justificar delitos
La titular de la Fiscalía confirma que el recurso busca anular procesos, pero reiteró el trabajo de la unidad especializada para denuncias genuinas
Por: Redacción
La titular de la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP), María Manuela García Cázares, reconoció que la acusación de tortura es un recurso frecuentemente utilizado por las defensas legales de los imputados, lo que en ocasiones busca retrasar el proceso judicial o generar una vía para evadir la justicia.
La Fiscal señaló que, si bien no se tienen cifras exactas de cuántos casos utilizan este argumento meramente como un “medio defensivo”, el fenómeno es conocido, ya que los imputados buscan aprovecharse de los protocolos de ley.
“Lo utilizan en algunas ocasiones como un medio defensivo… [como saben] que se ha efectuado el protocolo de Estambul, que lleva tiempo, exámenes psicológicos, exámenes médicos. Ello trae consigo un retraso en el proceso,” explicó García Cázares.
La estrategia posterior de algunos imputados es retractarse, argumentando que la acusación fue un intento de justificar supuestas violaciones. Sin embargo, la Fiscal enfatizó que, una vez presentada la denuncia, el Estado tiene la obligación ineludible de investigar , lo que impide que la parte acusadora simplemente se desista.
La titular de la FGESLP subrayó que la Fiscalía especializada en el tema ha desempeñado una labor significativa para atender las denuncias genuinas.
“Evidentemente que hay casos en los cuales son ciertos, se denuncian y esta fiscalía especializada, pues ha tenido una importante labor”, indicó la funcionaria.
García Cázares mencionó que las denuncias de tortura provienen de diversos cuerpos de seguridad: “Tenemos todo tipo de denuncias, de policías municipales, de de guardia, de de todo tipo.”
El procedimiento obliga a la Fiscalía a localizar a la víctima y realizar los exámenes respectivos sin posibilidad de desistimiento, asegurando que la investigación se realice de manera rigurosa, aunque esto pueda ser usado tácticamente por los imputados.
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Destacadas
SCT endurece regulación al transporte de personal industrial
Araceli Martínez indicó que su depedencia trabaja en una iniciativa con el Congreso para establecer sanciones penales por contratar transporte ilegal
Por: Redacción
Araceli Martínez Acosta, titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), anunció que este viernes iniciará la capacitación piloto para certificar a operadores del transporte de personal, particularmente aquellos que trabajan en la Zona Industrial, donde —reconoció— persisten accidentes derivados de jornadas laborales excesivas y falta de regulación.
Martínez señaló que muchas empresas prestan el servicio sin estar reguladas, se niegan al registro estatal y han mostrado resistencia histórica a cumplir la normativa. “Estamos prácticamente escribiendo las reglas que nunca han tenido”, afirmó.
La funcionaria reveló que hace 15 días se sostuvo una reunión con el parque Logistik II y la Unión de Usuarios, donde se advirtió directamente a los directores de Recursos Humanos: continuarán los aseguramientos de unidades sin autorización y habrá consecuencias legales .
“Hay corresponsabilidad de los RH que contratan deliberadamente empresas sin permiso. Están poniendo en riesgo a su capital humano”, expresó.
La SCT ya comenzó el aseguramiento de camiones irregulares: solo este lunes se retuvieron tres unidades más. Aunque reconoció el impacto económico para las empresas, Martínez señaló que el riesgo a la vida pesa más que cualquier afectación en la producción .
Además, adelantó que antes de finalizar el año se firmará un convenio de colaboración con empresas que se comprometan a contratar únicamente proveedores autorizados y certificados. Con esto se busca ampliar el padrón regulado y establecer tarifas mínimas y máximas que eviten que empresas foráneas compitan con costos bajos gracias a operadores sobreexplotados e incluso menores de edad.
Sobre la posibilidad de concesionar formalmente el transporte de personal, la funcionaria confirmó que es el siguiente paso:
“Ya existen empresarios potosinos con concesiones en esta modalidad; queremos fortalecer a los potosinos y dejar de depender de empresas de otros estados”, señaló.
Finalmente, Martínez informó que la SCT trabaja con el Congreso del Estado en una reforma legal para establecer responsabilidad penal para quienes contraten servicios irregulares que pongan en riesgo a su personal.
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