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SLP, el caso García Luna y el asesinato de Jaime Zapata
El 15 de febrero de 2011 dos agentes estadounidenses fueron atacados por Zetas en territorio potosino, pero ¿qué hacían en México? ¿Cómo se vincula con el secretario de Felipe Calderón?
Por: Bernardo Vera
San Luis Potosí guarda una relación con el juicio contra Genaro García Luna, ex titular de la Secretaría de Seguridad Pública durante el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa.
En el 2011, el operativo “Rápido y Furioso” fue una estrategia pactada entre los gobiernos de Estados Unidos y México, mediante el cual se permitió el ingreso de centenares de armas de fuero estadounidense a territorio mexicano, bajo la premisa de que estas pudieran ser rastreadas y condujeran a objetivos criminales. Uno de los capítulos de mayor trascendencia de esa fallida idea ocurrió el 15 de febrero de ese año en territorio potosino, cuando dos agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por su siglas en inglés) fueron emboscados por un comando armado y derivó en la muerte de Jaime Zapata, agente especial de dicho departamento. Sin embargo, ¿quién fue el responsable de este atentado? ¿Cuál era el motivo de que dos agentes norteamericanos se encontraran en nuestro país?
A continuación hacemos un resumen de los acontecimientos ocurridos, a 12 años del suceso que caló en diferentes esferas de la vida política local, nacional e internacional de aquella época:
RÁPIDO Y FURIOSO
De 2009 a 2011, la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos de Estados Unidos (ATF, por sus siglas en inglés),“donó” armas estadounidenses a carteles mexicanos, en un operativo denominado “Rápido y Furioso”. Esta operación solo tuvo la autorización de Barack Obama, ex presidente de los Estados Unidos, y sin requerir el aval del Congreso norteamericano. La intención era entregarlas a grupos criminales mexicanos, rastrearlas y dar con la ubicación de presuntos objetivos criminales.
Felipe Calderón Hinojosa, entonces presidente de México, sostenía una lucha por reducir los índices de violencia y narcotráfico que prevalecían en el país, en la conocida “guerra contra el narco”, bajo la coordinación de Genaro García Luna, por lo que no existió gran oposición ante el plan maquinado desde Estados Unidos.
Las armas ingresaron a México y cayeron en manos de diversos grupos criminales. Sin embargo, en el reciente juicio que se sigue en Nueva York contra García Luna, se reveló que dichas armas fueron dadas al Cártel de Sinaloa, por el vínculo que este grupo criminal mantenía con el ex secretario de Seguridad Pública. Declaración que fue respaldada por la Fiscalía General de la República (FGR).
MISIÓN IMPOSIBLE
En noviembre del 2010, personal agregado a la embajada de Estados Unidos en México, emitió una solicitud a la oficina en Washington, para que les proporcionaran equipo táctico especial. Dicho equipo serviría para terminar “una misión de alto perfil”. No obstante, el traslado del equipo desde Estados Unidos hasta el Distrito Federal (la actual Ciudad de México) se realizaría por tierra, lo que generó muchas dudas.
La misión era que una primera unidad de agentes cruzara desde las oficinas de Monterrey a Texas para recoger el equipo táctico y entregarlo a una segunda unidad en otro punto medio del territorio mexicano, (San Luis Potosí) para que lo llevaran a la capital del país.
Los encargados de esta segunda unidad serían Víctor Ávila Jr., quien estaba asignado en México; y Jaime Zapata, de 32 años de edad, nativo de Brownsville, Texas, quien se ofreció a participar voluntariamente mientras se encontraba de paso en el país, para cumplir con otra misión de asignación de servicio temporal. Ambos se encontraban en la Ciudad de México.
Ávila y Zapata tenían que llevar 12 paquetes desde San Luis Potosí hasta la Ciudad de México, y solo les proporcionaron una camioneta obsoleta -no tenía las llantas adecuadas y los seguros se abrían automáticamente al detener la marcha- y la instrucción precipitada para llevar el equipo lo más rápido posible.
La entrega de este equipo se tuvo que realizar, pese a que en reiteradas ocasiones se informó al ICE sobre los riesgos de atravesar la zona centro de la República Mexicana, debido a la presencia de grupos criminales y los ataques armados que efectuaban. Los reportes presentados sobre este caso detallan que uno de los involucrados declaró lo siguiente:
“Ahora no es un buen momento para hacer esto porque el área de San Luis Potosí, entre Ciudad de México y Monterrey, donde los agentes propusieron encontrarse (para entregar el equipo táctico), estaba ‘muy caliente’“.
Pocos días antes de realizar la entrega de equipo, un involucrado en la misión se había enterado “a través de diversas fuentes” que “las autoridades mexicanas y el Ejército mexicano mantenían enfrentamientos con miembros del cártel de Los Zetas en las áreas de San Luis Potosí y Zacatecas”.
Sin embargo, las advertencias fueron ignoradas.
ENEMIGO AL ACECHO
Los agentes de la primera unidad del ICE provenientes de Monterrey, entraron a la ciudad de Matehuala el 15 de febrero de 2011 alrededor de las 10:50 horas, y desayunaron en un restaurante de aquel lugar. Al terminar su desayuno, condujeron hasta el acotamiento conocido como “El Altiplano de Potosí” en el kilómetro 100 de la carretera federal 57, donde finalmente, se encontraron con Zapata y Ávila, quienes llegaron al punto acordado alrededor de las 11:30 horas. En un lapso de diez minutos, se cargaron las cajas de un vehículo a otro, los agentes se despidieron y cada uno siguió su camino por donde llegó. Hasta el momento todo transcurría de acuerdo al plan.
A la altura de la comunidad ‘El Toro’, muy cerca de la cabecera municipal de Santa María del Río, Ávila y Zapata fueron atacados presuntamente por un comando armado perteneciente a ‘Los Zetas’.
Los atacantes fueron José Emanuel García Sota, alias ‘El Zafado’ y Jesús Iván Quezada Piña, alias ‘El Loco’. Ambos emboscaron a los agentes y dispararon hacia el vehículo con pistolas y armas semiautomáticas, incluyendo rifles de asalto AK-47 y AR-15. Una de las versiones señala que los agentes norteamericanos fueron monitoreados en su paso por territorio mexicano desde que arribaron a Matehuala, donde desayunaron. Ahí, presuntamente dos elementos de la entonces policía estatal, dieron a conocer la presencia de la camioneta de los agentes estadounidenses a una célula delictiva, ya que fungían como ‘halcones’ para diversos grupos criminales.
Zapata murió tras recibir diversos impactos de bala en el pecho, mientras que el agente especial Ávila, fue herido de gravedad. Fernando Toranzo Fernández, entonces gobernador de San Luis Potosí, fue el primero en reconocer que el crimen organizado fue responsable del atentado, debido al modus operandi. Además, desde el inicio de su gestión había solicitado la intervención de las fuerzas federales y el Ejército mexicano para el combate al crimen organizado en la entidad potosina.
García Sota y Quezada Piña fueron detenidos, extraditados, y condenados a cadena perpetua el 27 de julio de 2017 en el tribunal federal de distrito para el Distrito de Columbia. De acuerdo con sus declaraciones, tenían como objetivo robar camionetas para reponer las unidades pérdidas en sus constantes enfrentamientos contra las autoridades mexicanas y otros cárteles que codiciaban la plaza, por lo que habían puesto el ojo a la unidad diplomática que llevaba a bordo a los agentes estadounidenses.
Tiempo después se determinó que las armas con las que el agente Zapata había perdido la vida, eran las mismas que el gobierno de los Estados Unidos autorizó que ingresarán a territorio mexicano en el operativo ‘Rápido y Furioso’, avalado por los entonces presidentes de los Estados Unidos y de México, así como de las autoridades de seguridad de ambos países.
En noviembre de 2022, se dio a conocer que los acusados interpelaron la sentencia, y argumentaron que el Código 18 USC 1114 y 924 de la Ley de Protección de oficiales y empleados de los Estados Unidos, no se aplicaban extraterritorialmente. Los jueces determinaron que Los Zetas tenían razón, dado que el 1114 tenía un alcance puramente nacional, con lo que se devolvió el caso para una nueva sentencia limitada y se determinó que en 60 días se fijará la nueva fecha para la sentencia.
La responsabilidad compartida por la muerte de Jaime Zapata, corresponde a las autoridades mexicanas, que permitieron la ejecución de un plan que desató la ola de violencia a un punto sin precedentes, pero también de Estados Unidos, tras ignorar las advertencias de que un traslado de equipo mediante una valija diplomática era más seguro que hacerlo por tierra y exponer la integridad de dos elementos de su respectivo departamento.
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#4 Tiempos
MO-VI-LI-ZA-CIÓN | Apuntes de Jorge Saldaña
APUNTES
Veremos de qué tan desabridas vienen las campañas para personas juzgadoras. Las federales ya comenzaron, solo una potosina, Alma Delia González, compite entre cientos de perfiles para alcanzar un lugar en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
La magistrada, que no se esperaba hace unos meses estar involucrada en un proceso electivo, comenzó su campaña en TikTok y se ha dado a conocer con productos audiovisuales en sus redes sociales.
No hay mucho más que hacer, las reglas del juego así lo contemplan. Los aspirantes a cargos de magistrados y jueces, 74 en total en el estado, comenzarán hasta abril, sin embargo, desde ahora se avizora un escenario pardo, sin emoción ni expectativas aunque sea medianas.
Los cálculos más entusiastas indican que solo entre el 9 y el 14 por ciento de los ciudadanos tienen la intención de participar con su voto en la histórica, primera y extraordinaria elección de ministros, magistrados y jueces que se llevará a cabo el próximo primero de junio.
El bajo interés en el proceso es explicable: No hay un intercambio simbólico entre candidatos y votantes, no hay una promesa de valor que motive al ciudadano a votar en la renovación del Poder Judicial, un poder además que históricamente ha sido distante del ciudadano.
El gran riesgo que ese desinterés generalizado plantea es que grupos, con buenas o malas intenciones, se metan en la movilización pagada el día de la elección.
Con un calculo simple, hay que tomar en cuenta que con mucho menos de 2 mil votos– y eso si es que se llega a una participación de 100 mil potosinos- se pueden ganar los cargos.
De las campañas de los interesados se espera muy poco, todos intentarán colocar su número y color de boleta en la cabeza de la gente, sin embargo no están contemplando que muy difícilmente podremos recordar 74 combinaciones. Ni las del Melate son tan difíciles.
¿Los candidatos qué nos pueden ofrecer? Solo su trayectoria e imparcialidad, de ahí en fuera sus mensajes tenderán a lo emocional y a la confianza que puedan generar de manera orgánica en sus redes. En resumen todos nos dirán las mismas tres cosas: que son buenas personas, que son capaces y que son incorruptibles.
Lamentablemente este mismo punto se podrá poner en duda desde el momento en que algunos se presten al juego de la movilización el día electoral, pues estarían vendiendo su llegada al cargo a cambio de favores.
Ojalá que no se preste ninguno, sean los menos y los que lo hagan pierdan. (Permítame algo de idealismo aunque sea).
Al respecto de la elección, a través de la Secretaría General de Gobierno se hizo un llamado a los organismos electorales, y secretarías de estado involucradas en la seguridad, derechos humanos y Fiscalía para que se unan en la revisión de protocolos en búsqueda de mantener la paz y la gobernabilidad durante las campañas federales, que ya iniciaron, como las estatales que comenzarán los últimos días de abril.
Se busca un proceso “justo y ordenado” y que bueno que haya esas intenciones, no obstante eso de “justo” irónicamente está en veremos porque lo mismo que partidos políticos, gobiernos, instituciones, sindicatos, grupos magisteriales, gremios y hasta el crimen organizado -hay que decirlo- podrían de manera “ordenada” (literalmente por una orden) enviar o comprar con relativa facilidad a cientos de personas con la intención de hacer ganar a candidatos que estarán comprometidos con sus impulsores para hacerles favores durante años (por lo menos 5 y por lo más 9) a los patrocinadores de la movilización.
¿Cómo evitar el asunto de la movilización interesada y peligrosa? La pregunta es para las autoridades y no solo las electorales, que además gastarán una millonada de recursos en la organización de la elección y muy poco en explicar, conmover y convencer al ciudadano común para que vaya a votar libremente.
Por cierto que no juegan a favor los simulacros que se han hecho respecto a los tiempos que se tomará cada ciudadano para emitir su voto, que se calculan desde la entrada de la casilla, identificación, entrega de boletas, votación, inserción de cada boleta en las urnas y retiro, entre 15 y 20 minutos por persona.
Imagine Usted, Culto Público, que cuando llegue usted a la casilla el primero de junio, estén 10 personas formadas antes que usted, el tiempo que le tomará para que sea su turno será de más de 2 horas.
¿Habrá alguien dispuesto a perder tanto tiempo de su domingo por pura buena voluntad y civismo? Esa buena voluntad será directamente proporcional a la cantidad de votantes.
BEMOLES
MORALES
En el parque de Morales hay mas grilla que pasto y las indirectas entre el gobernador y el alcalde están a la orden del día.
En el primer acto, el gobierno del estado anunció la rehabilitación de este sitio desde mayo del año pasado (en plenas elecciones) y entró a intervenirlo sin contar con los permisos que el proyecto requería, por lo tanto, hubo quien encontró en esta omisión motivo para ampararse y detener la obra.
En el segundo acto, el gobierno municipal detuvo el mantenimiento del parque, quizás pensaron algo como que “al fin y al cabo lo estaría llevando el palacio de enfrente”.
En el tercer acto pasó más de un año y ni el gobierno estatal pudo hacer realidad la rehabilitación ni el municipal dio mantenimiento sostenido al sitio.
Ayer Ricardo Gallardo afirmó que Morales cada vez está “más jodido” y es cierto, por su parte el municipio ya por lo menos lo está regando y anunció la inversión en una planta tratadora.
¿Cómo se llamó la obra? Se llamó “Todavía no hay obra”.
Si continúan los celos y pleitos entre palacios, se caerán todos los arboles Moralescos y lo único verde que veremos serán los moños en los puestos de los elotes.
Hasta la próxima
Jorge Saldaña
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Ciudad
Calles del Centro Histórico de SLP serán “Zona 30”
El alcalde Enrique Galindo dijo que esta designación permitirá la circulación de vehículos a velocidades no mayores a 30 kilómetros por hora
Por: Bernardo Vera
Enrique Galindo Ceballos, presidente municipal de San Luis Potosí, indicó que existe un proyecto de movilidad para la zona Centro de la capital, en la que las calles principales se adhieran a un esquema de Zona 30, que permita la movilidad de vehículos hasta una velocidad de 30 kilómetros por hora.
El alcalde capitalino detalló que este esquema existe en ciudades como Madrid, España y la Ciudad de México, por lo que se estudiará su viabilidad en la capital potosina.
Además de las calles del cuadro principal d el Centro Histórico, el alcalde Galindo Ceballos indicó que se estudiará esta viabilidad en la calle de Mariano Arista, desde el parque de Morales hasta el Centro Histórico.
Este proyecto permitiría la movilidad de transportes como bicicletas, scooters eléctricos y otros vehículos alternativos, en armonía con el parque vehicular ya existente.
Finalmente, Galindo Ceballos dijo que para dicho proyecto se espera su integración en el Reglamento de Tránsito para la capital potosina, lo que permitiría la ejecución de una posible obra bajo una normativa fundamentada.
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Destacadas
Descartan intromisión de grupos de poder en elección judicial
El magistrado presidente del PJESLP dijo que los organismos deben vigilar que la elección de jueces se realice con ética y responsabilidad
Por: Redacción
Arturo Morales Silva, magistrado presidente del Poder Judicial del Estado de San Luis Potosí, aseguró que no existen riesgos de injerencia del crimen organizado, partidos políticos o grupos de poder en la elección extraordinaria de jueces y magistrados que se llevará a cabo en este 2025.
El magistrado enfatizó que, desde su perspectiva, no hay indicios de que actores externos busquen influir en el proceso. No obstante, destacó la importancia de que los organismos competentes se mantengan en alerta para garantizar la legalidad y transparencia de la elección.
“Desde mi punto de vista, considero que no existe ese riesgo como tal. Desde luego que los organismos competentes deben estar vigilantes, y también las personas que participan deben hacerlo con ética y responsabilidad por lo justo”, expresó Morales Silva.
La elección extraordinaria de jueces y magistrados es un proceso clave para el sistema judicial del estado, por lo que se espera que se realice bajo estrictos estándares de transparencia e imparcialidad.
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