Por:Abelardo Medellín

La revisión mochila “no es violación a los derechos humanos” mientras se mantenga un acuerdo mutuo para realizarla y se esté al pendiente de los protocolos, señaló la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Equidad y Género del Congreso del Estado, Marite Hernández Correa, ante las recientes declaraciones de la SEGE con respecto a que se endurecerá el programa de revisión de útiles escolares, luego del ataque armado perpetrado por un alumno en una escuela de Torreón, Coahuila.

La legisladora de Morena, comentó que antes de iniciar con las revisiones de útiles escolares se necesita “revisar que exista un protocolo, las atribuciones, quién revisa la mochila, en qué formas, la idea es ver el cómo participar para que funcione el mecanismo”.

Hernández Correa dijo que “siempre hay que estar al pendiente de los niños y que no lleven ningún instrumento que pueda lastimar a otro niño y sobre todo saber que la responsabilidad es de la institución“, aunque en correspondencia con los padres, agregó.

Marite Hernández Correa señaló que en la actualidad “hay elementos nuevos de la realidad que nos muestran que existe un contexto más violento y entonces las consecuencias de vivir en una sociedad así requieren que todos los involucrados tomen parte de lo que pasa”.

La diputada aseguró que este protocolo sólo representa una estrategia de prevención y que se vigilará de forma continua ante cualquier queja que pueda surgir de parte de los padres de familia.

Por su parte, la presidenta de la Comisión de Seguridad Pública, Prevención y Reinserción Social, Beatriz Eugenia Benavente Rodríguez, hizo un llamado a los padres de familia para que no se opongan a la implementación del operativo “mochila segura”, pues advirtió que este es un tema que se debe atender con carácter de urgente a fin de prevenir situaciones extraordinarias que pongan en riesgo la integridad o la vida de sus hijos o maestros.

Además, recordó que la revisión de una mochila debe de darse desde el propio seno del hogar, pues esta no puede ser una responsabilidad que le competa exclusivamente al Estado, pues debe de ser una acción de corresponsabilidad donde los propios padres de familia estén involucrados en las actividades y comportamiento de sus hijos.

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