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Secuestros en San Luis Potosí se han reducido un 59%
En los primeros 18 meses de gobierno de Juan Manuel Carreras, se presentaron 39 de estos delitos, mientras que en el mismo lapso de tiempo la actual administración se han dado 16
Por: Ana G Silva
La Guardia Civil Estatal de San Luis Potosí dio a conocer el pasado 3 de abril que tres presuntos secuestradores fueron detenidos, y una mujer, a la que mantenían privada de su libertad, fue rescatada. Estos hechos ocurrieron en la avenida Francisco I. Madero, delegación de Villa de Pozos. En lo que va del 2023, este sería el segundo secuestro en el estado, esto de acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), pero a pesar de este par de casos, este tipo de delitos van a la baja durante la presente administración, encabezada por Ricardo Gallardo Cardona, esto en comparación con los primeros 18 meses de gobierno tanto de Fernando Toranzo como de Juan Manuel Carreras.
Durante el gobierno de Ricardo Gallardo, en los primeros 18 meses de gobierno, es decir de septiembre de 2021 a febrero de 2023, se han presentado 16 secuestros en el estado; en el mismo periodo de la gestión de Carreras, de septiembre de 2015 a febrero de 2017, se cometieron 39 delitos de este tipo; mientras que Toranzo, de septiembre de 2009 a febrero de 2011, registró 20 de estos crímenes. Con el actual gobierno se redujeron en un 59% las privaciones a la libertad comparado con Carreras; mientras que contrastado Toranzo, Gallardo tuvo una disminución del 20%.
El Secretariado detalla que durante toda la gestión de Fernando Toranzo se presentaron 123 secuestros y con Juan Manuel Carreras 132; es decir que hubo un aumento del 7.3% en este crímen en la gestión Carrerist a. El año en el que se presentaron menos privaciones a la libertad en San Luis Potosí fue en 2010 (con Toranzo) y 2021 (con Gallardo) con 11 reportes cada uno; mientras que el año donde más incidencias hubo fue en 2011 (con Toranzo) con 40 secuestros, por lo que en un año se incrementaron en un 263.3%.
La asociación civil Alto al Secuestro apunta que de septiembre de 2009 a septiembre de 2021, los delitos de secuestro se presentaron en 21 de los 58 municipios potosinos; en los que destaca San Luis Potosí, Ciudad Valles, Ébano, Salinas y Santo Domingo como los que tienen mayor incidencia.
Entre los secuestros más destacados que han ocurrido en el estado, está el de una mujer que fue llevada por la fuerza por unos sujetos armados en la colonia Los Álamos en marzo de 2022, en la capital de San Luis Potosí, el momento fue grabado por una cámara de seguridad de uno de los vecinos del fraccionamiento. En la imagen se pudo observar cuando la víctima fue subida por la fuerza a un vehículo color blanco frente a la presencia de su vecino con el que platicaba segundos antes.
Otro secuestro, fue cuando un video de vigilancia captó que un grupo de sujetos armados secuestró a un hombre en Rioverde a plena luz del día, en el video se ve que cuatro individuos suben a la fuerza y someten a un hombre dentro de un vehículo al que detuvieron justo en medio de una avenida.
También lee: Tres sujetos fueron detenidos por el presunto secuestro de una mujer en Pozos
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A TIEMPO Y MARCANDO EL RITMO La agenda del poder – Dirige: Jorge Saldaña
Martes 18 de agosto de 2026
ALTA INTENSIDAD
Culto Público, hijos de Juan Ramiro trabajando o Ricardo distrayendo:
Este martes la conversación pública de la agenda mediática es un incoming al tablero del 27 y por eso comienzo con lo que yo preguntaría:
Si gana el partido Verde en San Luis en 2027 ¿La presidenta Sheinbaum lo vería como un triunfo de la 4T o una entidad perdida por Morena?
Si supieramos la respuesta, muchas cosas estarían claras desde ahora, en lugar de estar jugando a las incertidumbres con metástasis.
Ya le gustó a alguien usar columnas y trascendidos nacionales para sacudir el avispero potosino:
En julio se publicó un comentario respecto a que Juan Carlos Valladares es bien visto no solo en la cúpula morenista, sino en la cúpula presidencial (que es la que importa) y que es él el único que puede ser el factor para construir la alianza #17.
Se dice que ese mismo día, el rector de la UASLP, Alejandro Zermeño Guerra, pidió cita para desayunar con Valladares. Reunión que el diputado federal ha pospuesto por razones evidentes. Ninguno de los datos se puede dar por un hecho porque no tengo confirmado -que conste-
Hoy nuevamente se manda un mensaje desde medios nacionales al 27 potosino: Alejandro Zermeño aparece medido: 21% en un escenario interno de Morena y 16.5% en un careo general.
El timming, el medio y el tono cuentan.
Está claro que ni los números del rector, ni las conjeturas sobre Juan Carlos significan candidatura; pero sí son movimientos que jalan reflectores y abonan a lo que dije en un principio: la incertidúmbre con metástasis.
En ambos casos hay que preguntarse
¿Es Juan Ramiro operando, la presidenta soltando buscapiés o RGC meciendo la cuna soltando nombres para que “jalen la marca y reflectores” y su proyecto siga *en “avance sin desgaste”?
Como muchas veces ocurre Código San Luis de María Luisa Paulín fue la que estuvo atenta a la columna de Heraldo de México. Aquí la rectoría no ha circulado la columna en absoluto.
Dato irrefutable:
Así diga Citlalli, opere Juan Ramiro o ejecute estrategia Ricardo, la última palabra es de una sola persona y se llama Claudia.
En otros temas de agenda, el dato de Pulso sobre las 9 mil 777 tomas clandestinas de agua detectadas; y apenas cinco denuncias al respecto está como para llorar en la regadera.
¿Cómo pueden estar detectadas pero no atendidas?
BARRIDO NACIONAL: Andy López Beltrán sigue dominando la conversación por la cancelación de su visa. Fuente: Reuters —
EN AGENDA: El Poder Judicial tiene como fecha límite el 1 de abril de 2027 para operar plenamente el nuevo sistema civil y familiar. Lo sabe desde 2023, pero parece que la única que no le apura es a la magistrada presidenta.
NOTAS MÁS REPETIDAS: Agua · Poder Judicial · Seguridad · 2027 · Salvita.
MAÑANERA: Sin impacto directo que cambie hoy el tablero potosino.
INDICADORES ÚTILES:
El Realito SÍ funciona.
El Gobernador anda estrenando lentes.
El Alcalde anda de muy buen talante.
Yo soy Jorge Saldaña.
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La fiscal que en marzo prometió revisar el caso de la ladrona del Centro, en agosto dijo no saber nada
Comerciantes ya identificaron y ubicaron a la mujer; el primer denunciante dice haber recibido amenazas para retirar la denuncia
Por: Haniel Valdés Velázquez
Entrevistar a la Fiscal General del Estado es muy sencillo: siempre se sabe qué va a responder. Usa dos comodines: “voy a mandarlo a investigar”, cuando el tema es viral y no tiene información, o “no tengo información”, cuando no solo la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP) no ha hecho su trabajo, sino que su titular decide restarle valor al asunto.
Es lo que volvió a ocurrir con el caso de la mujer señalada de robar en comercios del Centro Histórico de la capital potosina.
El 13 de marzo de 2026, esta casa editorial documentó el caso por primera vez: comerciantes habían denunciado en redes sociales a una mujer que, aprovechando descuidos de los trabajadores, sustraía carteras, dinero en efectivo y otros objetos dentro de establecimientos. Consultada entonces, la fiscal María Manuela García Cázares respondió: “No he tenido información al respecto, pero reviso el tema, sobre todo porque es un delito que afecta a la sociedad.”
Cinco meses después, la pregunta volvió a plantearse de forma directa. Y la respuesta cambió de sentido: “¿Ha avanzado el caso de la señora que entraba al restaurante y se llevaba los tablets y computadoras?”, se le preguntó. “No, no, no tengo conocimiento de esos hechos”, respondió.
En marzo prometió revisar. En agosto dijo no saber nada.
Entre una declaración y otra no solo pasó el tiempo. El propietario de uno de los negocios afectados entregó a este medio videos donde se observa con claridad el rostro de la mujer, y varios comerciantes reconocieron en esas imágenes a la misma persona, que según señalan ha repetido el mismo modo de operar en otros comercios del Centro Histórico.
Comerciantes de la zona identificaron plenamente a la mujer y, en redes sociales, llegaron a difundir públicamente su domicilio. Ese mismo señalamiento derivó en un episodio más grave: el primer denunciante recibió una comunicación directa de la mujer en la que, según relató, lo amenazó para que retirara la denuncia y eliminara los videos publicados en redes sociales.
Sobre cuánto debería tardar una investigación de este tipo, el Código Nacional de Procedimientos Penales no fija un plazo para la etapa inicial de investigación —la que corre antes de que exista una persona vinculada a proceso—: puede prolongarse, en los hechos, durante años. El plazo legal aparece después: una vez dictado el auto de vinculación a proceso, la investigación complementaria debe cerrarse en un máximo de dos meses para delitos con pena no mayor a dos años, como el robo sin violencia. La ausencia de plazo en la primera etapa no exime a la Fiscalía de investigar; solo elimina el margen para justificar la inacción con un simple “no tengo información.”
También lee: Ladrona del Centro de SLP en la mira de la Fiscalía
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Crecen las órdenes de protección por violencia de género: STJE
El Centro de Justicia para Mujeres canaliza a víctimas de violencia hacia la denuncia y, de ser necesario, hacia una orden de protección
Por: Redacción
El Poder Judicial del Estado atiende un número creciente de órdenes de protección para mujeres, hombres y menores que viven violencia física, sexual, psicológica o económica, informó la magistrada presidenta del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de San Luis Potosí (STJE), Lourdes Anahí Zarazúa Martínez.
Explicó que el Centro de Justicia para Mujeres (CJM) es el organismo que recibe a las víctimas y las acompaña hacia la denuncia correspondiente para que, en su momento, el caso pueda judicializarse.
Dentro de las instalaciones del CJM opera un juzgado especializado en la atención de órdenes de protección
, la medida cautelar que se dicta a favor de quien está en riesgo de sufrir violencia.Zarazúa precisó que todos los jueces del estado, no solo los del CJM, están obligados a emitir una orden de protección dentro de las cuatro horas siguientes a que se solicita.
Sostuvo que la violencia psicológica y la económica son las que más se denuncian, mientras que la violencia vicaria es la que menos se logra acreditar ante los juzgados.
También lee: Zarazúa no admite atraso en implementación de nuevo sistema
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