Destacadas
San Luis Potosí, el tercer estado con más delitos ambientales
Las autoridades han sido omisas y acumulan una serie de escándalos en la materia
Por El Saxofón
En el estado de San Luis Potosí se está consumando un desastre en el tema ambiental. El declive que se atisbaba desde hace años en modo estructural finalmente reventó este mes desde varios flancos por omisiones de todos los niveles de gobierno.
La decadencia quedó patente ayer con un nuevo episodio: la Sierra de Álvarez perdió su condición de Área Nacional Protegida tras fallo de un tribunal federal.
La organización Cambio de Ruta informó que el Tribunal optó por sobreseer “el juicio por una supuesta falta de interés legítimo de los quejosos” e indicó que debido a ello las compañías mineras y empresas irregulares podría hacer lo que les venga en gana, aunque esto sea en detrimento del ecosistema potosino. Además, acusaron a las autoridades ambientales de tener desinterés “de las autoridades ambientales de aplicar un plan de manejo que debió emitirse desde 1981”.
Cambio de Ruta lamentó que no se estableciera un programa hidrológico que “hubiera permitido regular todas las actividades que se hacen en la Sierra de Álvarez, conservar la flora y fauna, preservar la reserva forestal que sirve de pulmón para San Luis Potosí y la recarga hidrológica, así como conservar el lugar de esparcimiento familiar que tanto disfrutando”.
El panorama deja cada vez más señaladas a las autoridades que hasta el momento no han dado una respuesta firme ante lo que es ya un acumulado de tropiezos.
SLP, TOP 3 EN DELITOS AMBIENTALES
Los delitos ambientales repuntaron en San Luis Potosí en enero pasado. Al inicio del año la entidad registró 18 denuncias por este tipo de delitos, ubicándose en el tercer lugar a nivel nacional, solo por debajo de la Ciudad de México, que acumuló 43 denuncias y el Estado de México con 36.
De las carpetas de investigación abiertas por delitos contra el ambiente en San Luis Potosí, 11 fueron por denuncias interpuestas en la capital del estado, 3 en Soledad de Graciano Sánchez, 2 en Ciudad Valles, una en Rioverde y una más en Villa de Reyes.
A nivel nacional, se denunciaron 119 casos de delitos Contra el ambiente. Otros estados que reportaron delitos contra el ambiente son Baja California (5) Chihuahua (3), Michoacán (3), Chiapas (2) Puebla (2) Quintana Roo (2), Aguascalientes (1) Guanajuato (1), Hidalgo (1), Jalisco 1 y Veracruz (1)
Los estados que no reportaron este tipo de delitos en enero pasado son Baja California Sur, Campeche, Coahuila, Colima, Durango, Guerrero, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Querétaro, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Yucatán y Zacatecas.
En 2018 se denunciaron un total de 45 delitos contra el ambiente en San Luis Potosí, lo cual quiere decir que tan solo en el primer mes de 2019, ya se denunciaron una cantidad equivalente al 40 por ciento del total de delitos registrados el año pasado.
Aunado a ello, si se toma en cuenta que en enero de 2018 solo se presentó una querella por este tipo de delitos, en comparación, en enero de 2019 se registró un repunte de bastante considerable.
CONTAMINACIÓN EN VARIAS RUTAS
Algunos delitos contra el ambiente son de sobra conocidos en San Luis Potosí. En días pasados se denunció a la opinión pública, por enésima ocasión, la contaminación que genera en el Río Huichihuayan la descarga de aguas residuales provenientes de una fábrica de jugos.
Por otro lado, la Sierra de Álvarez se vio inmerso en la explotación de la empresa Cal Química de México, pese al rechazo de los pobladores, quienes sostienen que el trabajo de la compañía deteriora el ambiente.
Sobre este tema, los ciudadanos denunciantes acusan la falta de acciones por parte de las autoridades ambientales, en este caso la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental, cuya titular Yvett Salazar Torres ha sido señalada en numerosas ocasiones por omisión en distintos casos de afectaciones al ambiente por parte de empresas.
Sin embargo, la ex diputada local del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) se mantiene en el cargo.
AGUAS TURBIAS
En días pasados, el diputado presidente de la Comisión del Agua del Congreso del Estado, Mario Lárraga Delgado señaló que los ríos de la huasteca potosina enfrentan severos problemas de contaminación, por lo que es necesario que las autoridades de los tres órdenes de gobierno, realicen una verificación continua y apliquen las sanciones correspondientes a los responsables de la contaminación de estos afluentes.
Consideró que en lo que corresponde a la legislación local, sería necesario analizar la necesidad de endurecer las sanciones para aquellas empresas que generen contaminación a los ríos de la entidad.
El diputado se refirió concretamente al caso de la juguera que por años ha vertido sus residuos al cauce del Río Huichihuayan, y subrayó la “poca atención” que las autoridades en materia de ecología han puesto a las denuncias ciudadanas por este caso de contaminación.
“La contaminación de los ríos en la zona Huasteca es muy grave, desgraciadamente se ha puesto muy poca atención a los reclamos de los ciudadanos, existe actualmente una fábrica de jugo de naranja que contamina seriamente el río de Huichihuayan”, dijo el legislador.
Además, señaló que en los ríos de Ciudad Valles y El Naranjo, también existe contaminación de parte de los ingenios azucareros, y aseveró que hay denuncias de que vierten sus desechos al río Gallinas.
“Realmente tenemos pocos ríos de agua pura, porque la mayoría están contaminados”, sentenció.
Lárraga Delgado, recordó que hace algunos años, se aplicó mano dura de parte de la administración municipal de Tanlajás, y así se logró frenar la contaminación del río Coy que era el sitio en donde los ingenios azucareros arrojaban sus desechos.
UNA LEY QUE SE IGNORA
El Código Penal Federal, en su Título Vigésimo Quinto, establece los Delitos Contra el Ambiente y la Gestión Ambiental.
En su artículo 414, señala como delito, entre otras acciones, la descarga de sustancias que “cause un daño a los recursos naturales, a la flora, a la fauna, a los ecosistemas, a la calidad del agua, al suelo, al subsuelo o al ambiente”.
En su artículo 416 precisa que “Se impondrá pena de uno a nueve años de prisión y de trescientos a tres mil días multa, al que ilícitamente descargue, deposite, o infiltre, lo autorice u ordene, aguas residuales, líquidos químicos o bioquímicos, desechos o contaminantes en los suelos, subsuelos, aguas marinas, ríos, cuencas, vasos o demás depósitos o corrientes de agua de competencia federal, que cause un riesgo de daño o dañe a los recursos naturales, a la flora, a la fauna, a la calidad del agua, a los ecosistemas o al ambiente.
Añade que “Cuando se trate de aguas que se encuentren depositadas, fluyan en o hacia una área natural protegida, la prisión se elevará hasta tres años más y la pena económica hasta mil días multa”.
Cabe señalar que en enero pasado, en San Luis Potosí se registraron el 15 por ciento de los delitos contra el ambiente denunciados en todo el país.
EL DRAEXLGATE Y LA COMPLICIDAD DE LA SEGAM
El punto más escandaloso de la negligencia ambiental quedó al descubierto por una investigación de La Orquesta en la que se demostró que solo el 3.33 por ciento de las 2 mil toneladas de desechos industriales que generó la planta Draexlmaier ubicada en San Luis Potosí, entre septiembre del 2017 y septiembre de 2018, fueron depositados en tiraderos autorizados, del resto se desconoce su disposición, aunque, como se probará en el presente reportaje, se encontraron toneladas de su “scrap” en tiraderos clandestinos, el mercado negro y, según ambientalistas, también podrían estar siendo usados como combustible de los hornos de ladrilleras altamente contaminantes que se ubican en la periferia de la ciudad.
Pese al revuelo que la noticia causó entre la población, las autoridades optaron por un perfil bajo para atender el asunto, además de minimizar la responsabilidad de la empresa alemana en los hechos. En las declaraciones hubo contradicciones y, sobre todo, un desdén sostenido.
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Destacadas
Gallardo exige sanciones por desvío millonario del proyecto de la Red Metro
Pidió a la Fiscalía acelerar procesos y aplicar la ley a ex funcionarios del sexenio de Carreras
Por: Redacción
Ricardo Gallardo Cardona, gobernador de San Luis Potosí, exhortó a la Fiscalía General del Estado (FGE) a actuar con firmeza en las investigaciones sobre el presunto desvío de 360 millones de pesos del proyecto de la Red Metro, financiado originalmente por Banobras durante el sexenio de Juan Manuel Carreras López.
El mandatario afirmó que el caso “va muy adelantado” y que ya hay responsables señalados, como Leopoldo “N”, ex titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obra Pública (Seduvop), procesadó por 180 millones de pesos, quien, según Gallardo, debería estar bajo arraigo domiciliario, pero “se le ha visto en tiendas, normal, como si nada”.
“La Fiscalía debe empezar ya a apretar un poquito, de no ser tan omisa y no permitir que si están en arraigo domiciliario, lo cumplan. Si no, que los regresen al centro de reinserción”, expresó.
Gallardo recordó que el proyecto de la Red Metro nunca se concretó pese al uso de recursos públicos y criticó al ex gobernador Carreras por “simular” una inauguración poco antes de dejar el cargo.
“Fue una burla lo que hizo al subirse a un camioncito rentado una semana antes de irse, simulando que arrancaba la Red Metro. Es un cinismo con el que muchos potosinos ya no podemos”, agregó.
El gobernador calificó el caso como parte de “la maldita herencia”, expresión con la que resume las irregularidades de administraciones pasadas.
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Ciudad
Se detectan fiestas clandestinas cada fin de semana en la capital: Galindo
Ciberpolicía rastrea redes sociales para ubicar convocatorias; los eventos se realizan en casas o locales rentados sin permisos ni medidas de seguridad
Por: Redacción
Enrique Galindo Ceballos, alcalde de la capital potosina, reconoció que las fiestas clandestinas se han convertido en un problema recurrente en San Luis Potosí, con reportes prácticamente cada fin de semana.
De acuerdo con el edil, se han detectado entre dos y tres eventos de este tipo por semana, organizados principalmente en casas, terrenos o locales rentados con otros giros comerciales para evadir la supervisión de las autoridades.
“Después de lo que sucedió con el Rich, hice un compromiso: eso no se debería repetir. Y aunque ya no pasa en lugares establecidos, sí ocurre en sitios clandestinos, lo que es aún más grave”, señaló Galindo.
El alcalde advirtió que estos espacios son especialmente peligrosos porque carecen de medidas básicas de seguridad: no cuentan con baños, planes de emergencia ni permisos de Protección Civil; tampoco hay control sobre el acceso de menore s ni garantía sobre el tipo de alcohol que se consume.
Para su detección, el Ayuntamiento ha recurrido a la ciberpolicía, que monitorea redes sociales y plataformas donde circulan las invitaciones. Con ello se busca anticipar la venta y el consumo de bebidas alcohólicas antes de que los eventos comiencen.
Finalmente, Galindo lanzó dos llamados: A quienes rentan inmuebles, para que verifiquen quién contrata los espacios y con qué propósito. A los padres de familia, para que supervisen las actividades y horarios de sus hijos, sobre todo si son menores de edad, pues muchas de estas fiestas se prolongan hasta la madrugada.
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Destacadas
No más mesas de dialogo con Uber, SCT busca sancionar a plataforma
Araceli Martínez Acosta busca garantizar transporte seguro tras una agresión sexual perpetrada por un conductor de aplicación
Por: Redacción
Araceli Martínez Acosta, titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) de San Luis Potosí, anunció que no habrá más mesas de diálogo con Uber. Explicó que lo fundamental ahora es legislar para sancionar a las empresas que incumplen con las leyes locales de transporte.
“Lo que nosotros estamos buscando es una reforma que sancione a las empresas por el incumplimiento o por la falta de registro. Así como está la ley, primero deben registrarse las empresas y después registrar a sus conductores o socios”, precisó.
Martínez Acosta señaló que la dependencia debe tener la facultad de autorizar el número de personas que podrán brindar el servicio bajo esta modalidad. Para ello, la SCT requiere realizar un estudio de factibilidad que garantice que el número de vehículos autorizados no afecte la economía ni el trabajo de los concesionarios del servicio de taxi.
Asimismo, aclaró que los taxistas no se oponen a las plataformas digitales, sino que su inconformidad radica en el número desmedido de vehículos que operan sin control. Agregó que ya existe un diálogo avanzado con el gremio de taxistas y algunos grupos de operadores de plataformas
.Como ejemplo, mencionó el caso reciente de una mujer víctima de violación por parte de un conductor de plataforma. Destacó que la autoridad no tenía registro del vehículo ni del agresor, lo que evidenció la falta de controles sobre los operadores, como verificaciones psicométricas o toxicológicas.
Finalmente, la funcionaria indicó que la regulación de las plataformas se realizará en coordinación con el Congreso del Estado, con la posibilidad de modificar las leyes locales o generales para sancionar a las empresas internacionales sin domicilio legal en la entidad.
Por ahora, no se tiene un número exacto de vehículos de plataformas digitales que circulan en San Luis Potosí, ya que operan con placas particulares, fuera del registro estatal.
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