Estado
Red Metro de SLP costará 167 millones de pesos
La Junta Estatal de Caminos informó que arrancará como un proyecto piloto
Por: Karina González
Macrina Martínez Pozos, titular de la Junta Estatal de Caminos (JEC), reveló que el costo total de las obras para la Red Metro en la capital potosina ascenderá a los 167 millones de pesos y que el proyecto que quedará solo es un “piloto”.
La funcionaria estatal indicó que el presupuesto original del fideicomiso era de 144 millones de pesos, pero la JEC cerrará con un total de 130 millones ejecutados y el resto dijo, “fue un ahorro que se tuvo en la obra y por consideraciones que se eliminaron”, mientras que el presupuesto que se asignó del estado fue de un total de 37 millones de pesos; sin embargo, ese recuero está próximo a aplicarse, por lo que se va a terminar con un total de 167 millones de pesos.
De los 167 millones, Martínez Pozos indicó que ya se tienen todos los recursos y que solo falta afinar algunos detalles de la obra, como colocar el señalamiento horizontal y vertical del distribuidor Juárez a la Alameda, hacer una adaptación en la banqueta en los paraderos dónde está la Alameda para que tenga la altura del camión, la colocación de celdas solares en la central, el reforzamiento de los paraderos que ya existen para que no tengan problema con los vientos, la colocación de bolardos en el camellón central y el señalamiento en el tramo de Sendero a Rutilo Torres y aseguró que aunque sean “detalles”, deben quedar concluidos en unos días.
Sobre la declaración que la funcionaria hizo durante la comparecencia en el Poder Legislativo, donde apuntó que el funcionamiento de la Red Metro se entregará en un 98 por ciento, Macrina Martínez señaló que será del 100 por ciento, no obstante, se considera un 98 porque “siempre habrá conceptos que requieran atención” y recordó que en esta semana un camión dañó uno de los paraderos, por lo que necesitará reparación “entonces habrá detalles qué atender, por eso se dice que un 98 por ciento de avance, pero se va a terminar en la totalidad del presupuesto asignado” 
Macrina Martínez dijo que podría enlistar hasta 20 justificaciones de por qué el proyecto no ha arrancado, pues de acuerdo con sus propias declaraciones, la Red Metro estaría lista para la primera quincena del mes de agosto, por lo que señaló que dejará de dar fechas y únicamente el compromiso será entregar antes de que concluya la actual administración gubernamental que encabeza el gobernador Juan Manuel Carreras López.
“Podría dar 20 justificaciones… la primera es que la empresa que hacía el carril del eje 128 tenía su planta de producción de asfalto en una comunidad que se llama Ojo Caliente en Santa María, hubo una manifestación de los habitantes y se tuvo que cerrar la planta y cambiarse de lugar y eso género un atraso. Luego el tema de que nos autorizaran el cierre formal del canal de desagüe de ese tramo, el tema de saber exactamente qué tipo de boya iban a colocar. Por eso ya no quiero dar una fecha, prefiero decir que antes de que se termine la administración de entregará para la puesta en marcha, pero las razones no fueron por no querer hacerlo, ha habido razones de peso”, manifestó.
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La Fiscalía General del Estado aparece como la dependencia contra la que se han emitido más quejas
Por: Redacción
En información publicada por El Sol de San Luis, de enero a abril del presente año, la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) recibió más de 150 denuncias contra distintos organismos gubernamentales e instituciones educativas, según datos de la Plataforma Estatal de Transparencia.
En ese lapso, se registraron un total de 152 quejas, con el mes de abril siendo donde más se presentaron con 63. En enero hubo 26, bajaron en febrero con 21 y volvieron a subir en marzo con 42, antes de alcanzar su pico en el cuarto mes.
La Fiscalía General del Estado fue la que más denuncias registró, siendo éstas principalmente por amenazas, detenciones arbitrarias, retrasos injustificados en procesos y negativa a recibir denuncias.
La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana también recibió varias acusaciones en su contra por maltratos durante las detenciones, ejercicio de la fuerza excesiva y apropiación ilícita de bienes.
Interapas fue objeto de múltiples inconformidades por cobros injustificados del servicio del agua, la suspensión del mismo y deficiencias en la atención a la población.
En cuanto a las instituciones educativas, se efectuaron múltiples señalamientos contra la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado (SEGE) y la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) por ignorar casos de acoso, maltrato estudiantil y discriminación.
Giovana Argüelles Moreno, presidenta de la CEDH, reconoció que, al menos en el tema de la educación, las entidades sí han mostrado voluntad para corregir estas situaciones, citando específicamente a la SEGE y al Cobach
Por otro lado, también se efectuaron denuncias en contra de ayuntamientos como los de Tamazunchale, Ciudad Valles, Xilitla y Soledad, reclamando principalmente omisión a solicitudes ciudadanas y actos administrativos sin sustento.
Argüelles Moreno reveló que emitieron varias recomendaciones a estas dependencias, con una de ellas siendo dirigida al Gobierno de Tamazunchale, recalcando que buscan atender estas situaciones teniendo como pilar la prevención
La dependencia aseguró que la maestra demandante no pertenecía a la plantilla oficial y que había sido contratada por la Asociación de Padres de Familia
Por: Redacción
La Secretaría de Educación de Gobierno del Estado (SEGE) aclaró que el embargo ejecutado en la primaria “Lic. Antero G. González” de Ciudad Valles no fue en contra de la dependencia estatal, sino derivado de un conflicto laboral entre una docente de inglés y la Asociación de Padres de Familia del plantel.
A través de un comunicado oficial, la SEGE explicó que la maestra que promovió la demanda laboral “no formaba parte de la plantilla laboral adscrita a la dependencia”, ya que había sido contratada directamente por la Asociación de Padres de Familia y posteriormente no se le renovó el contrato.
La dependencia estatal precisó que el procedimiento fue resuelto por el Juez Primero Civil del Sexto Distrito Judicial con sede en Ciudad Valles,
La aclaración surge luego de que trascendiera públicamente el embargo de diversos bienes dentro de la escuela primaria, situación que generó confusión sobre una posible responsabilidad directa de la SEGE en el conflicto laboral.
En el posicionamiento, la dependencia reiteró que se mantiene ajena al proceso legal y sostuvo que continuará trabajando en favor de los derechos laborales de las y los docentes que sí forman parte de su plantilla oficial.
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En redes sociales también surgieron denuncias de presuntas represalias laborales
Por: Redacción
Trabajadores de la Subdelegación Oriente del IMSS en San Luis Potosí denunciaron en redes sociales que desde el pasado lunes permanecen sin servicio de agua potable en las oficinas administrativas ubicadas sobre avenida Universidad, en la colonia El Paseo, situación que ha provocado afectaciones en las condiciones laborales y el funcionamiento básico del inmueble.
De acuerdo con testimonios enviados por empleados, la falta de agua dejó fuera de servicio los sanitarios y obligó al personal a continuar sus actividades en condiciones complicadas mientras la administración buscaba resolver el problema.
“Hola buen día, se les informa que no se cuenta con agua en la subdelegación, los baños estarán fuera de servicio, estamos checando para que se restablezca el servicio pronto”, señala uno de los mensajes internos difundidos entre trabajadores.
Según las denuncias, inicialmente se habló de un posible problema administrativo relacionado con el pago del servicio, aunque posteriormente comenzó a circular entre el personal la versión de que existiría una falla en las bombas del sistema hidráulico.
Trabajadores señalaron que, pese a la falta de agua, personal sindicalizado y de confianza continuó laborando dentro de las instalaciones.
Los empleados indicaron además que durante la mañana del martes se gestionó el envío de una pipa para abastecer temporalmente la cisterna y restablecer parcialmente las operaciones del inmueble.
La subdelegación estaría bajo la responsabilidad de Nereyda Covarrubias Rubio, según mencionaron los denunciantes. Paralelamente, en redes sociales comenzaron a difundirse mensajes de inconformidad por presuntas represalias contra trabajadores que denuncian situaciones internas dentro del IMSS.
Uno de los testimonios publicados corresponde a la enfermera especialista Leticia Ávila González, quien aseguró haber sido rescindida laboralmente tras denunciar públicamente presuntos actos de violencia, acoso y hostigamiento dentro de la institución.
“Es lamentable que el sindicato no defienda a sus trabajadores… no sigan permitiendo que se vulneren sus derechos”, escribió la trabajadora en una publicación difundida en redes sociales.
En otro mensaje compartido entre empleados del instituto, se acusa que mientras a nivel nacional pueden cuestionarse públicamente las deficiencias del IMSS, dentro de la delegación estatal existirían sanciones para quienes señalan directamente a funcionarios locales o personal de confianza.
Los testimonios también cuestionan el actuar del sindicato y denuncian un ambiente de miedo entre la base trabajadora.
Hasta el momento, el IMSS no ha emitido una postura oficial sobre la falta de agua en la Subdelegación Oriente ni sobre las acusaciones difundidas por trabajadores en redes sociales.
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