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Cada frasco de medicamento falso le costó 22 mil pesos al Hospital Central
La organización Ciudadanos Observando aseguró que el caso de los tratamientos apócrifos contra el cáncer de mama es el inicio de la caja de Pandora de la corrupción en el sector salud de SLP
Por: Karina González
La organización civil Ciudadanos Observando reveló cada frasco de medicamento falso comprado por el Hospital Central “Dr. Ignacio Morones Prieto” entre 2017 y 2018 para tratar a pacientes con cáncer de mama costó 22 mil pesos, lo cual, dijo Guadalupe González Covarrubias, vocero de la organización, abre una “caja de pandora de corrupción”, por lo que la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) deben investigar a fondo.
Apenas hace unas semanas, Ciudadanos Observando reveló que entre 2017 y 2018, con Mónica Rangel como secretaria de Salud, el Hospital Central adquirió a HERCEPTIN (Trastuzumab)de 440 mg. a proveedores fantasma que además resultaron ser falsos, días después el tema fue confirmado por Miguel Ángel Lutzow Steiner, titular de los servicios de salud.
González Covarrubias declaró que esta situación “revela dos acciones de suma importancia que merecen ser investigadas y castigadas: la primera, es que se hayan pagado medicamentos presuntamente falsos para atender el cáncer de mama por un monto exorbitante y por otra parte, que con estas compras se esté provocando un daño patrimonial a los recursos públicos”, dijo.
El representante de Ciudadanos Observando señaló que es importante saber en dónde acabaron esos medicamentos, pues de acuerdo a documentación oficial, el director del Hospital Central, Francisco Alcocer Gouyonnet, se encargaba de asignar de manera directa todas las compras y, posteriormente, quien las ejecutaba era el director del área administrativa Héctor Francisco Aguilar:
“Yo iría mucho más allá para revisar las declaraciones patrimoniales de los funcionarios del hospital, a ver si cuadran, porque veo que se abre una caja de pandora con una red de las muchas que operan en el sector salud. Y como lo denunciamos, de esto el gobernador Juan Manuel Carreras López tenía pleno conocimiento desde hace dos años y esto le debe de alcanzar responsabilidad por su omisión”.
Finalmente, agregó que es importante que todas las personas que recibieron un tratamiento contra el cáncer de mama entre 2017 y 2018 hagan válido su derecho de inconformarse y poner denuncias tanto en la CEDH como en la FGE para que se investigue qué pasó con el medicamente que les aplicaron y tengan acompañamiento legal para denunciar los hechos y dar con los responsables.
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Inhabilitan a tres funcionarios estatales por caso “Rich”
La Contraloría General del Estado informó que los empleados cesados pertenecían a Protección Civil, Gobernación y Coepris
Por: Redacción
Sergio Arturo Aguiñaga Muñiz, titular de la Contraloría General del Estado de San Luis Potosí, informó que la administración estatal ha concluido la investigación interna por el caso “Rich”, en el que un barandal de cristal se debilitó y fallecieron dos jóvenes.
El funcionario estatal indicó que hay tres personas de diferentes dependencias del Ejecutivo estatal presuntamente implicadas. Añadió que debido a la naturaleza de la investigación, no se revelaron sus nombres, sin embargo, dio a conocer que pertenecían a la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC), la Dirección de Gobernación y la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Coepris).
Las tres personas fueron desincorporadas de la administración pública estatal y se les dictó la correspondiente inhabilitación, luego que se determinó algún grado de responsabilidad en este caso.
Aguiñaga Muñiz manifestó que con esta acción, la Contraloría cumplió en tiempo y forma con la investigación correspondiente a este hecho. Asimismo, instó al Ayuntamiento de San Luis Potosí a dictar las responsabilidades correspondientes contra empleados de cualquier dirección que pudieran estar implicados, pues afirmó que la mayor responsabilidad recae sobre la administración municipal.
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Detienen proyecto de la presa Las Escobas: CEA
Su capacidad de 2.6 millones de m³ se consideró insuficiente en el informe de la dependencia estatal y la Conagua; el proyecto no se canceló definitivamente
Por: Redacción
El proyecto de construcción de la presa Las Escobas, planteado como una opción para reforzar el abastecimiento de agua en la zona metropolitana de San Luis Potosí, se encuentra detenido debido a su inviabilidad técnica, y no por retrasos administrativos del gobierno estatal, aclaró Pascual Martínez Sánchez, titular de la Comisión Estatal del Agua (CEA).
Martínez explicó que el Dictamen Técnico Unificado, elaborado en coordinación con la Comisión Nacional del Agua (Conagua), reveló que el volumen de almacenamiento proyectado para Las Escobas —2.6 millones de metros cúbicos— resulta insuficiente si se compara con otras presas en la región, como la de San José (5 millones) o El Peaje, que actualmente almacena cerca de 7 millones de metros cúbicos.
Si bien reconoció que cualquier proyecto para captar agua es valioso , también subrayó que se deben considerar factores como ubicación, tiempo de ejecución y costo-beneficio, y que en el caso específico de Las Escobas, estos elementos no justifican su construcción por ahora.
El funcionario estatal recalcó que el proyecto no está cancelado de forma definitiva, sino que se mantiene en cartera para ser reactivado en caso de que las condiciones técnicas, ambientales o presupuestales cambien en el futuro.
Finalmente, indicó que el gobierno estatal ya analiza otras alternativas más viables, rápidas y económicas para lograr el mismo objetivo: garantizar el abastecimiento eficiente de agua para la capital potosina y su zona conurbada.
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SCT llama a plataformas de transporte a regularizarse: “por seguridad pública”
La dependencia estatal pidió a plataformas como Uber, Didi e InDrive registrar a sus operadores
Por: Redacción
Araceli Martínez Acosta, titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) en San Luis Potosí, reiteró el llamado a las empresas de redes de transporte como Uber, Didi e InDrive a cumplir con el registro de sus operadores ante la dependencia estatal, como lo exige la ley.
Martínez Acosta subrayó que esta medida no sólo se trata de un trámite burocrático, sino de un asunto de seguridad pública tanto para los usuarios como para los propios conductores.
“Es prioritario que todos los operadores de transporte público estén registrados en la Secretaría. Eso nos permite contar con su identificación, saber dónde viven y tener certeza de que pasaron ciertas pruebas para poder ejercer la actividad”, expresó.
Indicó que si bien algunos conductores han buscado regularizarse de manera individual, es necesario que las plataformas también asuman su responsabilidad y presionen internamente para cumplir con los requisitos legales.
Asimismo, informó que la SCT continúa asegurando vehículos que operan sin la debida autorización del estado.
Respecto a los recientes hechos de violencia y robos a choferes de plataformas, la funcionaria dijo no tener conocimiento de un patrón delictivo definido, pero aseguró que trabajan en coordinación con la Fiscalía General del Estado para dar seguimiento a cualquier presunto delito que involucre unidades de transporte público.
“Nos mantenemos en contacto con la Fiscalía para actuar de forma conjunta cuando se cometa algún delito a bordo de una unidad, registrada o no”, agregó.
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