abril 19, 2024

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¿Quién paga la austeridad del presidente de México?

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La política de Andrés Manuel ha llegado a todas las dependencias, pero los resultados aún están inconclusos

Por El Saxofón

Una cuenta bancaria y un fondo de pensión con recursos, entre ambos, de 446 mil 068 pesos, unos 23 mil dólares constituyen, virtualmente, los únicos bienes de Andrés Manuel López Obrador, presidente de la República, según su declaración patrimonial, la cual hizo pública el pasado 4 de enero.

En su lista de propiedades aparece una finca de 12 mil metros cuadrados en Palenque, Chiapas, la cual ha dicho que está a nombre de sus cuatro hijos, aunque él mantiene el usufructo vitalicio.

La casa donde vive es de su esposa, Beatriz Gutiérrez Müller, quien según la declaración de bienes también es dueña de los autos de la familia.

López Obrador declaró no tener deudas ni tarjeta de crédito. Su único ingreso es el sueldo como presidente: 108 mil 744 pesos.

“Nunca me ha interesado el dinero, lucho por ideales, por principios. Aunque también aclaro, para no ofender a nadie, que no todo el que tiene es malvado”, dijo en la conferencia matutina donde presentó su declaración patrimonial.

Contrario a lo que acostumbran los políticos en México, López Obrador no levanta suspicacias por sus posesiones, si no por carecer de ellas. En un país donde la norma entre los políticos es la bonanza económica y el lujo, el contraste causa sorpresa y sospechas.

Ya desde la campaña, el candidato panista Ricardo Anaya, acusado de lavado de dinero por el régimen de Enrique Peña Nieto y cuya riqueza y la de su familia es de conocimiento público, declaró que por su austeridad López Obrador “no es un político confiable”.

En este afán de hacer parecer inconcebible que López Obrador no posea mayores bienes, y rayando casi en el absurdo Alexandra Zapata, del Instituto Mexicano de la Competitividad (IMCO), cuestionó que en su declaración AMLO diga no contar con muebles o libros.

“Me sorprende que una persona de su edad, y sabiendo que tiene una colección de libros, declare este rubro en ceros”, dijo Zapata en una entrevista con Carmen Aristegui.

Hay libros caros, y es posible tener una fortuna en ellos, pero es muy poco probable que la posesión de libros signifique y genere más riqueza que la de los bienes inmuebles o cuentas bancarias que poseen otros políticos.

Ante la austera declaración patrimonial de AMLO, el ex presidente Vicente Fox, sin más argumentos solo atinó a decir en Twitter:  “Que se lo crea su abuela”.

 

Austeridad en la burocracia

Sin embargo, la austeridad en el ámbito personal que López Obrador ha llevado a la administración pública, ha provocado algunos efectos que aún no pueden ser medidos y cuyos resultados solo se percibirán con el paso del tiempo, pero que ya han generado reacciones:

Desde septiembre de 2018, antes de que AMLO tomara posesión como presidente funcionarios del Banco de México adelantaron su jubilación, “espantados por el recorte de sueldos y la posible eliminación de la pensión”, según informó El Universal.

El diario ejemplificó que uno de los que adelantaron la jubilación fue Pascual O’Dogherty Madrazo, director de Estabilidad Financiera, que llevaba 30 años laborando en el Banxico.

Según el diario de circulación nacional, además de O’Dogherty se estimaba que 200 funcionarios del Banxico estaban buscando nuevos horizontes en el sector privado, ante la disminución de sueldos que se avecinaba.

Ya finales de diciembre, otros medios reportaron que miles de personas se quedaron sin empleo en el primer mes de López Obrador como presidente.

Incluso, algunas notas periodísticas al respecto, incluían un toque dramático.

“Doña Judith Guzmán nunca se imaginó que a los 74 años estaría desempleada. Ella dedicó 30 años de su vida a laborar en el Servicio de Administración Tributara y, como a muchos otros, esta semana la llamaron para decirle que ya no trabajaría más ahí”, narraba un reporte de Telemundo.

“Me agarraron ahí, me encerraron y me dijeron que ya era hora de que ya me fuera”, contó Guzmán para las cámaras de Telemundo.

Ante este panorama, Presidencia de la República informó que de acuerdo con la política de austeridad se pretendía despedir al 70 por ciento de los trabajadores de confianza en dependencias públicas federales, sin embargo, el número total de trabajadores de la administración federal despedidos se mantendrá bajo reserva.

Las informaciones vertidas al respecto, calcularon que la austeridad de López Obrador dejaría sin empleo a unas 176 mil personas.

 

Efectos en la administración pública

No obstante, además de los efectos en los trabajadores del gobierno federal, ya fuera por despidos o por bajas en los salarios, las políticas de austeridad del nuevo gobierno también podrían causar efectos en el desempeño del trabajo de diversas dependencias.

Los funcionarios que vieron reducidos sus salarios presentaron una andanada de amparos ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que finalmente otorgó la suspensión provisional a la Ley de Remuneraciones, sin embargo, la austeridad también impactará en el desarrollo del trabajo de las dependencias, aunque las voces que denuncian esto han tenido menos eco.

Por ejemplo, el presidente del Inegi, Julio Santaella Castell, informó que por las medidas de austeridad el Instituto canceló el levantamiento del Censo Agropecuario.

Según un reporte del diario El Financiero, Santaella Castell “señaló que del presupuesto del Inegi para este año, su Junta de Gobierno decidió asignar cinco mil 447.7 millones a los Censos Económicos 2019 (dos mil 634.6 millones de pesos) y al Censo de Población y Vivienda 2020 (dos mil 813.1 millones de pesos), pero canceló el levantamiento del Censo Agropecuario.

“Apuntó que para el programa regular del organismo quedaron seis mil 682 millones de pesos, recursos presupuestales menores en 6.1 por ciento en términos nominales y en 10.5 por ciento real, lo que obligó a cancelar o suspender más de una decena de proyectos y programas.

“Los proyectos con financiamiento externo que resultaron afectados son la Encuesta nacional de cohesión social para la prevención de la violencia y la delincuencia (Ecopred) y la Encuesta nacional de uso de las tecnologías de información en los hogares (Endutih).

“También, la Encuesta nacional sobre uso del tiempo, la Encuesta nacional de acceso a la información pública y protección de datos personales (Enaid), y la Encuesta Nacional de calidad regulatoria e impacto gubernamental en empresas (Encrige).

Otras mediciones afectadas por el recorte presupuestal son: Encuesta nacional agropecuaria (ENA), la Encuesta nacional de gasto en los hogares (Engasto), y la Encuesta nacional de consumidores de sustancias psicotrópicas (Ecosup).

Además, la Encuesta nacional de los hogares (ENH), la Encuesta nacional de micronegocios (Enamin), la Encuesta nacional de población privada de la libertad (Enpol), la Encuesta nacional de trabajo infantil, y la Encuesta nacional sobre confianza del consumidor (Enco) cobertura regional.

Por otro lado, de acuerdo con un reporte de El Economista “El software es la vertical de tecnología más golpeada por la política de austeridad del presidente Andrés Manuel López Obrador. El Presupuesto de Egresos de la Federación 2019 (PEF 2019) refleja una reducción del gasto en software por parte del gobierno federal de 76.4%, por lo que la suma destinada a este producto pasará de 222.86 millones de pesos en el 2018 a 52.53 millones en el 2019, de acuerdo con un análisis de la consultoría Select.

Ricardo Zermeño, director general de Select, explicó a El Economista que el descenso del gasto en software en el presupuesto del gobierno federal es una señal contundente de que habrá muy poco gasto en software licenciado y que, por tanto, se usará cada vez más software de código abierto.

Sin embargo, el diario matizó que “Para Zermeño, si bien una decisión como esta es preocupante, también tiene un matiz positivo, pues la tendencia marca que los grandes jugadores de servicio de nube, como Google, Amazon y Microsoft están transformando su infraestructura a una de código abierto, lo que ha abaratado los precios y el gobierno federal profundiza en dicha tendencia con esta decisión”.

“Lo puedes cuestionar, pero hay una realidad y creo que se van a fortalecer las oportunidades de convertir la tecnología en un servicio, que, apoyando al sector público a transformarse, se alinee a los objetivos de la austeridad”, dijo Zermeño.

El deporte y la cultura son otros de los ámbitos donde, los efectos de la política de austeridad podrían ser indeseados.

Carlos Padilla Becerra, presidente del Comité Olímpico Mexicano (COM), declaró que la política de austeridad implantada por el presidente Andrés Manuel López Obrador ha obligado a los titulares de las federaciones deportivas y al propio organismo que preside a solicitar patrocinios de la Iniciativa Privada y que ellos mismos den de su dinero a los atletas”, informó El Economista.

Sin embargo, el titular del COM, no dio detalles precisos sobre los efectos de los recortes sobre los deportistas.

Según el texto de El Economista, “Padilla agregó que la meta en Lima 2019 (Juegos Panamericanos) es superar el sexto sitio conseguido hace cuatro años en Toronto 2015, aunque sabe que el reto será complicado debido a que competirá con otras delegaciones como la estadounidense, canadiense y colombiana.

“La meta, dijo, es que con el apoyo de las federaciones nacionales y la Conade es superar la actuación que obtuvieron en las últimas ediciones de la justa continental.

“El directivo sostuvo que el COM necesita de 120 millones de pesos para operar, pero que Ana Gabriela Guevara, titular de la Conade, les mencionó que ese presupuesto se vería reducido.

 

Cambios en la entrega de becas molesta a los artistas

En el terreno de la cultura, uno de los programas que está a revisión y que ha causado inconformidad entre los actores del sector, es el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes (FONCA).

Los rumores que se han dispersado sobre los cambios que se pretenden hacer en este programa, han causado la inconformidad de los artistas, muchos de los cuales votaron por López Obrador.

En un foro realizado el pasado 7 de marzo, se expusieron los cambios que se están preparando. Fundamentalmente, según los funcionarios de cultura, se busca la descentralización de los apoyos, mayor inclusión en su otorgamiento y que los beneficios se otorguen con base en los requerimientos específicos de los proyectos.

Este último punto es el que más escozor provocó entre la llamada comunidad artística: los artistas se mostraron en contra, y dijeron estar a favor de que, como ocurría anteriormente, a cada proyecto, sea cual fuere su área artística y su naturaleza, se le otorgue la misma cantidad en apoyo económico.

Según un reporte del semanario Proceso, titulado “El vergonzoso foro del Fonca”, los artistas rechazaron esta propuesta “manifestando, abiertamente, que los estímulos no son únicamente para crear sino también para la manutención cotidiana”.

El actual gobierno busca cambiar esta política cultural que muchos han calificado de asistencialista, y en este marco, se han generado rumores que apuntan a la desaparición de este programa, sin embargo, Roberto Frías desmintió dichos rumores y dijo que “La idea no es desaparecer nada, la idea no es que el Fonca deje de existir, ni que programas como Jóvenes Creadores desaparezcan”.

Roberto Frías argumentó que “durante los 30 años el Fonca ha recibido 128 mil 268 solicitudes, de las cuales sólo se han beneficiado a 11 mil 872 personas”

“En lo que corresponde al Sistema Nacional de Creadores de Arte (SNCA), en 25 años el estímulo de 32 mil 278 pesos mensuales se ha otorgado a 1 mil 597 artistas, de los cuales algunos han mantenido los beneficios hasta por 21 años”.

Sin embargo, estos argumentos no fueron bien aceptados por los asistentes al foro: “Incapaces de escuchar y dialogar con argumentos objetivos, los creadores se comportaron de una manera tan descontrolada que, con su sola actitud, contradicen lo que afirmó el también artista y subdirector de Desarrollo Cultural de la Secretaría de Cultura, Edgar San Juan: ‘Los creadores son lo más valioso que tiene México’”, sostiene el texto firmado por Blanca González Rosas.

Sin embargo, la periodista tampoco hace concesiones al funcionario citado pues sostiene que el de San Juan es un “Comentario excluyente que devela los valores antidemocráticos del funcionario ya que, en la construcción de un país, todas las profesiones y todos los ciudadanos son igualmente valiosos y necesarios”.

El artículo señala que el foro de Consulta develó “El profundo daño que ha generado en la comunidad artística la política cultural de modelo asistencialista, que implementó Carlos Salinas de Gortari y concluye que “la actitud de los artistas, (…) develó un gremio soberbio, agresivo y asustado, que se resiste a perder los irresponsables privilegios que les dejó el salinismo”.

Sin embargo, también fue notoria la desorganización del foro por parte de los funcionarios que no detallaron bien a bien su propuesta y aunque trataron de desmentirlos acrecentaron la inconformidad provocada por los rumores, haciendo casi un juicio sumario de la manera en que se había administrado el Fonca, basado en el dato duro que de que el 63% de los apoyos se concentran en la Ciudad de México.

Lo que ocurrió en el foro fue un malentendido: los funcionarios dijeron “redistribución del dinero” y la comunidad artística oyó “recorte”, y los funcionarios apenas levantaron la voz para decir que no habrá recorte, es decir, todo fue improvisado.

Los funcionarios parecen tener buenas intenciones, pero el problema es que no supieron comunicarlas.

Sobre el tema de las becas a proyectos artísticos es necesario un análisis en particular y más a detalle, sin embargo, entre la poca información real y la desinformación, se nota que hay inconformidad.

Considerando lo anterior, la austeridad parece ser una obsesión para López Obrador, pero aún no se puede afirmar cuáles serán sus consecuencias positivas y/o negativas, pues todavía es muy pronto para poder predecir la naturaleza y el alcance de sus efectos.

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IMSS de SLP compró medicamentos sin permiso de Cofepris y los administraron

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El gasto del fármaco fue de casi 40 mdp; forma parte de la lista del desfalco de la pasada administración; caduca en agosto de 2024; se pidió entregarlo al proveedor y no ha ocurrido

Por: Ana G. Silva

En marzo de 2023, La Orquesta dio a conocer una lista de medicamentos que adquirió Luis Alberto Martínez Villuendas, ex jefe de Administración de la delegación del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en San Luis Potosí, que forman parte de un posible desfalco en el almacén de la dependencia por cien millones de pesos.

Recientemente, este medio accedió a documentos y conversaciones donde se evidencía cómo uno de estos fármacos, fue adquirido sin permiso de la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) y además, se administraron más de 13 mil dosis a pacientes que reciben hemodiálisis, lo que representa un riesgo para la salud al no contar con estudios que garanticen su calidad, seguridad y eficacia. Tampoco se conoce el contenido y las condiciones de su fabricación; aunado a que la Dirección General Nacional del IMSS también estaba enterada de estos hechos.

En la nota “El iceberg de la corrupción en el IMSS de SLP”, se reveló la lista de proveedores involucrados en estas irregularidades, en las que destaca Gambars Distribuidora S.A. de C.V., para dos medicamentos. El primero con el evento número AA-050GYR023-E254-2022, que tuvo un costo de 39 millones 408 mil 040 pesos; mientras que el segundo, con evento número AA-050GYR023-E298-2022, se gastaron 73 mil 944 pesos. Con un importe total de 39 millones 481 mil 984 pesos. 

Ahora, se pudo acceder a conversaciones en correos electrónicos, en los que se detalla que dicho medicamento no contaba con permiso de la Cofepris, parte del mismo fue administrado a pacientes, y a más de un año cuatro meses de que se pidió canjearlo, sigue resguardado y próximo a caducar.

El 7 de diciembre de 2022, Elsa Austria Mireles, responsable sanitaria en el Almacén Central del IMSS en Ciudad de México, envió un correo para los usuarios: [email protected], [email protected] y [email protected], en el que se solicitó acudir a la brevedad al Almacén de Programas Especiales y Red Fría para el retiro de producto “Eritropoyetina” con clave 010 000 5333 00 02, ERITROPOYETINA 4000 U.I., denominación distintiva ALVERITIN, del fabricante ALVARTIS PHARMA, S.A. DE C.V.; sumado a ello, se solicitó que presentaran la nota de crédito correspondiente.

Cinco días después Martha Arrachea Alfaro, encargada del Almacén de Programas Especiales y Red Fría, le explicó a Juan Livio Bello Martínez, ex coordinador de Abastecimiento y Equipamiento en la delegación de San Luis Potosí –y uno de los involucrados en el desfalco de los 100 millones de pesos al IMSS que fue despedido en febrero de 2022–, que se trataba del pedido número D2P1748, realizado en la Coordinación a su cargo, a través del Departamento de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios, de la empresa “Gambars Distribuidora S.A. de C.V.”, por 47 mil 600 piezas con envase con seis frascos ámpula.

Agregó que el proveedor tenía cancelado su registro sanitario por parte de Cofepris y era necesario realizar el canje del producto, así como su recolección a más tardar el 15 de diciembre de ese año.

De las más de 47 mil piezas adquiridas, sólo tenían en su poder 31 mil 548 piezas. Es decir, que 16 mil 052 unidades habían sido distribuidas en delegaciones cercanas a la potosina.

Para el 20 de diciembre, Elsa Austria Mireles envió un correo a Oscar de Jesús Martínez Castillo, responsable Sanitario en San Luis Potosí, en donde aparece una tabla que confirma que el Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada (OOAD) de San Luis Potosí fue el que adquirió el insumo, en ese entonces encabezado por María Guadalupe del Rosario Garrido Rojano –que fue despedida el 26 de junio de 2023 por encubrir y ser cómplice en el desfalco millonario al IMSS en el estado–.

De los 47 mil 600 dosis, se indica que fueron distribuidas 17 mil 500 piezas de Eritropoyetina a los almacenes de: Michoacán, con 4 mil unidades; Colima con mil 500, Jalisco a quienes entregaron 7 mil piezas y a Sinaloa 5 mil.

Se debe recordar que en enero de 2023 distintos medios de comunicación en el estado dieron a conocer el caso sobre el desfalco en el almacén del IMSS de San Luis Potosí, y se suscitaron los despidos de Juan Livio Bello, Vianey Sifuentes, José Ángel Escobedo Medel y José Monjarás, además de revelar la complicidad de Guadalupe Garrido y de Raúl Mario Beltrán Flores, todavía jefe de Servicios Jurídicos en la entidad.

Fue el mismo Beltrán Flores quien el 24 de abril del 2023 solicitó a Jorge de Anda García, coordinador de Control del Abasto Federal, su apoyo para que no sea entregada la clave del medicamento al proveedor, ya que se “ventilaron” diversos procesos judiciales, relacionados a la denuncia penal presentada por la jefatura a su cargo ante la Fiscalía General de la República con el nñumero de caepera FED/SLP/SLP/0000144/2023, célula B-II-2 y en relación al juicio de nulidad 111/23-26-01-2 ratificado en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa Sala Regional Tabasco y Auxiliar

, en contra del el Instituto.

En ese mismo correo se reitera que el monto gastado en la Eritropoyetina fue de 39 millones 408 mil 040 pesos, es decir que cada fármaco costó 827.9 pesos, coincidiendo con la lista de insumos que La Orquesta reveló hace más de un año.

Todo parece indicar que le fue otorgado el favor al jefe de Jurídicos, pues este pasado 22 de febrero de 2024 la responsable Sanitaria indicó que el medicamento continúa en el Almacén de Programas Especiales y Red Fría; recordó que el proveedor no aparece en el listado de Fabricantes y Titulares de Registro Sanitario.

La trabajadora del IMSS nacional adjuntó una tabla en la que se detalla que el medicamento está próximo a caducar en agosto y septiembre de 2024. También se indica que, de las 47 mil 600 piezas que adquirieron y se repartieron en las delegaciones, sólo se lograron recuperar 34 mil 006 unidades, mientras que 13 mil 594 fármacos no; esto quiere decir que posiblemente fueron administradas a pacientes que reciben hemodiálisis, pues no existe un registro de su paradero, lo que puso en riesgo sus vidas.

Austria Mireles dijo que era necesario liberar espacio en el almacenamiento de refrigeración de Ciudad de México, donde estaban resguardados dichos medicamentos, pues se requería ingresar nuevos insumos, y como el Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada de San Luis Potosí fue quien realizó la compra, sería enviado al almacén en el estado.

Lo anterior alertó a la Jefatura de Servicios Administrativos y la Coordinación de abastecimiento, ahora a cargo de Edson Daniel Román Hernández y Marisol Mier Castillo, respectivamente, pues a las pocas horas indicaron que el Almacén del OOAD San Luis Potosí no contaba con la capacidad de recibir más de 34 mil piezas en las cámaras frías, aunque supuestamente el 27 de febrero se tenía planteado que el proveedor Gambars Distribuidora canjearía el medicamento. No obstante, no hay más información de cómo concluyó el tema.

A pesar de los documentos presentados por este medio el 7 de marzo del 2023 sobre el desfalco encabezado por Luis Alberto Martínez Villuendas y Raúl Mario Beltrán Flores, en complicidad de la misma delegada Guadalupe Garrido y otros funcionarios de alto perfil en el IMSS de San Luis Potosí, como Juan Livio Bello, Vianey Sifuentes, José Ángel Escobedo Medel y José Monjarás, estos demandaron al Instituto por Despido Injustificado y piden su liquidación completa o reinstalación, bajo el argumento de que no se efectuó el delito. Sin embargo, de acuerdo al artículo 12 del Código Penal del Estado de San Luis Potosí, tiene todas las características para considerarse “tentativa” de ejercicio indebido de las funciones públicas y fraude.  

La tentativa de estos ilícitos se argumenta porque en la realización de una compra dentro del IMSS (en este caso los medicamentos como la Eritropoyetina) se tiene que seguir un procedimiento: se debe publicar en Compranet e ir subiendo las evidencias para conformar el expediente; práctica que fue realizada durante el año que Alberto Martínez Villuendas estuvo en la administración, y aunque el artículo 41 de la Ley de Adquisiciones, permite hacer una compra de insumos “por causa mayor” (es decir, de vida o muerte) se le debe avisar al Comité o Sub Comité de Adquisiciones de Arrendamientos, el cual debían firmar tres personas: el área jurídica, presidida por Raúl Beltrán; el área administrativa de la que se ocupaba Martínez Villanueda y la ex delegada Garrido Rojano. No obstante “esas actas están perdidas”.

El pasado 1 de julio, el doctor Leonardo Francisco Muñoz Pérez tomó protesta al frente del IMSS de San Luis Potosí. A nueve meses de esta fecha, no hay un posicionamiento sobre este tema ni le ha dado seguimiento a la denuncia en contra de estos ex funcionarios. Tampoco se explica por qué uno de los involucrados en la compra de estos medicamentos sigue al frente de la Jefatura de Servicios Jurídicos, a quien se le debe agregar denuncias de acoso en su contra.

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Congreso del Estado

#SanjuanaLibre | A dos meses, diputados no terminan análisis de la solicitud de indulto

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Legisladores de las respectivas comisiones se niegan a posicionarse; argumentan que sería irresponsable y esperarán el análisis definitivo

Por: Bernardo Vera

El pasado 15 de febrero, la organización Perteneces, acompañada de redes de abogadas en la ciudad, presentaron una solicitud de indulto al Congreso del Estado de San Luis Potosí, para ejecutar la liberación de Sanjuana Maldonado Amaya, detenida en 2009 por supuestos vínculos con el crimen organizado.

A más de dos meses de presentarse esta solicitud, legisladores e integrantes de las comisiones respectivas declararon que continúan en el análisis del caso, el expediente, así como la espera de otros documentos para deliberar sobre su decisión.

Rubén Guajardo Barrera, diputado local e integrante de la Comisión de Justicia, manifestó que asumir una posición a favor o en contra podría resultar contraproducente en el proceso, toda vez que el Legislativo adquiere una figura de juzgador, en el que se requiere toda la información; en este caso, la solicitud del indulto, la información de la sentencia por parte de la instancia jurisdiccional –que en este caso fue un juez, en 2009, con el sistema de justicia penal anterior– y las tres confirmaciones que se dan en apelación de Sala Magistrado, de un Juzgado Federal y de un colegiado.

“Sería muy irresponsable de mi parte, en este momento, decir a favor o en contra. Primero, porque también hay víctimas. Víctimas sobre una denuncia de un delito. Y creo que en este caso del indulto, el Congreso del Estado pasa a ser juzgador. Y un juzgador tiene que ser muy responsable; tendríamos que tener toda la información para poder realmente tener ya una decisión responsable en el pleno del Congreso”, explicó.

Cuauhtli Fernando Badillo Moreno, legislador e integrante de la misma Comisión,

manifestó que esperará el análisis de la misma, que ya se desarrolla en su parte técnica. Manifestó que si la versión apunta a que se cometieron irregularidades en contra de Sanjuana Maldonado, se posicionará a favor de su liberación.

“Vamos a analizarlo, y si el proceso no se llevó de buena manera, no hubo o no se siguió con la perspectiva de género, pues claro. Nosotros siempre hemos estado a favor de este tema, y vamos a analizarlo a fondo. Y si cuenta con todos los factores para que nosotros como Congreso podamos elevar este indulto, yo estoy de acuerdo”.

Liliana Guadalupe Flores Almazán, diputada en el Congreso local, también se pronunció en su calidad de legisladora, y aunque no pertenece a las comisiones correspondientes, se mostró interesada en conocer a fondo el caso, y participará en la defensa de los derechos de Sanjuana Maldonado.

“Me interesa conocer a fondo el caso y también la responsabilidad que nosotros estaríamos participando dentro de él. Es muy importante que se esté buscando, que se respeten sus derechos y bueno, eso es lo básico”, mencionó.

La defensa de Sanjuana Maldonado manifestó en su momento que durante su proceso judicial se detectaron una serie de irregularidades, como la violencia estructural de la que fue víctima, así como un proceso sin perspectiva de género.

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Ayuntamiento de SLP

Daniela Cid promete darle continuidad a los proyectos de Enrique Galindo

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La alcaldesa interina indicó que parte de los temas prioritarios son la de la crisis hídricas y las vialidades

Por: Redacción

Alexandra Daniela Cid González, alcaldesa interina de San Luis Potosí, prometió darle continuidad a los proyectos y programas que estableció Enrique Galindo Ceballos durante su mandato.

“Siguen muchos retos pendientes, por supuesto tendremos que darle seguimiento. Mi primera tarea será sentarme con todas las áreas y ver en donde teníamos que poner más atención para seguir resolviéndole a la gente. Vamos a seguir trabajando en los temas prioritarios como son el agua o las vialidades potosinas”.

La alcaldesa interina de la capital del estado aseguró que con respecto a la crisis hídrica que actualmente se vive, se atenderá esta necesidad de la misma forma que ya se hacía para que así la ciudadanía pueda contar con agua en sus hogares.

Cid González indicó que las ciclovías en la ciudad se atenderán y llevarán a cabo desde las áreas de seguridad pública, medioambiental y de obras públicas.

Finalmente, la presidenta municipal interina catalogó que haya sido la designada para suplir a Enrique Galindo como un hecho histórico, puesto que se convierte en la segunda mujer en gobernar la ciudad de San Luis Potosí.

“Es un momento histórico, para mi es un honor, estoy profundamente honrada de tener esta oportunidad. En la sala de presidentes solo hay una foto de una mujer. Todavía queda mucho trabajo por hacer, estamos en un contexto de paridad a nivel nacional y es para mi un profundo orgullo que me hayan dado esta oportunidad”.

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