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¿Quién paga la austeridad del presidente de México?
La política de Andrés Manuel ha llegado a todas las dependencias, pero los resultados aún están inconclusos
Por El Saxofón
Una cuenta bancaria y un fondo de pensión con recursos, entre ambos, de 446 mil 068 pesos, unos 23 mil dólares constituyen, virtualmente, los únicos bienes de Andrés Manuel López Obrador, presidente de la República, según su declaración patrimonial, la cual hizo pública el pasado 4 de enero.
En su lista de propiedades aparece una finca de 12 mil metros cuadrados en Palenque, Chiapas, la cual ha dicho que está a nombre de sus cuatro hijos, aunque él mantiene el usufructo vitalicio.
La casa donde vive es de su esposa, Beatriz Gutiérrez Müller, quien según la declaración de bienes también es dueña de los autos de la familia.
López Obrador declaró no tener deudas ni tarjeta de crédito. Su único ingreso es el sueldo como presidente: 108 mil 744 pesos.
“Nunca me ha interesado el dinero, lucho por ideales, por principios. Aunque también aclaro, para no ofender a nadie, que no todo el que tiene es malvado”, dijo en la conferencia matutina donde presentó su declaración patrimonial.
Contrario a lo que acostumbran los políticos en México, López Obrador no levanta suspicacias por sus posesiones, si no por carecer de ellas. En un país donde la norma entre los políticos es la bonanza económica y el lujo, el contraste causa sorpresa y sospechas.
Ya desde la campaña, el candidato panista Ricardo Anaya, acusado de lavado de dinero por el régimen de Enrique Peña Nieto y cuya riqueza y la de su familia es de conocimiento público, declaró que por su austeridad López Obrador “no es un político confiable”.
En este afán de hacer parecer inconcebible que López Obrador no posea mayores bienes, y rayando casi en el absurdo Alexandra Zapata, del Instituto Mexicano de la Competitividad (IMCO), cuestionó que en su declaración AMLO diga no contar con muebles o libros.
“Me sorprende que una persona de su edad, y sabiendo que tiene una colección de libros, declare este rubro en ceros”, dijo Zapata en una entrevista con Carmen Aristegui.
Hay libros caros, y es posible tener una fortuna en ellos, pero es muy poco probable que la posesión de libros signifique y genere más riqueza que la de los bienes inmuebles o cuentas bancarias que poseen otros políticos.
Ante la austera declaración patrimonial de AMLO, el ex presidente Vicente Fox, sin más argumentos solo atinó a decir en Twitter: “Que se lo crea su abuela”.
Austeridad en la burocracia
Sin embargo, la austeridad en el ámbito personal que López Obrador ha llevado a la administración pública, ha provocado algunos efectos que aún no pueden ser medidos y cuyos resultados solo se percibirán con el paso del tiempo, pero que ya han generado reacciones:
Desde septiembre de 2018, antes de que AMLO tomara posesión como presidente funcionarios del Banco de México adelantaron su jubilación, “espantados por el recorte de sueldos y la posible eliminación de la pensión”, según informó El Universal.
El diario ejemplificó que uno de los que adelantaron la jubilación fue Pascual O’Dogherty Madrazo, director de Estabilidad Financiera, que llevaba 30 años laborando en el Banxico.
Según el diario de circulación nacional, además de O’Dogherty se estimaba que 200 funcionarios del Banxico estaban buscando nuevos horizontes en el sector privado, ante la disminución de sueldos que se avecinaba.
Ya finales de diciembre, otros medios reportaron que miles de personas se quedaron sin empleo en el primer mes de López Obrador como presidente.
Incluso, algunas notas periodísticas al respecto, incluían un toque dramático.
“Doña Judith Guzmán nunca se imaginó que a los 74 años estaría desempleada. Ella dedicó 30 años de su vida a laborar en el Servicio de Administración Tributara y, como a muchos otros, esta semana la llamaron para decirle que ya no trabajaría más ahí”, narraba un reporte de Telemundo.
“Me agarraron ahí, me encerraron y me dijeron que ya era hora de que ya me fuera”, contó Guzmán para las cámaras de Telemundo.
Ante este panorama, Presidencia de la República informó que de acuerdo con la política de austeridad se pretendía despedir al 70 por ciento de los trabajadores de confianza en dependencias públicas federales, sin embargo, el número total de trabajadores de la administración federal despedidos se mantendrá bajo reserva.
Las informaciones vertidas al respecto, calcularon que la austeridad de López Obrador dejaría sin empleo a unas 176 mil personas.
Efectos en la administración pública
No obstante, además de los efectos en los trabajadores del gobierno federal, ya fuera por despidos o por bajas en los salarios, las políticas de austeridad del nuevo gobierno también podrían causar efectos en el desempeño del trabajo de diversas dependencias.
Los funcionarios que vieron reducidos sus salarios presentaron una andanada de amparos ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que finalmente otorgó la suspensión provisional a la Ley de Remuneraciones, sin embargo, la austeridad también impactará en el desarrollo del trabajo de las dependencias, aunque las voces que denuncian esto han tenido menos eco.
Por ejemplo, el presidente del Inegi, Julio Santaella Castell, informó que por las medidas de austeridad el Instituto canceló el levantamiento del Censo Agropecuario.
Según un reporte del diario El Financiero, Santaella Castell “señaló que del presupuesto del Inegi para este año, su Junta de Gobierno decidió asignar cinco mil 447.7 millones a los Censos Económicos 2019 (dos mil 634.6 millones de pesos) y al Censo de Población y Vivienda 2020 (dos mil 813.1 millones de pesos), pero canceló el levantamiento del Censo Agropecuario.
“Apuntó que para el programa regular del organismo quedaron seis mil 682 millones de pesos, recursos presupuestales menores en 6.1 por ciento en términos nominales y en 10.5 por ciento real, lo que obligó a cancelar o suspender más de una decena de proyectos y programas.
“Los proyectos con financiamiento externo que resultaron afectados son la Encuesta nacional de cohesión social para la prevención de la violencia y la delincuencia (Ecopred) y la Encuesta nacional de uso de las tecnologías de información en los hogares (Endutih).
“También, la Encuesta nacional sobre uso del tiempo, la Encuesta nacional de acceso a la información pública y protección de datos personales (Enaid), y la Encuesta Nacional de calidad regulatoria e impacto gubernamental en empresas (Encrige).
Otras mediciones afectadas por el recorte presupuestal son: Encuesta nacional agropecuaria (ENA), la Encuesta nacional de gasto en los hogares (Engasto), y la Encuesta nacional de consumidores de sustancias psicotrópicas (Ecosup).
Además, la Encuesta nacional de los hogares (ENH), la Encuesta nacional de micronegocios (Enamin), la Encuesta nacional de población privada de la libertad (Enpol), la Encuesta nacional de trabajo infantil, y la Encuesta nacional sobre confianza del consumidor (Enco) cobertura regional.
Por otro lado, de acuerdo con un reporte de El Economista “El software es la vertical de tecnología más golpeada por la política de austeridad del presidente Andrés Manuel López Obrador. El Presupuesto de Egresos de la Federación 2019 (PEF 2019) refleja una reducción del gasto en software por parte del gobierno federal de 76.4%, por lo que la suma destinada a este producto pasará de 222.86 millones de pesos en el 2018 a 52.53 millones en el 2019, de acuerdo con un análisis de la consultoría Select.
Ricardo Zermeño, director general de Select, explicó a El Economista que el descenso del gasto en software en el presupuesto del gobierno federal es una señal contundente de que habrá muy poco gasto en software licenciado y que, por tanto, se usará cada vez más software de código abierto.
Sin embargo, el diario matizó que “Para Zermeño, si bien una decisión como esta es preocupante, también tiene un matiz positivo, pues la tendencia marca que los grandes jugadores de servicio de nube, como Google, Amazon y Microsoft están transformando su infraestructura a una de código abierto, lo que ha abaratado los precios y el gobierno federal profundiza en dicha tendencia con esta decisión”.
“Lo puedes cuestionar, pero hay una realidad y creo que se van a fortalecer las oportunidades de convertir la tecnología en un servicio, que, apoyando al sector público a transformarse, se alinee a los objetivos de la austeridad”, dijo Zermeño.
El deporte y la cultura son otros de los ámbitos donde, los efectos de la política de austeridad podrían ser indeseados.
“Carlos Padilla Becerra, presidente del Comité Olímpico Mexicano (COM), declaró que la política de austeridad implantada por el presidente Andrés Manuel López Obrador ha obligado a los titulares de las federaciones deportivas y al propio organismo que preside a solicitar patrocinios de la Iniciativa Privada y que ellos mismos den de su dinero a los atletas”, informó El Economista.
Sin embargo, el titular del COM, no dio detalles precisos sobre los efectos de los recortes sobre los deportistas.
Según el texto de El Economista, “Padilla agregó que la meta en Lima 2019 (Juegos Panamericanos) es superar el sexto sitio conseguido hace cuatro años en Toronto 2015, aunque sabe que el reto será complicado debido a que competirá con otras delegaciones como la estadounidense, canadiense y colombiana.
“La meta, dijo, es que con el apoyo de las federaciones nacionales y la Conade es superar la actuación que obtuvieron en las últimas ediciones de la justa continental.
“El directivo sostuvo que el COM necesita de 120 millones de pesos para operar, pero que Ana Gabriela Guevara, titular de la Conade, les mencionó que ese presupuesto se vería reducido.
Cambios en la entrega de becas molesta a los artistas
En el terreno de la cultura, uno de los programas que está a revisión y que ha causado inconformidad entre los actores del sector, es el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes (FONCA).
Los rumores que se han dispersado sobre los cambios que se pretenden hacer en este programa, han causado la inconformidad de los artistas, muchos de los cuales votaron por López Obrador.
En un foro realizado el pasado 7 de marzo, se expusieron los cambios que se están preparando. Fundamentalmente, según los funcionarios de cultura, se busca la descentralización de los apoyos, mayor inclusión en su otorgamiento y que los beneficios se otorguen con base en los requerimientos específicos de los proyectos.
Este último punto es el que más escozor provocó entre la llamada comunidad artística: los artistas se mostraron en contra, y dijeron estar a favor de que, como ocurría anteriormente, a cada proyecto, sea cual fuere su área artística y su naturaleza, se le otorgue la misma cantidad en apoyo económico.
Según un reporte del semanario Proceso, titulado “El vergonzoso foro del Fonca”, los artistas rechazaron esta propuesta “manifestando, abiertamente, que los estímulos no son únicamente para crear sino también para la manutención cotidiana”.
El actual gobierno busca cambiar esta política cultural que muchos han calificado de asistencialista, y en este marco, se han generado rumores que apuntan a la desaparición de este programa, sin embargo, Roberto Frías desmintió dichos rumores y dijo que “La idea no es desaparecer nada, la idea no es que el Fonca deje de existir, ni que programas como Jóvenes Creadores desaparezcan”.
Roberto Frías argumentó que “durante los 30 años el Fonca ha recibido 128 mil 268 solicitudes, de las cuales sólo se han beneficiado a 11 mil 872 personas”
“En lo que corresponde al Sistema Nacional de Creadores de Arte (SNCA), en 25 años el estímulo de 32 mil 278 pesos mensuales se ha otorgado a 1 mil 597 artistas, de los cuales algunos han mantenido los beneficios hasta por 21 años”.
Sin embargo, estos argumentos no fueron bien aceptados por los asistentes al foro: “Incapaces de escuchar y dialogar con argumentos objetivos, los creadores se comportaron de una manera tan descontrolada que, con su sola actitud, contradicen lo que afirmó el también artista y subdirector de Desarrollo Cultural de la Secretaría de Cultura, Edgar San Juan: ‘Los creadores son lo más valioso que tiene México’”, sostiene el texto firmado por Blanca González Rosas.
Sin embargo, la periodista tampoco hace concesiones al funcionario citado pues sostiene que el de San Juan es un “Comentario excluyente que devela los valores antidemocráticos del funcionario ya que, en la construcción de un país, todas las profesiones y todos los ciudadanos son igualmente valiosos y necesarios”.
El artículo señala que el foro de Consulta develó “El profundo daño que ha generado en la comunidad artística la política cultural de modelo asistencialista, que implementó Carlos Salinas de Gortari y concluye que “la actitud de los artistas, (…) develó un gremio soberbio, agresivo y asustado, que se resiste a perder los irresponsables privilegios que les dejó el salinismo”.
Sin embargo, también fue notoria la desorganización del foro por parte de los funcionarios que no detallaron bien a bien su propuesta y aunque trataron de desmentirlos acrecentaron la inconformidad provocada por los rumores, haciendo casi un juicio sumario de la manera en que se había administrado el Fonca, basado en el dato duro que de que el 63% de los apoyos se concentran en la Ciudad de México.
Lo que ocurrió en el foro fue un malentendido: los funcionarios dijeron “redistribución del dinero” y la comunidad artística oyó “recorte”, y los funcionarios apenas levantaron la voz para decir que no habrá recorte, es decir, todo fue improvisado.
Los funcionarios parecen tener buenas intenciones, pero el problema es que no supieron comunicarlas.
Sobre el tema de las becas a proyectos artísticos es necesario un análisis en particular y más a detalle, sin embargo, entre la poca información real y la desinformación, se nota que hay inconformidad.
Considerando lo anterior, la austeridad parece ser una obsesión para López Obrador, pero aún no se puede afirmar cuáles serán sus consecuencias positivas y/o negativas, pues todavía es muy pronto para poder predecir la naturaleza y el alcance de sus efectos.
También lea: (VIDEO) AMLO pidió que España se disculpe por la Conquista… y lo batearon
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Agenda del Poder Jueves 20 de agosto de 2026
Portadas locales
San Luis Hoy: Víctimas demandan justicia. Familias afectadas por hechos violentos exigen resultados a la Fiscalía General del Estado. Destacan también el costo de la CEGAIP (2 mdp mensuales) y el rezago en vialidades.
Plano Informativo: Contaminación pone en riesgo a los potosinos. Altos niveles de PM2.5, PM10 y ozono generados por vehículos, industria, quema y actividades clandestinas.
Pulso SLP: Policías estatales bajos en certificación. Oculta CEDH datos sobre recomendaciones. Marcha de familias de víctimas a la FGE. Bulevar descuidado.
Columnas locales
La Bitácora – San Luis Hoy: La transparencia sale muy cara. La CEGAIP está en vías de desaparecer, pero sus funcionarios mantienen sueldos elevados: José Gerardo Navarro Alviso recibe 80 mil pesos mensuales, Ana Cristina García Nales 78 mil y la directora administrativa Gabriela López Fraga 25 mil. Solo la nómina ronda los 888 mil pesos al mes.
De Todos – Pulso SLP: Alcaldía: otra hackeada. Ignoran al gobernador. La columna señala un nuevo incidente de vulneración digital en el Ayuntamiento capitalino y critica la falta de coordinación y reconocimiento hacia el gobierno del estado en los temas de obras y seguridad informática.
El Gato Filósofo (Elucubraciones) – Código San Luis: El juego sucio del PAN. El columnista analiza las maniobras internas y las prácticas de imposición dentro de Acción Nacional en San Luis Potosí, particularmente en la definición de coordinadores y posibles candidaturas de cara a 2027.
El Radar – Antena San Luis (Jesús Aguilar): Mil 413 policías sin certificar: ¿quién responde? En dos años la certificación de policías municipales cayó 40.7 por ciento (de 95.9 a 55.2 por ciento). Casi mil 413 elementos carecen de Certificado Único Policial. Se exige rendición de cuentas a quienes los contratan, evalúan y envían a las calles.
El Sótano – El Mañana SLP: Las investigaciones por el millonario desfalco al fondo estatal de pensiones avanzan. Luis Arturo Coronado Puente confirma colaboración abierta con la FGE y advierte nuevas carpetas. Ricardo Gallardo relevó a Isabel Leticia Vargas Tinajero en Seduvop; entra Jorge Grimaldo Limón con la instrucción de acelerar obras de movilidad. San Luis Potosí se consolida como la segunda entidad con mayor reducción de homicidios dolosos (tasa de 0.9 por cada 100 mil habitantes frente a 6.7 nacional, según México Evalúa) y como segunda mejor opción de inversión extranjera.
Notas prioritarias de la Alcaldía Capital:
Ciudadanos salen a tapar baches mientras el alcalde reconoce rezago en las calles (Astrolabio). Adoquines dañados afectan la circulación en el Centro Histórico (El Sol de San Luis). Cierre de Bulevar Españita por trabajos del “puentecito La Tripita” genera críticas por el espectáculo mediático (redes ciudadanas). Fallas y enojo ciudadano por el puente peatonal de Cordillera de los Alpes (Última Hora SLP). Interapas deja obras a medias en el Centro Histórico; el “100 por ciento” anunciado no se concreta (OCnoticias). El Ayuntamiento sigue posponiendo la peatonalización del Centro Histórico (OCnoticias). Asalto a plena luz del día en Himalaya y robo de batería en General I. Martínez (redes ciudadanas). Interapas surte agua con drenaje incluido en la General I. Martínez (Tiradero San Luis). Regreso de “mordelones” a la zona universitaria con el inicio de clases (redes ciudadanas). Hundimiento en la estructura del puente de Pánfilo Natera (redes ciudadanas). Fuga de agua termal sin reparar en el Centro (Chikilín). El alcalde puso en marcha la renovación de la calle Oro en Fracción Morales (Antena San Luis).
Notas del gobernador Ricardo Gallardo Cardona:
Gallardo mantiene 57.9 por ciento de aprobación ciudadana y ocupa el cuarto lugar nacional, el mejor evaluado entre los gobernadores de la Cuarta Transformación (Código San Luis / Polls.Mx). Relevo en Seduvop: Jorge Grimaldo Limón sustituye a Isabel Leticia Vargas Tinajero con la instrucción de acelerar obras de movilidad y conectividad. Giras de trabajo en Huehuetlán, Santa María del Río y Matlapa para reforzar programas sociales de SEDESORE. Presencia activa en la FENAPO: entrega de boletos para Grupo Firme y recepción a Sin Bandera. San Luis Potosí se mantiene como segunda entidad con mayor baja de homicidios dolosos y segunda mejor opción de inversión extranjera. Tras reunión con el alcalde Enrique Galindo, la Contraloría liberó 19 obras para la capital, incluido el paso a desnivel de El Saucito.
Columnas y temas nacionales:
Templo Mayor (Reforma): La extradición desde Argentina del contralmirante Fernando Farías Laguna (huachicol fiscal) coincidió con la visita de Omar García Harfuch a Buenos Aires. Operativos federales fallidos: se escapó el alcalde de Paraíso, Tabasco, y no detuvieron a “El Tío Lako” del CJNG en Michoacán, lo que provocó narcobloqueos. Queda abierto quién llevará el proceso de desafuero de Alejandro “Alito” Moreno.
Jaque Mate (Sergio Sarmiento – Reforma): García Harfuch construyó puentes con la DEA en Buenos Aires pese a la resistencia inicial de la presidenta Sheinbaum. Terry Cole lo llamó “socio de confianza”. Sheinbaum habló de “doble discurso” de la agencia estadounidense.
Bajo Reserva (El Universal): Gerardo Fernández Noroña exhibió una “visa dorada” que no correspondía al formato oficial. La Auditoría Superior de la Federación investiga el fallido examen de admisión de la UNAM. El gobernador de Hidalgo llevó buenas noticias de inversión a Palacio Nacional.
Carlos Loret de Mola (El Universal): Detención en Mérida de Justo Rivera Parrazales, operador del Clan de Andy López Beltrán, acusado de ser operador financiero del Cártel del Noreste. Se aseguraron 15 vehículos de lujo, dólares, joyas y armas. También hay presión del Partido Verde por liberar a Raúl Piña Horta, exsecretario particular de Jorge Emilio González Martínez.
Héctor de Mauleón (El Universal): Operativo federal en Michoacán contra Heraclio Guerrero Martínez, “El Tío Lako” (CJNG). Se halló un arsenal enorme (64 vehículos, ametralladoras calibre .50, lanzagranadas, drones y explosivos), pero el objetivo principal no estaba. Se registraron 25 narcobloqueos. “Alborotaron el avispero y no avisaron”.
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Más allá de la cárcel: Temazcalli apuesta por tratar las adicciones para reinserción
El instituto aclaró que no interviene en el delito por el que fueron procesadas: su trabajo se concentra en atender la adicción
Por: Ana G Silva
Durante 2026, 100 personas han sido atendidas en el Instituto Temazcalli tras ser canalizadas por jueces debido a antecedentes de consumo de sustancias. De ellas, 94 son hombres y seis mujeres.
Luis Eduardo López Rivas, titular del Área Paraclínica de Temazcalli, explicó que la atención forma parte de un trabajo interinstitucional con la Unidad de Medidas Cautelares. Hasta julio de este año, el instituto había registrado 324 intervenciones dentro de este esquema.
El especialista aclaró que Temazcalli no interviene en el proceso judicial ni da seguimiento al delito que pudo haber cometido la persona. La institución recibe la referencia relacionada con el antecedente de consumo y, a partir de una valoración, determina el tipo de atención necesaria.
Las personas pueden cumplir con la medida cautelar mediante exámenes toxicológicos, atención ambulatoria o internamiento en la comunidad terapéutica, dependiendo de su condición clínica.
“Nosotros no tenemos nada que ver” con la situación legal, explicó López Rivas, pues la atención se concentra en el consumo de sustancias y sus consecuencias.
Entre las personas atendidas bajo este esquema, señaló, predomina el consumo de cannabis y, muy cerca, el de metanfetaminas.
Tratar la adicción, parte de la reinserción
López Rivas consideró fundamental atender las adicciones dentro de los procesos de reinserción social, al reconocer que el consumo de sustancias puede estar relacionado con algunas conductas delictivas.
Explicó que, en algunos casos, las personas que desarrollan una dependencia pueden llegar a cometer conductas ilícitas para obtener recursos y mantener el consumo, incluso dentro del propio entorno familiar, como vender pertenencias para conseguir dinero.
Sin embargo, precisó que Temazcalli no atiende la reincidencia delictiva, sino la recaída en el consumo de sustancias.
Para el especialista, una persona que enfrenta un proceso judicial o sale de prisión y no recibe atención para su problema de consumo puede volver a presentar una recaída, por lo que consideró necesario incluir el tratamiento de las adicciones dentro de las estrategias de reinserción.
La medida judicial puede ayudar al tratamiento
Aunque algunas de estas personas no llegan a Temazcalli por decisión propia, López Rivas señaló que una medida cautelar puede favorecer el apego al tratamiento.
Según su experiencia, quienes están obligados a acudir como parte de una medida judicial pueden mantener una asistencia más constante que algunos pacientes que buscan atención voluntariamente y abandonan o acuden de manera irregular.
La atención que reciben no cambia por su condición jurídica. El tratamiento incluye valoración médica, psiquiátrica y psicológica, así como atención familiar, terapias individuales y grupales, de acuerdo con las necesidades de cada paciente.
El especialista destacó que la participación de la familia es fundamental, ya que las personas generalmente regresan al mismo entorno social y familiar después del tratamiento, donde pueden enfrentar nuevamente factores de riesgo relacionados con el consumo.
Además, explicó que es frecuente que el consumo de sustancias esté acompañado por problemas de salud mental, como ansiedad, depresión u otros trastornos, por lo que atender estas condiciones también forma parte del proceso de rehabilitación.
López Rivas insistió en que, aunque puede existir una relación entre el consumo y determinadas conductas delictivas, la adicción debe atenderse desde una perspectiva de salud.
“Ser adicto es una enfermedad”, sostuvo, al señalar que el consumo de sustancias requiere una intervención profesional y no puede reducirse únicamente a una cuestión de voluntad.
Así, en el caso de las personas canalizadas por jueces, la autoridad determina la medida cautelar, mientras que Temazcalli se concentra en atender la adicción, no el delito.
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Conagua abre expediente a “Tekmol” por tala en el río Valles
José Luis Romero, “Tekmol”, podría pagar hasta 1.9 millones de pesos de multa por la tala de árboles que se le atribuye en el río Valles
Por: Redacción
Ilustración generada con IA para La Orquesta
La Comisión Nacional del Agua (Conagua) habría abierto un procedimiento sancionador contra José Luis Romero Calzada, conocido como “El Tekmol”, político del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en Ciudad Valles, luego de que, de acuerdo con Huasteca Hoy, taló árboles y vegetación en la ribera del río Valles, en la zona de Santa Rosa.
La tarde del martes 18 de agosto, Romero Calzada habría desbrozado y talado parte de la maleza y la arboleda que crece a la orilla del río, en un tramo que comparten el ejido La Diana, la colonia Praderas del Río y la localidad de Santa Rosa. El político habría señalado que buscaba convertir el sitio en un espacio de interés comercial y turístico, y habría atribuido el abandono del lugar al gobierno de David Medina Sa lazar
, alcalde de Ciudad Valles.La ribera es jurisdicción federal. Según Huasteca Hoy, Darío Fernando González Castillo, delegado de la Conagua en la zona, señaló que nadie notificó a la dependencia sobre el corte de árboles y que, tras una visita de inspección, se habría iniciado el procedimiento. Habría indicado, además, que la Semarnat
y la Profepa también revisarían el caso.González Castillo habría precisado que el procedimiento podría derivar en una multa de hasta un millón 900 mil pesos.
No sería la primera vez que Romero Calzada enfrenta un procedimiento oficial: desde junio, el Tribunal Electoral del Estado analiza una denuncia del PRI en su contra por presunta duplicidad en la entrega de despensas de programas estatales en Ciudad Valles, señalamiento que también hizo el PAN. Romero Calzada se afilió al PVEM en 2025, después de haber criticado al partido y a Ricardo Gallardo Cardona, gobernador del Estado.
La sanción se determinaría una vez que concluya la revisión técnica del expediente.
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