julio 31, 2026

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¿Quién paga la austeridad del presidente de México?

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La política de Andrés Manuel ha llegado a todas las dependencias, pero los resultados aún están inconclusos

Por El Saxofón

Una cuenta bancaria y un fondo de pensión con recursos, entre ambos, de 446 mil 068 pesos, unos 23 mil dólares constituyen, virtualmente, los únicos bienes de Andrés Manuel López Obrador, presidente de la República, según su declaración patrimonial, la cual hizo pública el pasado 4 de enero.

En su lista de propiedades aparece una finca de 12 mil metros cuadrados en Palenque, Chiapas, la cual ha dicho que está a nombre de sus cuatro hijos, aunque él mantiene el usufructo vitalicio.

La casa donde vive es de su esposa, Beatriz Gutiérrez Müller, quien según la declaración de bienes también es dueña de los autos de la familia.

López Obrador declaró no tener deudas ni tarjeta de crédito. Su único ingreso es el sueldo como presidente: 108 mil 744 pesos.

“Nunca me ha interesado el dinero, lucho por ideales, por principios. Aunque también aclaro, para no ofender a nadie, que no todo el que tiene es malvado”, dijo en la conferencia matutina donde presentó su declaración patrimonial.

Contrario a lo que acostumbran los políticos en México, López Obrador no levanta suspicacias por sus posesiones, si no por carecer de ellas. En un país donde la norma entre los políticos es la bonanza económica y el lujo, el contraste causa sorpresa y sospechas.

Ya desde la campaña, el candidato panista Ricardo Anaya, acusado de lavado de dinero por el régimen de Enrique Peña Nieto y cuya riqueza y la de su familia es de conocimiento público, declaró que por su austeridad López Obrador “no es un político confiable”.

En este afán de hacer parecer inconcebible que López Obrador no posea mayores bienes, y rayando casi en el absurdo Alexandra Zapata, del Instituto Mexicano de la Competitividad (IMCO), cuestionó que en su declaración AMLO diga no contar con muebles o libros.

“Me sorprende que una persona de su edad, y sabiendo que tiene una colección de libros, declare este rubro en ceros”, dijo Zapata en una entrevista con Carmen Aristegui.

Hay libros caros, y es posible tener una fortuna en ellos, pero es muy poco probable que la posesión de libros signifique y genere más riqueza que la de los bienes inmuebles o cuentas bancarias que poseen otros políticos.

Ante la austera declaración patrimonial de AMLO, el ex presidente Vicente Fox, sin más argumentos solo atinó a decir en Twitter:  “Que se lo crea su abuela”.

 

Austeridad en la burocracia

Sin embargo, la austeridad en el ámbito personal que López Obrador ha llevado a la administración pública, ha provocado algunos efectos que aún no pueden ser medidos y cuyos resultados solo se percibirán con el paso del tiempo, pero que ya han generado reacciones:

Desde septiembre de 2018, antes de que AMLO tomara posesión como presidente funcionarios del Banco de México adelantaron su jubilación, “espantados por el recorte de sueldos y la posible eliminación de la pensión”, según informó El Universal.

El diario ejemplificó que uno de los que adelantaron la jubilación fue Pascual O’Dogherty Madrazo, director de Estabilidad Financiera, que llevaba 30 años laborando en el Banxico.

Según el diario de circulación nacional, además de O’Dogherty se estimaba que 200 funcionarios del Banxico estaban buscando nuevos horizontes en el sector privado, ante la disminución de sueldos que se avecinaba.

Ya finales de diciembre, otros medios reportaron que miles de personas se quedaron sin empleo en el primer mes de López Obrador como presidente.

Incluso, algunas notas periodísticas al respecto, incluían un toque dramático.

“Doña Judith Guzmán nunca se imaginó que a los 74 años estaría desempleada. Ella dedicó 30 años de su vida a laborar en el Servicio de Administración Tributara y, como a muchos otros, esta semana la llamaron para decirle que ya no trabajaría más ahí”, narraba un reporte de Telemundo.

“Me agarraron ahí, me encerraron y me dijeron que ya era hora de que ya me fuera”, contó Guzmán para las cámaras de Telemundo.

Ante este panorama, Presidencia de la República informó que de acuerdo con la política de austeridad se pretendía despedir al 70 por ciento de los trabajadores de confianza en dependencias públicas federales, sin embargo, el número total de trabajadores de la administración federal despedidos se mantendrá bajo reserva.

Las informaciones vertidas al respecto, calcularon que la austeridad de López Obrador dejaría sin empleo a unas 176 mil personas.

 

Efectos en la administración pública

No obstante, además de los efectos en los trabajadores del gobierno federal, ya fuera por despidos o por bajas en los salarios, las políticas de austeridad del nuevo gobierno también podrían causar efectos en el desempeño del trabajo de diversas dependencias.

Los funcionarios que vieron reducidos sus salarios presentaron una andanada de amparos ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que finalmente otorgó la suspensión provisional a la Ley de Remuneraciones, sin embargo, la austeridad también impactará en el desarrollo del trabajo de las dependencias, aunque las voces que denuncian esto han tenido menos eco.

Por ejemplo, el presidente del Inegi, Julio Santaella Castell, informó que por las medidas de austeridad el Instituto canceló el levantamiento del Censo Agropecuario.

Según un reporte del diario El Financiero, Santaella Castell “señaló que del presupuesto del Inegi para este año, su Junta de Gobierno decidió asignar cinco mil 447.7 millones a los Censos Económicos 2019 (dos mil 634.6 millones de pesos) y al Censo de Población y Vivienda 2020 (dos mil 813.1 millones de pesos), pero canceló el levantamiento del Censo Agropecuario.

“Apuntó que para el programa regular del organismo quedaron seis mil 682 millones de pesos, recursos presupuestales menores en 6.1 por ciento en términos nominales y en 10.5 por ciento real, lo que obligó a cancelar o suspender más de una decena de proyectos y programas.

“Los proyectos con financiamiento externo que resultaron afectados son la Encuesta nacional de cohesión social para la prevención de la violencia y la delincuencia (Ecopred) y la Encuesta nacional de uso de las tecnologías de información en los hogares (Endutih).

“También, la Encuesta nacional sobre uso del tiempo, la Encuesta nacional de acceso a la información pública y protección de datos personales (Enaid), y la Encuesta Nacional de calidad regulatoria e impacto gubernamental en empresas (Encrige).

Otras mediciones afectadas por el recorte presupuestal son: Encuesta nacional agropecuaria (ENA), la Encuesta nacional de gasto en los hogares (Engasto), y la Encuesta nacional de consumidores de sustancias psicotrópicas (Ecosup).

Además, la Encuesta nacional de los hogares (ENH), la Encuesta nacional de micronegocios (Enamin), la Encuesta nacional de población privada de la libertad (Enpol), la Encuesta nacional de trabajo infantil, y la Encuesta nacional sobre confianza del consumidor (Enco) cobertura regional.

Por otro lado, de acuerdo con un reporte de El Economista “El software es la vertical de tecnología más golpeada por la política de austeridad del presidente Andrés Manuel López Obrador. El Presupuesto de Egresos de la Federación 2019 (PEF 2019) refleja una reducción del gasto en software por parte del gobierno federal de 76.4%, por lo que la suma destinada a este producto pasará de 222.86 millones de pesos en el 2018 a 52.53 millones en el 2019, de acuerdo con un análisis de la consultoría Select.

Ricardo Zermeño, director general de Select, explicó a El Economista que el descenso del gasto en software en el presupuesto del gobierno federal es una señal contundente de que habrá muy poco gasto en software licenciado y que, por tanto, se usará cada vez más software de código abierto.

Sin embargo, el diario matizó que “Para Zermeño, si bien una decisión como esta es preocupante, también tiene un matiz positivo, pues la tendencia marca que los grandes jugadores de servicio de nube, como Google, Amazon y Microsoft están transformando su infraestructura a una de código abierto, lo que ha abaratado los precios y el gobierno federal profundiza en dicha tendencia con esta decisión”.

“Lo puedes cuestionar, pero hay una realidad y creo que se van a fortalecer las oportunidades de convertir la tecnología en un servicio, que, apoyando al sector público a transformarse, se alinee a los objetivos de la austeridad”, dijo Zermeño.

El deporte y la cultura son otros de los ámbitos donde, los efectos de la política de austeridad podrían ser indeseados.

Carlos Padilla Becerra, presidente del Comité Olímpico Mexicano (COM), declaró que la política de austeridad implantada por el presidente Andrés Manuel López Obrador ha obligado a los titulares de las federaciones deportivas y al propio organismo que preside a solicitar patrocinios de la Iniciativa Privada y que ellos mismos den de su dinero a los atletas”, informó El Economista.

Sin embargo, el titular del COM, no dio detalles precisos sobre los efectos de los recortes sobre los deportistas.

Según el texto de El Economista, “Padilla agregó que la meta en Lima 2019 (Juegos Panamericanos) es superar el sexto sitio conseguido hace cuatro años en Toronto 2015, aunque sabe que el reto será complicado debido a que competirá con otras delegaciones como la estadounidense, canadiense y colombiana.

“La meta, dijo, es que con el apoyo de las federaciones nacionales y la Conade es superar la actuación que obtuvieron en las últimas ediciones de la justa continental.

“El directivo sostuvo que el COM necesita de 120 millones de pesos para operar, pero que Ana Gabriela Guevara, titular de la Conade, les mencionó que ese presupuesto se vería reducido.

 

Cambios en la entrega de becas molesta a los artistas

En el terreno de la cultura, uno de los programas que está a revisión y que ha causado inconformidad entre los actores del sector, es el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes (FONCA).

Los rumores que se han dispersado sobre los cambios que se pretenden hacer en este programa, han causado la inconformidad de los artistas, muchos de los cuales votaron por López Obrador.

En un foro realizado el pasado 7 de marzo, se expusieron los cambios que se están preparando. Fundamentalmente, según los funcionarios de cultura, se busca la descentralización de los apoyos, mayor inclusión en su otorgamiento y que los beneficios se otorguen con base en los requerimientos específicos de los proyectos.

Este último punto es el que más escozor provocó entre la llamada comunidad artística: los artistas se mostraron en contra, y dijeron estar a favor de que, como ocurría anteriormente, a cada proyecto, sea cual fuere su área artística y su naturaleza, se le otorgue la misma cantidad en apoyo económico.

Según un reporte del semanario Proceso, titulado “El vergonzoso foro del Fonca”, los artistas rechazaron esta propuesta “manifestando, abiertamente, que los estímulos no son únicamente para crear sino también para la manutención cotidiana”.

El actual gobierno busca cambiar esta política cultural que muchos han calificado de asistencialista, y en este marco, se han generado rumores que apuntan a la desaparición de este programa, sin embargo, Roberto Frías desmintió dichos rumores y dijo que “La idea no es desaparecer nada, la idea no es que el Fonca deje de existir, ni que programas como Jóvenes Creadores desaparezcan”.

Roberto Frías argumentó que “durante los 30 años el Fonca ha recibido 128 mil 268 solicitudes, de las cuales sólo se han beneficiado a 11 mil 872 personas”

“En lo que corresponde al Sistema Nacional de Creadores de Arte (SNCA), en 25 años el estímulo de 32 mil 278 pesos mensuales se ha otorgado a 1 mil 597 artistas, de los cuales algunos han mantenido los beneficios hasta por 21 años”.

Sin embargo, estos argumentos no fueron bien aceptados por los asistentes al foro: “Incapaces de escuchar y dialogar con argumentos objetivos, los creadores se comportaron de una manera tan descontrolada que, con su sola actitud, contradicen lo que afirmó el también artista y subdirector de Desarrollo Cultural de la Secretaría de Cultura, Edgar San Juan: ‘Los creadores son lo más valioso que tiene México’”, sostiene el texto firmado por Blanca González Rosas.

Sin embargo, la periodista tampoco hace concesiones al funcionario citado pues sostiene que el de San Juan es un “Comentario excluyente que devela los valores antidemocráticos del funcionario ya que, en la construcción de un país, todas las profesiones y todos los ciudadanos son igualmente valiosos y necesarios”.

El artículo señala que el foro de Consulta develó “El profundo daño que ha generado en la comunidad artística la política cultural de modelo asistencialista, que implementó Carlos Salinas de Gortari y concluye que “la actitud de los artistas, (…) develó un gremio soberbio, agresivo y asustado, que se resiste a perder los irresponsables privilegios que les dejó el salinismo”.

Sin embargo, también fue notoria la desorganización del foro por parte de los funcionarios que no detallaron bien a bien su propuesta y aunque trataron de desmentirlos acrecentaron la inconformidad provocada por los rumores, haciendo casi un juicio sumario de la manera en que se había administrado el Fonca, basado en el dato duro que de que el 63% de los apoyos se concentran en la Ciudad de México.

Lo que ocurrió en el foro fue un malentendido: los funcionarios dijeron “redistribución del dinero” y la comunidad artística oyó “recorte”, y los funcionarios apenas levantaron la voz para decir que no habrá recorte, es decir, todo fue improvisado.

Los funcionarios parecen tener buenas intenciones, pero el problema es que no supieron comunicarlas.

Sobre el tema de las becas a proyectos artísticos es necesario un análisis en particular y más a detalle, sin embargo, entre la poca información real y la desinformación, se nota que hay inconformidad.

Considerando lo anterior, la austeridad parece ser una obsesión para López Obrador, pero aún no se puede afirmar cuáles serán sus consecuencias positivas y/o negativas, pues todavía es muy pronto para poder predecir la naturaleza y el alcance de sus efectos.

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SEGE da por concluido el caso Universidad Potosina, pero Fiscalía sigue

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La secretaria Deisy López afirmó que el trámite administrativo ante la SEGE ya concluyó, aunque la Fiscalía mantiene abiertas más de veinte carpetas

Por: Redacción

Deisy Maribel López Sierra, secretaria de Educación de Gobierno del Estado (SEGE), afirmó que el trámite administrativo del caso de la Universidad Potosina ante su dependencia “ya quedó concluido”.

El caso se originó por la denuncia de 48 exalumnos de la carrera de Medicina de la Universidad Potosina, en Carranza, quienes acusaron a la institución de operar sin el Registro de Validez Oficial de Estudios (REVOE), lo que les impidió obtener título profesional o realizar prácticas clínicas. La Fiscalía General del Estado (FGE) documentó al menos 31 denuncias contra la institución y su entonces rector, Arturo Segoviano García.

Pese al cierre administrativo que reporta la SEGE, la vía penal permanece activa: para julio de 2026 existían al menos 23 carpetas de investigación abiertas desde junio de 2024, y los denunciantes se preparaban para promover un amparo por la lentitud en el avance de las audiencias, de acuerdo con reportes de Astrolabio Diario Digital

.

El abogado de los exalumnos, Jaime Soria Osornio, ha acusado además una posible colusión entre funcionarios de la propia SEGE y el exrector Segoviano, a quien atribuye una protección institucional que, según él, rebasa la competencia estatal del caso.

La actual administración de la Universidad Potosina se deslindó formalmente de la gestión de Segoviano y opera bajo otra razón social, en un domicilio distinto al plantel señalado por la falta de registro.

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341 millones en remesas: el banco paralelo de la Huasteca potosina

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En 2025, los migrantes de la Huasteca potosina enviaron cuatro veces el dinero que el gobierno federal destinó a infraestructura en la región, en El Naranjo, la brecha llega a 27 a uno

Por: Carlos Ruíz

La Huasteca potosina opera con un presupuesto paralelo que ningún instrumento de gobierno controla: en 2025, sus migrantes enviaron 341 millones de dólares desde Estados Unidos, cuatro veces el dinero federal destinado a infraestructura social en la región ese mismo año.

El Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM), principal mecanismo del gobierno federal para obra en municipios de alta marginación— distribuyó 1,555 millones de pesos entre los 20 municipios de la Huasteca en 2024.

Las remesas del mismo período equivalen a aproximadamente 6,550 millones de pesos al tipo de cambio promedio de 2025. Por cada peso del FISM, los migrantes mandaron 4.2. Los datos provienen del Banco de México (serie CE166) y del Periódico Oficial del Estado.

El extremo más pronunciado es El Naranjo. El municipio serrano tiene el segundo índice de intensidad migratoria más alto de la región, pues el 11.44% de sus hogares recibe remesas, según el Consejo Nacional de Población (CONAPO), y aun así recibe el FISM más bajo de toda la Huasteca: 23 millones de pesos al año. En 2025, sus migrantes enviaron el equivalente a 626 millones de pesos. 27 veces el monto del FISM.

La brecha no es homogénea. En los municipios del norte y centro de la región: Ciudad Valles, El Naranjo, Tamuín, Xilitla, Tanquián de Escobedo, Tamasopo, las remesas superan al FISM en proporciones de entre 5

y 27 a uno. En el sur: Aquismón, Matlapa, Coxcatlán, la relación se invierte: el presupuesto federal supera a las remesas. Aquismón, con el mayor FISM de la Huasteca (212 millones de pesos), recibe 93 millones en remesas.

El flujo va en aumento. En el primer trimestre de 2026, la Huasteca recibió 73.8 millones de dólares —el dato trimestral más alto desde que existen registros desagregados por municipio, y el 16% del total estatal, la mayor participación histórica. La tendencia coincide con los debates sobre un posible impuesto de 3.5% a las remesas en Estados Unidos propuesto por la administración de Donald Trump. Si esa medida se aplicara, la Huasteca perdería alrededor de 12 millones de dólares al año, más de lo que el FISM asigna a tres de sus municipios juntos.

El FISM calcula sus asignaciones con base en índices de pobreza y rezago social, no en flujos migratorios. En El Naranjo (donde el dinero de los migrantes supera 27 veces al presupuesto federal), la asignación fue la mínima de toda la Huasteca.

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Envenenan gatos del mercado San Luis 400; locatarios sospechan de un vecino

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Tras encontrar nuevos animales muertos esta semana, anunciaron que presentarán una denuncia formal y exigirán acciones para protegerlos

Por: Redacción

Locatarios del mercado San Luis 400, en la calle Coronel Romero 139, sospechan que un vecino o personal de la Ciudad Judicial —ubicada a un costado del inmueble— está detrás del envenenamiento de los gatos que rondan el lugar, luego de que esta semana aparecieron varios felinos muertos.

Esta semana, los comerciantes hallaron varios gatos sin vida: unos, según creen, por consumir alimento envenenado, y otros con lesiones que atribuyen a los perros que acompañan a los lavacoches que se posesionan de la zona.

Los locatarios ya habían denunciado ante las autoridades la matanza de gatos dentro y fuera del mercado, pero aseguran que la práctica continúa sin que ninguna autoridad intervenga, pese a tener conocimiento del caso.

Hace un par de semanas comenzaron a registrar la muerte de varios gatos que rondan las instalaciones del mercado.

Los locatarios alimentan a los felinos porque los consideran “vigilantes” y porque, señalan, combaten la proliferación de roedores.

Confirmaron entonces que los gatos estaban siendo envenenados, lo que motivó una protesta ante las autoridades. Indicaron que, al comunicarse vía telefónica con personal del Centro Integral de Bienestar Animal, la respuesta fue que no podían intervenir. Al paso de los días dejaron de detectar irregularidades, hasta el hallazgo de esta semana.

Ante ello, los locatarios esperan presentar una denuncia formal ante las autoridades y solicitar la construcción de una barda o, al menos, una cerca de malla ciclónica para proteger el estacionamiento y los accesos al centro de abasto.

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