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¿Quién paga la austeridad del presidente de México?

La política de Andrés Manuel ha llegado a todas las dependencias, pero los resultados aún están inconclusos
Por El Saxofón
Una cuenta bancaria y un fondo de pensión con recursos, entre ambos, de 446 mil 068 pesos, unos 23 mil dólares constituyen, virtualmente, los únicos bienes de Andrés Manuel López Obrador, presidente de la República, según su declaración patrimonial, la cual hizo pública el pasado 4 de enero.
En su lista de propiedades aparece una finca de 12 mil metros cuadrados en Palenque, Chiapas, la cual ha dicho que está a nombre de sus cuatro hijos, aunque él mantiene el usufructo vitalicio.
La casa donde vive es de su esposa, Beatriz Gutiérrez Müller, quien según la declaración de bienes también es dueña de los autos de la familia.
López Obrador declaró no tener deudas ni tarjeta de crédito. Su único ingreso es el sueldo como presidente: 108 mil 744 pesos.
“Nunca me ha interesado el dinero, lucho por ideales, por principios. Aunque también aclaro, para no ofender a nadie, que no todo el que tiene es malvado”, dijo en la conferencia matutina donde presentó su declaración patrimonial.
Contrario a lo que acostumbran los políticos en México, López Obrador no levanta suspicacias por sus posesiones, si no por carecer de ellas. En un país donde la norma entre los políticos es la bonanza económica y el lujo, el contraste causa sorpresa y sospechas.
Ya desde la campaña, el candidato panista Ricardo Anaya, acusado de lavado de dinero por el régimen de Enrique Peña Nieto y cuya riqueza y la de su familia es de conocimiento público, declaró que por su austeridad López Obrador “no es un político confiable”.
En este afán de hacer parecer inconcebible que López Obrador no posea mayores bienes, y rayando casi en el absurdo Alexandra Zapata, del Instituto Mexicano de la Competitividad (IMCO), cuestionó que en su declaración AMLO diga no contar con muebles o libros.
“Me sorprende que una persona de su edad, y sabiendo que tiene una colección de libros, declare este rubro en ceros”, dijo Zapata en una entrevista con Carmen Aristegui.
Hay libros caros, y es posible tener una fortuna en ellos, pero es muy poco probable que la posesión de libros signifique y genere más riqueza que la de los bienes inmuebles o cuentas bancarias que poseen otros políticos.
Ante la austera declaración patrimonial de AMLO, el ex presidente Vicente Fox, sin más argumentos solo atinó a decir en Twitter: “Que se lo crea su abuela”.
Austeridad en la burocracia
Sin embargo, la austeridad en el ámbito personal que López Obrador ha llevado a la administración pública, ha provocado algunos efectos que aún no pueden ser medidos y cuyos resultados solo se percibirán con el paso del tiempo, pero que ya han generado reacciones:
Desde septiembre de 2018, antes de que AMLO tomara posesión como presidente funcionarios del Banco de México adelantaron su jubilación, “espantados por el recorte de sueldos y la posible eliminación de la pensión”, según informó El Universal.
El diario ejemplificó que uno de los que adelantaron la jubilación fue Pascual O’Dogherty Madrazo, director de Estabilidad Financiera, que llevaba 30 años laborando en el Banxico.
Según el diario de circulación nacional, además de O’Dogherty se estimaba que 200 funcionarios del Banxico estaban buscando nuevos horizontes en el sector privado, ante la disminución de sueldos que se avecinaba.
Ya finales de diciembre, otros medios reportaron que miles de personas se quedaron sin empleo en el primer mes de López Obrador como presidente.
Incluso, algunas notas periodísticas al respecto, incluían un toque dramático.
“Doña Judith Guzmán nunca se imaginó que a los 74 años estaría desempleada. Ella dedicó 30 años de su vida a laborar en el Servicio de Administración Tributara y, como a muchos otros, esta semana la llamaron para decirle que ya no trabajaría más ahí”, narraba un reporte de Telemundo.
“Me agarraron ahí, me encerraron y me dijeron que ya era hora de que ya me fuera”, contó Guzmán para las cámaras de Telemundo.
Ante este panorama, Presidencia de la República informó que de acuerdo con la política de austeridad se pretendía despedir al 70 por ciento de los trabajadores de confianza en dependencias públicas federales, sin embargo, el número total de trabajadores de la administración federal despedidos se mantendrá bajo reserva.
Las informaciones vertidas al respecto, calcularon que la austeridad de López Obrador dejaría sin empleo a unas 176 mil personas.
Efectos en la administración pública
No obstante, además de los efectos en los trabajadores del gobierno federal, ya fuera por despidos o por bajas en los salarios, las políticas de austeridad del nuevo gobierno también podrían causar efectos en el desempeño del trabajo de diversas dependencias.
Los funcionarios que vieron reducidos sus salarios presentaron una andanada de amparos ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que finalmente otorgó la suspensión provisional a la Ley de Remuneraciones, sin embargo, la austeridad también impactará en el desarrollo del trabajo de las dependencias, aunque las voces que denuncian esto han tenido menos eco.
Por ejemplo, el presidente del Inegi, Julio Santaella Castell, informó que por las medidas de austeridad el Instituto canceló el levantamiento del Censo Agropecuario.
Según un reporte del diario El Financiero, Santaella Castell “señaló que del presupuesto del Inegi para este año, su Junta de Gobierno decidió asignar cinco mil 447.7 millones a los Censos Económicos 2019 (dos mil 634.6 millones de pesos) y al Censo de Población y Vivienda 2020 (dos mil 813.1 millones de pesos), pero canceló el levantamiento del Censo Agropecuario.
“Apuntó que para el programa regular del organismo quedaron seis mil 682 millones de pesos, recursos presupuestales menores en 6.1 por ciento en términos nominales y en 10.5 por ciento real, lo que obligó a cancelar o suspender más de una decena de proyectos y programas.
“Los proyectos con financiamiento externo que resultaron afectados son la Encuesta nacional de cohesión social para la prevención de la violencia y la delincuencia (Ecopred) y la Encuesta nacional de uso de las tecnologías de información en los hogares (Endutih).
“También, la Encuesta nacional sobre uso del tiempo, la Encuesta nacional de acceso a la información pública y protección de datos personales (Enaid), y la Encuesta Nacional de calidad regulatoria e impacto gubernamental en empresas (Encrige).
Otras mediciones afectadas por el recorte presupuestal son: Encuesta nacional agropecuaria (ENA), la Encuesta nacional de gasto en los hogares (Engasto), y la Encuesta nacional de consumidores de sustancias psicotrópicas (Ecosup).
Además, la Encuesta nacional de los hogares (ENH), la Encuesta nacional de micronegocios (Enamin), la Encuesta nacional de población privada de la libertad (Enpol), la Encuesta nacional de trabajo infantil, y la Encuesta nacional sobre confianza del consumidor (Enco) cobertura regional.
Por otro lado, de acuerdo con un reporte de El Economista “El software es la vertical de tecnología más golpeada por la política de austeridad del presidente Andrés Manuel López Obrador. El Presupuesto de Egresos de la Federación 2019 (PEF 2019) refleja una reducción del gasto en software por parte del gobierno federal de 76.4%, por lo que la suma destinada a este producto pasará de 222.86 millones de pesos en el 2018 a 52.53 millones en el 2019, de acuerdo con un análisis de la consultoría Select.
Ricardo Zermeño, director general de Select, explicó a El Economista que el descenso del gasto en software en el presupuesto del gobierno federal es una señal contundente de que habrá muy poco gasto en software licenciado y que, por tanto, se usará cada vez más software de código abierto.
Sin embargo, el diario matizó que “Para Zermeño, si bien una decisión como esta es preocupante, también tiene un matiz positivo, pues la tendencia marca que los grandes jugadores de servicio de nube, como Google, Amazon y Microsoft están transformando su infraestructura a una de código abierto, lo que ha abaratado los precios y el gobierno federal profundiza en dicha tendencia con esta decisión”.
“Lo puedes cuestionar, pero hay una realidad y creo que se van a fortalecer las oportunidades de convertir la tecnología en un servicio, que, apoyando al sector público a transformarse, se alinee a los objetivos de la austeridad”, dijo Zermeño.
El deporte y la cultura son otros de los ámbitos donde, los efectos de la política de austeridad podrían ser indeseados.
“Carlos Padilla Becerra, presidente del Comité Olímpico Mexicano (COM), declaró que la política de austeridad implantada por el presidente Andrés Manuel López Obrador ha obligado a los titulares de las federaciones deportivas y al propio organismo que preside a solicitar patrocinios de la Iniciativa Privada y que ellos mismos den de su dinero a los atletas”, informó El Economista.
Sin embargo, el titular del COM, no dio detalles precisos sobre los efectos de los recortes sobre los deportistas.
Según el texto de El Economista, “Padilla agregó que la meta en Lima 2019 (Juegos Panamericanos) es superar el sexto sitio conseguido hace cuatro años en Toronto 2015, aunque sabe que el reto será complicado debido a que competirá con otras delegaciones como la estadounidense, canadiense y colombiana.
“La meta, dijo, es que con el apoyo de las federaciones nacionales y la Conade es superar la actuación que obtuvieron en las últimas ediciones de la justa continental.
“El directivo sostuvo que el COM necesita de 120 millones de pesos para operar, pero que Ana Gabriela Guevara, titular de la Conade, les mencionó que ese presupuesto se vería reducido.
Cambios en la entrega de becas molesta a los artistas
En el terreno de la cultura, uno de los programas que está a revisión y que ha causado inconformidad entre los actores del sector, es el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes (FONCA).
Los rumores que se han dispersado sobre los cambios que se pretenden hacer en este programa, han causado la inconformidad de los artistas, muchos de los cuales votaron por López Obrador.
En un foro realizado el pasado 7 de marzo, se expusieron los cambios que se están preparando. Fundamentalmente, según los funcionarios de cultura, se busca la descentralización de los apoyos, mayor inclusión en su otorgamiento y que los beneficios se otorguen con base en los requerimientos específicos de los proyectos.
Este último punto es el que más escozor provocó entre la llamada comunidad artística: los artistas se mostraron en contra, y dijeron estar a favor de que, como ocurría anteriormente, a cada proyecto, sea cual fuere su área artística y su naturaleza, se le otorgue la misma cantidad en apoyo económico.
Según un reporte del semanario Proceso, titulado “El vergonzoso foro del Fonca”, los artistas rechazaron esta propuesta “manifestando, abiertamente, que los estímulos no son únicamente para crear sino también para la manutención cotidiana”.
El actual gobierno busca cambiar esta política cultural que muchos han calificado de asistencialista, y en este marco, se han generado rumores que apuntan a la desaparición de este programa, sin embargo, Roberto Frías desmintió dichos rumores y dijo que “La idea no es desaparecer nada, la idea no es que el Fonca deje de existir, ni que programas como Jóvenes Creadores desaparezcan”.
Roberto Frías argumentó que “durante los 30 años el Fonca ha recibido 128 mil 268 solicitudes, de las cuales sólo se han beneficiado a 11 mil 872 personas”
“En lo que corresponde al Sistema Nacional de Creadores de Arte (SNCA), en 25 años el estímulo de 32 mil 278 pesos mensuales se ha otorgado a 1 mil 597 artistas, de los cuales algunos han mantenido los beneficios hasta por 21 años”.
Sin embargo, estos argumentos no fueron bien aceptados por los asistentes al foro: “Incapaces de escuchar y dialogar con argumentos objetivos, los creadores se comportaron de una manera tan descontrolada que, con su sola actitud, contradicen lo que afirmó el también artista y subdirector de Desarrollo Cultural de la Secretaría de Cultura, Edgar San Juan: ‘Los creadores son lo más valioso que tiene México’”, sostiene el texto firmado por Blanca González Rosas.
Sin embargo, la periodista tampoco hace concesiones al funcionario citado pues sostiene que el de San Juan es un “Comentario excluyente que devela los valores antidemocráticos del funcionario ya que, en la construcción de un país, todas las profesiones y todos los ciudadanos son igualmente valiosos y necesarios”.
El artículo señala que el foro de Consulta develó “El profundo daño que ha generado en la comunidad artística la política cultural de modelo asistencialista, que implementó Carlos Salinas de Gortari y concluye que “la actitud de los artistas, (…) develó un gremio soberbio, agresivo y asustado, que se resiste a perder los irresponsables privilegios que les dejó el salinismo”.
Sin embargo, también fue notoria la desorganización del foro por parte de los funcionarios que no detallaron bien a bien su propuesta y aunque trataron de desmentirlos acrecentaron la inconformidad provocada por los rumores, haciendo casi un juicio sumario de la manera en que se había administrado el Fonca, basado en el dato duro que de que el 63% de los apoyos se concentran en la Ciudad de México.
Lo que ocurrió en el foro fue un malentendido: los funcionarios dijeron “redistribución del dinero” y la comunidad artística oyó “recorte”, y los funcionarios apenas levantaron la voz para decir que no habrá recorte, es decir, todo fue improvisado.
Los funcionarios parecen tener buenas intenciones, pero el problema es que no supieron comunicarlas.
Sobre el tema de las becas a proyectos artísticos es necesario un análisis en particular y más a detalle, sin embargo, entre la poca información real y la desinformación, se nota que hay inconformidad.
Considerando lo anterior, la austeridad parece ser una obsesión para López Obrador, pero aún no se puede afirmar cuáles serán sus consecuencias positivas y/o negativas, pues todavía es muy pronto para poder predecir la naturaleza y el alcance de sus efectos.
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Ciudad
Galindo confirma: quiere competir en 2027 y se asume como oposición
El alcalde afirmó ser oposición a los gobiernos estatal y federal, pero con respeto y sin confrontación
Por: Redacción
En exclusiva para La Orquesta, Enrique Galindo Ceballos, alcalde de San Luis Potosí, reconoció abiertamente que tiene aspiraciones políticas rumbo al 2027.
“Me identifico como un personaje político que tiene posibilidades de competir en el 27. Yo creo que son legítimas, tengo posibilidades, tengo deseos, tengo ganas”, declaró.
El edil capitalino subrayó que, en esas condiciones, inevitablemente se asume como oposición frente al gobierno estatal y al federal: “Soy oposición de los gobiernos que tienen partidos distintos, como el del Estado y el federal. Finalmente, soy de una corriente política diferente”.
Galindo insistió en que su estilo es distinto al de la confrontación y que buscará competir con argumentos:
“Nunca me has oído hablar con groserías, ni en entrevistas ni en discursos. Soy un hombre con información política, de educación. Cuando venga la competencia, lo que va a dominar son las ideas y la razón. Si soy candidato en 2027, voy a defender mi trabajo, mis acciones y mis resultados”.
Sobre su asistencia al primer informe de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum en San Luis Potosí, el alcalde destacó la importancia de haber sido invitado y el gesto de respeto institucional:
“Me sentí muy bien, fue un evento republicano. La presidenta tuvo la categoría política de invitar al alcalde de la capital. Nos saludamos, cruzamos algunas palabras, nos tomamos fotos. Mayor camaradería política no pudo haber”.
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Despenalización del aborto en SLP no se traduce en acceso real: Frente Marea Verde
Denuncian falta de información oficial clara y actualizada sobre hospitales habilitados
Por: Redacción
El Frente Marea Verde San Luis Potosí emitió un posicionamiento en respuesta a las declaraciones de Gloria Serrato, encargada de despacho de la Secretaría de las Mujeres, sobre la cobertura de servicios de aborto seguro en el estado.
A casi un año de la despenalización del aborto, el colectivo señaló que lo dicho por la funcionaria no refleja la realidad que enfrentan diariamente mujeres y personas gestantes en las regiones potosinas.
Las colectivas puntualizaron que el acceso al aborto en el IMSS está limitado solo a derechohabientes, lo que excluye a miles de mujeres en comunidades rurales e indígenas sin seguridad social. En la Huasteca, donde la marginación es alta, apenas un hospital del IMSS está habilitado para la interrupción legal del embarazo (ILE).
Sobre los hospitales regionales, subrayaron que no hay información pública clara y actualizada sobre dónde se brinda el servicio. El mapa de “aborto seguro” del portal estatal solo muestra una clínica en Rioverde, y los enlaces oficiales dirigen a documentos federales que no contienen datos prácticos. Esta falta de información accesible genera barreras y reproduce condiciones de inseguridad que la despenalización buscaba erradicar.
El Frente también defendió las redes de acompañamiento feminista, que desde hace más de una década garantizan información segura y científica basada en lineamientos de la Secretaría de Salud federal y recomendaciones de la OMS.
Resaltaron que la autogestión del aborto con medicamentos como mifepristona y misoprostol es una práctica respaldada internacionalmente, mucho más segura que procedimientos obsoletos aún practicados en el estado, como el legrado.
El colectivo exigió:
- Transparencia inmediata sobre hospitales habilitados.
- Abasto de medicamentos e insumos.
- Fin de discursos criminalizantes contra acompañantes feministas.
- Diálogo con redes de acompañamiento.
- Campañas públicas claras y multilingües.
- Reconocimiento de la autogestión como práctica segura.
Finalmente, reiteraron que un derecho sin información, infraestructura ni medicamentos es un derecho vacío, y reafirmaron su compromiso de seguir acompañando y exigiendo que el aborto legal en San Luis Potosí sea también seguro, gratuito y accesible en todo el estado.
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Robo de combustible es un problema nacional, no exclusivo de SLP: SGG
La presencia de la Guardia Nacional obedece a una estrategia federal ante la incidencia del delito en diversas entidades, señala Torres Sánchez
Por: Redacción
José Guadalupe Torres Sánchez, titular de la Secretaría General de Gobierno del Estado de San Luis Potosí (SGG), declaró que el robo de combustibles (huachicol) no es un problema exclusivo de la entidad, sino un fenómeno que afecta a varias regiones del país, como Tamaulipas, Guanajuato y Nuevo León.
“La realidad es que este delito ocurre en todo el país. Existen rutas terrestres, ferroviarias, marítimas, en las costas y océanos”, señaló Torres Sánchez al justificar la presencia de elementos de la Guardia Nacional (GN)
como parte de una estrategia federal de seguridad.Respecto a las expectativas frente a este problema, el funcionario afirmó que se esperan detenciones importantes
en el futuro. No obstante, al ser cuestionado sobre las personas posiblemente involucradas, respondió:“El gobierno, tanto federal como estatal, no hace suposiciones ni conjeturas. El gobierno actúa y lleva a cabo acciones con base en hechos reales, tangibles, actuales”.
Finalmente, agregó que cualquier acción que se realice desde los distintos niveles de gobierno —federal, estatal o municipal— debe estar sustentada en hechos comprobables y no en especulaciones.
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