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#QueSad | En SLP terminan en divorcio 30 de cada 100 matrimonios
3 mil 872 parejas casadas se disolvieron durante el 2019
Por: Redacción
En 2019, por primera vez en cinco años, los divorcios fueron a la baja en San Luis Potosí. El año pasado se disolvieron legalmente 3 mil 872 matrimonios, cantidad inferior a los 4 mil 648 que se rompieron en 2018. Esto representa una disminución del 16.69 por ciento en 2019 con respecto al 2018 previo.
Aun así, según datos del INEGI, el año pasado la tasa de divorcios por cada 10 mil habitantes aumentó con respecto al 2018, pues pasó de 15.6 a 19.1, y se mantuvo por arriba de la tasa nacional que es de 18.4 divorcios por cada 10 mil habitantes.
La entidad potosina también registró una menor proporción de divorcios por cada 100 matrimonios, pues mientras que en 2018, se tuvo registro de 38.2 divorcios por cada 100 matrimonios, en 2019, esta se redujo a 30.8. En este caso, la relación divorcios matrimonios, es menos a la nacional, que fue de 31.7.
Según las cifras del Instituto, en 2019 en San Luis Potosí se contabilizaron 3 mil 680 causas de divorcio, de las cuales 2 mil 236 fueron divorcio incausado; 1 mil 354 por mutuo consentimiento; 49 se dieron tras una separación por dos años o más, y 41, por otras causas.
Durante 2019 se registraron 160 mil 107 divorcios, en el país existen dos tipos de trámite de divorcio: administrativo y judicial. Los datos de 2019 indican que 91% (145 mil 705) de ellos, fueron resueltos por vía judicial, mientras que el 9% (14 mil 402) correspondieron a divorcios resueltos por vía administrativa. Los divorcios en el país se han incrementado durante los últimos años, como se puede observar en la tasa nacional de divorcios por cada 10 mil habitantes, al pasar de 11.7 en 2010 a 18.4 en 2019.
Las entidades que registraron las mayores tasas de divorcios por cada 10 000 habitantes en 2019, fueron Campeche con 38.0, Sinaloa con 37.7 y Nuevo León con 37.2; por el contrario, las menores tasas correspondieron a Veracruz de Ignacio de la Llave (5.7), Tlaxcala (8.3) y Chiapas (8.9) divorcios por cada 10 000 habitantes.
En el año 2019, se registraron 159 mil 769 divorcios entre un hombre y una mujer; 146 mil entre hombres y 192 entre mujeres. Conforme avanza el tiempo, los casos con divorciantes del mismo sexo se han ido incrementando. Para los hombres pasó de 55 casos en 2015 a 146 en 2019; en el caso de las mujeres, pasó de 42 divorcios en 2015 a 192 en 2019. En la mayoría de los años, el número de casos entre las mujeres divorciadas es superior al de los hombres.
La causa de divorcio es el motivo expresado por la parte interesada para disolver el vínculo matrimonial, contemplado en el Código Civil de la entidad federativa correspondiente. Entre las tres principales causas de divorcio a nivel nacional se encuentra el incausado con el 63% (100 mil 913), seguido por el de mutuo consentimiento con el 34.7% (55 mil 481) y por la separación por más de 1 año con el 1.4% (2 mil 204). La causa por mutuo consentimiento aplica tanto en los divorcios administrativos como en los judiciales. El comportamiento al interior del país muestra que en 22 entidades federativas la principal causa corresponde al divorcio incausado y en las 10 restantes, al mutuo consentimiento.
Durante el año 2019 de los 145 mil 705 divorcios judiciales registrados en México, el 26.1% tenía un hijo menor de edad, 20.3% contaba con dos hijos, el 7.8% con más de dos, el 43.8% no tenía hijos menores al momento de efectuarse el divorcio y 2% no lo especificó.
Custodia de los hijos
En el 49.6% de los divorcios judiciales, la custodia de los hijos se le asignó a alguno de los divorciantes, en el 43.9%% de los casos no se otorgó a ninguno y en el 4.5% fue concedida a ambos divorciantes, el 2% no lo especificó. Cuando la custodia no se otorga es debido a que no hay hijos menores o ya no dependen de los padres cuando ocurre el divorcio. Tampoco se otorgan la custodia, patria potestad ni la pensión, cuando queda disuelto el vínculo matrimonial, pero queda pendiente algún recurso, lo cual da inicio a otro proceso civil.
Patria potestad
De los divorcios judiciales que se llevaron a cabo durante el año 2019, en 48.6% de los casos, la patria potestad de los hijos le fue otorgada a ambos divorciantes, en 5.5% a alguno de ellos y en 43.9% no se otorgó a ninguno, lo que significa que queda pendiente el otorgamiento de la patria potestad porque no hay un acuerdo entre las partes y se da inicio a otro proceso o cuando no hay hijos menores o no dependen de los padres cuando se efectúa la disolución del matrimonio y en el 2% no se especificó.
Al llevarse a cabo el divorcio, la pensión alimenticia puede asignarse a los hijos, al cónyuge, a ambos o a nadie. En 2019 la pensión alimenticia fue asignada a los hijos en el 50.9% de los casos.
La duración legal del matrimonio es el tiempo transcurrido entre la fecha de celebración del matrimonio y la fecha de resolución o sentencia ejecutoria del divorcio, mientras que la duración social corresponde al periodo entre la fecha del matrimonio y la de presentación de la demanda de divorcio. De acuerdo a los resultados del año estadístico 2019, el 30% de los matrimonios se disolvió legalmente después de 20 años de matrimonio, 47% de los matrimonios legalmente duró entre 6 y 20 años, el 21% tuvo una duración legal entre uno y cinco años, mientras que el 1.5% la duración fue menor a un año.
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La legisladora potosina reafirmó que su participación responde al compromiso de representar con dignidad a los migrantes
La senadora Ruth González Silva viajó este martes a Washington D.C., junto con una comitiva plural del Senado mexicano, con el objetivo de expresar ante congresistas estadounidenses la postura de México frente a la propuesta de gravar con un impuesto del 5% los envíos de remesas.
Dicho impuesto, actualmente en discusión en la Cámara de Representantes de EE.UU., afectaría gravemente a la comunidad mexicana en el exterior y a millones de familias de México que dependen de esos recursos.
González Silva, en su calidad de Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores América del Norte, señaló que “la defensa de las remesas es la defensa de nuestras familias. Este tipo de medidas castigan a quienes, con esfuerzo y sacrificio, continúan sosteniendo a sus comunidades desde el extranjero. No se trata solo de números: se trata de niñas y niños que estudian, de adultos mayores que sobreviven con dignidad”.
De las personas que reciben estos recursos, el 62% son mujeres y más de un tercio vive en localidades con menos de 2,500 habitantes, por lo que el gravamen tendría un impacto desproporcionado en los sectores más vulnerables.
La senadora advirtió que aplicar este impuesto, además de representar una doble tributación, podría incentivar el uso de canales informales para el envío de remesas, lo que dificultaría su trazabilidad y pondría en riesgo los avances alcanzados en materia de inclusión financiera entre la comunidad migrante.
La legisladora potosina reafirmó que su participación responde al compromiso de representar con dignidad a los migrantes y velar por los intereses de sus familias: “No merecen castigo. Merecen respeto, reconocimiento y políticas que fortalezcan su papel en el desarrollo de nuestra región”, concluyó.
Se habrían solicitado más de 5 millones de pesos entre abril y mayo de 2024, fechas que también coinciden con la veda electoral
Por: Ana G Silva
La Secretaría del Bienestar en San Luis Potosí enfrenta una acusación por presuntos actos de corrupción, en la que a través de documentos, se evidencía un supuesto desvío de recursos durante la veda electoral de 2024.
Tras una denuncia hecha a través de redes sociales por un ex empleado de la dependencia llamado Dorian Morua, quien laboraba en el programa federal para adultos mayores, denunció que fue despedido sin justificación, decidió exponer una serie de solicitudes de recursos millonarios realizadas por la dependencia en fechas en las que los programas sociales deberían estar suspendidos por ley, pues se efectuaban las campañas a elecciones de la presidencia de México.
“Solicitaron millones de pesos para operativos inexistentes, en plena veda electoral. Esto no es solo inmoral, es ilegal”, escribió en su publicación, en la que anexó copias de varios oficios internos con detalles de los gastos.
Entre los recursos solicitados durante la veda electoral se encuentran: el 2 de abril de 2024 donde se solicitaron 148 mil 588 pesos con número de oficio BIE/SLP/SDSH/AU/0366/2024 con el concepto “Productos alimenticios para personal en campo”; solo en alimentos, 113 mil 588 pesos. El 23 de abril de 2024 la cantidad fue por 94 mil pesos, con oficio BIE/SLP/SDSH/AU/0349/2024 con el concepto “Gastos para operativos y trabajos de campo en zonas rurales, impresión y material informativo”.
El 9 de mayo de 2024 se solicitó la cantidad de un millón 180 mil pesos, con el número de oficio BIE/SLP/SDSH/AU/0398/2024 usando el concepto “Arrendamiento de mobiliario (250 mil pesos), operativos en áreas naturales (302 mil pesos), entre otros”. Para el 17 de mayo de 2024 el monto fue por un millón 136 mil 100 pesos,
El ex trabajador aseguró que estos recursos no se vieron reflejados en acciones reales, y acusa que fueron parte de una simulación para justificar gastos durante una etapa en la que los programas debían estar detenidos.
Además, denunció prácticas como acoso laboral, represión a empleados críticos y el uso de programas sociales como herramientas de presión política durante procesos electorales. Sumado a ello, denunció que fue despedido sin justificación; razón por la que decidió exhibir dichas prácticas.
Hasta ahora, ni el delegado Guillermo Morales ni la Secretaría del Bienestar han ofrecido una postura pública ante estas acusaciones. La denuncia ya circula en redes sociales y ha comenzado a llamar la atención de organizaciones ciudadanas y medios locales.
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El Ayuntamiento capitalino rehabilitará espacios en Morales, General I. Martínez, entre otras; vecinos de Arbolitos no quieren ser reconocidos como zona de riesgo, aseguró Galindo
Por: Redacción
La tarde de este lunes, el Ayuntamiento de San Luis Potosí comenzó con la rehabilitación de espacios en la colonia Arbolitos, donde fue derribado un salón de usos múltiples en condiciones de abandono y usado por jóvenes infractores.
Enrique Galindo Ceballos, presidente municipal de San Luis Potosí, aseguró que los vecinos de la colonia no quieren ser reconocidos como un sitio conflictivo, por lo que se trabajará en esa y otras zonas de la ciudad para mejorar las condiciones de vida.
“La principal petición de los vecinos; querían quitarse el estigma de una zona extremadamente violenta, complicada, con venta de droga. Y yo ofrecí ser un aliado de ellos para quitarles ese estigma”.
Mencionó que se intervendrán espacios en colonias como San Ángel, Morales, Simón Díaz, Satélite, General I. Martínez, entre otras. Además de implementar programas para combatir el consumo de sustancias ilícitas e insertar a las y los jóvenes en actividades productivas
“Seguridad Pública, Servicios Municipales, les van a dar actividades remunerativas. Ellos lo que necesitan es tener ingresos para ser productivos; Desarrollo Económico también está trabajando con ellos, y la intención es meter más chavos a la fuerza laboral formal para que dejen de andar en estas actividades”, declaró.
Galindo Ceballos indicó que estas colonias son detectadas como puntos críticos mediante un mapa de calor, donde se valora la zona de influencia en el consumo de sustancias ilícitas, de inseguridad u otras actividades de desorden público.
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