Estado
Finanzas anuncia que en 2021 no habrá nuevos impuestos ni aumentos
El secretario de Finanzas destacó como logro el aumento de los ingresos globales en 20 por ciento en el período 2015-2019
Por: Redacción
El día de ayer, Daniel Pedroza Gaitán, secretario de Finanzas del Poder Ejecutivo, rindió su comparecencia ante diputados de la Comisión de Hacienda del Estado donde afirmó que en el 2021 no habrá incremento de impuestos, aunque el estado dejará de recibir 700 millones de pesos aproximadamente de la Federación.
Pedroza Gaitán dio a conocer que un grave problema representa el tema del subsistema de Telesecundarias y los pagos a Pensiones, ya que reveló que el gobierno del estado no tiene capacidad para cubrir la nómina de noviembre y diciembre de Telesecundaria, cuyo Fondo de Pensiones tampoco recibirá recursos, por lo que se está a la espera de que el gobierno federal intervenga y libere recursos.
Acerca de la falta de pagos y avances en la Red Metro, el secretario de Finanzas indicó que “no hay un solo proyecto detenido por falta de recursos y en el caso específico, puede tratarse de un tema administrativo entre el ejecutor y el contratista, porque faltan de aportar 32 millones de pesos”.
El secretario dijo que el destino de los 2 mil 767 millones de pesos de ingresos del 2019 fue: mil 378 a libre disposición y se destinaron a diversos proyectos (infraestructura, pasivos, salud); y mil 388 millones fueron recursos federales etiquetados.
El funcionario expuso que solamente para atender temas relacionados a la pandemia por covid-19 se han invertido 544.8 millones de pesos en las tres fases de marzo a la fecha, siendo el principal gasto la reconversión hospitalaria y las pruebas diagnósticas, además de los equipos de protección y medicamentos.
Sobre el destino del ahorro de 106.7 millones de eventos no realizados y el funcionario dijo que al ahorrar en actividades no esenciales y gastos diversos, los recursos se fueron a mejoramiento de vivienda, construcción de caminos rurales, cobertura de agua potable.
En cuanto al tema del manejo de la deuda pública, el secretario explicó que la deuda bancaria ha disminuido de 2015 a 2018 un total de 828 millones de pesos y ha permitido tener un “semáforo verde” en los indicadores de la Secretaría de Hacienda; de 4,657 millones de pesos que se debían en septiembre de 2015, a junio de 2020 la cifra está en 3,829 millones de pesos. En septiembre de 2021, al terminar este gobierno, se estima estará en 3,609 es decir, 1,048 millones menos de lo que se recibió.
Sobre el impacto de los recortes federales para 2021, estableció que serán de unos 700 millones de pesos, 560 directos al Estado y el resto a los municipios; actualmente se trabaja en la elaboración de la Iniciativa de Presupuesto Estatal, que deberá considerar una disminución todavía mayor del gasto de operación, así como la cancelación de programas de inversión no esenciales y eso incluye a los tres poderes, que deberán asumir acciones de responsabilidad y disciplina financiera.
Agregó que el estado dejó de cobrar el Impuesto Sobre la Nómina y el Impuesto Sobre Hospedaje, para ayudar a mantener las fuentes de empleo, lo que repercutió en las finanzas públicas en 546 millones de pesos que se dejaron de percibir mas 150 millones que la Federación no envió, pues tan sólo el Hospital Central dejó de percibir 80 millones de pesos.
El funcionario dijo que la investigación especializada se verá afectada, ya que el Copocyt dejará de percibir 30 millones de pesos, los Fonregión y Fonmetro 300 millones de pesos, el fondo minero 50 millones e instituciones especializadas como el Colsan e Ipicyt 550 millones de pesos, “aunque hay que esperar a que esos recursos se puedan canalizar por otra vía, como lo prometió el gobierno federal”.
En el caso de la desaparición de los seguros catastróficos, podría haber una afectación en los productores agrícolas de entre 50 y 60 millones de pesos, que la Federación canalizaba directamente a través de la SEDARH para hacer frente a situaciones catastróficas, como la sequía sin precedente del año pasado.
Daniel Pedroza dijo que no hará funciones de espionaje, sabotaje ni actos que afecten los derechos de los ciudadanos, solo proporcionará información sobre lavado de dinero y corrupción cuando se le solicite.
El funcionario dijo que tan solo con la exención del pago de Impuesto Sobre la Nómina se beneficio a 76 mil trabajadores que no perdieron su empleo y en hospedaje, 481 empresas se beneficiaron, pero debido a que el 70 por ciento de los contribuyentes no pagaron impuestos sin estar en ningún programa de beneficios, serán invitados o requeridos para que se pongan al corriente; sobre el DIF dijo que se aumenta su presupuesto por recursos federales que llegan para programas alimentarios y de las afectaciones presupuestales para 2021, reiteró que las actividades culturales, deportivas y de promoción turística serán las afectadas.
El secretario de Finanzas destacó como logros: el aumento de los ingresos globales en 20 por ciento en el período 2015-2019, así como de 32 por ciento de los estatales, sin crear nuevos impuestos o incrementar los ya existentes, en concordancia con un marcado compromiso por proteger la economía familiar de las y los potosinos.
No obstante, las cifras proyectadas de cierre a diciembre de 2020 son de gran presión financiera, estas se traducirán en una mayor presión sobre el presupuesto para 2021, dada la proyección incluida en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación que contempla una caída de hasta 556 millones de pesos en las Participaciones Transferidas al Estado.
También lee: Desarrollo económico en riesgo por negativa a reestructurar deuda: Finanzas
Estado
Congreso busca topar aumento anual de renta a la inflación de Banxico
La reforma modifica el artículo 2282 del Código Civil del Estado y fue turnada al Pleno para su votación
Por: Redacción
La Comisión Segunda de Justicia del Congreso del Estado aprobó una reforma al Código Civil del Estado para topar el incremento anual en las rentas de vivienda destinadas a habitación al porcentaje de inflación reportado por el Banco de México.
La reforma modifica el artículo 2282 del Código Civil y fue propuesta por la diputada Jacquelinn Jáuregui y los diputados Héctor Serrano Cortés y César Arturo Lara Rocha.
La presidenta de la comisión, Gabriela López Torres, dijo que la medida no representa una afectación al sector inmobiliario, pues solo establece un tope máximo con base en un indicador objetivo, y que busca dar previsibilidad tanto a propietarios como a arrendatarios.
Según la iniciativa, la reforma no busca intervenir de manera excesiva en el mercado inmobiliario ni limitar la libertad contractual de las partes, sino evitar abusos y fortalecer la seguridad jurídica en los contratos de arrendamiento. El dictamen se turnará al Pleno para su votación.
Ciudad
Villa de Pozos mantiene acciones permanentes sobre cuidado de salud mental
Laura Angélica Villanueva , indicó que el trabajo del Área de Psicología se brinda orientación psicológica y pláticas especializadas
Por: Redacción
Como parte de las atenciones permanentes en las instalaciones y en el marco del Día Mundial para la Prevención del Suicidio, el Gobierno Municipal de Villa de Pozos, a través del DIF Municipal, recordó a la población que puede acercarse a su personal especializado y recibir el apoyo y acompañamiento necesario para mejorar su salud mental.
La presidenta del DIF Municipal, Laura Angélica Villanueva Hernández, indicó que como parte del trabajo del Área de Psicología se brinda orientación psicológica y pláticas especializadas en centros educativos, con el objetivo de que la población conozca sobre las herramientas para pedir auxilio, así como para detectar situaciones en las que esté en riesgo la vida de sus seres queridos.
Reiteró que en las instalaciones del DIF Municipal, ubicado en la calle Villerías número 305, se brinda atención psicológica gratuita a niñas, niños, adolescentes, adultos y adultos mayores, además de contar con una lista de espera para dar seguimiento a las y los solicitantes en caso de que no se cuente con una canalización inmediata.
Estado
Gobierno de SLP elimina personal sin funciones y reduce gasto
La administración estatal mantiene una revisión de personal para detectar plazas excedentes y reubicar a trabajadores en áreas donde realmente sean necesarios
Por: Redacción
Como parte de la política de austeridad implementada desde el inicio de la administración de Ricardo Gallardo Cardona, el Gobierno de San Luis Potosí dejó de renovar los contratos de más de mil trabajadores temporales cuyos servicios ya no eran necesarios para las distintas dependencias estatales.
Noé Lara Enríquez, Oficial Mayor del Gobierno del Estado, explicó que la medida forma parte de una revisión permanente de la estructura gubernamental para identificar al personal que realmente se requiere en cada área y evitar mantener plazas sin funciones activas.
El funcionario señaló que esta revisión continuará durante el último año de la administración, por lo que los contratos temporales que ya no sean necesarios no serán renovados.
Lara Enríquez explicó que la Dirección de Recursos Humanos revisa constantemente las funciones que desempeña el personal de cada dependencia. Cuando se detecta que existe un trabajador que ya no tiene actividades suficientes en su área, se analiza la posibilidad de reubicarlo en otra dependencia o departamento donde exista una necesidad real de personal.
La intención, señaló, es que la estructura gubernamental se mantenga acorde con las necesidades de operación y que los recursos públicos se destinen a trabajadores que efectivamente desempeñen una función.
El Oficial Mayor contrastó esta práctica con lo que denominó la “herencia maldita”, al referirse a la colocación de personas por recomendación en puestos donde no tenían funciones claramente definidas.
Menos gasto en telefonía y oficinas
La estrategia de austeridad también ha incluido la reducción de gastos operativos.
Lara Enríquez recordó que desde el inicio de la administración se eliminó el pago de telefonía celular para trabajadores del Gobierno del Estado, prestación que anteriormente representaba un gasto superior a 50 mil pesos mensuales.
Actualmente, cada trabajador cubre directamente el costo de su servicio telefónico.
En materia de arrendamientos, mencionó el caso de la oficina que ocupaba la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental (Segam), cuya renta se redujo de 150 mil a entre 70 y 75 mil pesos mensuales después de una renegociación con el propietario.
También se realizaron movimientos para aprovechar mejor los espacios disponibles. La Contraloría General del Estado cambió su sede a un inmueble en Plaza Coronel, mientras que la Dirección de Desarrollo Humano se fusionó con Recursos Humanos, lo que permitió liberar otro espacio que se encontraba bajo renta.
La oficina de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, ubicada en Plaza Manga, continúa siendo una de las de mayor costo para el Gobierno estatal. Lara señaló que las negociaciones con los propietarios siguen en curso para buscar una reducción.
Reutilizan vehículos en lugar de mantener unidades costosas
La austeridad también se extendió al parque vehicular estatal.
De acuerdo con el Oficial Mayor, las unidades que representaban mayores costos de mantenimiento fueron retiradas de circulación y, cuando se encontró una utilidad para ellas en otras áreas, fueron reasignadas a diferentes dependencias.
Como ejemplo, mencionó que el Instituto de Capacitación para el Trabajo (ICAT) cedió vehículos al DIF Estatal para que fueran aprovechados en sus actividades.
Además, el Congreso del Estado autorizó la desincorporación de mobiliario y vehículos que ya se encontraban en desuso.
Analizan concentrar oficinas para reducir rentas
La administración estatal también evalúa trasladar hasta tres oficinas gubernamentales que actualmente pagan renta a un inmueble ubicado cerca del Distribuidor Vial.
El edificio fue ofrecido al Gobierno del Estado por un empresario, aunque Lara Enríquez aclaró que todavía no ha visitado el inmueble y que no existe una fecha definida para determinar si finalmente será utilizado.
La intención sería concentrar dependencias en menos espacios y reducir el gasto que representa el pago de arrendamientos.
De esta manera, la Oficialía Mayor mantiene una revisión de personal, oficinas, vehículos y servicios como parte de la política de austeridad, con el objetivo de reducir gastos que no sean indispensables para la operación del Gobierno del Estado.
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