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“¿Qué clase de delito es ese?”, dice Lozoya sobre cargos vs su mamá
Emilio Lozoya afirmó que las acusaciones del gobierno por los delitos de lavado de dinero y corrupción ligados a la empresa Odebrecht son un ataque político
Por: Redacción
Emilio Lozoya Austin, exdirector de Pemex, respondió a la prensa luego de que las autoridades giraron dos órdenes de aprehensión en su contra el 28 de mayo y el 4 de julio pasados.
El exfuncionario contestó un cuestionario de nueve preguntas que le hicieron llegar el diario alemán Süddeutsche Zeitung y el medio suizo Tamedia, en colaboración con periodistas mexicanos de Quinto Elemento Lab.
El abogado de Lozoya Austin, Javier Coello, entregó las respuestas días después de la captura de Gilda Austin, madre de Lozoya, en una pequeña isla al norte de Alemania; “a mi madre se le acusa de que haya recibido dinero de alguna cuenta mía antes de que yo fuera funcionario público, ¿qué clase de delito es ese?”, dijo Emilio Lozoya, investigado por asociación delictuosa, operaciones con recursos de procedencia ilícita y cohecho, ligados con la empresa brasileña Odebrecht.
Los diarios mencionados publicaron que Lozoya y su familia tienen intereses empresariales y financieros en Alemania y Suiza, y las autoridades europeas comenzaron con las investigaciones.
A continuación, las respuestas de Lozoya ante los cuestionamientos de la prensa:
Pregunta: Las autoridades mexicanas lo acusan de corrupción y lavado de dinero. ¿Desea hacer algún comentario?
Emilio Lozoya: Es un ataque político cobarde y sin fundamentos contra mí y mi familia, en ningún momento como funcionario público ni yo ni mi familia recibimos dinero alguno de empresas o personas, de tal forma niego cualquier acusación de corrupción.
P: ¿Es correcto que a partir de 2016 participó en dos empresas registradas en la misma dirección en Múnich, ELMO Wolfsburg GmbH y ALL-Me Hamburg GmbH? ¿Cuáles fueron las razones para participar en estas dos empresas?
EL: Las inversiones en las empresas que usted menciona, ELMO y ALLME son inversiones inmobiliarias que fueron declaradas ante la Secretaría de la Función Pública cada año, mientras fui funcionario público. Todas producto de mi trabajo empresarial antes de ser funcionario público.
P: En diciembre de 2016, tres entonces altos funcionarios de la empresa brasileña Odebrecht confesaron a la justicia brasileña que le sobornaron entre 2012 y 2014 con pagos por un total de 10.5 millones de dólares utilizando empresas offshore con cuentas bancarias en paraísos fiscales. Como contrapartida, dicen que usted les ayudó a consolidarse en México y ganar contratos con Pemex. ¿Es verdad lo que confesaron? ¿Usted quiere comentar o corregir algo?
EL: He negado categóricamente los supuestos dichos de los brasileños. A cambio de sentencias reducidas pueden haber inventado lo que les convenía. Por motivos profesionales los conocí, como a las principales empresas de la región, antes de ser funcionario público.
P: La justicia mexicana le acusa como entonces director de Pemex de haber comprado una planta de fertilizantes a sobreprecio. Quinto Elemento Lab escribe que Pemex pagó casi 100 millones de dólares más que el valor de la planta. ¿Es verdad? ¿Usted quiere comentar o corregir algo?
Javier Coello: La acusación sobre el sobreprecio no tiene sustento. Mi cliente nunca participó en los comités de aprobación de dicha transacción, ya que anualmente representaba menos del 1% del monto total a invertir.
En los comités de aprobación hubo consejeros independientes y de áreas de personas involucradas, White & Case, AT Kearney y empresas de consultoría global.
Las valuaciones las hicieron consultores globales reconocidos y el INDAABIN, organismo dependiente de la Secretaría de Hacienda.
EL: El problema real es que desde que salí de Pemex, mis sucesores y la actual administración han propiciado una caída de más de 30% en la producción de gas en el país, por decisiones propias y erróneas, intentar culpar a alguien cuatro años después es absurdo.
P: En diciembre de 2012 usted compró una casa en la Cuidad de México por 2.58 millones de francos suizos a través de la empresa offshore Tochos Holding. Se dice que parte del dinero proviene de los sobornos de los ejecutivos de Odebrecht. ¿Quiere comentar algo?
EL: Mi casa en la Ciudad de México se compró en noviembre de 2012, un mes antes de ser funcionario público. ¿Cómo se puede acusar de sobornos a una persona que no es funcionario público? Todo el dinero que se usó para la compra de dicho inmueble es producto de actividad empresarial de años de trabajo antes de ser funcionario público.
P: En agosto de 2013 su esposa Marielle Eckes compró una residencia en la costa pacífico de México a través de un abogado que trabajaba para Altos Hornos. El dinero para la compra provino de una cuenta bancaria de la empresa Tochos. ¿Qué relación tienen la adquisición de la residencia, la compra de la planta de fertilizantes a sobreprecio y el hecho de que la misma empresa offshore en que según los ejecutivos de Odebrecht le depositaron los sobornos recibiera pagos millonarios por parte de Altos Hornos?
EL: Su información es incorrecta, el abogado que asesoró la transacción es un abogado con cientos de clientes que lleva un despacho privado; que haya asesorado otras empresas o individuos lo desconozco, pero dicho despacho tiene más de una década ayudando a mi familia con su consejería jurídica.
No hay relación en absoluto entre la adquisición de dicha casa y cualquier otro negocio. Igualmente todos los recursos utilizados de dicha compra fueron producto de dinero que se tenía, tanto mi esposa como yo antes de que fuera funcionario.
Sobre los tratos de Odebrecht y AHMSA, debe preguntarles a ellos. Ambas empresas facturan miles de millones de dólares y desconozco sus tratos empresariales. Aunque es del conocimiento público declaraciones de AHMSA que habían contratado a Odebrecht para algún proyecto de expansión, más allá de eso no tengo detalles.
P: En el registro de empresas de Luxemburgo se puede comprobar que entre noviembre de 2009 y julio de 2013 usted fue miembro del consejo de administración de Cormus Holding S.A., que a partir de octubre de 2010 se llamó JF Holding S.A. Además entre 2013 y 2014 usted invirtió aproximadamente 10 millones de euros en tres fracciones en JF Holding S.A. y por eso recibió acciones. ¿De dónde vienen esos 10 millones de euros? ¿Vienen de los pagos de los cuales hablan los ejecutivos de Odebrecht?
EL: No puedo dar detalles de esto por no tener los documentos a la mano, pero es absurdo ligar a Odebrecht con esto.
JC: Todas las inversiones que tenía el Sr. Lozoya fueron declaradas ante la Secretaría de la Función Pública, incluyendo cualquier participación en empresas extranjeras.
Asimismo su información es incorrecta, el Sr. Lozoya dejó cualquier Consejo de Administración de empresas privadas antes de entrar al gobierno. Se cuentan con pruebas de eso y cualquier omisión puede ser un error de la administración de dichas empresas.
P: Según los Panama Papers usted recibió un poder legal en marzo de 2011 para abrir una cuenta bancaria y una caja fuerte a nombre de la offshore panameña Balerg Associates Inc. En emails que pudimos leer se ve que el representante del beneficiario final de la empresa Balerg se niega a revelar el nombre del dueño de la compañía. Así que el despacho Mossack Fonseca renuncia como agente registrado. ¿Es verdad que usted fue beneficiario final de la sociedad? ¿Para qué fue utilizada esta empresa?
EL: Sobre el despacho de Mossack Fonseca, es mentira que yo haya aperturado alguna empresa ahí. Es posible, y ya lo he dicho antes, que le hayan tratado de vender algún servicio a mis empresas y hayan intentado abrir una cuenta para mí, pero jamás tuve mi empresa ni dinero con dicho despacho, ni recuerdo haberlos conocido. Pudo haber tenido contacto con algún empleado mío sin que yo lo supiera, pero de cualquier forma el negocio no se concretó.
P: Su madre fue detenida en Alemania bajo sospecha de blanqueo de dinero. ¿Desea hacer algún comentario?
EL: En dicha persecución política atacan a mi familia, a mi madre se le acusa de que haya recibido dinero de alguna cuenta mía antes de que yo fuera funcionario público, ¿qué clase de delito es ese? Además de los delitos que se nos imputan no ameritan prisión preventiva en México, pero a pesar de eso el gobierno le mintió o se coludió con un juez en México para generar órdenes de aprehensión.
JC: Finalmente al defender a una Sra. de 71 años, que no ha cometido delito alguno y que al momento de la detención contaba en México con una orden que frenaba cualquier intento de detención, ¿qué clase de justicia política se está promoviendo en México?
Con información de: Quinto Elemento Lab
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Alcalde de San Vicente Tancuayalab, presuntamente captado disparando al aire
Varios medios difundieron imágenes en las que el presidente municipal aparecería accionando un arma de fuego en la vía pública
Por: Redacción
Imágenes difundidas en redes sociales por varios medios de comunicación muestran, presuntamente, al presidente municipal de San Vicente Tancuayalab, Gilberto González Zumaya, realizando detonaciones de arma de fuego al aire durante un supuesto festejo en la vía pública.
En el video, la persona señalada como el edil acciona el arma en un sitio donde se encuentran habitantes. Disparar al aire implica un riesgo para quienes están cerca, pues el proyectil puede caer y causar lesiones.
El hecho se suma al contexto de seguridad que atraviesa el municipio. El 21 de octubre, la Guardia Civil Estatal detuvo a dos hombres que se identificaron como policías municipales, Pascual “N”, de 43 años, y Nicasio “N”, de 56. Se les imputa portación de arma sin licencia, una pistola calibre 9 milímetros
con 15 cartuchos, y presunto “halconeo”, es decir, vigilancia de los recorridos de los agentes estatales. De acuerdo con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), uno de ellos estaba contratado formalmente y el otro no; ambos quedaron a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR).Dos días antes, el 19 de octubre, el gobernador Ricardo Gallardo Cardona informó que la Fiscalía General del Estado y la FGR investigan la actividad de grupos criminales en Tanquián de Escobedo y San Vicente Tancuayalab. El 26 de octubre, la SSPC señaló que ambos municipios se encontraban en calma, con presencia de las corporaciones de seguridad y del Ejército.
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Ciudad
Ayuntamiento contrata 100% de obra con constructores potosinos, dijo Galindo
Dijo que el dinero se queda en la economía local y que las obras tienen garantía de tres años
Por: Redacción
Enrique Galindo Ceballos, alcalde de San Luis Potosí, informó que en el segundo periodo de su gobierno el 100 por ciento de la obra pública del Ayuntamiento se contrata con constructores potosinos, y que en los cinco años el promedio fue de entre 96 y 98 por ciento. El resto corresponde a obra muy especializada que se contrata fuera.
Explicó que el dinero se queda en el estado, porque la mano de obra, los directores de obra y los materiales son potosinos, y que en algunas colonias se contrató a personal de la propia colonia. Añadió que una parte pequeña de cada contrato se destina al DIF Municipal.
Dijo que en cinco años el Ayuntamiento ha realizado más de 240 obras y que ninguna constructora le ha fallado. Indicó que pidió a los constructores una garantía de 36 meses, cuando la ley obliga a año y medio, y que aceptaron. Como ejemplo, mencionó que el constructor de la avenida Chapultepec, que se deslava por las bajadas de agua, la sigue reparando mientras dure la garantía.
Al plantearle la contratación de empresas foráneas por el gobierno estatal, respondió que cada gobernante tiene sus propios criterios y que no quiere opinar sobre su motivación. Afirmó que él lo hace por San Luis Potosí, porque la obra pública es un detonador económico y el dinero que se invierte en el estado “derrama tres o cuatro veces”, además de dar empleo.
Recordó que obras como el distribuidor Juárez y las de la avenida Salvador Nava las hicieron constructores potosinos, y que ingenieros de la UASLP construyen en el mundo, entre ellos en un túnel de Santiago de Chile. “¿Por qué traer gente de fuera si aquí tenemos capacidad técnica, experiencia, compromiso?”, cuestionó.
Galindo opinó que quien llegue a la alcaldía debe mantener esta política: “Claro que debe seguir como política pública”, dijo.
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Costó a potosinos 66 mil pesos cada solicitud a la CEGAIP
El organismo además reportó que en 2024 ninguno de los 254 entes obligados mereció recibir sanción alguna
Con un presupuesto de 25.9 millones en 2024 a la CEGAIP en SLP apenas le alcanzó para atender 392 solicitudes (poco más de una al día)
Por: Ana G Silva
Cada solicitud de información que recibió en 2024 el organismo garante de transparencia de San Luis Potosí equivale a cerca de 66 mil pesos de su presupuesto. En todo el año, no impuso una sola sanción por incumplimientos.
La Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública (CEGAIP) ejerció 25.9 millones de pesos durante 2024 y recibió 392 solicitudes de acceso a la información y protección de datos personales. Así lo reporta el Censo Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales Estatal (CNTAIPPDPE) 2025 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), publicado el 28 de octubre.
Al dividir el presupuesto ejercido entre las solicitudes recibidas, cada una equivale a 66 mil 71 pesos. Es una proporción: el presupuesto también cubre la resolución de recursos de revisión, la vigilancia de las instituciones obligadas y la capacitación, tareas cuyo costo el censo no desglosa.
Ese mismo año, la CEGAIP tenía bajo su vigilancia a 254 sujetos obligados: dependencias, ayuntamientos, organismos y otros entes que reciben recursos públicos. Reportó no haber sancionado a ninguno por incumplir sus obligaciones de transparencia.
Solo cinco entidades aplicaron sanciones en 2024: Hidalgo, Nuevo León, Nayarit, Aguascalientes y Sinaloa. Entre todas sumaron 349, de las cuales 305 fueron económicas y 44 administrativas, y Hidalgo concentró 41.5 por ciento. En 2022, los organismos garantes del país habían impuesto 1 mil 494.
Más caro por solicitud en otros estados
La proporción no es exclusiva de San Luis Potosí. El organismo del Estado de México ejerció 240.8 millones de pesos y recibió 1 mil 498 solicitudes, alrededor de 160 mil pesos por cada una. En la Ciudad de México, con 153.8 millones y 1 mil 754 solicitudes, fueron unos 87 mil pesos.
En conjunto, los organismos garantes estatales ejercieron 1 mil 506 millones de pesos y recibieron 13 mil 173 solicitudes en 2024, en promedio unos 114 mil pesos por solicitud.
Lo que el censo no mide
El informe no indica cuántas respuestas a solicitudes en San Luis Potosí fueron declaraciones de inexistencia, es decir, cuando la institución responde que “no cuenta con la información”. Tampoco dice cuántas fueron negativas ni cuántos recursos de revisión se presentaron contra ellas.
A escala nacional, 90.6 por ciento de las solicitudes que respondieron los organismos garantes se atendió en el plazo legal. El censo no ofrece ese dato por entidad.
Las cifras retratan el último año completo del modelo anterior. La reforma constitucional publicada en diciembre de 2024 eliminó al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) y a los organismos garantes locales, entre ellos la CEGAIP.
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