octubre 29, 2025

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“¿Qué clase de delito es ese?”, dice Lozoya sobre cargos vs su mamá

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Emilio Lozoya

Emilio Lozoya afirmó que las acusaciones del gobierno por los delitos de lavado de dinero y corrupción ligados a la empresa Odebrecht son un ataque político

Por: Redacción

Emilio Lozoya Austin, exdirector de Pemex, respondió a la prensa luego de que las autoridades giraron dos órdenes de aprehensión en su contra el 28 de mayo y el 4 de julio pasados.

El exfuncionario contestó un cuestionario de nueve preguntas que le hicieron llegar el diario alemán Süddeutsche Zeitung y el medio suizo Tamedia, en colaboración con periodistas mexicanos de Quinto Elemento Lab.

El abogado de Lozoya Austin, Javier Coello, entregó las respuestas días después de la captura de Gilda Austin, madre de Lozoya, en una pequeña isla al norte de Alemania; “a mi madre se le acusa de que haya recibido dinero de alguna cuenta mía antes de que yo fuera funcionario público, ¿qué clase de delito es ese?”, dijo Emilio Lozoya, investigado por asociación delictuosa, operaciones con recursos de procedencia ilícita y cohecho, ligados con la empresa brasileña Odebrecht.

Los diarios mencionados publicaron que Lozoya y su familia tienen intereses empresariales y financieros en Alemania y Suiza, y las autoridades europeas comenzaron con las investigaciones.

A continuación, las respuestas de Lozoya ante los cuestionamientos de la prensa:

Pregunta: Las autoridades mexicanas lo acusan de corrupción y lavado de dinero. ¿Desea hacer algún comentario?

Emilio Lozoya: Es un ataque político cobarde y sin fundamentos contra mí y mi familia, en ningún momento como funcionario público ni yo ni mi familia recibimos dinero alguno de empresas o personas, de tal forma niego cualquier acusación de corrupción.

P: ¿Es correcto que a partir de 2016 participó en dos empresas registradas en la misma dirección en Múnich, ELMO Wolfsburg GmbH y ALL-Me Hamburg GmbH? ¿Cuáles fueron las razones para participar en estas dos empresas?

EL: Las inversiones en las empresas que usted menciona, ELMO y ALLME son inversiones inmobiliarias que fueron declaradas ante la Secretaría de la Función Pública cada año, mientras fui funcionario público. Todas producto de mi trabajo empresarial antes de ser funcionario público.

P: En diciembre de 2016, tres entonces altos funcionarios de la empresa brasileña Odebrecht confesaron a la justicia brasileña que le sobornaron entre 2012 y 2014 con pagos por un total de 10.5 millones de dólares utilizando empresas offshore con cuentas bancarias en paraísos fiscales. Como contrapartida, dicen que usted les ayudó a consolidarse en México y ganar contratos con Pemex. ¿Es verdad lo que confesaron? ¿Usted quiere comentar o corregir algo?

EL: He negado categóricamente los supuestos dichos de los brasileños. A cambio de sentencias reducidas pueden haber inventado lo que les convenía. Por motivos profesionales los conocí, como a las principales empresas de la región, antes de ser funcionario público.

P: La justicia mexicana le acusa como entonces director de Pemex de haber comprado una planta de fertilizantes a sobreprecio. Quinto Elemento Lab escribe que Pemex pagó casi 100 millones de dólares más que el valor de la planta. ¿Es verdad? ¿Usted quiere comentar o corregir algo?

Javier Coello: La acusación sobre el sobreprecio no tiene sustento. Mi cliente nunca participó en los comités de aprobación de dicha transacción, ya que anualmente representaba menos del 1% del monto total a invertir.

En los comités de aprobación hubo consejeros independientes y de áreas de personas involucradas, White & Case, AT Kearney y empresas de consultoría global.

Las valuaciones las hicieron consultores globales reconocidos y el INDAABIN, organismo dependiente de la Secretaría de Hacienda.

EL: El problema real es que desde que salí de Pemex, mis sucesores y la actual administración han propiciado una caída de más de 30% en la producción de gas en el país, por decisiones propias y erróneas, intentar culpar a alguien cuatro años después es absurdo.

P: En diciembre de 2012 usted compró una casa en la Cuidad de México por 2.58 millones de francos suizos a través de la empresa offshore Tochos Holding. Se dice que parte del dinero proviene de los sobornos de los ejecutivos de Odebrecht. ¿Quiere comentar algo?

EL: Mi casa en la Ciudad de México se compró en noviembre de 2012, un mes antes de ser funcionario público. ¿Cómo se puede acusar de sobornos a una persona que no es funcionario público? Todo el dinero que se usó para la compra de dicho inmueble es producto de actividad empresarial de años de trabajo antes de ser funcionario público.

P: En agosto de 2013 su esposa Marielle Eckes compró una residencia en la costa pacífico de México a través de un abogado que trabajaba para Altos Hornos. El dinero para la compra provino de una cuenta bancaria de la empresa Tochos. ¿Qué relación tienen la adquisición de la residencia, la compra de la planta de fertilizantes a sobreprecio y el hecho de que la misma empresa offshore en que según los ejecutivos de Odebrecht le depositaron los sobornos recibiera pagos millonarios por parte de Altos Hornos?

EL: Su información es incorrecta, el abogado que asesoró la transacción es un abogado con cientos de clientes que lleva un despacho privado; que haya asesorado otras empresas o individuos lo desconozco, pero dicho despacho tiene más de una década ayudando a mi familia con su consejería jurídica.

No hay relación en absoluto entre la adquisición de dicha casa y cualquier otro negocio. Igualmente todos los recursos utilizados de dicha compra fueron producto de dinero que se tenía, tanto mi esposa como yo antes de que fuera funcionario.

Sobre los tratos de Odebrecht y AHMSA, debe preguntarles a ellos. Ambas empresas facturan miles de millones de dólares y desconozco sus tratos empresariales. Aunque es del conocimiento público declaraciones de AHMSA que habían contratado a Odebrecht para algún proyecto de expansión, más allá de eso no tengo detalles.

P: En el registro de empresas de Luxemburgo se puede comprobar que entre noviembre de 2009 y julio de 2013 usted fue miembro del consejo de administración de Cormus Holding S.A., que a partir de octubre de 2010 se llamó JF Holding S.A. Además entre 2013 y 2014 usted invirtió aproximadamente 10 millones de euros en tres fracciones en JF Holding S.A. y por eso recibió acciones. ¿De dónde vienen esos 10 millones de euros? ¿Vienen de los pagos de los cuales hablan los ejecutivos de Odebrecht?

EL: No puedo dar detalles de esto por no tener los documentos a la mano, pero es absurdo ligar a Odebrecht con esto.

JC: Todas las inversiones que tenía el Sr. Lozoya fueron declaradas ante la Secretaría de la Función Pública, incluyendo cualquier participación en empresas extranjeras.

Asimismo su información es incorrecta, el Sr. Lozoya dejó cualquier Consejo de Administración de empresas privadas antes de entrar al gobierno. Se cuentan con pruebas de eso y cualquier omisión puede ser un error de la administración de dichas empresas.

P: Según los Panama Papers usted recibió un poder legal en marzo de 2011 para abrir una cuenta bancaria y una caja fuerte a nombre de la offshore panameña Balerg Associates Inc. En emails que pudimos leer se ve que el representante del beneficiario final de la empresa Balerg se niega a revelar el nombre del dueño de la compañía. Así que el despacho Mossack Fonseca renuncia como agente registrado. ¿Es verdad que usted fue beneficiario final de la sociedad? ¿Para qué fue utilizada esta empresa?

EL: Sobre el despacho de Mossack Fonseca, es mentira que yo haya aperturado alguna empresa ahí. Es posible, y ya lo he dicho antes, que le hayan tratado de vender algún servicio a mis empresas y hayan intentado abrir una cuenta para mí, pero jamás tuve mi empresa ni dinero con dicho despacho, ni recuerdo haberlos conocido. Pudo haber tenido contacto con algún empleado mío sin que yo lo supiera, pero de cualquier forma el negocio no se concretó.

P: Su madre fue detenida en Alemania bajo sospecha de blanqueo de dinero. ¿Desea hacer algún comentario?

EL: En dicha persecución política atacan a mi familia, a mi madre se le acusa de que haya recibido dinero de alguna cuenta mía antes de que yo fuera funcionario público, ¿qué clase de delito es ese? Además de los delitos que se nos imputan no ameritan prisión preventiva en México, pero a pesar de eso el gobierno le mintió o se coludió con un juez en México para generar órdenes de aprehensión.

JC: Finalmente al defender a una Sra. de 71 años, que no ha cometido delito alguno y que al momento de la detención contaba en México con una orden que frenaba cualquier intento de detención, ¿qué clase de justicia política se está promoviendo en México?

Con información de: Quinto Elemento Lab

Calderón abre la posibilidad de volverse diputado

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Gallardo exige sanciones por desvío millonario del proyecto de la Red Metro

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Pidió a la Fiscalía acelerar procesos y aplicar la ley a ex funcionarios del sexenio de Carreras

Por: Redacción

Ricardo Gallardo Cardona, gobernador de San Luis Potosí, exhortó a la Fiscalía General del Estado (FGE) a actuar con firmeza en las investigaciones sobre el presunto desvío de 360 millones de pesos del proyecto de la Red Metro, financiado originalmente por Banobras durante el sexenio de Juan Manuel Carreras López.

El mandatario afirmó que el caso “va muy adelantado” y que ya hay responsables señalados, como Leopoldo “N”, ex titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obra Pública (Seduvop), procesadó por 180 millones de pesos, quien, según Gallardo, debería estar bajo arraigo domiciliario, pero “se le ha visto en tiendas, normal, como si nada”.

“La Fiscalía debe empezar ya a apretar un poquito, de no ser tan omisa y no permitir que si están en arraigo domiciliario, lo cumplan. Si no, que los regresen al centro de reinserción”, expresó.

Gallardo recordó que el proyecto de la Red Metro nunca se concretó pese al uso de recursos públicos y criticó al ex gobernador Carreras por “simular” una inauguración poco antes de dejar el cargo.

“Fue una burla lo que hizo al subirse a un camioncito rentado una semana antes de irse, simulando que arrancaba la Red Metro. Es un cinismo con el que muchos potosinos ya no podemos”, agregó.

El gobernador calificó el caso como parte de “la maldita herencia”, expresión con la que resume las irregularidades de administraciones pasadas.

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Se detectan fiestas clandestinas cada fin de semana en la capital: Galindo

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Ciberpolicía rastrea redes sociales para ubicar convocatorias; los eventos se realizan en casas o locales rentados sin permisos ni medidas de seguridad

Por: Redacción

Enrique Galindo Ceballos, alcalde de la capital potosina, reconoció que las fiestas clandestinas se han convertido en un problema recurrente en San Luis Potosí, con reportes prácticamente cada fin de semana.

De acuerdo con el edil, se han detectado entre dos y tres eventos de este tipo por semana, organizados principalmente en casas, terrenos o locales rentados con otros giros comerciales para evadir la supervisión de las autoridades.

“Después de lo que sucedió con el Rich, hice un compromiso: eso no se debería repetir. Y aunque ya no pasa en lugares establecidos, sí ocurre en sitios clandestinos, lo que es aún más grave”, señaló Galindo.

El alcalde advirtió que estos espacios son especialmente peligrosos porque carecen de medidas básicas de seguridad: no cuentan con baños, planes de emergencia ni permisos de Protección Civil; tampoco hay control sobre el acceso de menore

s ni garantía sobre el tipo de alcohol que se consume.

Para su detección, el Ayuntamiento ha recurrido a la ciberpolicía, que monitorea redes sociales y plataformas donde circulan las invitaciones. Con ello se busca anticipar la venta y el consumo de bebidas alcohólicas antes de que los eventos comiencen.

Finalmente, Galindo lanzó dos llamados: A quienes rentan inmuebles, para que verifiquen quién contrata los espacios y con qué propósito. A los padres de familia, para que supervisen las actividades y horarios de sus hijos, sobre todo si son menores de edad, pues muchas de estas fiestas se prolongan hasta la madrugada.

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No más mesas de dialogo con Uber, SCT busca sancionar a plataforma

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Araceli Martínez Acosta busca garantizar transporte seguro tras una agresión sexual perpetrada por un conductor de aplicación

Por: Redacción

Araceli Martínez Acosta, titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) de San Luis Potosí, anunció que no habrá más mesas de diálogo con Uber. Explicó que lo fundamental ahora es legislar para sancionar a las empresas que incumplen con las leyes locales de transporte.

Lo que nosotros estamos buscando es una reforma que sancione a las empresas por el incumplimiento o por la falta de registro. Así como está la ley, primero deben registrarse las empresas y después registrar a sus conductores o socios”, precisó.

Martínez Acosta señaló que la dependencia debe tener la facultad de autorizar el número de personas que podrán brindar el servicio bajo esta modalidad. Para ello, la SCT requiere realizar un estudio de factibilidad que garantice que el número de vehículos autorizados no afecte la economía ni el trabajo de los concesionarios del servicio de taxi.

Asimismo, aclaró que los taxistas no se oponen a las plataformas digitales, sino que su inconformidad radica en el número desmedido de vehículos que operan sin control. Agregó que ya existe un diálogo avanzado con el gremio de taxistas y algunos grupos de operadores de plataformas

.

Como ejemplo, mencionó el caso reciente de una mujer víctima de violación por parte de un conductor de plataforma. Destacó que la autoridad no tenía registro del vehículo ni del agresor, lo que evidenció la falta de controles sobre los operadores, como verificaciones psicométricas o toxicológicas.

Finalmente, la funcionaria indicó que la regulación de las plataformas se realizará en coordinación con el Congreso del Estado, con la posibilidad de modificar las leyes locales o generales para sancionar a las empresas internacionales sin domicilio legal en la entidad.

Por ahora, no se tiene un número exacto de vehículos de plataformas digitales que circulan en San Luis Potosí, ya que operan con placas particulares, fuera del registro estatal.

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Opinión

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