septiembre 7, 2026

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“¿Qué clase de delito es ese?”, dice Lozoya sobre cargos vs su mamá

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Emilio Lozoya

Emilio Lozoya afirmó que las acusaciones del gobierno por los delitos de lavado de dinero y corrupción ligados a la empresa Odebrecht son un ataque político

Por: Redacción

Emilio Lozoya Austin, exdirector de Pemex, respondió a la prensa luego de que las autoridades giraron dos órdenes de aprehensión en su contra el 28 de mayo y el 4 de julio pasados.

El exfuncionario contestó un cuestionario de nueve preguntas que le hicieron llegar el diario alemán Süddeutsche Zeitung y el medio suizo Tamedia, en colaboración con periodistas mexicanos de Quinto Elemento Lab.

El abogado de Lozoya Austin, Javier Coello, entregó las respuestas días después de la captura de Gilda Austin, madre de Lozoya, en una pequeña isla al norte de Alemania; “a mi madre se le acusa de que haya recibido dinero de alguna cuenta mía antes de que yo fuera funcionario público, ¿qué clase de delito es ese?”, dijo Emilio Lozoya, investigado por asociación delictuosa, operaciones con recursos de procedencia ilícita y cohecho, ligados con la empresa brasileña Odebrecht.

Los diarios mencionados publicaron que Lozoya y su familia tienen intereses empresariales y financieros en Alemania y Suiza, y las autoridades europeas comenzaron con las investigaciones.

A continuación, las respuestas de Lozoya ante los cuestionamientos de la prensa:

Pregunta: Las autoridades mexicanas lo acusan de corrupción y lavado de dinero. ¿Desea hacer algún comentario?

Emilio Lozoya: Es un ataque político cobarde y sin fundamentos contra mí y mi familia, en ningún momento como funcionario público ni yo ni mi familia recibimos dinero alguno de empresas o personas, de tal forma niego cualquier acusación de corrupción.

P: ¿Es correcto que a partir de 2016 participó en dos empresas registradas en la misma dirección en Múnich, ELMO Wolfsburg GmbH y ALL-Me Hamburg GmbH? ¿Cuáles fueron las razones para participar en estas dos empresas?

EL: Las inversiones en las empresas que usted menciona, ELMO y ALLME son inversiones inmobiliarias que fueron declaradas ante la Secretaría de la Función Pública cada año, mientras fui funcionario público. Todas producto de mi trabajo empresarial antes de ser funcionario público.

P: En diciembre de 2016, tres entonces altos funcionarios de la empresa brasileña Odebrecht confesaron a la justicia brasileña que le sobornaron entre 2012 y 2014 con pagos por un total de 10.5 millones de dólares utilizando empresas offshore con cuentas bancarias en paraísos fiscales. Como contrapartida, dicen que usted les ayudó a consolidarse en México y ganar contratos con Pemex. ¿Es verdad lo que confesaron? ¿Usted quiere comentar o corregir algo?

EL: He negado categóricamente los supuestos dichos de los brasileños. A cambio de sentencias reducidas pueden haber inventado lo que les convenía. Por motivos profesionales los conocí, como a las principales empresas de la región, antes de ser funcionario público.

P: La justicia mexicana le acusa como entonces director de Pemex de haber comprado una planta de fertilizantes a sobreprecio. Quinto Elemento Lab escribe que Pemex pagó casi 100 millones de dólares más que el valor de la planta. ¿Es verdad? ¿Usted quiere comentar o corregir algo?

Javier Coello: La acusación sobre el sobreprecio no tiene sustento. Mi cliente nunca participó en los comités de aprobación de dicha transacción, ya que anualmente representaba menos del 1% del monto total a invertir.

En los comités de aprobación hubo consejeros independientes y de áreas de personas involucradas, White & Case, AT Kearney y empresas de consultoría global.

Las valuaciones las hicieron consultores globales reconocidos y el INDAABIN, organismo dependiente de la Secretaría de Hacienda.

EL: El problema real es que desde que salí de Pemex, mis sucesores y la actual administración han propiciado una caída de más de 30% en la producción de gas en el país, por decisiones propias y erróneas, intentar culpar a alguien cuatro años después es absurdo.

P: En diciembre de 2012 usted compró una casa en la Cuidad de México por 2.58 millones de francos suizos a través de la empresa offshore Tochos Holding. Se dice que parte del dinero proviene de los sobornos de los ejecutivos de Odebrecht. ¿Quiere comentar algo?

EL: Mi casa en la Ciudad de México se compró en noviembre de 2012, un mes antes de ser funcionario público. ¿Cómo se puede acusar de sobornos a una persona que no es funcionario público? Todo el dinero que se usó para la compra de dicho inmueble es producto de actividad empresarial de años de trabajo antes de ser funcionario público.

P: En agosto de 2013 su esposa Marielle Eckes compró una residencia en la costa pacífico de México a través de un abogado que trabajaba para Altos Hornos. El dinero para la compra provino de una cuenta bancaria de la empresa Tochos. ¿Qué relación tienen la adquisición de la residencia, la compra de la planta de fertilizantes a sobreprecio y el hecho de que la misma empresa offshore en que según los ejecutivos de Odebrecht le depositaron los sobornos recibiera pagos millonarios por parte de Altos Hornos?

EL: Su información es incorrecta, el abogado que asesoró la transacción es un abogado con cientos de clientes que lleva un despacho privado; que haya asesorado otras empresas o individuos lo desconozco, pero dicho despacho tiene más de una década ayudando a mi familia con su consejería jurídica.

No hay relación en absoluto entre la adquisición de dicha casa y cualquier otro negocio. Igualmente todos los recursos utilizados de dicha compra fueron producto de dinero que se tenía, tanto mi esposa como yo antes de que fuera funcionario.

Sobre los tratos de Odebrecht y AHMSA, debe preguntarles a ellos. Ambas empresas facturan miles de millones de dólares y desconozco sus tratos empresariales. Aunque es del conocimiento público declaraciones de AHMSA que habían contratado a Odebrecht para algún proyecto de expansión, más allá de eso no tengo detalles.

P: En el registro de empresas de Luxemburgo se puede comprobar que entre noviembre de 2009 y julio de 2013 usted fue miembro del consejo de administración de Cormus Holding S.A., que a partir de octubre de 2010 se llamó JF Holding S.A. Además entre 2013 y 2014 usted invirtió aproximadamente 10 millones de euros en tres fracciones en JF Holding S.A. y por eso recibió acciones. ¿De dónde vienen esos 10 millones de euros? ¿Vienen de los pagos de los cuales hablan los ejecutivos de Odebrecht?

EL: No puedo dar detalles de esto por no tener los documentos a la mano, pero es absurdo ligar a Odebrecht con esto.

JC: Todas las inversiones que tenía el Sr. Lozoya fueron declaradas ante la Secretaría de la Función Pública, incluyendo cualquier participación en empresas extranjeras.

Asimismo su información es incorrecta, el Sr. Lozoya dejó cualquier Consejo de Administración de empresas privadas antes de entrar al gobierno. Se cuentan con pruebas de eso y cualquier omisión puede ser un error de la administración de dichas empresas.

P: Según los Panama Papers usted recibió un poder legal en marzo de 2011 para abrir una cuenta bancaria y una caja fuerte a nombre de la offshore panameña Balerg Associates Inc. En emails que pudimos leer se ve que el representante del beneficiario final de la empresa Balerg se niega a revelar el nombre del dueño de la compañía. Así que el despacho Mossack Fonseca renuncia como agente registrado. ¿Es verdad que usted fue beneficiario final de la sociedad? ¿Para qué fue utilizada esta empresa?

EL: Sobre el despacho de Mossack Fonseca, es mentira que yo haya aperturado alguna empresa ahí. Es posible, y ya lo he dicho antes, que le hayan tratado de vender algún servicio a mis empresas y hayan intentado abrir una cuenta para mí, pero jamás tuve mi empresa ni dinero con dicho despacho, ni recuerdo haberlos conocido. Pudo haber tenido contacto con algún empleado mío sin que yo lo supiera, pero de cualquier forma el negocio no se concretó.

P: Su madre fue detenida en Alemania bajo sospecha de blanqueo de dinero. ¿Desea hacer algún comentario?

EL: En dicha persecución política atacan a mi familia, a mi madre se le acusa de que haya recibido dinero de alguna cuenta mía antes de que yo fuera funcionario público, ¿qué clase de delito es ese? Además de los delitos que se nos imputan no ameritan prisión preventiva en México, pero a pesar de eso el gobierno le mintió o se coludió con un juez en México para generar órdenes de aprehensión.

JC: Finalmente al defender a una Sra. de 71 años, que no ha cometido delito alguno y que al momento de la detención contaba en México con una orden que frenaba cualquier intento de detención, ¿qué clase de justicia política se está promoviendo en México?

Con información de: Quinto Elemento Lab

Calderón abre la posibilidad de volverse diputado

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Liberan a policías señalados por muerte de detenido en Matlapa

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Torres Sánchez destacó que la Guardia Civil Estatal intervino para liberar a los policías retenidos en Picholco

Por: Redacción

El secretario general de Gobierno, J. Guadalupe Torres Sánchez, confirmó que los policías señalados por pobladores de Picholco, en Axtla de Terrazas, como responsables de la muerte de un hombre detenido fueron liberados luego de la intervención de personal estatal y de la Guardia Civil Estatal, y que ahora están a disposición de la Fiscalía General del Estado.

Dijo que, por instrucciones del gobernador Ricardo Gallardo Cardona, mantuvo comunicación directa con las alcaldesas de Matlapa y de Axtla de Terrazas desde el día siguiente a los hechos, luego de que un grupo de pobladores de Picholco retuvo durante algunos momentos a policías municipales para exigir justicia por la muerte del detenido, identificado como Fermín Isabel Antonio

.

Explicó que personal del estado, junto con la Guardia Civil Estatal, dialogó con los inconformes hasta lograr la liberación de los policías retenidos.

Torres Sánchez dijo que no hubo personas privadas de libertad durante la protesta, “que es lo que pretendía la turba”, y calificó el episodio como muestra de que “el tema de operatividad y gobernabilidad está presente y está funcional en cada rincón del estado”.

El funcionario dijo lamentar la muerte de la persona, pero subrayó que hubo “operatividad eficaz, funcional, presente” en este tipo de situaciones.

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Congreso del Estado

Pensión sin pagar: Congreso busca exhibir a deudores en un padrón público

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Se consideraría moroso a quien acumule más de 60 días sin pagar una pensión ordenada judicialmente

Por: Redacción

Quienes incumplan con el pago de una pensión alimenticia podrían quedar identificados en un padrón público y consultable por internet en San Luis Potosí, de avanzar una iniciativa que analiza el Congreso del Estado

.

La propuesta, presentada por la diputada Jessica Gabriela López Torres, plantea modificar los artículos 167 BIS y 167 TER del Código Familiar para establecer un mecanismo más accesible para consultar el Padrón Estatal de Personas Deudoras Alimentarias Morosas.

La iniciativa considera como deudora alimentaria morosa a la persona que, teniendo una pensión ordenada por un juez o establecida mediante convenio judicial, deje de pagarla durante más de 60 días consecutivos o acumule cuatro pensiones pendientes dentro de un periodo de dos años.

Uno de los principales cambios sería que el padrón deje de ser una herramienta de consulta limitada y tenga carácter público, con acceso mediante medios electrónicos oficiales.

La administración del registro estaría a cargo del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, a través de su Secretaría General, que sería responsable de integrarlo, actualizarlo, administrarlo y resguardar la información.

La propuesta establece que la publicidad del padrón deberá realizarse bajo las reglas de protección de datos personales, especialmente cuando exista información relacionada con niñas, niños y adolescentes.

López Torres señaló que el objetivo es que el registro se convierta en una herramienta realmente funcional y accesible para contribuir al cumplimiento de las obligaciones alimentarias y garantizar el derecho de niñas, niños y adolescentes a recibir los recursos necesarios para su subsistencia y bienestar.

La legisladora sostuvo que el pago de alimentos no debe considerarse una obligación secundaria, debido a que está directamente relacionado con derechos fundamentales de las personas acreedoras.

El proyecto contempla una implementación gradual. La primera etapa estaría enfocada en mejorar la operación y funcionamiento del padrón, mientras que posteriormente podrían incorporarse mecanismos adicionales para fortalecer su eficacia.

De avanzar la reforma, San Luis Potosí tendría un padrón con mayor visibilidad pública para identificar a quienes incumplen con obligaciones alimentarias establecidas judicialmente, aunque su consulta tendría que sujetarse a las disposiciones de protección de datos personales.

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Tensión en Matlapa: pobladores retienen policías tras muerte de ciudadano

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Los inconformes acusan un presunto abuso policial durante la detención de un hombre de 47 años

Por: Redacción

La tensión aumentó este domingo en Matlapa, luego de que pobladores retuvieron a elementos de la Policía Municipal y de la Guardia Civil Estatal para exigir justicia por la muerte de un hombre a quien señalan como víctima de un presunto abuso policial.

Los inconformes llevaron a algunos de los agentes retenidos por calles y hasta la plaza principal del municipio. Entre los elementos señalados se encuentra al menos una mujer.

La protesta está relacionada con el fallecimiento de Fermín Isabel Antonio, de 47 años, originario de Axtla de Terrazas, quien murió después de ser trasladado al Hospital de Santa Catarina, según la versión difundida por los manifestantes.

De acuerdo con los pobladores, el hombre habría sido detenido la noche del sábado por elementos municipales y estatales después de verse involucrado en un percance vial. Durante la intervención, presuntamente habría sido golpeado por los agentes y posteriormente trasladado a un hospital, donde perdió la vida.

La versión provocó la indignación de habitantes del ejido Picholco y de la cabecera municipal, quienes exigieron que se esclarezcan los hechos y se determine si existió responsabilidad de los policías involucrados.

Los manifestantes también demandaron la presencia de la alcaldesa María de Jesús Rivera

para establecer un diálogo y solicitar que se investigue a los elementos que señalan como presuntos responsables.

Ante la falta de respuesta, los pobladores trasladaron la protesta a la carretera federal, donde bloquearon de manera intermitente la vía a la altura de Jalpilla.

El cierre ha permitido el paso de vehículos por algunos lapsos, aunque los inconformes advirtieron que podrían realizar un bloqueo total si no son atendidos por la presidenta municipal.

Mientras tanto, los elementos policiales permanecerían retenidos por los pobladores en espera de una respuesta de las autoridades.

Hasta el momento, no se ha informado oficialmente la causa de muerte de Fermín Isabel Antonio ni se ha confirmado que su fallecimiento sea consecuencia directa de una presunta agresión policial. Tampoco se ha determinado responsabilidad alguna contra los agentes señalados.

Las autoridades competentes deberán establecer las circunstancias en las que ocurrió la detención, determinar la causa del fallecimiento y, en su caso, deslindar responsabilidades por los hechos que mantienen la tensión en el municipio.

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