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“¿Qué clase de delito es ese?”, dice Lozoya sobre cargos vs su mamá
Emilio Lozoya afirmó que las acusaciones del gobierno por los delitos de lavado de dinero y corrupción ligados a la empresa Odebrecht son un ataque político
Por: Redacción
Emilio Lozoya Austin, exdirector de Pemex, respondió a la prensa luego de que las autoridades giraron dos órdenes de aprehensión en su contra el 28 de mayo y el 4 de julio pasados.
El exfuncionario contestó un cuestionario de nueve preguntas que le hicieron llegar el diario alemán Süddeutsche Zeitung y el medio suizo Tamedia, en colaboración con periodistas mexicanos de Quinto Elemento Lab.
El abogado de Lozoya Austin, Javier Coello, entregó las respuestas días después de la captura de Gilda Austin, madre de Lozoya, en una pequeña isla al norte de Alemania; “a mi madre se le acusa de que haya recibido dinero de alguna cuenta mía antes de que yo fuera funcionario público, ¿qué clase de delito es ese?”, dijo Emilio Lozoya, investigado por asociación delictuosa, operaciones con recursos de procedencia ilícita y cohecho, ligados con la empresa brasileña Odebrecht.
Los diarios mencionados publicaron que Lozoya y su familia tienen intereses empresariales y financieros en Alemania y Suiza, y las autoridades europeas comenzaron con las investigaciones.
A continuación, las respuestas de Lozoya ante los cuestionamientos de la prensa:
Pregunta: Las autoridades mexicanas lo acusan de corrupción y lavado de dinero. ¿Desea hacer algún comentario?
Emilio Lozoya: Es un ataque político cobarde y sin fundamentos contra mí y mi familia, en ningún momento como funcionario público ni yo ni mi familia recibimos dinero alguno de empresas o personas, de tal forma niego cualquier acusación de corrupción.
P: ¿Es correcto que a partir de 2016 participó en dos empresas registradas en la misma dirección en Múnich, ELMO Wolfsburg GmbH y ALL-Me Hamburg GmbH? ¿Cuáles fueron las razones para participar en estas dos empresas?
EL: Las inversiones en las empresas que usted menciona, ELMO y ALLME son inversiones inmobiliarias que fueron declaradas ante la Secretaría de la Función Pública cada año, mientras fui funcionario público. Todas producto de mi trabajo empresarial antes de ser funcionario público.
P: En diciembre de 2016, tres entonces altos funcionarios de la empresa brasileña Odebrecht confesaron a la justicia brasileña que le sobornaron entre 2012 y 2014 con pagos por un total de 10.5 millones de dólares utilizando empresas offshore con cuentas bancarias en paraísos fiscales. Como contrapartida, dicen que usted les ayudó a consolidarse en México y ganar contratos con Pemex. ¿Es verdad lo que confesaron? ¿Usted quiere comentar o corregir algo?
EL: He negado categóricamente los supuestos dichos de los brasileños. A cambio de sentencias reducidas pueden haber inventado lo que les convenía. Por motivos profesionales los conocí, como a las principales empresas de la región, antes de ser funcionario público.
P: La justicia mexicana le acusa como entonces director de Pemex de haber comprado una planta de fertilizantes a sobreprecio. Quinto Elemento Lab escribe que Pemex pagó casi 100 millones de dólares más que el valor de la planta. ¿Es verdad? ¿Usted quiere comentar o corregir algo?
Javier Coello: La acusación sobre el sobreprecio no tiene sustento. Mi cliente nunca participó en los comités de aprobación de dicha transacción, ya que anualmente representaba menos del 1% del monto total a invertir.
En los comités de aprobación hubo consejeros independientes y de áreas de personas involucradas, White & Case, AT Kearney y empresas de consultoría global.
Las valuaciones las hicieron consultores globales reconocidos y el INDAABIN, organismo dependiente de la Secretaría de Hacienda.
EL: El problema real es que desde que salí de Pemex, mis sucesores y la actual administración han propiciado una caída de más de 30% en la producción de gas en el país, por decisiones propias y erróneas, intentar culpar a alguien cuatro años después es absurdo.
P: En diciembre de 2012 usted compró una casa en la Cuidad de México por 2.58 millones de francos suizos a través de la empresa offshore Tochos Holding. Se dice que parte del dinero proviene de los sobornos de los ejecutivos de Odebrecht. ¿Quiere comentar algo?
EL: Mi casa en la Ciudad de México se compró en noviembre de 2012, un mes antes de ser funcionario público. ¿Cómo se puede acusar de sobornos a una persona que no es funcionario público? Todo el dinero que se usó para la compra de dicho inmueble es producto de actividad empresarial de años de trabajo antes de ser funcionario público.
P: En agosto de 2013 su esposa Marielle Eckes compró una residencia en la costa pacífico de México a través de un abogado que trabajaba para Altos Hornos. El dinero para la compra provino de una cuenta bancaria de la empresa Tochos. ¿Qué relación tienen la adquisición de la residencia, la compra de la planta de fertilizantes a sobreprecio y el hecho de que la misma empresa offshore en que según los ejecutivos de Odebrecht le depositaron los sobornos recibiera pagos millonarios por parte de Altos Hornos?
EL: Su información es incorrecta, el abogado que asesoró la transacción es un abogado con cientos de clientes que lleva un despacho privado; que haya asesorado otras empresas o individuos lo desconozco, pero dicho despacho tiene más de una década ayudando a mi familia con su consejería jurídica.
No hay relación en absoluto entre la adquisición de dicha casa y cualquier otro negocio. Igualmente todos los recursos utilizados de dicha compra fueron producto de dinero que se tenía, tanto mi esposa como yo antes de que fuera funcionario.
Sobre los tratos de Odebrecht y AHMSA, debe preguntarles a ellos. Ambas empresas facturan miles de millones de dólares y desconozco sus tratos empresariales. Aunque es del conocimiento público declaraciones de AHMSA que habían contratado a Odebrecht para algún proyecto de expansión, más allá de eso no tengo detalles.
P: En el registro de empresas de Luxemburgo se puede comprobar que entre noviembre de 2009 y julio de 2013 usted fue miembro del consejo de administración de Cormus Holding S.A., que a partir de octubre de 2010 se llamó JF Holding S.A. Además entre 2013 y 2014 usted invirtió aproximadamente 10 millones de euros en tres fracciones en JF Holding S.A. y por eso recibió acciones. ¿De dónde vienen esos 10 millones de euros? ¿Vienen de los pagos de los cuales hablan los ejecutivos de Odebrecht?
EL: No puedo dar detalles de esto por no tener los documentos a la mano, pero es absurdo ligar a Odebrecht con esto.
JC: Todas las inversiones que tenía el Sr. Lozoya fueron declaradas ante la Secretaría de la Función Pública, incluyendo cualquier participación en empresas extranjeras.
Asimismo su información es incorrecta, el Sr. Lozoya dejó cualquier Consejo de Administración de empresas privadas antes de entrar al gobierno. Se cuentan con pruebas de eso y cualquier omisión puede ser un error de la administración de dichas empresas.
P: Según los Panama Papers usted recibió un poder legal en marzo de 2011 para abrir una cuenta bancaria y una caja fuerte a nombre de la offshore panameña Balerg Associates Inc. En emails que pudimos leer se ve que el representante del beneficiario final de la empresa Balerg se niega a revelar el nombre del dueño de la compañía. Así que el despacho Mossack Fonseca renuncia como agente registrado. ¿Es verdad que usted fue beneficiario final de la sociedad? ¿Para qué fue utilizada esta empresa?
EL: Sobre el despacho de Mossack Fonseca, es mentira que yo haya aperturado alguna empresa ahí. Es posible, y ya lo he dicho antes, que le hayan tratado de vender algún servicio a mis empresas y hayan intentado abrir una cuenta para mí, pero jamás tuve mi empresa ni dinero con dicho despacho, ni recuerdo haberlos conocido. Pudo haber tenido contacto con algún empleado mío sin que yo lo supiera, pero de cualquier forma el negocio no se concretó.
P: Su madre fue detenida en Alemania bajo sospecha de blanqueo de dinero. ¿Desea hacer algún comentario?
EL: En dicha persecución política atacan a mi familia, a mi madre se le acusa de que haya recibido dinero de alguna cuenta mía antes de que yo fuera funcionario público, ¿qué clase de delito es ese? Además de los delitos que se nos imputan no ameritan prisión preventiva en México, pero a pesar de eso el gobierno le mintió o se coludió con un juez en México para generar órdenes de aprehensión.
JC: Finalmente al defender a una Sra. de 71 años, que no ha cometido delito alguno y que al momento de la detención contaba en México con una orden que frenaba cualquier intento de detención, ¿qué clase de justicia política se está promoviendo en México?
Con información de: Quinto Elemento Lab
Ciudad
Cuatro empresas concentran 36% del transporte urbano en SLP
La empresa que más unidades controla también enfrenta una denuncia por incumplir su concesión
Por: Haniel Valdés
Un tercio del transporte urbano metropolitano de San Luis Potosí está en manos de solo cuatro empresas, según el padrón más reciente de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT). De las 1,203 unidades registradas y los 217 titulares que las operan, Transportes Urbanos y Suburbanos Tangamanga, Línea Guadalupe Siglo XXI, Transporte Urbano y Suburbano Tequis y Transportistas Asociados Línea Guadalupe concentran 435 unidades, el 36.1% del total. En un servicio que la ley concibe como un mosaico de decenas de concesionarios compitiendo por ruta, cuatro nombres deciden ya la disponibilidad de transporte para uno de cada tres pasajeros del sistema colectivo.
La tendencia además no se frena: entre los dos últimos cortes disponibles del padrón, el top 10 de empresas pasó de controlar 60.6% a 61.2% de las unidades, mientras el número de titulares bajó de 225 a 217. Menos empresas se reparten cada vez más unidades — un mercado que se consolida, no se fragmenta, y que llega a la mesa de negociación con la autoridad con más peso específico que hace apenas un par de años.
Tangamanga, la empresa con más unidades del padrón (123), es también la que concentra el señalamiento más serio. Según Ciudadanos Observando, mantiene suspendidas las rutas 29, 31 y 32 de su título de concesión, obtenido en 1999, desde la administración de Juan Manuel Carreras. Su presidente, José Guadalupe González Covarrubias, pidió al Gobierno del Estado de San Luis Potosí cancelar la concesión si la empresa no la cumple y abrir una convocatoria nueva. El dato importa por el contraste: la empresa que más peso tiene en el padrón es la misma que, según esta organización, lleva años sin operar rutas completas sin que eso le haya costado la concesión.
El padrón de automóvil de alquiler muestra un patrón parecido, a escala de personas: de 368 concesionarios de ruleteo, 94 (25.5%) tienen dos o tres concesiones cada uno, y reúnen 41% del total disponible en esa modalidad. El taxi individual, pensado como un oficio de un permiso por persona, ya tiene también su propia versión de concentración: 4 de cada 10 concesiones están en manos de una cuarta parte de los concesionarios.
El propio padrón colectivo, además, tiene un salto que ninguna fuente pública explica: de 881 unidades en 2022 pasó a 1,202 en 2023, un incremento de 36% en un solo año. La cifra pesa porque contradice lo que la misma SCT ha declarado después: su titular, Araceli Martínez Acosta, informó en 2026 que en lo que va del año no se ha otorgado ninguna concesión nueva mientras corre un diagnóstico técnico, y reconoció que cerca de 350 camiones salieron de circulación apenas en 2024. Si la política reciente es de congelamiento y baja de unidades, el alta masiva de 2022-2023 no encaja con esa narrativa.
Ese diagnóstico, que arrancó en junio de 2026, contempla todas las modalidades del transporte público y privado regulado, y busca establecer con datos técnicos si hay zonas con déficit o saturación de unidades antes de decidir si se abren concesiones nuevas. Mientras ese estudio no concluya, el mapa de operadores del transporte urbano en San Luis Potosí seguirá siendo el que ya existe hoy: uno donde cuatro empresas deciden la mayor parte del servicio.
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FGR asegura 2 mil 400 litros de huachicol en Ejido Los Gómez
Dos hombres fueron detenidos y una bodega quedó bajo resguardo tras el hallazgo de huachicol en el Ejido Los Gómez
Por: Redacción
Elementos de la Fiscalía General de la República (FGR) aseguraron 2 mil 400 litros de hidrocarburo, tres tractocamiones, una cabina Kenworth, un semirremolque y un montacargas tras catear un inmueble en el Ejido Los Gómez.
El operativo derivó del seguimiento a un reporte de robo de un tractocamión en el Libramiento Poniente. En esa primera intervención fueron detenidos Juan “N”, de 29 años, y Cristian “N”, de 27, quienes presuntamente resguardaban el acceso a una bodega.
En el lugar se localizaron también un tractocamión International 2018 con reporte de robo y una camioneta Chevrolet. El inmueble quedó bajo custodia policial mientras se tramitaba la orden de cateo correspondi ente.
Con la orden ya en mano, autoridades federales catearon la propiedad y decomisaron el hidrocarburo
, los vehículos de carga y equipo para la aparente elaboración de combustible. También se localizaron siete inhibidores de señal, tanques de oxígeno y de gas LP, y otros indicios que quedaron a disposición de la autoridad investigadora.Los dos detenidos y el material asegurado fueron puestos a disposición de la autoridad competente. La Secretaría de Seguridad de Protección Ciudadana del Estado (SSPC) informó que mantiene coordinación permanente con autoridades federales y estatales para dar seguimiento a reportes de robo de vehículos y transporte de carga.
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Cinco municipios buscan sumarse a los seis Pueblos Mágicos de San Luis Potosí
Por: Redacción
La Secretaría de Turismo del Estado confirmó que los municipios de Villa de Reyes, Pozos, Soledad de Graciano Sánchez, Axtla de Terrazas y Cerro de San Pedro buscan sumarse al programa de Pueblos Mágicos, que hoy reconoce a seis localidades potosinas.
La secretaria Yolanda Josefina Cepeda Echavarría dijo que los candidatos deberán cumplir con capacitación, inversión en infraestructura y experiencias turísticas competitivas, además de contar con hotelería y oferta gastronómica tradicional.
Según la funcionaria, un nuevo nombramiento podría concretarse antes de que termine el año o a inicios de 2027.
Los seis Pueblos Mágicos vigentes se ubican entre los mejor evaluados del país, de un total de 177 reconocidos en México. La dependencia estatal trabaja, junto con Protección Civil del Estado, en completar los planes municipales de protección civil de los seis municipios, un requisito federal pendiente.
Cepeda Echavarría destacó la coordinación con la Secretaría de Turismo federal para ese proceso.
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