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Propuesta para “administrar” manifestaciones generó rechazo entre activistas
Los integrantes de organizaciones civiles indicaron que la iniciativa de Antonio Lorca no reconoce los derechos a la libre manifestación
Por: Bernardo Vera
José Antonio Lorca Valle, diputado local en el Congreso del Estado de San Luis Potosí, habló de presentar una iniciativa para “administrar” las manifestaciones en la vía pública, a través de una oficina para resolución de conflictos y, en caso necesario, dar aviso a autoridades de la movilización a realizar. La propuesta fue rechazada por integrantes de diversas organizaciones civiles.
El legislador destacó la importancia de generar una cultura para la resolución de conflictos a través del acercamiento a la autoridad mediante una ventanilla, y atender las solicitudes que se demanden. En caso contrario, se haría el llamado a esta misma oficina con cuatro días de anticipación para movilizar a las autoridades de Protección Civil, Cruz Roja, Policía Vial, entre otras, así como dar a conocer a la ciudadanía sobre el uso de vías alternas.
“La autoridad va tener cuatro días para hacer dos cosas; uno, cabildear con ellos para que no se realice la marcha y no haya problemática; y en paralelo, programar a protección civil y Cruz Roja, y anunciar a la ciudadanía las opciones o vías alternas para poder transitar libremente sin quedar atorado en el tráfico y hacer esto extensivo para la mayoría de la gente”.
Lorca Valle señaló que esta propuesta sería presentada al terminar con la ley de movilidad, pues se contempla como un reglamento alterno aplicable para los 58 municipios del estado; agregó que el impacto presupuestal se puede absorber por algún área previa de atención.
Lois Muñoz, integrante del colectivo ‘Movilidad Sostenible’, declaró que esta propuesta no reconocería el derecho a la libre manifestación; indicó que sería mejor que la iniciativa deba encaminarse a la apertura de las autoridades antes que a restringir un derecho, dado que este colectivo ha presentado varias propuestas a diferentes órdenes de gobierno, sin que haya una respuesta.
“Su propuesta deberá de buscar que la sociedad civil tenga siempre las puertas abiertas, antes que encaminarse a restringir las manifestaciones, que es justo la manera de llamar la atención cuando llegó a un punto de no atención a la queja”.
Andrés Costilla, activista de la comunidad LGBT+, declaró que en su caso, las marchas realizadas siguen una planificación, debido a que tienen una agenda específica, pero hay otras que ocurren por algún suceso particular, y no cuentan con la disposición para llamar a la autoridad, además de señalar que la iniciativa no pueda usarse para otros fines.
“Sí es importante que se organicen las manifestaciones, pero otra cosa muy importante, que no se presten para la censura ante situaciones que puedan afectar a la ciudadanía”, declaró Andrés Costilla.
Jesús Monsivais, doctor en Derecho de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y activista por los derechos de la ciudad y la movilidad urbana, calificó la propuesta de administrar la protesta pública como una ocurrencia, que discrimina, criminaliza y estigmatiza a las y los manifestantes, quienes realizan movilizaciones por la ausencia de políticas públicas; solicitó al diputado que conozca sobre el marco jurídico de derechos humanos a nivel nacional e internacional, pues solo exhibe su desconocimiento en la materia.
“Por naturaleza, el derecho a la manifestación y a la reunión es imprescindible para el equilibrio democrático. No podemos concebir a las calles y a los espacios públicos solamente como ámbitos de circulación; también son espacios de participación democrática”, señaló.
El diputado aseguró en entrevista, que se ha acercado a grupos sociales y representantes de colectivos. Sin embargo, tanto Lois Muñoz, Andrés Costilla como Jesus Monsivais negaron que se hayan mantenido contacto con alguna de estas agrupaciones sociales.
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Citlalli Hernández informó que en las otras 16 gubernaturas la coalición de la 4T sí incluye a sus aliados.
Elí Cervantes, coordinador estatal, fue designado sin haberse inscrito y sin encuesta pública
Por: Redacción
San Luis Potosí será la única de las 17 gubernaturas en disputa en 2027 donde Morena irá sin sus aliados, el PVEM y el PT, informó su secretaria general, Citlalli Hernández Mora, al presentar este lunes a Elí César Eduardo Cervantes Rojas como coordinador estatal del partido.
En las otras 16 entidades, la coalición de la 4T sí contempla a sus partidos aliados.
El PVEM ya había descartado la alianza. La senadora Ruth González Silva respondió “con Morena, seguramente no” cuando se le preguntó por una posible coalición. Sobre el PT, dijo que ese partido aún debe definir su postura.
En el reparto nacional de coordinaciones, el PVEM obtuvo dos: Jasmine Bugarín Rodríguez, senadora, en Nayarit, y Manuel Cota Cárdenas, diputado federal, en Baja California Sur. El PT se quedó sin nombramiento propio. En Nayarit, el espacio correspondió al Verde como parte del ajuste de paridad, pese a que Héctor Santana había obtenido el primer lugar en la encuesta.
El proceso electoral 2027 en San Luis Potosí comenzará el 15 de noviembre. Ese mismo día, el PVEM prevé iniciar la negociación de alianzas parciales para diputaciones y ayuntamientos.
Cervantes, designado sin inscripción ni encuesta pública
Cervantes Rojas, delegado de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) en San Luis Potosí, fue designado por consenso por la Comisión Nacional de Elecciones y coordinará los trabajos del partido rumbo a la elección.
El ex senador no fue parte del registro original de aspirantes, sin embargo, la dirigencia argumentó que la comisión tiene facultades para valorar perfiles distintos a los inscritos.
No obstante, la dirigencia no presentó resultados, porcentajes ni metodología de las encuestas que no tuvieron ninguna utilidad, pues la comisión canceló la encuesta porque ninguno de los 28 inscritos alcanzó el umbral mínimo de 10 por ciento.
La decisión ya provocó inconformidades. Aid Ávila Covarrubias cuestionó que no se mostraran datos, cobertura ni metodología, y acusó a la dirigencia de no respetar sus propios procesos internos. El exdiputado local José Antonio Lorca Valle señaló que la convocatoria original no contemplaba la figura de coordinador estatal en los términos en que fue utilizada.
Ante los reclamos, la presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel Reyes, se comprometió a presentar “detalladamente, una por una” las encuestas de las 17 coordinaciones estatales cuando concluyan las designaciones.
Lenia Batres sostuvo que la resolución retira la obligación a alternar el género entre elecciones 2027 y siguientes
Aún queda pendiente resolver la impugnación que redujo precampañas de 40 a 20 días
Por: Redacción
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó la alternancia obligatoria de género para las candidaturas a la gubernatura de San Luis Potosí, con lo que quedó sin efecto el mecanismo que habría condicionado la postulación de cada partido en 2033 al género de su candidatura en 2027.
El Ple no resolvió este lunes las acciones de inconstitucionalidad 81/2026 y su acumulada 86/2026
La mayoría de seis ministros invalidó los segundos párrafos de los artículos 36 y 72 de la Constitución estatal, así como las disposiciones de alternancia contenidas en los artículos 9 y 265 de la Ley Electoral del Estado y el segundo transitorio del decreto. En el caso de la regla para candidaturas independientes, la invalidez fue aprobada por siete votos.
La regla que desaparece
La reforma que llegó a la Corte ya no obligaba a los partidos a postular exclusivamente mujeres para la gubernatura en 2027.
Ese planteamiento formaba parte de la propuesta original. El Ceepac presentó la iniciativa el 11 de diciembre de 2025 y el Congreso la aprobó inicialmente con la obligación de que los partidos postularan mujeres en 2027.
Sin embargo, después de las observaciones del gobernador, el Congreso modificó el esquema y el 27 de mayo de 2026 eliminó esa obligación. La versión finalmente publicada permitió que en 2027 los partidos registraran a una persona de cualquier género y trasladó la alternancia a la elección de 2033.
El mecanismo establecía que cada partido debía postular en 2033 a una persona de género distinto al de su candidatura de 2027. Existía, además, una excepción: si en 2027 había postulado a una mujer, podía volver a registrar a una mujer en 2033.
Por ello, la resolución de la SCJN no determina si en 2027 San Luis Potosí tendrá un candidato o una candidata a la gubernatura
¿Qué argumentó la Corte?
El proyecto estuvo a cargo de la ministra Lenia Batres Guadarrama, quien sostuvo que la paridad de género establecida en la Constitución federal no equivale a imponer una alternancia automática entre elecciones para un cargo unipersonal.
La mayoría consideró que el Congreso local excedió su margen de configuración legislativa al establecer anticipadamente el género que correspondería a futuras candidaturas y con ello restringir el derecho a ser votado.
La ministra Yasmín Esquivel Mossa votó en contra de invalidar las disposiciones principales. Durante la discusión defendió la constitucionalidad del modelo potosino y anunció un voto particular. En contraste, siete ministros sí respaldaron invalidar la disposición relativa a candidaturas independientes.
La decisión no elimina el principio constitucional de paridad de género ni impide que se establezcan acciones afirmativas para favorecer la participación política de las mujeres. El efecto concreto es dejar sin vigencia la obligación de alternar automáticamente el género de la candidatura a la gubernatura con base en la elección anterior.
La reforma electoral de San Luis Potosí todavía tiene otros asuntos pendientes ante la Corte.
Entre ellos está el Decreto 0571, impugnado por Somos México y por el Ejecutivo federal, así como el Decreto 0586, cuya constitucionalidad fue cuestionada por Somos México el 10 de septiembre por reducir de 40 a 20 días el periodo de precampañas para la gubernatura y por la falta de consulta a pueblos indígenas, afromexicanos y personas con discapacidad, de acuerdo con los planteamientos señalados en las impugnaciones.
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En Central de Abastos, la policía capitalina lleva más de 1,200 dosis decomisadas y 19 detenciones
Por: Haniel Valdés
El secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana Municipal (SSPC), Juan Antonio Villa Gutiérrez, fue cuestionado sobre el panorama de consumo de drogas entre jóvenes en la capital, luego de la muerte de un adolescente por esta causa la semana pasada, y respondió con cifras de detenciones y decomisos, sin abundar en ese caso en particular.
En un operativo en la Central de Abastos, la corporación reporta más de 19 detenciones y el decomiso de más de 1,200 dosis de droga; uno de los dos objetivos prioritarios señalados obtuvo su libertad a las 24 horas tras ser puesto a disposición de un juez. En el resto de la ciudad, la policía capitalina rinde un promedio semanal de 15 a 16 detenciones
Villa Gutiérrez dijo que menos del 3% de los aseguramientos por consumo corresponde a menores de edad, a quienes se canaliza mediante el programa de justicia cívica a talleres de rehabilitación, atención psicológica y terapias.
El funcionario identificó al cristal y la mariguana como las drogas que más se detectan en los decomisos, seguidas de la cocaína, y dijo que la SSPC no ha encontrado medicamentos controlados entre lo asegurado.
La corporación atiende el tema a través de su área de prevención, con pláticas diarias en escuelas sobre los riesgos del consumo de sustancias ilícitas dirigidas a niñas, niños, adolescentes y jóvenes.
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