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Propuesta para “administrar” manifestaciones generó rechazo entre activistas
Los integrantes de organizaciones civiles indicaron que la iniciativa de Antonio Lorca no reconoce los derechos a la libre manifestación
Por: Bernardo Vera
José Antonio Lorca Valle, diputado local en el Congreso del Estado de San Luis Potosí, habló de presentar una iniciativa para “administrar” las manifestaciones en la vía pública, a través de una oficina para resolución de conflictos y, en caso necesario, dar aviso a autoridades de la movilización a realizar. La propuesta fue rechazada por integrantes de diversas organizaciones civiles.
El legislador destacó la importancia de generar una cultura para la resolución de conflictos a través del acercamiento a la autoridad mediante una ventanilla, y atender las solicitudes que se demanden. En caso contrario, se haría el llamado a esta misma oficina con cuatro días de anticipación para movilizar a las autoridades de Protección Civil, Cruz Roja, Policía Vial, entre otras, así como dar a conocer a la ciudadanía sobre el uso de vías alternas.
“La autoridad va tener cuatro días para hacer dos cosas; uno, cabildear con ellos para que no se realice la marcha y no haya problemática; y en paralelo, programar a protección civil y Cruz Roja, y anunciar a la ciudadanía las opciones o vías alternas para poder transitar libremente sin quedar atorado en el tráfico y hacer esto extensivo para la mayoría de la gente”.
Lorca Valle señaló que esta propuesta sería presentada al terminar con la ley de movilidad, pues se contempla como un reglamento alterno aplicable para los 58 municipios del estado; agregó que el impacto presupuestal se puede absorber por algún área previa de atención.
Lois Muñoz, integrante del colectivo ‘Movilidad Sostenible’, declaró que esta propuesta no reconocería el derecho a la libre manifestación; indicó que sería mejor que la iniciativa deba encaminarse a la apertura de las autoridades antes que a restringir un derecho, dado que este colectivo ha presentado varias propuestas a diferentes órdenes de gobierno, sin que haya una respuesta.
“Su propuesta deberá de buscar que la sociedad civil tenga siempre las puertas abiertas, antes que encaminarse a restringir las manifestaciones, que es justo la manera de llamar la atención cuando llegó a un punto de no atención a la queja”.
Andrés Costilla, activista de la comunidad LGBT+, declaró que en su caso, las marchas realizadas siguen una planificación, debido a que tienen una agenda específica, pero hay otras que ocurren por algún suceso particular, y no cuentan con la disposición para llamar a la autoridad, además de señalar que la iniciativa no pueda usarse para otros fines.
“Sí es importante que se organicen las manifestaciones, pero otra cosa muy importante, que no se presten para la censura ante situaciones que puedan afectar a la ciudadanía”, declaró Andrés Costilla.
Jesús Monsivais, doctor en Derecho de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y activista por los derechos de la ciudad y la movilidad urbana, calificó la propuesta de administrar la protesta pública como una ocurrencia, que discrimina, criminaliza y estigmatiza a las y los manifestantes, quienes realizan movilizaciones por la ausencia de políticas públicas; solicitó al diputado que conozca sobre el marco jurídico de derechos humanos a nivel nacional e internacional, pues solo exhibe su desconocimiento en la materia.
“Por naturaleza, el derecho a la manifestación y a la reunión es imprescindible para el equilibrio democrático. No podemos concebir a las calles y a los espacios públicos solamente como ámbitos de circulación; también son espacios de participación democrática”, señaló.
El diputado aseguró en entrevista, que se ha acercado a grupos sociales y representantes de colectivos. Sin embargo, tanto Lois Muñoz, Andrés Costilla como Jesus Monsivais negaron que se hayan mantenido contacto con alguna de estas agrupaciones sociales.
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En redes sociales también surgieron denuncias de presuntas represalias laborales
Por: Redacción
Trabajadores de la Subdelegación Oriente del IMSS en San Luis Potosí denunciaron en redes sociales que desde el pasado lunes permanecen sin servicio de agua potable en las oficinas administrativas ubicadas sobre avenida Universidad, en la colonia El Paseo, situación que ha provocado afectaciones en las condiciones laborales y el funcionamiento básico del inmueble.
De acuerdo con testimonios enviados por empleados, la falta de agua dejó fuera de servicio los sanitarios y obligó al personal a continuar sus actividades en condiciones complicadas mientras la administración buscaba resolver el problema.
“Hola buen día, se les informa que no se cuenta con agua en la subdelegación, los baños estarán fuera de servicio, estamos checando para que se restablezca el servicio pronto”, señala uno de los mensajes internos difundidos entre trabajadores.
Según las denuncias, inicialmente se habló de un posible problema administrativo relacionado con el pago del servicio, aunque posteriormente comenzó a circular entre el personal la versión de que existiría una falla en las bombas del sistema hidráulico.
Trabajadores señalaron que, pese a la falta de agua, personal sindicalizado y de confianza continuó laborando dentro de las instalaciones.
Los empleados indicaron además que durante la mañana del martes se gestionó el envío de una pipa para abastecer temporalmente la cisterna y restablecer parcialmente las operaciones del inmueble.
La subdelegación estaría bajo la responsabilidad de Nereyda Covarrubias Rubio, según mencionaron los denunciantes. Paralelamente, en redes sociales comenzaron a difundirse mensajes de inconformidad por presuntas represalias contra trabajadores que denuncian situaciones internas dentro del IMSS.
Uno de los testimonios publicados corresponde a la enfermera especialista Leticia Ávila González, quien aseguró haber sido rescindida laboralmente tras denunciar públicamente presuntos actos de violencia, acoso y hostigamiento dentro de la institución.
“Es lamentable que el sindicato no defienda a sus trabajadores… no sigan permitiendo que se vulneren sus derechos”, escribió la trabajadora en una publicación difundida en redes sociales.
En otro mensaje compartido entre empleados del instituto, se acusa que mientras a nivel nacional pueden cuestionarse públicamente las deficiencias del IMSS, dentro de la delegación estatal existirían sanciones para quienes señalan directamente a funcionarios locales o personal de confianza.
Los testimonios también cuestionan el actuar del sindicato y denuncian un ambiente de miedo entre la base trabajadora.
Hasta el momento, el IMSS no ha emitido una postura oficial sobre la falta de agua en la Subdelegación Oriente ni sobre las acusaciones difundidas por trabajadores en redes sociales.
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Fueron asegurados equipos de cómputo, aires acondicionados y cuentas bancarias
Por: Redacción
La ejecución de un laudo laboral derivó este martes en el embargo de bienes dentro de la escuela primaria Antero G. González, en Ciudad Valles, luego de que una maestra de inglés obtuviera una sentencia favorable por despido injustificado y falta de pago de prestaciones laborales.
De acuerdo con el abogado de la docente, Matilde Hernández, el tribunal laboral ya había emitido una resolución definitiva desde febrero de 2026, en la que se ordenó cubrir salarios caídos, prestaciones, cuotas ante el Seguro Social y además reinstalar a la trabajadora en su puesto.
Sin embargo, al no cumplirse la sentencia, personal judicial acudió al plantel educativo para ejecutar el embargo de diversos bienes propiedad de la institución y de la sociedad de padres de familia.
Entre los bienes asegurados se encuentran equipos de cómputo, aires acondicionados y cuentas bancarias, los cuales podrían ser rematados o intervenidos legalmente si continúa el incumplimiento.
El litigante explicó que la maestra fue separada de su cargo en 2024 y señaló que la decisión habría sido tomada por el director del plantel, Xenón Hernández Hernández, a quien calificó como el “autor intelectual” del despido.
Asimismo, indicó que el adeudo continúa creciendo debido a salarios caídos y otras prestaciones acumuladas, por lo que actualmente la cantidad reclamada supera los 507 mil pesos.
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El proyecto busca apoyar a pacientes renales que actualmente enfrentan altos costos y largos traslados
Por: Redacción
Ricardo Gallardo Cardona, gobernador de San Luis Potosí, informó que ya iniciaron los estudios para la construcción de los primeros dos centros de hemodiálisis gratuitos en la entidad, los cuales estarán ubicados en Soledad de Graciano Sánchez y Tamazunchale, aunque adelantó que el proyecto contempla expandirse a todas las regiones del estado.
El mandatario estatal explicó que la intención es crear una red de atención para pacientes renales que permita acercar tratamientos especializados a personas que actualmente enfrentan altos costos médicos y largos traslados para recibir atención.
“La idea es contar con al menos un centro de hemodiálisis en cada región del estado”, adelantó.
Gallardo recordó que la semana pasada ya había anunciado la instalación de una clínica especializada dentro de una Clínica Rosa en Soledad de Graciano Sánchez; sin embargo, ahora confirmó que el proyecto no se limitará a la zona metropolitana y comenzará también en la Huasteca potosina
En el caso de Soledad, el nuevo centro de hemodiálisis se instalaría en el inmueble que anteriormente funcionaba como Unidad Administrativa Municipal, luego de que el ayuntamiento trasladara sus oficinas a un nuevo complejo sobre avenida San Pedro.
El gobernador detalló que el espacio será reacondicionado para funcionar como unidad médica especializada y contará inicialmente con al menos cuatro máquinas de hemodiálisis, con capacidad para atender a pacientes del municipio y zonas cercanas.
Además, señaló que el Ayuntamiento de Soledad apoyará con la adquisición de medicamentos necesarios para los tratamientos.
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