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Propuesta para “administrar” manifestaciones generó rechazo entre activistas
Los integrantes de organizaciones civiles indicaron que la iniciativa de Antonio Lorca no reconoce los derechos a la libre manifestación
Por: Bernardo Vera
José Antonio Lorca Valle, diputado local en el Congreso del Estado de San Luis Potosí, habló de presentar una iniciativa para “administrar” las manifestaciones en la vía pública, a través de una oficina para resolución de conflictos y, en caso necesario, dar aviso a autoridades de la movilización a realizar. La propuesta fue rechazada por integrantes de diversas organizaciones civiles.
El legislador destacó la importancia de generar una cultura para la resolución de conflictos a través del acercamiento a la autoridad mediante una ventanilla, y atender las solicitudes que se demanden. En caso contrario, se haría el llamado a esta misma oficina con cuatro días de anticipación para movilizar a las autoridades de Protección Civil, Cruz Roja, Policía Vial, entre otras, así como dar a conocer a la ciudadanía sobre el uso de vías alternas.
“La autoridad va tener cuatro días para hacer dos cosas; uno, cabildear con ellos para que no se realice la marcha y no haya problemática; y en paralelo, programar a protección civil y Cruz Roja, y anunciar a la ciudadanía las opciones o vías alternas para poder transitar libremente sin quedar atorado en el tráfico y hacer esto extensivo para la mayoría de la gente”.
Lorca Valle señaló que esta propuesta sería presentada al terminar con la ley de movilidad, pues se contempla como un reglamento alterno aplicable para los 58 municipios del estado; agregó que el impacto presupuestal se puede absorber por algún área previa de atención.
Lois Muñoz, integrante del colectivo ‘Movilidad Sostenible’, declaró que esta propuesta no reconocería el derecho a la libre manifestación; indicó que sería mejor que la iniciativa deba encaminarse a la apertura de las autoridades antes que a restringir un derecho, dado que este colectivo ha presentado varias propuestas a diferentes órdenes de gobierno, sin que haya una respuesta.
“Su propuesta deberá de buscar que la sociedad civil tenga siempre las puertas abiertas, antes que encaminarse a restringir las manifestaciones, que es justo la manera de llamar la atención cuando llegó a un punto de no atención a la queja”.
Andrés Costilla, activista de la comunidad LGBT+, declaró que en su caso, las marchas realizadas siguen una planificación, debido a que tienen una agenda específica, pero hay otras que ocurren por algún suceso particular, y no cuentan con la disposición para llamar a la autoridad, además de señalar que la iniciativa no pueda usarse para otros fines.
“Sí es importante que se organicen las manifestaciones, pero otra cosa muy importante, que no se presten para la censura ante situaciones que puedan afectar a la ciudadanía”, declaró Andrés Costilla.
Jesús Monsivais, doctor en Derecho de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y activista por los derechos de la ciudad y la movilidad urbana, calificó la propuesta de administrar la protesta pública como una ocurrencia, que discrimina, criminaliza y estigmatiza a las y los manifestantes, quienes realizan movilizaciones por la ausencia de políticas públicas; solicitó al diputado que conozca sobre el marco jurídico de derechos humanos a nivel nacional e internacional, pues solo exhibe su desconocimiento en la materia.
“Por naturaleza, el derecho a la manifestación y a la reunión es imprescindible para el equilibrio democrático. No podemos concebir a las calles y a los espacios públicos solamente como ámbitos de circulación; también son espacios de participación democrática”, señaló.
El diputado aseguró en entrevista, que se ha acercado a grupos sociales y representantes de colectivos. Sin embargo, tanto Lois Muñoz, Andrés Costilla como Jesus Monsivais negaron que se hayan mantenido contacto con alguna de estas agrupaciones sociales.
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Construcción de arcos de seguridad y nuevos puntos de revisión reforzarán la vigilancia en las cuatro regiones del estado
Por: Redacción
El gobernador del estado Ricardo Gallardo Cardona anunció una inversión de 6 mil 500 millones de pesos destinados a la seguridad pública para este 2026. Este presupuesto prioriza tanto la dignificación de los elementos policiales como el fortalecimiento de la infraestructura tecnológica.
Dentro de la bolsa de recursos, el mandatario estatal detalló que más de 500 millones de pesos se destinarán directamente a la fuerza operativa: 250 millones de pesos para aumentos salariales directos y 250 millones de pesos en bonos y prestaciones para los elementos de seguridad pública.
Asimismo, Gallardo confirmó que la estrategia incluye la construcción de arcos de seguridad y puntos de revisión que ya están en marcha en diversos puntos del estado, sumado una inversión en equipo táctico.
Finalmente, el mandatario informó que San Luis Potosí cerró el año 2025 con una baja histórica de entre el 53% y 55% en la incidencia delictiva, un logro que calificó como inédito para la entidad. Según el mandatario gracias a esto, el estado ya se posiciona dentro de los cinco más seguros de México.
“Estamos viviendo una época de seguridad similar a los tiempos de Fernando Silva Nieto, pero con una población mucho mayor. Hoy tenemos 3 millones de habitantes y logramos mantener los mismos niveles de seguridad de cuando éramos menos de 2 millones”, comparó el Gobernador.
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Uno de los objetivos era conocido como “El Rodo”; se aseguró un arma 9 mm, cristal y marihuana
Por: Redacción
En un operativo realizado por autoridades estatales, fueron detenidos dos presuntos sicarios del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), relacionados con varios homicidios en el municipio de Santa María del Río.
La acción fue llevada a cabo a cabo por la Guardia Civil Estatal con información y coordinación con la Policía de Investigación para ubicar a un objetivo criminal conocido como “El Rodo”, quien se ocultaba en un domicilio particular. Durante el operativo, se aseguró un arma corta calibre 9 milímetros, 46 dosis de cristal y 16 bolsas con marihuana.
Los detenidos fueron identificados como José “N”, alias “El Ondeado” o “El Rodo”, de 25 años, y Fabiana “N”, de 42 años. Ambos habrían confesado su participación en el homicidio de Ángel Daniel Contreras Castillo, alias “El Jordán”, localizado sin vida el 31 de diciembre de 2025.
Las autoridades continúan con las investigaciones para determinar su posible vínculo con otros hechos violentos en la región.
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La regidora Adriana Urbina Aguilar propuso destinar 8 millones de pesos anuales para su operación
Por: Redacción
La regidora de la capital por Movimiento Ciudadano, Adriana Urbina Aguilar, subrayó la importancia de consolidar la operatividad del Sistema Municipal de Cuidados, aprobado el año pasado, al considerarlo un modelo innovador y de alto impacto social para el municipio, aunque advirtió que aún no cuenta con una partida presupuestal específica.
“Es un sistema sumamente innovador, porque cada día vemos más mujeres sosteniendo la vida de alguien más y se requiere que exista una operatividad real de este sistema”, expresó.
Urbina Aguilar explicó que durante los últimos días se ha trabajado en el análisis de la Ley de Ingresos y del proyecto de Presupuesto de Egresos; sin embargo, precisó que el Sistema Municipal de Cuidados no fue incluido de manera explícita con recursos asignados, por lo que insistió en la necesidad de que se le destine presupuesto propio durante el presente ejercicio fiscal.
Detalló que desde el anteproyecto se planteó la creación de una partida presupuestal anual de 8 millones de pesos
“Existe la intención y la promesa de que va a haber presupuesto, pero lo que necesitamos es que quede claramente establecido. No es una cantidad elevada si consideramos el impacto que puede tener en la calidad de vida de quienes cuidan y de quienes requieren cuidados”, puntualizó.
Finalmente, la regidora señaló que el principal reto para este año será pasar del reconocimiento legal a la asignación de recursos y a la implementación concreta, para que el Sistema Municipal de Cuidados deje de ser solo un marco normativo y se convierta en una política pública plenamente operativa en beneficio de la población más vulnerable del municipio.
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