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Propuesta para “administrar” manifestaciones generó rechazo entre activistas
Los integrantes de organizaciones civiles indicaron que la iniciativa de Antonio Lorca no reconoce los derechos a la libre manifestación
Por: Bernardo Vera
José Antonio Lorca Valle, diputado local en el Congreso del Estado de San Luis Potosí, habló de presentar una iniciativa para “administrar” las manifestaciones en la vía pública, a través de una oficina para resolución de conflictos y, en caso necesario, dar aviso a autoridades de la movilización a realizar. La propuesta fue rechazada por integrantes de diversas organizaciones civiles.
El legislador destacó la importancia de generar una cultura para la resolución de conflictos a través del acercamiento a la autoridad mediante una ventanilla, y atender las solicitudes que se demanden. En caso contrario, se haría el llamado a esta misma oficina con cuatro días de anticipación para movilizar a las autoridades de Protección Civil, Cruz Roja, Policía Vial, entre otras, así como dar a conocer a la ciudadanía sobre el uso de vías alternas.
“La autoridad va tener cuatro días para hacer dos cosas; uno, cabildear con ellos para que no se realice la marcha y no haya problemática; y en paralelo, programar a protección civil y Cruz Roja, y anunciar a la ciudadanía las opciones o vías alternas para poder transitar libremente sin quedar atorado en el tráfico y hacer esto extensivo para la mayoría de la gente”.
Lorca Valle señaló que esta propuesta sería presentada al terminar con la ley de movilidad, pues se contempla como un reglamento alterno aplicable para los 58 municipios del estado; agregó que el impacto presupuestal se puede absorber por algún área previa de atención.
Lois Muñoz, integrante del colectivo ‘Movilidad Sostenible’, declaró que esta propuesta no reconocería el derecho a la libre manifestación; indicó que sería mejor que la iniciativa deba encaminarse a la apertura de las autoridades antes que a restringir un derecho, dado que este colectivo ha presentado varias propuestas a diferentes órdenes de gobierno, sin que haya una respuesta.
“Su propuesta deberá de buscar que la sociedad civil tenga siempre las puertas abiertas, antes que encaminarse a restringir las manifestaciones, que es justo la manera de llamar la atención cuando llegó a un punto de no atención a la queja”.
Andrés Costilla, activista de la comunidad LGBT+, declaró que en su caso, las marchas realizadas siguen una planificación, debido a que tienen una agenda específica, pero hay otras que ocurren por algún suceso particular, y no cuentan con la disposición para llamar a la autoridad, además de señalar que la iniciativa no pueda usarse para otros fines.
“Sí es importante que se organicen las manifestaciones, pero otra cosa muy importante, que no se presten para la censura ante situaciones que puedan afectar a la ciudadanía”, declaró Andrés Costilla.
Jesús Monsivais, doctor en Derecho de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y activista por los derechos de la ciudad y la movilidad urbana, calificó la propuesta de administrar la protesta pública como una ocurrencia, que discrimina, criminaliza y estigmatiza a las y los manifestantes, quienes realizan movilizaciones por la ausencia de políticas públicas; solicitó al diputado que conozca sobre el marco jurídico de derechos humanos a nivel nacional e internacional, pues solo exhibe su desconocimiento en la materia.
“Por naturaleza, el derecho a la manifestación y a la reunión es imprescindible para el equilibrio democrático. No podemos concebir a las calles y a los espacios públicos solamente como ámbitos de circulación; también son espacios de participación democrática”, señaló.
El diputado aseguró en entrevista, que se ha acercado a grupos sociales y representantes de colectivos. Sin embargo, tanto Lois Muñoz, Andrés Costilla como Jesus Monsivais negaron que se hayan mantenido contacto con alguna de estas agrupaciones sociales.
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Crisógono Sánchez indicó que trabajadores pueden denunciar irregularidades directamente ante la dependencia
Por: Redacción
Crisógono Sánchez Lara, titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), advirtió que las empresas que incumplan con la entrega del aguinaldo podrían ser sancionadas con multas que van desde 25 salarios mínimos hasta un millón y medio de pesos, dependiendo de la gravedad de la falta y de la capacidad económica de cada negocio.
Sánchez Lara recordó que las empresas aún se encuentran dentro del plazo legal para realizar el pago, por lo que, hasta el momento, la dependencia no ha detectado irregularidades.
No obstante, aseguró que la STPS se mantiene en vigilancia permanente y pidió a trabajadoras y trabajadores reportar cualquier anomalía para que la dependencia pueda intervenir a través de su cuerpo de inspectores.
El funcionario explicó que el proceso de sanción inicia con una llamada de atención, y si no hay corrección, se procede con la multa correspondiente. En casos graves o reincidencias, la autoridad laboral incluso podría ordenar el cierre temporal del negocio.
Finalmente, Sánchez Lara reiteró que cada trabajador “es digno de que se respeten todos los derechos que marca la ley”, incluyendo el pago puntual del aguinaldo.
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La nueva certificación fortalecerá a las empresas del estado, ordenará la cadena de proveedores y abrirá más oportunidades de financiamiento y capacitación
Por: Redacción
El diputado local Luis Emilio Rosas Montiel informó que el jueves pasado fue aprobada por unanimidad la iniciativa que presentó en agosto para crear el distintivo institucional “Hecho en San Luis Potosí”, un sello que reconocerá a los productos elaborados en el estado y que busca fortalecer la economía regional.
Rosas Montiel explicó que este distintivo se inspira en la marca federal “Hecho en México”, y que la intención es homologar criterios para que las empresas potosinas que obtengan el sello puedan acceder de manera más sencilla a diversos apoyos, como:
El legislador destacó que uno de los objetivos centrales es incentivar el consumo interno y regional, permitiendo que los ciudadanos identifiquen fácilmente los productos elaborados por familias potosinas. “Que cuando vayamos a una tienda de conveniencia y veamos el sello ‘Hecho en San Luis Potosí’, sepamos que detrás de ese producto hay una familia como la nuestra, trabajando arduamente”, señaló.
Además, el distintivo permitirá ordenar e impulsar la competitividad industrial, ya que facilitará la creación de un atlas de proveedores locales por sector. Esto ayudará al gobierno estatal a negociar mejor y ofrecer información precisa a nuevas inversiones. Por ejemplo, cuando llegue una empresa del sector textil o automotriz, se podrá consultar de inmediato qué empresas potosinas pueden fungir como proveedores.
Rosas Montiel aseguró que esta herramienta contribuirá a generar prosperidad compartida y a fortalecer la cadena de valor local, posicionando a San Luis Potosí como un estado con identidad productiva sólida y atractiva para la inversión.
La nueva certificación fortalecerá a las empresas del estado, ordenará la cadena de proveedores y abrirá más oportunidades de financiamiento y capacitación.
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La dependencia mantiene comunicación con STPS y con varias empresas para cumplir la ley de igualdad salarial
Por: Redacción
Gloria Serrato Sánchez, titular de la Secretaría de las Mujeres e Igualdad Sustantiva de San Luis Potosí, informó que hasta la fecha no se ha registrado ningún caso de mujeres que hayan acudido a la institución por brecha salarial o algún tipo de discriminación salarial.
Agregó que han solicitado a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) trabajar de la mano con las empresas para garantizar la aplicación de la ley sobre igualdad salarial
“La STPS tiene algunas acciones, como un programa de género para las empresas, que les otorga un incentivo o sello distintivo a aquellas que cumplen con la igualdad salarial, pero también fomenta la inclusión laboral”, explicó la titular.
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