octubre 29, 2025

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Propuesta para “administrar” manifestaciones generó rechazo entre activistas

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Los integrantes de organizaciones civiles indicaron que la iniciativa de Antonio Lorca no reconoce los derechos a la libre manifestación

Por: Bernardo Vera

José Antonio Lorca Valle, diputado local en el Congreso del Estado de San Luis Potosí, habló de presentar una iniciativa para “administrar” las manifestaciones en la vía pública, a través de una oficina para resolución de conflictos y, en caso necesario, dar aviso a autoridades de la movilización a realizar. La propuesta fue rechazada por integrantes de diversas organizaciones civiles.

El legislador destacó la importancia de generar una cultura para la resolución de conflictos a través del acercamiento a la autoridad mediante una ventanilla, y atender las solicitudes que se demanden. En caso contrario, se haría el llamado a esta misma oficina con cuatro días de anticipación para movilizar a las autoridades de Protección Civil, Cruz Roja, Policía Vial, entre otras, así como dar a conocer a la ciudadanía sobre el uso de vías alternas.

La autoridad va tener cuatro días para hacer dos cosas; uno, cabildear con ellos para que no se realice la marcha y no haya problemática; y en paralelo, programar a protección civil y Cruz Roja, y anunciar a la ciudadanía las opciones o vías alternas para poder transitar libremente sin quedar atorado en el tráfico y hacer esto extensivo para la mayoría de la gente”.

Lorca Valle señaló que esta propuesta sería presentada al terminar con la ley de movilidad, pues se contempla como un reglamento alterno aplicable para los 58 municipios del estado; agregó que el impacto presupuestal se puede absorber por algún área previa de atención.

Lois Muñoz, integrante del colectivo ‘Movilidad Sostenible’, declaró que esta propuesta no reconocería el derecho a la libre manifestación; indicó que sería mejor que la iniciativa deba encaminarse a la apertura de las autoridades antes que a restringir un derecho, dado que este colectivo ha presentado varias propuestas a diferentes órdenes de gobierno, sin que haya una respuesta.

“Su propuesta deberá de buscar que la sociedad civil tenga siempre las puertas abiertas, antes que encaminarse a restringir las manifestaciones, que es justo la manera de llamar la atención cuando llegó a un punto de no atención a la queja”.

Andrés Costilla, activista de la comunidad LGBT+, declaró que en su caso, las marchas realizadas siguen una planificación, debido a que tienen una agenda específica, pero hay otras que ocurren por algún suceso particular, y no cuentan con la disposición para llamar a la autoridad, además de señalar que la iniciativa no pueda usarse para otros fines.

“Sí es importante que se organicen las manifestaciones, pero otra cosa muy importante, que no se presten para la censura ante situaciones que puedan afectar a la ciudadanía”, declaró Andrés Costilla.

Jesús Monsivais, doctor en Derecho de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y activista por los derechos de la ciudad y la movilidad urbana, calificó la propuesta de administrar la protesta pública como una ocurrencia, que discrimina, criminaliza y estigmatiza a las y los manifestantes, quienes realizan movilizaciones por la ausencia de políticas públicas; solicitó al diputado que conozca sobre el marco jurídico de derechos humanos a nivel nacional e internacional, pues solo exhibe su desconocimiento en la materia.

“Por naturaleza, el derecho a la manifestación y a la reunión es imprescindible para el equilibrio democrático. No podemos concebir a las calles y a los espacios públicos solamente como ámbitos de circulación; también son espacios de participación democrática”, señaló.

El diputado aseguró en entrevista, que se ha acercado a grupos sociales y representantes de colectivos. Sin embargo, tanto Lois Muñoz, Andrés Costilla como Jesus Monsivais negaron que se hayan mantenido contacto con alguna de estas agrupaciones sociales.

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Gallardo exige sanciones por desvío millonario del proyecto de la Red Metro

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Pidió a la Fiscalía acelerar procesos y aplicar la ley a ex funcionarios del sexenio de Carreras

Por: Redacción

Ricardo Gallardo Cardona, gobernador de San Luis Potosí, exhortó a la Fiscalía General del Estado (FGE) a actuar con firmeza en las investigaciones sobre el presunto desvío de 360 millones de pesos del proyecto de la Red Metro, financiado originalmente por Banobras durante el sexenio de Juan Manuel Carreras López.

El mandatario afirmó que el caso “va muy adelantado” y que ya hay responsables señalados, como Leopoldo “N”, ex titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obra Pública (Seduvop), procesadó por 180 millones de pesos, quien, según Gallardo, debería estar bajo arraigo domiciliario, pero “se le ha visto en tiendas, normal, como si nada”.

“La Fiscalía debe empezar ya a apretar un poquito, de no ser tan omisa y no permitir que si están en arraigo domiciliario, lo cumplan. Si no, que los regresen al centro de reinserción”, expresó.

Gallardo recordó que el proyecto de la Red Metro nunca se concretó pese al uso de recursos públicos y criticó al ex gobernador Carreras por “simular” una inauguración poco antes de dejar el cargo.

“Fue una burla lo que hizo al subirse a un camioncito rentado una semana antes de irse, simulando que arrancaba la Red Metro. Es un cinismo con el que muchos potosinos ya no podemos”, agregó.

El gobernador calificó el caso como parte de “la maldita herencia”, expresión con la que resume las irregularidades de administraciones pasadas.

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Ciudad

Se detectan fiestas clandestinas cada fin de semana en la capital: Galindo

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Ciberpolicía rastrea redes sociales para ubicar convocatorias; los eventos se realizan en casas o locales rentados sin permisos ni medidas de seguridad

Por: Redacción

Enrique Galindo Ceballos, alcalde de la capital potosina, reconoció que las fiestas clandestinas se han convertido en un problema recurrente en San Luis Potosí, con reportes prácticamente cada fin de semana.

De acuerdo con el edil, se han detectado entre dos y tres eventos de este tipo por semana, organizados principalmente en casas, terrenos o locales rentados con otros giros comerciales para evadir la supervisión de las autoridades.

“Después de lo que sucedió con el Rich, hice un compromiso: eso no se debería repetir. Y aunque ya no pasa en lugares establecidos, sí ocurre en sitios clandestinos, lo que es aún más grave”, señaló Galindo.

El alcalde advirtió que estos espacios son especialmente peligrosos porque carecen de medidas básicas de seguridad: no cuentan con baños, planes de emergencia ni permisos de Protección Civil; tampoco hay control sobre el acceso de menore

s ni garantía sobre el tipo de alcohol que se consume.

Para su detección, el Ayuntamiento ha recurrido a la ciberpolicía, que monitorea redes sociales y plataformas donde circulan las invitaciones. Con ello se busca anticipar la venta y el consumo de bebidas alcohólicas antes de que los eventos comiencen.

Finalmente, Galindo lanzó dos llamados: A quienes rentan inmuebles, para que verifiquen quién contrata los espacios y con qué propósito. A los padres de familia, para que supervisen las actividades y horarios de sus hijos, sobre todo si son menores de edad, pues muchas de estas fiestas se prolongan hasta la madrugada.

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No más mesas de dialogo con Uber, SCT busca sancionar a plataforma

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Araceli Martínez Acosta busca garantizar transporte seguro tras una agresión sexual perpetrada por un conductor de aplicación

Por: Redacción

Araceli Martínez Acosta, titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) de San Luis Potosí, anunció que no habrá más mesas de diálogo con Uber. Explicó que lo fundamental ahora es legislar para sancionar a las empresas que incumplen con las leyes locales de transporte.

Lo que nosotros estamos buscando es una reforma que sancione a las empresas por el incumplimiento o por la falta de registro. Así como está la ley, primero deben registrarse las empresas y después registrar a sus conductores o socios”, precisó.

Martínez Acosta señaló que la dependencia debe tener la facultad de autorizar el número de personas que podrán brindar el servicio bajo esta modalidad. Para ello, la SCT requiere realizar un estudio de factibilidad que garantice que el número de vehículos autorizados no afecte la economía ni el trabajo de los concesionarios del servicio de taxi.

Asimismo, aclaró que los taxistas no se oponen a las plataformas digitales, sino que su inconformidad radica en el número desmedido de vehículos que operan sin control. Agregó que ya existe un diálogo avanzado con el gremio de taxistas y algunos grupos de operadores de plataformas

.

Como ejemplo, mencionó el caso reciente de una mujer víctima de violación por parte de un conductor de plataforma. Destacó que la autoridad no tenía registro del vehículo ni del agresor, lo que evidenció la falta de controles sobre los operadores, como verificaciones psicométricas o toxicológicas.

Finalmente, la funcionaria indicó que la regulación de las plataformas se realizará en coordinación con el Congreso del Estado, con la posibilidad de modificar las leyes locales o generales para sancionar a las empresas internacionales sin domicilio legal en la entidad.

Por ahora, no se tiene un número exacto de vehículos de plataformas digitales que circulan en San Luis Potosí, ya que operan con placas particulares, fuera del registro estatal.

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