octubre 20, 2026

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Propuesta para “administrar” manifestaciones generó rechazo entre activistas

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Los integrantes de organizaciones civiles indicaron que la iniciativa de Antonio Lorca no reconoce los derechos a la libre manifestación

Por: Bernardo Vera

José Antonio Lorca Valle, diputado local en el Congreso del Estado de San Luis Potosí, habló de presentar una iniciativa para “administrar” las manifestaciones en la vía pública, a través de una oficina para resolución de conflictos y, en caso necesario, dar aviso a autoridades de la movilización a realizar. La propuesta fue rechazada por integrantes de diversas organizaciones civiles.

El legislador destacó la importancia de generar una cultura para la resolución de conflictos a través del acercamiento a la autoridad mediante una ventanilla, y atender las solicitudes que se demanden. En caso contrario, se haría el llamado a esta misma oficina con cuatro días de anticipación para movilizar a las autoridades de Protección Civil, Cruz Roja, Policía Vial, entre otras, así como dar a conocer a la ciudadanía sobre el uso de vías alternas.

“La autoridad va tener cuatro días para hacer dos cosas; uno, cabildear con ellos para que no se realice la marcha y no haya problemática; y en paralelo, programar a protección civil y Cruz Roja, y anunciar a la ciudadanía las opciones o vías alternas para poder transitar libremente sin quedar atorado en el tráfico y hacer esto extensivo para la mayoría de la gente”.

Lorca Valle señaló que esta propuesta sería presentada al terminar con la ley de movilidad, pues se contempla como un reglamento alterno aplicable para los 58 municipios del estado; agregó que el impacto presupuestal se puede absorber por algún área previa de atención.

Lois Muñoz, integrante del colectivo ‘Movilidad Sostenible’, declaró que esta propuesta no reconocería el derecho a la libre manifestación; indicó que sería mejor que la iniciativa deba encaminarse a la apertura de las autoridades antes que a restringir un derecho, dado que este colectivo ha presentado varias propuestas a diferentes órdenes de gobierno, sin que haya una respuesta.

“Su propuesta deberá de buscar que la sociedad civil tenga siempre las puertas abiertas, antes que encaminarse a restringir las manifestaciones, que es justo la manera de llamar la atención cuando llegó a un punto de no atención a la queja”.

Andrés Costilla, activista de la comunidad LGBT+, declaró que en su caso, las marchas realizadas siguen una planificación, debido a que tienen una agenda específica, pero hay otras que ocurren por algún suceso particular, y no cuentan con la disposición para llamar a la autoridad, además de señalar que la iniciativa no pueda usarse para otros fines.

“Sí es importante que se organicen las manifestaciones, pero otra cosa muy importante, que no se presten para la censura ante situaciones que puedan afectar a la ciudadanía”, declaró Andrés Costilla.

Jesús Monsivais, doctor en Derecho de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y activista por los derechos de la ciudad y la movilidad urbana, calificó la propuesta de administrar la protesta pública como una ocurrencia, que discrimina, criminaliza y estigmatiza a las y los manifestantes, quienes realizan movilizaciones por la ausencia de políticas públicas; solicitó al diputado que conozca sobre el marco jurídico de derechos humanos a nivel nacional e internacional, pues solo exhibe su desconocimiento en la materia.

“Por naturaleza, el derecho a la manifestación y a la reunión es imprescindible para el equilibrio democrático. No podemos concebir a las calles y a los espacios públicos solamente como ámbitos de circulación; también son espacios de participación democrática”, señaló.

El diputado aseguró en entrevista, que se ha acercado a grupos sociales y representantes de colectivos. Sin embargo, tanto Lois Muñoz, Andrés Costilla como Jesus Monsivais negaron que se hayan mantenido contacto con alguna de estas agrupaciones sociales.

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Semujeres ofrece pruebas de VPH y autoexploración en 33 centros libres

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Roxanna Hernández dijo que la dependencia trabaja con Servicios de Salud para llevar la prevención a comunidades del interior del estado

Por: Redacción

La Secretaría de las Mujeres e Igualdad Sustantiva (Semujeres) pone a disposición sus 33 centros libres para pruebas de VPH y autoexploración, en coordinación con los Servicios de Salud, con motivo del Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama, informó Roxanna Hernández Ramírez, titular de la dependencia.

Hernández Ramírez explicó que cada centro cuenta con una abogada, una psicóloga y una trabajadora social, y que la Secretaría los ofrece para la detección oportuna del virus del papiloma humano (VPH), prevención del cáncer cervicouterino, y para la autoexploración de mama. En caso de urgencia, dijo, las mujeres se canalizan a los Servicios de Salud, que son quienes realizan los estudios.

Señaló que el arranque nacional de la autoexploración se realizó en Tamazunchale, de la mano de la Secretaría de Salud, y que fue la primera vez que ocurre en el país. Según dijo, el objetivo es romper con los tabúes, los estereotipos y la estigmatización, porque en el interior del estado muchas mujeres no quieren realizarse la prueba de VPH ni la autoexploración.

Mencionó también las brigadas Visitando Corazones, que se despliegan en el estado, y a las delegadas regionales de la Secretaría, que dan seguimiento a los centros libres para canalizar con mayor rapidez a las mujeres del interior.

El pasado sábado, la Dirección de Igualdad Sustantiva organizó una jornada de corte de cabello para que mujeres donen el suyo a pacientes oncológicas, con el que se elaborarán pelucas gratuitas. Hernández Ramírez dijo que, junto con estéticas, la Secretaría creará un distintivo para quienes donen cabello durante todo el año, y que habrá psicólogas disponibles en el estado para acompañar el proceso.

Hernández Ramírez asumió la dirección de Semujeres en agosto, tras la salida de Gloria Serrato Sánchez, quien fue encargada de despacho poco más de un año.

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Ciudad

12 kilómetros de ducto dañado frenan el agua de El Realito: Galindo

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Enrique Galindo dijo que el Ayuntamiento no tiene injerencia jurídica en el acueducto y solo paga el agua

Por: Redacción

Enrique Galindo Ceballos, alcalde de San Luis Potosí, afirmó que si el municipio tuviera facultades, este año habría invertido entre 80 y 100 millones de pesos. Ese dinero se habría usado para reparar los 12 kilómetros dañados del ducto de El Realito.

Explicó que el Ayuntamiento de San Luis Potosí no puede opinar, intervenir ni invertir en esa infraestructura. “Jurídicamente es muy complejo, no tenemos ninguna injerencia, solo nos cobran“, dijo.

“Dependemos del agua de El Realito. Usamos el agua cuando hay, es muy difícil”, señaló el alcalde.

Al preguntarle si no se puede hacer nada, respondió: “No se puede hacer nada, lo haremos en el futuro, pero ahorita no podemos hacer nada”.

De acuerdo con el Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado (Interapas), el acueducto acumula 76 fallas desde 2021, que suman 295 días

sin envío de agua a la zona metropolitana.

La concesión federal del agua está a nombre del Gobierno del Estado de San Luis Potosí. Una administración estatal anterior delegó la operación del acueducto en una empresa española mediante contrato. Así lo explicó en septiembre Darío Fernando González Castillo, director de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) en San Luis Potosí.

La dependencia federal da acompañamiento jurídico a la Comisión Estatal del Agua (CEA) para explorar una rescisión o una mediación con la operadora. La CEA prepara además un proyecto para rehabilitar un tramo de 14 kilómetros en la zona de Tierra Nueva, que Conagua identificó como el de mayores problemas.

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Torres Sánchez promete entregar bulevar Río Santiago a fin de año

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Guadalupe Torres afirmó que ya se reanudaron trabajos en algunos tramos tras las suspensiones legales

Por: Redacción

El Gobierno del Estado entregará a finales de este año la obra de Río Santiago, afirmó J. Guadalupe Torres Sánchez, secretario General de Gobierno, durante la comparecencia ante el Congreso del Estado por el quinto informe de gobierno de Ricardo Gallardo Cardona.

Torres Sánchez dijo que la obra estuvo suspendida por «acciones legaloides» de integrantes de la «herencia maldita», que según afirmó han buscado paralizar obras durante casi todo el sexenio. Señaló que en algunos tramos los trabajos ya se reanudaron y dijo estar seguro de que se terminará en tiempo.

Como otro ejemplo mencionó la zona de San Miguelito, que según dijo estuvo detenida más de un año porque quisieron impedir la rehabilitación de sus calles. «Finalmente lo logramos», señaló. Afirmó que han tenido la razón en todos los asuntos legales y que quienes los promovieron «no han ganado ni un solo asunto

».

La ampliación del bulevar Río Santiago estuvo detenida desde 2025 por amparos. Un juzgado federal concedió a la asociación civil Cambio de Ruta una suspensión por la tala y remoción de vegetación del trazo sin estudio de impacto ambiental aprobado, medida que obligó a evitar talar o remover árboles urbanos. Gallardo Cardona confirmó el 23 de agosto que los amparos ya se resolvieron.

La obra, de alrededor de 10 kilómetros, arrancó en marzo de 2024 con una inversión estimada por el Gobierno del Estado en 925 millones de pesos. La Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas (Seduvop) prevé entregarla por etapas, kilómetro por kilómetro desde Circuito Potosí.

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Opinión

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