Destacadas
Propuesta para “administrar” manifestaciones generó rechazo entre activistas
Los integrantes de organizaciones civiles indicaron que la iniciativa de Antonio Lorca no reconoce los derechos a la libre manifestación
Por: Bernardo Vera
José Antonio Lorca Valle, diputado local en el Congreso del Estado de San Luis Potosí, habló de presentar una iniciativa para “administrar” las manifestaciones en la vía pública, a través de una oficina para resolución de conflictos y, en caso necesario, dar aviso a autoridades de la movilización a realizar. La propuesta fue rechazada por integrantes de diversas organizaciones civiles.
El legislador destacó la importancia de generar una cultura para la resolución de conflictos a través del acercamiento a la autoridad mediante una ventanilla, y atender las solicitudes que se demanden. En caso contrario, se haría el llamado a esta misma oficina con cuatro días de anticipación para movilizar a las autoridades de Protección Civil, Cruz Roja, Policía Vial, entre otras, así como dar a conocer a la ciudadanía sobre el uso de vías alternas.
“La autoridad va tener cuatro días para hacer dos cosas; uno, cabildear con ellos para que no se realice la marcha y no haya problemática; y en paralelo, programar a protección civil y Cruz Roja, y anunciar a la ciudadanía las opciones o vías alternas para poder transitar libremente sin quedar atorado en el tráfico y hacer esto extensivo para la mayoría de la gente”.
Lorca Valle señaló que esta propuesta sería presentada al terminar con la ley de movilidad, pues se contempla como un reglamento alterno aplicable para los 58 municipios del estado; agregó que el impacto presupuestal se puede absorber por algún área previa de atención.
Lois Muñoz, integrante del colectivo ‘Movilidad Sostenible’, declaró que esta propuesta no reconocería el derecho a la libre manifestación; indicó que sería mejor que la iniciativa deba encaminarse a la apertura de las autoridades antes que a restringir un derecho, dado que este colectivo ha presentado varias propuestas a diferentes órdenes de gobierno, sin que haya una respuesta.
“Su propuesta deberá de buscar que la sociedad civil tenga siempre las puertas abiertas, antes que encaminarse a restringir las manifestaciones, que es justo la manera de llamar la atención cuando llegó a un punto de no atención a la queja”.
Andrés Costilla, activista de la comunidad LGBT+, declaró que en su caso, las marchas realizadas siguen una planificación, debido a que tienen una agenda específica, pero hay otras que ocurren por algún suceso particular, y no cuentan con la disposición para llamar a la autoridad, además de señalar que la iniciativa no pueda usarse para otros fines.
“Sí es importante que se organicen las manifestaciones, pero otra cosa muy importante, que no se presten para la censura ante situaciones que puedan afectar a la ciudadanía”, declaró Andrés Costilla.
Jesús Monsivais, doctor en Derecho de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y activista por los derechos de la ciudad y la movilidad urbana, calificó la propuesta de administrar la protesta pública como una ocurrencia, que discrimina, criminaliza y estigmatiza a las y los manifestantes, quienes realizan movilizaciones por la ausencia de políticas públicas; solicitó al diputado que conozca sobre el marco jurídico de derechos humanos a nivel nacional e internacional, pues solo exhibe su desconocimiento en la materia.
“Por naturaleza, el derecho a la manifestación y a la reunión es imprescindible para el equilibrio democrático. No podemos concebir a las calles y a los espacios públicos solamente como ámbitos de circulación; también son espacios de participación democrática”, señaló.
El diputado aseguró en entrevista, que se ha acercado a grupos sociales y representantes de colectivos. Sin embargo, tanto Lois Muñoz, Andrés Costilla como Jesus Monsivais negaron que se hayan mantenido contacto con alguna de estas agrupaciones sociales.
También lee: 30 funcionarios estarían involucrados en el desvío de recursos de la Red Metro
Los citatorios se abrieron para diez ciudadanos de Sinaloa, mientras que uno alterno incluyó a funcionarios de Chihuahua
Por: Roberto Mendoza
La Fiscalía General de la República (FGR) abrió citatorios para diez ciudadanos del estado de Sinaloa, entre los que se encuentra el gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya, como parte de una investigación derivada de una acusación formal presentada ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York, Estados Unidos.
Sobre esta primera acción ministerial, la dependencia federal determinó: “dichas personas están siendo citadas a rendir entrevista en sede del Ministerio Público de la Federación, con la finalidad de avanzar con seriedad y exhaustividad“.
Dentro del expediente judicial radicado en la corte estadounidense se incluye al senador en activo Enrique Inzunza, exsecretario general de Gobierno de Sinaloa. A diferencia del mandatario estatal con licencia, el legislador conserva su escaño y fuero constitucional; su última ubicación reportada en territorio sinaloense data del 10 de mayo, tras registrar ausencias en sus funciones legislativas desde finales de abril.
De forma paralela a esta indagatoria, la instancia de procuración de justicia federal desarrolla una investigación en curso requiriendo la presencia de autoridades de Chihuahua por la cadena de mando en el operativo realizado en la Sierra del Pinal los días 17 y 18 de abril.
Respecto a este caso, el órgano autónomo detalló: “están siendo citados a comparecer, en calidad de testigos, la gobernadora constitucional del estado y el ex fiscal General de Justicia de esa entidad, a fin de que les sea recabada la entrevista ministerial encaminada al esclarecimiento de los hechos que se investigan”.
Los requerimientos ministeriales ejecutados responden al seguimiento de las operaciones logísticas en ambas entidades y a las acciones pertinentes de los respectivos planes de investigación.
Para fundamentar el alcance de las comparecencias y entrevistas en sede federal, la institución de justicia precisó: “En ambos casos se actúa de conformidad con las correspondientes atribuciones constitucionales y legales, así como con plena sujeción al debido proceso”.
También lee: Sheinbaum propondrá reforma para evitar más candidatos con vínculos al crimen organizado
La gobernadora en persona recibe el documento, asegura que se presentará aun con fuero
Por: Roberto Mendoza
Dos agentes ministeriales de la Fiscalía General de la República (FGR) acudieron este 23 de mayo al Palacio de Gobierno de Chihuahua para notificar el requerimiento oficial a la gobernadora del estado, María Eugenia Campos Galván, quien garantizó su asistencia programada para el próximo miércoles 27 de mayo a las 10:00 horas: “Ahí estaremos, porque siempre he dado la cara”, aseguró.
El origen del citatorio ministerial responde a la investigación federal iniciada tras el desmantelamiento de un laboratorio clandestino el pasado 19 de abril en el municipio de Morelos.
La indagatoria, documentada, examina la participación operativa de dos agentes estadounidenses en territorio estatal con apoyo de la Agencia Estatal de Investigación, con el objetivo de determinar si la administración de Chihuahua violó la Constitución y la Ley de Seguridad Nacional.
Ante el requerimiento de la autoridad federal, la mandataria estatal abordó su situación jurídica frente a la protección constitucional de su cargo y estableció un contraste operativo respecto a las indagatorias dirigidas a otros ejecutivos estatales: “Voy a tener que estar en la FGR compareciendo, aunque yo una servidora tenga fuero constitucional. ¿con Rubén Rocha no se le ha pedido comparecer, ni a ningún otro gobernador de este país?
La integración de la carpeta de investigación a cargo del Ministerio Público de la Federación contempla hasta el momento la emisión de citatorios previos dirigidos a 50 funcionarios estatales, como parte de las diligencias para establecer si las autoridades locales incurrieron en una invasión de competencias de jurisdicción federal.
También lee: Sheinbaum propondrá reforma para evitar más candidatos con vínculos al crimen organizado
Se establecieron acciones para protección de animales de trabajo y especies de animales silvestres
Por: Redacción
A propuesta de la diputada Nancy Jeanine García Martínez, el Pleno del Congreso del Estado aprobó reformas a diversos artículos de la Ley de Protección a los Animales para el Estado de San Luis Potosí, a fin de fortalecer la legislación en la materia.
Entre las reformas, se incorpora en el apartado de animales de trabajo, a los animales para uso de labranza, y establecer claramente a las autoridades encargadas de la atención animal a la persona titular del Poder Ejecutivo.
Se establece también que el Gobierno del Estado, por conducto de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Recursos Hidráulicos, coadyuvará con la Federación y los Municipios, en levantar y mantener actualizados el inventario de la población animal silvestre existente en la Entidad.
Y además, se establecen atribuciones para crear reservas y salvaguardar las especies de animales silvestres.
La legisladora García Martínez expresó que con estas modificaciones se brinda certeza jurídica en las responsabilidades de las autoridades, “y también se incorpora la protección de la vida silvestre, y con ello se protege también la biodiversidad de nuestras especies”.
También lee: Gallardo perfila cierre de sexenio con más movilidad e infraestructura
-
Destacadas2 añosCon 4 meses trabajando, jefa de control de abasto del IMSS se va de vacaciones a Jerusalén, echando mentiras
-
Ciudad3 años
¿Cuándo abrirá The Park en SLP y qué tiendas tendrá?
-
Ciudad4 años
Tornillo Vázquez, la joven estrella del rap potosino
-
Destacadas5 años
“SLP pasaría a semáforo rojo este viernes”: Andreu Comas
-
Ciudad3 años
Crudo, el club secreto oculto en el Centro Histórico de SLP
-
Estado3 años
A partir de enero de 2024 ya no se cobrarán estacionamientos de centros comerciales
-
#4 Tiempos3 años
La disputa por el triángulo dorado de SLP | Columna de Luis Moreno
-
Destacadas4 años
SLP podría volver en enero a clases online
