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“Programa de detención de motociclistas en SLP es anticonstitucional”: Vizcaíno
El experto en seguridad afirmó que viola el derecho al libre tránsito de las personas y puede prestarse a las extorsiones policiacas
Por: Itzel Márquez
La Policía Municipal capitalina comenzó a hacer detenciones aleatorias a motociclistas como medida para prevenir posibles crímenes en San Luis Potosí. La Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) ha dicho que el operativo podría ser una violación al derecho de libre tránsito, por ello inició una investigación de oficio. La Orquesta conversó con Álvaro Vizcaíno, experto en temas de seguridad y ex secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, y con usuarios de ese medio de transporte para conocer sus opiniones.
Álvaro Vizcaíno calificó este operativo como inconstitucional: “todo retén es inconstitucional, pues viola el principio de libre tránsito, estipulado en el Artículo 11 Constitucional, y el principio de legalidad que dice que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, posesiones o papeles sin un mandato que funde o motive esto”.
La CEDH se posicionó esta semana sobre el operativa; sin embargo, no con la contundencia del experto, ya que manifestó que solicitará a las policías municipales de la capital y Soledad que “para efectos de la implementación de esta estrategia, se adopten medidas que garanticen el respeto a la libertad de tránsito y a la legalidad y seguridad jurídica”.
Vizcaíno acotó que hay escenarios en los que sí se puede detener al conductor de un vehículo, siempre y cuando: “exista sospecha razonable y objetiva de que está cometiendo un delito, la motocicleta tenga reporte de robo o cuando el conductor haya cometido una infracción como pasarse un alto o no traer casco. Si no se cumple ninguna de las condiciones antes mencionadas para detener a un motociclista, entonces la acción sería inconstitucional”.
El experto apuntó que existen quienes defienden la medida basados en que el Código Nacional de Procedimientos Penales en los artículos 251, 266 y 268 dice que la policía no necesita autorización para realizar revisiones, “pero ningún código puede ir por encima de la Constitución”.
El ex secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública añadió que esta acción: “se puede prestar a abuso por parte de la autoridad. Los policías primero deben investigar para después detener, procesar la información con el sistema de registro vehicular y los arcos lectores pueden ser una medida práctica, pero las detenciones también generan actos de molestia a los ciudadanos”.
¿QUÉ DICEN LOS MOTOCICLISTAS?
Tres usuarios, dos hombres y una mujer, que utilizan motocicletas en su día a día, accedieron a dar sus puntos de vista: 
Jesús Andrés Charqueño, utiliza dicho vehículo en sus actividades laborales desde hace tres años y por elección desde hace seis años, afirmó que es positivo el programa de revisión. “Me parece una excelente medida de prevención, he sido asaltado en motocicletas que son robadas, y también, me han robado dos motos, con la medida se podrían recuperar más vehículos”.
Desde hace diez años, Guadalupe Hernández, se transporta en motocicleta, ya que le ve varias ventajas sobre un automóvil y el transporte público, no obstante, consideró que algunas veces los automovilistas no respetan a quienes usan motocicleta y es un lugar público es más fácil que la hurten a que roben un automóvil:
“Me encanta la idea de que revisen a los motociclistas, porque si los policías hacen bien su trabajo, van a ayudar a detectar a los delincuentes. Fui víctima del robo de mi moto y no la encontré jamás, el programa puede ser muy bueno. En otra ocasión, iban dos tipos en una moto e intentaron jalar mi bolso cuando esperaba un camión. El que detengan a motociclistas y les hagan una inspección se me hace muy buena idea, podría decir que para mí, sería más efectivo que los alcoholímetros en cuanto a seguridad, sobre todo en las colonias más inseguras como Prados o Satélite”.
Por último, Francisco Escobar Delgado, quien pertenece a un club de motocicletas, declaró: “todo operativo que sea implementado debe dar buenos resultados, siempre y cuando se apegue al derecho y no de pie a la extorsión y abuso de autoridad. Más que diseñar e implementar este tipo de programas, deberían antes capacitar a los elementos de seguridad en las áreas necesarias para que se desempeñen como debe ser, y no solo es cuestión de los elementos de seguridad, si no también a los altos mandos, ahí radica la raíz de la extorsión”.
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El incidente se suscitó en el tramo Matehuala – San Luis Potosí de la ruta federal
Por: Redacción
Integrantes del equipo de logística y avanzada de la presidenta Claudia Sheinbaum fueron asaltados en San Luis Potosí mientras transitaban el tramo Matehuala – San Luis de la carretera federal 57.
El equipo acompañó el fin de semana a la presidenta en la inauguración de la nueva Agencia Nacional de Aduanas, y mientras regresaban por tierra a la Ciudad de México, habrían sido interceptados a la altura de El Huizache, en Guadalcázar.
Una vez detenidos, los delincuentes les quitaron dinero en efectivo, así como cámaras, teléfonos celulares, equipos de comunicación y pertenencias personales. No se han reportado personas lesionadas.
Tras el suceso, se habría implementado un operativo en El Huizache con el fin de identificar a los perpetradores. Al momento, desde la Presidencia no se ha emitido ninguna información al respecto.
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Paty Aradillas mencionó que el análisis se encuentra en etapa técnica y administrativa: no hay una fecha definida para la separación
Por: Redacción
Patricia Aradillas Aradillas, presidenta concejal de Villa de Pozos, confirmó que el municipio se encuentra realizando un análisis técnico y administrativo para dejar de depender del organismo operador Interapas y asumir directamente el control del servicio de agua potable y drenaje.
La funcionaria explicó que, si bien existe un convenio vigente con Interapas, las fallas recurrentes en la infraestructura hidráulica
Aradillas Aradillas subrayó que el acceso al agua es una necesidad básica, por lo que el municipio no puede permanecer ajeno a las deficiencias en el servicio, aun cuando la responsabilidad operativa recaiga actualmente en el organismo intermunicipal.
Indicó que la mayoría de los reportes ciudadanos están relacionados con drenajes colapsados y fugas, lo que evidencia la urgencia de replantear el esquema de operación del sistema hidráulico en Villa de Pozos.
Aunque aclaró que no existe una fecha definida para una eventual separación, señaló que el tema se encuentra en fase de estudio, y que una vez concluido el análisis se dará a conocer información más concreta sobre el futuro del servicio.
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Tras la denuncia del sindicato de Villa Juárez, el mandatario señaló el abandono de algunas autoridades
Por: Redacción
Ricardo Gallardo Cardona, gobernador de San Luis Potosí, calificó como “una burla” que trabajadores del Ayuntamiento de Villa Juárez perciban salarios por debajo del mínimo legal, luego de que el sindicato municipal presentara una denuncia formal por presuntas violaciones a la legislación laboral.
Al ser cuestionado sobre el tema, el mandatario estatal lamentó que este tipo de prácticas sigan ocurriendo en distintos puntos del país y las atribuyó a la falta de sentido humano por parte de algunas autoridades municipales. Aclaró que su señalamiento no se limita exclusivamente a Villa Juárez, sino que responde a un problema estructural que se repite en diversos gobiernos locales.
Gallardo Cardona subrayó que en San Luis Potosí ya se han comenzado a implementar medidas para frenar este tipo de abusos, y puso como ejemplo la reforma que entrará en vigor en febrero, mediante la cual se obliga a los municipios a incrementar el salario de los policías municipales. Advirtió que los alcaldes que no acaten esta disposición serán sancionados directamente, al tratarse de una responsabilidad legal y administrativa.
Las declaraciones del gobernador se dan en el contexto de una denuncia presentada por el Comité del Sindicato Único de Trabajadores y Empleados al Servicio del Ayuntamiento de Villa Juárez
De acuerdo con el documento dirigido a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social del Estado, estas prácticas se han mantenido de manera constante durante los años 2022, 2023, 2024 y 2025, situación que —según el sindicato— viola tanto la Ley Federal del Trabajo como la legislación estatal que regula a los trabajadores al servicio de instituciones públicas.
El sindicato también señaló que los salarios pagados se encuentran establecidos en un tabulador publicado en el Periódico Oficial del Estado en enero de 2025, lo que consideran una contradicción legal al tratarse de un documento oficial que avala percepciones inferiores al mínimo permitido.
Ante ello, los trabajadores solicitaron la intervención de las autoridades estatales para que se investigue el caso, se regularicen los salarios y se apliquen las sanciones correspondientes al gobierno municipal responsable, con el objetivo de garantizar el respeto a sus derechos laborales.
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