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“Programa de detención de motociclistas en SLP es anticonstitucional”: Vizcaíno
El experto en seguridad afirmó que viola el derecho al libre tránsito de las personas y puede prestarse a las extorsiones policiacas
Por: Itzel Márquez
La Policía Municipal capitalina comenzó a hacer detenciones aleatorias a motociclistas como medida para prevenir posibles crímenes en San Luis Potosí. La Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) ha dicho que el operativo podría ser una violación al derecho de libre tránsito, por ello inició una investigación de oficio. La Orquesta conversó con Álvaro Vizcaíno, experto en temas de seguridad y ex secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, y con usuarios de ese medio de transporte para conocer sus opiniones.
Álvaro Vizcaíno calificó este operativo como inconstitucional: “todo retén es inconstitucional, pues viola el principio de libre tránsito, estipulado en el Artículo 11 Constitucional, y el principio de legalidad que dice que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, posesiones o papeles sin un mandato que funde o motive esto”.
La CEDH se posicionó esta semana sobre el operativa; sin embargo, no con la contundencia del experto, ya que manifestó que solicitará a las policías municipales de la capital y Soledad que “para efectos de la implementación de esta estrategia, se adopten medidas que garanticen el respeto a la libertad de tránsito y a la legalidad y seguridad jurídica”.
Vizcaíno acotó que hay escenarios en los que sí se puede detener al conductor de un vehículo, siempre y cuando: “exista sospecha razonable y objetiva de que está cometiendo un delito, la motocicleta tenga reporte de robo o cuando el conductor haya cometido una infracción como pasarse un alto o no traer casco. Si no se cumple ninguna de las condiciones antes mencionadas para detener a un motociclista, entonces la acción sería inconstitucional”.
El experto apuntó que existen quienes defienden la medida basados en que el Código Nacional de Procedimientos Penales en los artículos 251, 266 y 268 dice que la policía no necesita autorización para realizar revisiones, “pero ningún código puede ir por encima de la Constitución”.
El ex secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública añadió que esta acción: “se puede prestar a abuso por parte de la autoridad. Los policías primero deben investigar para después detener, procesar la información con el sistema de registro vehicular y los arcos lectores pueden ser una medida práctica, pero las detenciones también generan actos de molestia a los ciudadanos”.
¿QUÉ DICEN LOS MOTOCICLISTAS?
Tres usuarios, dos hombres y una mujer, que utilizan motocicletas en su día a día, accedieron a dar sus puntos de vista: 
Jesús Andrés Charqueño, utiliza dicho vehículo en sus actividades laborales desde hace tres años y por elección desde hace seis años, afirmó que es positivo el programa de revisión. “Me parece una excelente medida de prevención, he sido asaltado en motocicletas que son robadas, y también, me han robado dos motos, con la medida se podrían recuperar más vehículos”.
Desde hace diez años, Guadalupe Hernández, se transporta en motocicleta, ya que le ve varias ventajas sobre un automóvil y el transporte público, no obstante, consideró que algunas veces los automovilistas no respetan a quienes usan motocicleta y es un lugar público es más fácil que la hurten a que roben un automóvil:
“Me encanta la idea de que revisen a los motociclistas, porque si los policías hacen bien su trabajo, van a ayudar a detectar a los delincuentes. Fui víctima del robo de mi moto y no la encontré jamás, el programa puede ser muy bueno. En otra ocasión, iban dos tipos en una moto e intentaron jalar mi bolso cuando esperaba un camión. El que detengan a motociclistas y les hagan una inspección se me hace muy buena idea, podría decir que para mí, sería más efectivo que los alcoholímetros en cuanto a seguridad, sobre todo en las colonias más inseguras como Prados o Satélite”.
Por último, Francisco Escobar Delgado, quien pertenece a un club de motocicletas, declaró: “todo operativo que sea implementado debe dar buenos resultados, siempre y cuando se apegue al derecho y no de pie a la extorsión y abuso de autoridad. Más que diseñar e implementar este tipo de programas, deberían antes capacitar a los elementos de seguridad en las áreas necesarias para que se desempeñen como debe ser, y no solo es cuestión de los elementos de seguridad, si no también a los altos mandos, ahí radica la raíz de la extorsión”.
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Se autorizan aguinaldo de 45 días, bono de “día 7” y devolución del ISR; se repartirán 38 millones entre todos los empleados del municipio
Por: Ana G Silva y Jorge Saldaña
La Comisión de Hacienda del recién creado municipio de Villa de Pozos aprobó una adecuación presupuestal que permitirá entregar prestaciones de fin de año extraordinarias a todos los trabajadores municipales, incluidos los 12 concejales, quienes recibirán un paquete que supera los 200 mil pesos por persona.
De acuerdo a la minuta de la comisión que sesionó el martes pasado por la mañana en poder de este medio, los concejales se autorizaron:
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45 días de aguinaldo (cuando la ley marca un mínimo de 15).
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El pago del llamado “día 7”, que corresponde a los siete días adicionales de los siete meses con 31 días que no se cubren en las quincenas.
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La devolución total del ISR retenido en el aguinaldo, otorgado como prestación o bono.
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Compensaciones adicionales contempladas en el capítulo 1000 del presupuesto.
Sumando su salario mensual aproximado de 28 mil pesos, el aguinaldo ampliado (45 días), el pago del “día 7” y el retorno del ISR, el monto por concejal asciende a unos 200 mil pesos.
El documento incluye una instrucción explícita:
la Tesorería deberá retener el ISR al trabajador y, a la vez, otorgarlo como bono, mientras el municipio paga al SAT la misma cantidad. En la práctica, se trata de una devolución total del impuesto, una práctica poco común en administraciones municipales.
Las prestaciones aprobadas representan un total de 38 millones de pesos, casi el 8% del presupuesto anual de Villa de Pozos, que asciende a alrededor de 500 millones.
La Comisión de Hacienda pidió al tesorero municipal confirmar si existía suficiencia presupuestal para cubrir el gasto. El tesorero, José Luis González Acosta, respondió por escrito: “Sí se cuenta con suficiencia presupuestaria para atender las prestaciones de fin de año.”
El dictamen incluye aguinaldos, gratificaciones, compensaciones a personal por honorarios, pagos de “día 7” y la restitución del ISR para personal operativo, funcionarios y autoridades.
De aprobarse mañana en Cabildo, el paquete quedará formalmente autorizado y se ejercerá en diciembre.
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El diputado considera que la desincorporación podría ser la vía para resolver la crisis hídrica en el municipio
Por: Redacción
El diputado local de San Luis Potosí, Luis Fernando Gámez Macías, informó que el Cabildo de Soledad de Graciano Sánchez solicitará al Congreso del Estado autorización para administrar su propio suministro de agua, lo que implicaría su desincorporación de Interapas. Señaló que serán las comisiones legislativas correspondientes las encargadas de evaluar la entrega–recepción del servicio.
De acuerdo con el legislador, se espera que el Cabildo presente formalmente la solicitud ante la Comisión del Agua en enero del próximo año, con la intención de que el proceso avance durante el primer semestre de 2025.
“Yo creo que es 100% viable; incluso Interapas dijo que no pondrá objeción y que están totalmente de acuerdo. Creo que viene una nueva etapa para Soledad”, afirmó Gámez Macías.
El diputado expresó confianza en que los legisladores del Partido Verde, Partido del Trabajo y Nueva Alianza
Asimismo, destacó que la población del municipio “no puede estar peor de lo que está hoy”, recordando que más de 50 colonias carecen de agua, que se pierde alrededor del 50% del líquido en la red, además de una baja recaudación. Afirmó que Interapas es responsable directa de la crisis hídrica.
Por último, el diputado se pronunció en contra de un aumento en las tarifas de agua, argumentando que mientras no exista un servicio eficiente ni mejoras en la infraestructura, cualquier incremento sería injustificado.
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Las denuncias pasadas incluyeron limitación de recursos, agresiones y amenazas a familias
Por: Redacción
La consejera Paloma Blanco López, titular del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ceepac), advirtió que durante los próximos comicios ordinarios se espera un incremento en las denuncias por violencia política de género, tal como ocurrió en el último proceso electoral del Poder Judicial.
Blanco explicó que, aunque actualmente no se han registrado nuevos casos relevantes más allá de los ya reportados en la elección pasada, el aumento de denuncias es común en periodos electorales. Particularmente, porque en 2024 muchas mujeres —especialmente quienes buscaban un cargo por primera vez en la elección judicial— enfrentaron escenarios adversos al incursionar en campañas políticas sin experiencia previa.
Detalló que el Ceepac fortaleció la cap acitación y acompañamiento a mujeres candidatas a través de redes especializadas y destacó que el área jurídica, la Secretaría Ejecutiva y la Unidad de Género cuentan con certificación para brindar atención de primer contacto
Las denuncias por violencia política recibidas en la elección anterior abarcaron casos diversos: desde limitación al acceso a recursos de campaña hasta agresiones directas, amenazas contra las aspirantes o incluso contra sus familias.
La consejera informó que ya se trabaja en la edición del diagnóstico más reciente sobre violencia política de género en San Luis Potosí, documento que será presentado a medios entre finales de este año o los primeros meses de 2026. Con este análisis, el organismo busca ofrecer un panorama estadístico más claro sobre la incidencia y tipos de agresiones que enfrentan las mujeres que participan en la vida pública.
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