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“Programa de detención de motociclistas en SLP es anticonstitucional”: Vizcaíno
El experto en seguridad afirmó que viola el derecho al libre tránsito de las personas y puede prestarse a las extorsiones policiacas
Por: Itzel Márquez
La Policía Municipal capitalina comenzó a hacer detenciones aleatorias a motociclistas como medida para prevenir posibles crímenes en San Luis Potosí. La Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) ha dicho que el operativo podría ser una violación al derecho de libre tránsito, por ello inició una investigación de oficio. La Orquesta conversó con Álvaro Vizcaíno, experto en temas de seguridad y ex secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, y con usuarios de ese medio de transporte para conocer sus opiniones.
Álvaro Vizcaíno calificó este operativo como inconstitucional: “todo retén es inconstitucional, pues viola el principio de libre tránsito, estipulado en el Artículo 11 Constitucional, y el principio de legalidad que dice que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, posesiones o papeles sin un mandato que funde o motive esto”.
La CEDH se posicionó esta semana sobre el operativa; sin embargo, no con la contundencia del experto, ya que manifestó que solicitará a las policías municipales de la capital y Soledad que “para efectos de la implementación de esta estrategia, se adopten medidas que garanticen el respeto a la libertad de tránsito y a la legalidad y seguridad jurídica”.
Vizcaíno acotó que hay escenarios en los que sí se puede detener al conductor de un vehículo, siempre y cuando: “exista sospecha razonable y objetiva de que está cometiendo un delito, la motocicleta tenga reporte de robo o cuando el conductor haya cometido una infracción como pasarse un alto o no traer casco. Si no se cumple ninguna de las condiciones antes mencionadas para detener a un motociclista, entonces la acción sería inconstitucional”.
El experto apuntó que existen quienes defienden la medida basados en que el Código Nacional de Procedimientos Penales en los artículos 251, 266 y 268 dice que la policía no necesita autorización para realizar revisiones, “pero ningún código puede ir por encima de la Constitución”.
El ex secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública añadió que esta acción: “se puede prestar a abuso por parte de la autoridad. Los policías primero deben investigar para después detener, procesar la información con el sistema de registro vehicular y los arcos lectores pueden ser una medida práctica, pero las detenciones también generan actos de molestia a los ciudadanos”.
¿QUÉ DICEN LOS MOTOCICLISTAS?
Tres usuarios, dos hombres y una mujer, que utilizan motocicletas en su día a día, accedieron a dar sus puntos de vista: 
Jesús Andrés Charqueño, utiliza dicho vehículo en sus actividades laborales desde hace tres años y por elección desde hace seis años, afirmó que es positivo el programa de revisión. “Me parece una excelente medida de prevención, he sido asaltado en motocicletas que son robadas, y también, me han robado dos motos, con la medida se podrían recuperar más vehículos”.
Desde hace diez años, Guadalupe Hernández, se transporta en motocicleta, ya que le ve varias ventajas sobre un automóvil y el transporte público, no obstante, consideró que algunas veces los automovilistas no respetan a quienes usan motocicleta y es un lugar público es más fácil que la hurten a que roben un automóvil:
“Me encanta la idea de que revisen a los motociclistas, porque si los policías hacen bien su trabajo, van a ayudar a detectar a los delincuentes. Fui víctima del robo de mi moto y no la encontré jamás, el programa puede ser muy bueno. En otra ocasión, iban dos tipos en una moto e intentaron jalar mi bolso cuando esperaba un camión. El que detengan a motociclistas y les hagan una inspección se me hace muy buena idea, podría decir que para mí, sería más efectivo que los alcoholímetros en cuanto a seguridad, sobre todo en las colonias más inseguras como Prados o Satélite”.
Por último, Francisco Escobar Delgado, quien pertenece a un club de motocicletas, declaró: “todo operativo que sea implementado debe dar buenos resultados, siempre y cuando se apegue al derecho y no de pie a la extorsión y abuso de autoridad. Más que diseñar e implementar este tipo de programas, deberían antes capacitar a los elementos de seguridad en las áreas necesarias para que se desempeñen como debe ser, y no solo es cuestión de los elementos de seguridad, si no también a los altos mandos, ahí radica la raíz de la extorsión”.
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La Secretaría señaló que se mantendrán las actividades en todos sus planteles escolares
Por: Redacción
El Gobierno del Estado de San Luis Potosí, a través de la Secretaría de Educación (SEGE), dio a conocer que este lunes 23 de febrero continuará con normalidad la jornada escolar en las cuatro regiones de la entidad en todos los niveles educativos.
La SEGE pidió a la población estar atentas a los canales oficiales de la dependencia, pues cualquier cambio se notificará por estos medios.
Por su parte, la Universidad del Valle de México anunció que cancelarán todas sus actividades presenciales en San Luis Potosí, por lo que las clases se impartirán de manera virtual.
Finalmente, la Universidad Autónoma de San Luis Potosí mantendrá clases, pero no habrá sanciones académicas para aquellos que decidan no asistir por causas de seguridad.
Se registran bloqueos carreteros y quema de inmuebles en diversas entidades tras acciones de seguridad en Jalisco
Por: Roberto Mendoza
El Gobierno de México desplegó este domingo un operativo coordinado en el municipio de Tapalpa, Jalisco, que resultó en el supuesto abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho’, identificado como líder de una organización criminal con presencia nacional.
Fuentes de alto nivel del gobierno federal corroboraron el deceso del objetivo prioritario, aunque hasta el momento no existe una confirmación oficial pública emitida mediante comunicado por la Secretaría de la Defensa Nacional o la Presidencia de la República.
El Gabinete de Seguridad nacional informó a las 10:30 horas que las instituciones federales atienden las reacciones derivadas de estas acciones operativas en el occidente del país para restablecer el orden. Las repercusiones operativas incluyeron el cierre de vías de comunicación en los estados de Jalisco, Michoacán, Colima, Guanajuato, Nayarit, Aguascalientes y Tamaulipas.
El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, activó el protocolo de Código Rojo a las 10:25 horas e instaló la mesa de seguridad estatal ante la quema de vehículos en accesos clave a la Zona Metropolitana de Guadalajara y la autopista Guadalajara-Colima.
Simultáneamente, en Michoacán, el gobierno estatal reportó el uso de camiones de carga para obstruir el tránsito en 19 puntos carreteros de las regiones de Tierra Caliente y el Bajío, mientras que en Guanajuato se documentó el incendio de farmacias y tiendas de conveniencia en cinco municipios de la entidad.
Una versión supuestamente de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana indica que se inició el traslado de los restos localizados en la zona serrana hacia la Ciudad de México para realizar las pruebas periciales de ácido desoxirribonucleico que permitan la identificación científica definitiva.
Como medida de protección civil, el Sistema de Tren Eléctrico Urbano de Guadalajara suspendió el servicio en sus tres líneas y se recomendó el resguardo domiciliario en las zonas de conflicto. El despliegue de la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano se mantiene en las carreteras federales del occidente y noreste del país.
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Los estados más afectados son Jalisco, Michoacán y Guanajuato
Por: Roberto Mendoza
El Gobierno de Jalisco activó el protocolo de Código Rojo la mañana de este domingo tras registrarse una serie de bloqueos carreteros, incendios de vehículos y ataques a establecimientos comerciales en los estados de Jalisco, Michoacán y Guanajuato.
Los incidentes iniciaron a partir de las 08:30 horas derivado de un operativo de las fuerzas federales en el municipio de Tapalpa, Jalisco, donde se reportaron enfrentamientos entre elementos del Ejército Mexicano y civiles armados.
El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, confirmó que la Mesa de Seguridad se mantiene en sesión permanente para coordinar acciones con la Federación y estados vecinos ante el desplazamiento de los grupos delictivos hacia los límites territoriales.
En el estado de Jalisco, las autoridades reportaron el incendio de una pipa de combustible en el cruce de la Carretera a Saltillo y Periférico Norte, en el municipio de Zapopan, así como obstrucciones viales en diversos puntos de la zona sur y la región de los Altos.
Como medida de protección civil, el servicio de transporte público en la Zona Metropolitana de Guadalajara y áreas de conflicto quedó suspendido hasta nuevo aviso, mientras que el mandatario estatal solicitó a la población permanecer en sus hogares.
El despliegue de la Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional se extendió a las zonas limítrofes para intentar liberar las vías de comunicación afectadas por el uso de vehículos pesados incendiados.
La Secretaría de Seguridad y Paz de Guanajuato confirmó que la violencia se extendió a su territorio
En Michoacán, se registraron bloqueos con camiones de carga en la carretera Zináparo-La Piedad y en el municipio de Jiquilpan, específicamente a la altura de la planta de Liconsa, afectando la conectividad en la región de Tierra Caliente y la zona Lacustre. Las corporaciones de seguridad de los tres niveles de gobierno mantienen operativos de patrullaje aéreo y terrestre para localizar a los responsables de los siniestros.
La administración estatal de Jalisco justificó las medidas extraordinarias de seguridad como una respuesta necesaria ante la táctica de los grupos delictivos de quemar vehículos para inhibir la acción de la justicia.
De acuerdo con los reportes oficiales preliminares de las fuerzas federales, las agresiones son una reacción directa al operativo de precisión ejecutado en Tapalpa contra la estructura de mando del Cártel Jalisco Nueva Generación. Hasta el momento, no se localiza declaración pública oficial sobre el fallecimiento del líder de dicha organización, permaneciendo las zonas de conflicto bajo resguardo militar estricto.
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