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PRI en SLP rechaza propuesta de “Alito” para armar a la población
Su bancada en el Congreso local dijo no estar de acuerdo con la propuesta de su líder nacional, pues hablaría de un fracaso de los tres niveles de gobierno
Por: Ana G Silva
El martes 28 de junio, Alejandro “Alito” Moreno, dirigente nacional del PRI, anunció que su partido propondrá realizar modificaciones a la Ley de Armas de Fuego para que los mexicanos puedan acceder a las armas con mayor facilidad y así poder defenderse de la delincuencia. Edmundo Torrescano, diputado local del partido tricolor, indicó que no comparte la iniciativa, pues eso reflejaría que como estado se ha fallado.
“Nos urge hacer acciones preventivas y no reactivas, hacerlo reflejaría que los tres órdenes de gobierno y que los poderes no pudimos garantizar la seguridad de los ciudadanos y estaríamos dejando en sus manos que fueran quienes garantizaran su propia seguridad, sería la última opción, porque de llegar a hacerlo sería el fracaso del estado”.
El legislador comentó que la propuesta se deriva del fracaso de la estrategia de seguridad pública federal; sin embargo, se debe pensar primero en propuestas preventivas como: destinar mayores recursos a la capacitación de exámenes de confianza y equipamiento de las policías municipales, “del cual confirmamos que es una necesidad, porque los alcaldes no tienen patrullas, ni armamento ni personal capacitado”; mejorar la infraestructura en los sistemas de justicia y carcelarios; y, sobre todo, implementar y ampliar la plataforma en México con un sistema que ayude a la coordinación entre estados para dar seguridad. 
Al cuestionarlo sobre si apoyaría la propuesta de Alito Morales, Torrescano respondió que solo apoyará propuestas preventivas, ya que esto podría tener complicaciones.
El diputado señaló que el presidente nacional del PRI decidió proponer armar a los mexicanos debido a “la lamentable” política de seguridad pública que ha fallado y ha causado miedo a los ciudadanos:
“Que cuando nuestros hijos salen de la casa no nos de miedo que les vaya a pasar algo, que las carteras desgraciadamente se han vuelto un blanco para la delincuencia, en que cada día vemos aumento de homicidios, feminicidios, robos y que hoy desgraciadamente nadie puede estar tranquilo ni en su casa”.
Finalmente, detalló que como la portación de armas es un tema federal, el método legislativo que se debe llevar a cabo para esta propuesta es: que se presente en la Cámara de Diputados federal, después a la Cámara de Senadores, promulgarse y finalmente a los congresos locales para homologar.
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El ex diputado y candidato a la gubernatura no cumplía con los requisitos para otorgarle la protección, por tanto se permitirá continuar la investigación en su contra
Por: Redacción
El Juzgado Sexto de Distrito en San Luis Potosí negó la suspensión definitiva solicitada por José Luis Romero Calzada, exdiputado local y ex candidato político, conocido por múltiples acusaciones de corrupción, enriquecimiento ilícito, delitos fiscales y otros crímenes.
De acuerdo con Ciudadanos Observando, la solicitud de amparo 735/2024 buscaba detener acciones legales de diversas autoridades que lo investigan, pero el juez determinó que no cumplía con los requisitos para otorgar la protección, permitiendo que las investigaciones y procesos judiciales sigan adelante.
Esta decisión representa un revés significativo para Romero Calzada, apodado “Tekmol”, quien ha sido denunciado penalmente por delitos graves, como desvío de recursos públicos, evasión fiscal, lavado de dinero y robo de combustible.
A lo largo de los años, ha intentado evadir la justicia mediante diversas estrategias legales,
El fallo judicial subraya la prioridad de esclarecer actos de corrupción y proteger el interés público. A pesar de que Romero Calzada se presenta como víctima de persecución política, las pruebas en su contra y su historial de acciones ilegales lo colocan como un símbolo de los esquemas corruptos que han afectado al estado.
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Exigen que se investigue la corrupción entre el huachicolero y lavador de dinero Gerardo Sánchez Zumaya y PEMEX
Por: Redacción
El Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) exigió en la Sesión Ordinaria de la Cámara de Diputados de este jueves que se investigue la corrupción entre el huachicolero y lavador de dinero Gerardo Sánchez Zumaya y PEMEX.
Con portada en mano del diario Reforma, que en su edición del martes pasado revela los nexos de Morena con Sánchez Zumaya, diputadas y diputados panistas exigieron a la Fiscalía General de la República (FGR) investigar la denuncia presentada en el Estado de Tabasco contra dicho personaje, quien de la noche a la mañana se enriqueció con el presunto lavado de dinero por más de 15 mil millones de pesos a través de una red de empresas factureras.
En su intervención en tribuna, la diputada Paulina Rubio Fernández exigió a la Fiscalía General de la República que se investigue a PEMEX y PETROGESA
“Hoy sabemos que Pemex se convirtió en caja grande de Morena y que han hecho millonarios a empresarios de 30 años (de edad) en San Luis Potosí, curiosamente íntimos amigos de los liderazgos de Morena y hoy le incrementan más dinero a PEMEX para seguir ordeñándola”, acusó.
Mientras la diputada denunciaba estos hechos sobre Sánchez Zumaya, al que también se le señala como extractor de gasolina en los Estados de Tabasco y Veracruz, toda la fracción parlamentaria del PAN se sumó a su reclamo y exigió que se investigue al facturero y huachicolero potosino.
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El caso fue archivado al no encontrar pruebas suficientes; además de señalar inconsistencias en el informe presentado por la UIF
Por: Redacción
La Fiscalía General de la República (FGR) cerró oficialmente la carpeta de investigación en contra de Ricardo Gallardo Cardona, gobernador de San Luis Potosí.
La FGR decidió no proceder penalmente contra el gobernador y otros implicados en una investigación por desvío de recursos y contratos irregulares con empresas vinculadas a su entorno familiar.
La carpeta FED/SEIDF/UEIDFF-SLP/0001100/2020, presentada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en 2020, que señalaba transferencias ilícitas en contratos entre 2013 y 2017, fue archivada al no encontrar pruebas suficientes; además, señalaron inconsistencias en los informes presentados por la UIF y falta de evidencia directa que vincule a los implicados con actos ilícitos.
El caso había sido reactivado en septiembre de 2024, señalaba presuntas irregularidades en contratos millonarios otorgados a las empresas Clínica Wong y Grupo Axioma Kusuri, durante los gobiernos de Ricardo Gallardo Juárez y Ricardo Gallardo Cardona en Soledad de Graciano Sánchez y la capital de San Luis Potosí.
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