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PRD exige la renuncia de Sebastián Pérez y Jiménez Arcadia
El dirigente estatal del PRD afirmó que Sebastián Pérez y Edgar Jiménez deben presentar su renuncia tras desalojar de manera violenta a una oficial del Registro Civil
Por: Redacción
Juan Ignacio Segura Morquecho, presidente del PRD en San Luis Potosí, condenó el desalojo de una jueza del Registro Civil por parte de agentes de la Policía Municipal de la capital, y aseguró que estos actos no deben ser minimizados, y exigió la destitución inmediata de los funcionarios municipales señalados por corrupción.
“Si Xavier Nava no despide a su jefe de policía y a su secretario de gobierno, es indicio de que él está involucrado tanto en los atropellos contra la oficial del Registro Civil, Teresa Carrizales, como en las corruptelas que la abogada denunció dentro del Ayuntamiento”, mencionó.
El líder perredista afirmó que este desalojo “sienta un precedente grave de abuso policial contra una funcionaria nombrada legal y legítimamente”.
Añadió que la gravedad no está solo en las anomalías que se dieron en el desalojo de la oficial del Registro Civil, sino también en la represalia que se deja ver en dichas acciones del Ayuntamiento, luego de que Teresa Carrizales denunciara presuntas corruptelas por parte de la administración capitalina.
“Si una representante legal del municipio sufre este tipo de injusticias en su trabajo, y este tipo de vejaciones de la autoridad, ¿qué pueden esperar los ciudadanos comunes y corrientes a partir de ahora?”, apuntó Segura Morquecho.
Explicó que en las grabaciones que se han dado a conocer en las últimas horas existe evidencia del trato que se le dio a la funcionaria del Registro Civil, así como las suficientes pruebas para proceder en contra tanto del citado jefe de Seguridad Pública como del secretario general de Gobierno.
“Esperamos que el alcalde asuma su responsabilidad de jefe de la comuna y actúe en consecuencia”, finalizó.
(VIDEO) Arrastrando desalojaron a una juez del Registro Civil en SLP
Ayuntamiento de SLP
Capital de SLP, sin otorgar permisos a ambulantes
El alcalde Enrique Galindo refirió el censo elaborado por la administración municipal, que no supera los 500 comerciantes en más de tres años y medio
Por: Redacción
Enrique Galindo Ceballos, presidente municipal de San Luis Potosí, dio a conocer que en los últimos tres años y medio no se han otorgados nuevos permisos para la colocación de comerciantes ambulantes en el Centro Histórico de la capital, además que actualmente de acuerdo a un censo conjunto entre el Ayuntamiento de San Luis Potosí y la asociación “Nuestro Centro”, no existen más de 500 comerciantes dedicados a esta actividad
Lo anterior, tras el señalamiento e Alejandrina Cedillo, empresaria potosina, de una falta de atención a esta materia por parte de la Dirección de Comercio. Agregó que Alejandrina ha formado parte de las reuniones entre el Ayuntamiento capitalino y la organizacion Nuestro Centro (presidida por Monica Heredia), con quienes se han logrado acuerdos y planes de accion en la material
Señaló que estos 500 comerciantes suelen trasladarse entre las diferentes plazas y calles del primer cuadro de la ciudad, por lo que se ha buscado mantener el control de esta actividad informal.
El alcalde capitalino, asimismo, señaló que el comercio informal representa una oportunidad de vida para quienes la ejercen, por lo que recordó que la intención de la administración municipal es mantener económicamente activo a este sector y no ejerciendo actividades ilícitas.
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Destacadas
“Legislatura de la Transformación”: diputado destaca logros en Congreso de SLP
Tras el primer año de la actual legislatura, Cuauhtli Badillo resaltó la aprobación de 19 reformas constitucionales
Por: Redacción
El diputado local Cuauhtli Badillo calificó el primer año del Congreso del Estado como “la Legislatura de la Transformación”, pues en ese periodo se aprobaron 19 reformas constitucionales y avances en temas rezagados como la interrupción legal del embarazo, la violencia vicaria y la creación de leyes de consulta ciudadana.
Señaló que la Ley de Amnistía e Indulto —pendiente desde hace años— podría aprobarse en un próximo periodo extraordinario. Sin embargo, aún hay iniciativas relevantes sin resolver, como la castración química a violadores, la Ley de Movilidad y otras propu estas que han quedado en espera de discusión.
Un punto que ha generado críticas es que, en lo que va de esta legislatura, todas las iniciativas ciudadanas presentadas han sido desechadas , lo que contrasta con el discurso de apertura y cercanía con la población.
En el plano político, Badillo aseguró que desde el inicio de la legislatura los 27 diputados acordaron priorizar el consenso sobre las diferencias ideológicas para trabajar en ordenamientos que beneficien a la ciudadanía.
“Yo creo que al día de hoy hemos trabajado con respeto, todos y cada uno se ha conducido con cordialidad. Así seguirá la dinámica para seguir dando resultados positivos y favorables”, afirmó.
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SEGE llama a denunciar retención ilegal de documentos escolares
Juan Carlos Torres recordó que ninguna escuela en SLP puede condicionar la entrega de certificados o boletas a pagos o compras obligatorias
Por: Redacción
Juan Carlos Torres Cedillo, titular de la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado (SEGE), pidió a madres, padres y tutores denunciar cualquier caso en el que escuelas condicionen la entrega de documentos oficiales a pagos o compras de materiales.
Explicó que, aunque estas prácticas ocurren en ocasiones, no están permitidas en escuelas públicas. “A veces condicionan a que paguen una cuota, compren un uniforme, un libro o algún bien, y esto no está permitido”, señaló.
En el caso de instituciones particulares, reconoció que pueden existir acuerdos con asociaciones de padres de familia, pero recalcó que las cuotas son voluntarias. “Agradecemos a los padres que colaboran con material de limpieza y mantenimiento, pero no es obligatorio”, añadió.
Torres Cedillo dijo que, cuando se detecta una irregularidad, la SEGE interviene para resolver el conflicto y, en casos graves, aplicar sanciones. Sin embargo, afirmó que no se busca “desprestigiar” a las instituciones y que solo se hace público el nombre de las escuelas cuando se llega a un procedimiento sancionador formal.
El funcionario reiteró que la prioridad es velar por los derechos de los estudiantes, sin importar si asisten a instituciones públicas o privadas, desde preescolar hasta universidad.
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