Estado
¿Por qué ha fracasado la Alerta de Género en SLP?
Pequeños aciertos y grandes deudas con la sociedad: hablamos con activistas del movimiento feminista para conocer el momento que vive la lucha contra la violencia feminicida
Por: Itzel Márquez
Desde hace cuatro años, en San Luis Potosí se implementó la Alerta de Género con el objetivo de salvaguardar la seguridad de las potosinas; sin embargo, al ver en perspectiva las medidas aplicadas, Arely Torres y Marcela García, ambas activistas feministas y la segunda diputada electa por Morena, coincidieron en que lo hecho hasta ahora no ha sido suficiente.
“La alerta de género no ha sido efectiva, creo que el gobierno tuvo la oportunidad de atender a las mujeres víctimas y prevenir que la violencia siguiera ocurriendo, pero al contrario, esto ha aumentado; por lo tanto, falta prevención y atención, lo mínimo que deben hacer las autoridades es buscar que el feminicidio no suceda, deberían buscar que esto no suceda con órdenes efectivas, protección, atención digna y mecanismos de ayuda a las mujeres”, apuntó Arely.
Por su parte, Marcela coincidió en que la Alerta de Género no ha dado los resultados esperados, pero acotó que se han realizado algunas acciones en pro de las mujeres, que; sin embargo, no atienden en su totalidad el fenómeno de la violencia feminicida: “el diagnóstico que se hizo fue muy sesgado y no permite tener una mirada amplia sobre los feminicidios, no se pueden conocer las motivaciones de los agresores, la Fiscalía Especializada no se ha terminado de conformar y la propia alerta carece de elementos para solicitar que se trabaje en puntos específicos; además, la realidad se ha transformado desde el momento que se emitió a la fecha”.
García mencionó algunos puntos que se habían previsto como parte de la alerta y hasta ahora no se han cumplido: botones de pánico en los camiones o los camiones rosas especialmente para mujeres, “son medidas que, a mi parecer, son solo por cumplir, son simulaciones de que se atiende, pero con limitaciones, pues no se involucra a la sociedad y de tal forma no se conocen las necesidades de las mujeres”.
Ahora bien, tomando en cuenta algunos casos específicos de violencia de género que han sucedido en San Luis Potosí como el de Karla Pontigo en 2012 o el de Érika en 2018, ambas activistas opinaron sobre lo que ha faltado para hacer justicia:
“Yo creo que una situación que se logró, pero no hizo gobierno del Estado, sino Amnistía Internacional y la mamá de Karla Pontigo fue reabrir la investigación en noviembre de 2019, pero sigue sin haber una fiscalía especializada y habrá que preguntarnos ¿a dónde va el dinero destinado a ella 
En el mismo punto, Marcela García recalcó que: “falta una reparación amplia de daños y de casos como este nos queda claro que se tiene que aprender, que estas muertes no queden en la nota roja solamente ni en el pago de una deuda para solventar daños, sino que la sociedad debe recuperar historias y modos de operar del crimen para tomar medidas preventivas en la educación desde la infancia; hay un descoordinación que parece normal entre las secretarías de Salud, Educación, Fiscalías y comunidad”.
Por último, tomando en cuenta que está próxima la transición de poderes, tanto en el gobierno estatal como en las alcaldías, Marcela García y Arely Torres analizaron, cuáles serían las principales deudas del gobierno saliente y los retos del entrante.
Torres dijo que el gobierno electo tiene en sus manos la oportunidad de reivindicar a las instituciones frente a las víctimas y de ellos depende si siguen siendo omisos y perpetuando la falta de justicia o si encauzan las investigaciones aplicando perspectiva de género.
“Me parece que es una gran deuda de la Fiscalía de las Mujeres con especial trato para los delitos que conciernen a las mujeres y niñas, todo con perspectiva de género, que no solo se ocupe de los problemas familiares, pues también en las instituciones de gobierno y privadas hay violencia”, mencionó García.
En cuanto a los retos del siguiente gobierno, Marcela García dijo que la Secretaría de las Mujeres es una demanda constante desde el gobierno de Toranzo, pues mencionó que es necesario elevar su estatus de Instituto y trabajar en el empoderamiento económico de las mujeres.
Lee también: Cada 4 horas se comete un delito sexual en SLP
El Consejo determinó la procedencia de medidas cautelares ante la violencia de género ejercida contra la jueza Fátima Viera Gutiérrez
Por: Redacción
El Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (CEEPAC), emitió una resolución dentro del expediente PSE-01/2026, en la que determinó la procedencia de medidas cautelares derivadas de una denuncia por presuntos actos de violencia política en razón de género contra la jueza Fátima Elizabeth Viera Gutiérrez.
Se trata de una determinación inédita en San Luis Potosí, pues es la primera vez en que se involucra el ejercicio de la función jurisdiccional y la difusión de contenidos que inciden en el desempeño público de una mujer en un cargo de decisión.
El organismo electoral ordenó la implementación de acciones provisionales y de precaución, con el fin garantizar la protección de los derechos de la denunciante, así como la supervisión de su cumplimiento por parte de la autoridad correspondiente.
El análisis realizado por el CEEPAC advierte que el contenido difundido en redes sociales (incluyendo la circulación reiterada de un video en el que la juzgadora aparece en un contexto de confrontación dentro de un órgano jurisdiccional) no se limita a informar sobre un hecho de interés público, sino que incorpora elementos que pueden colocarla en una posición de descrédito, vulnerabilidad y cuestionamiento de su capacidad para ejercer el cargo,
Asimismo, el organismo señaló que la forma en que dicho contenido ha sido presentado incorpora narrativas que buscan quitar legitimidad al actuar de una mujer en ejercicio de funciones públicas, lo cual, bajo un análisis con perspectiva de género, puede reproducir estereotipos y formas de violencia simbólica.
En este sentido, se determinó la adopción de medidas orientadas a la eliminación de contenidos digitales que formen parte de estas conductas, así como el seguimiento institucional para verificar su cumplimiento, en apego a la normatividad aplicable.
También lee: San Luis fortalece revisión del proceso electoral judicial
La magistrada presidenta Lourdes Zarazúa informó que se atiende la falta de personal en juzgados y ya operan mecanismos disciplinarios con primeros casos registrados
Por: Redacción
A seis meses de la implementación del nuevo esquema operativo derivado de la reforma judicial, el Poder Judicial de San Luis Potosí avanza en la consolidación de su estructura interna, con énfasis en la reducción del rezago de personal en áreas clave.
La magistrada presidenta del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, Lourdes Anahí Zarazúa Martínez, informó que en los próximos días se darán a conocer los resultados del examen para secretarios de acuerdos, una de las categorías con mayor déficit dentro de los juzgados.
“Vamos a encontrar un desahogo muy grande en los juzgados, porque era una de las áreas donde más nos faltaba personal”, señaló. Además, adelantó que se llevarán a cabo evaluaciones adicionales para cubrir plazas de proyectistas y actuarios, como parte de una estrategia integral para mejorar la eficiencia en la impartición de justicia.
Zarazúa Martínez indicó que, tras medio año de operación, el Poder Judicial ya cuenta con un diagnóstico más preciso de sus necesidades, lo que ha permitido identificar áreas de oportunidad y enfocar esfuerzos en una mayor eficacia institucional.
En materia disciplinaria, destacó que el nuevo órgano de control ya registra al menos cuatro casos, principalmente relacionados con incumplimientos administrativos, como la omisión en la presentación de declaraciones patrimoniales y faltas de asistencia. Aclaró que estos procedimientos han sido dirigidos, hasta ahora, a personal y no a jueces.
Sobre el padrón de deudores alimentarios, explicó que la información se mantiene bajo carácter restringido y únicamente es accesible para las partes involucradas, en cumplimiento con la normativa de protección de datos personales. Añadió que las personas pueden entrar o salir del registro dependiendo de si cumplen o no con sus obligaciones.
En otros temas, la magistrada rechazó que actividades recientes dentro del Poder Judicial, como la presencia de personas de pueblos originarios ofreciendo productos, deban considerarse incidentes, al señalar que forman parte de una política institucional de inclusión y fomento cultural.
“El Poder Judicial está abierto a todos, incluyendo a nuestros pueblos originarios. Es parte de nuestra responsabilidad como institución”, afirmó.
Finalmente, señaló que la institución continuará realizando ajustes conforme avance la implementación del nuevo marco legal, con el objetivo de fortalecer su funcionamiento y responder de manera más eficiente a las demandas de la ciudadanía.
Lee también: Poder Judicial de SLP niega adeudos a jubilados y ajusta pagos
Gobierno estatal fijó su postura: no a proyectos que destruyan identidad
Por: Redacción
El titular de la Secretaría General de Gobierno de San Luis Potosí, afirmó que el gobierno estatal no se opone a la inversión minera, pero advirtió que estas actividades deben ser socialmente responsables y no afectar el entorno ni la identidad del estado, tras la reciente resolución judicial sobre concesiones en Wirikuta.
El funcionario explicó que las concesiones mineras anuladas recientemente son de carácter federal, por lo que no fueron otorgadas por el gobierno estatal, lo que limita su intervención directa en este tipo de decisiones.
“Las concesiones son permisos que otorga la Federación, no el estado”, puntualizó.
Sin embargo, Torres Sánchez subrayó que existen antecedentes negativos en San Luis Potosí, como el caso de Cerro de San Pedro
En ese sentido, reiteró que, aunque la entidad está abierta a la llegada de inversiones, no se permitirán proyectos que dañen ecosistemas o el patrimonio cultural, en referencia a territorios como Wirikuta, considerado sagrado por el pueblo wixárika.
Cabe recordar que recientemente el Poder Judicial de la Federación resolvió revocar diversas concesiones mineras otorgadas durante el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa dentro de Wirikuta, tras más de una década de litigio impulsado por comunidades indígenas.
La sentencia reconoce el derecho del pueblo wixárika a ser consultado antes de cualquier proyecto que impacte su territorio, por lo que no prohíbe la minería, pero condiciona su desarrollo a procesos de consulta previa, libre e informada.
También lee: Semana Santa en SLP cierra con saldo blanco y 2 millones de visitantes
-
Destacadas2 añosCon 4 meses trabajando, jefa de control de abasto del IMSS se va de vacaciones a Jerusalén, echando mentiras
-
Ciudad3 años
¿Cuándo abrirá The Park en SLP y qué tiendas tendrá?
-
Ciudad4 años
Tornillo Vázquez, la joven estrella del rap potosino
-
Destacadas5 años
“SLP pasaría a semáforo rojo este viernes”: Andreu Comas
-
Ciudad3 años
Crudo, el club secreto oculto en el Centro Histórico de SLP
-
Estado2 años
A partir de enero de 2024 ya no se cobrarán estacionamientos de centros comerciales
-
#4 Tiempos3 años
La disputa por el triángulo dorado de SLP | Columna de Luis Moreno
-
Destacadas3 años
SLP podría volver en enero a clases online
