Estado
¿Por qué ha fracasado la Alerta de Género en SLP?
Pequeños aciertos y grandes deudas con la sociedad: hablamos con activistas del movimiento feminista para conocer el momento que vive la lucha contra la violencia feminicida
Por: Itzel Márquez
Desde hace cuatro años, en San Luis Potosí se implementó la Alerta de Género con el objetivo de salvaguardar la seguridad de las potosinas; sin embargo, al ver en perspectiva las medidas aplicadas, Arely Torres y Marcela García, ambas activistas feministas y la segunda diputada electa por Morena, coincidieron en que lo hecho hasta ahora no ha sido suficiente.
“La alerta de género no ha sido efectiva, creo que el gobierno tuvo la oportunidad de atender a las mujeres víctimas y prevenir que la violencia siguiera ocurriendo, pero al contrario, esto ha aumentado; por lo tanto, falta prevención y atención, lo mínimo que deben hacer las autoridades es buscar que el feminicidio no suceda, deberían buscar que esto no suceda con órdenes efectivas, protección, atención digna y mecanismos de ayuda a las mujeres”, apuntó Arely.
Por su parte, Marcela coincidió en que la Alerta de Género no ha dado los resultados esperados, pero acotó que se han realizado algunas acciones en pro de las mujeres, que; sin embargo, no atienden en su totalidad el fenómeno de la violencia feminicida: “el diagnóstico que se hizo fue muy sesgado y no permite tener una mirada amplia sobre los feminicidios, no se pueden conocer las motivaciones de los agresores, la Fiscalía Especializada no se ha terminado de conformar y la propia alerta carece de elementos para solicitar que se trabaje en puntos específicos; además, la realidad se ha transformado desde el momento que se emitió a la fecha”.
García mencionó algunos puntos que se habían previsto como parte de la alerta y hasta ahora no se han cumplido: botones de pánico en los camiones o los camiones rosas especialmente para mujeres, “son medidas que, a mi parecer, son solo por cumplir, son simulaciones de que se atiende, pero con limitaciones, pues no se involucra a la sociedad y de tal forma no se conocen las necesidades de las mujeres”.
Ahora bien, tomando en cuenta algunos casos específicos de violencia de género que han sucedido en San Luis Potosí como el de Karla Pontigo en 2012 o el de Érika en 2018, ambas activistas opinaron sobre lo que ha faltado para hacer justicia:
“Yo creo que una situación que se logró, pero no hizo gobierno del Estado, sino Amnistía Internacional y la mamá de Karla Pontigo fue reabrir la investigación en noviembre de 2019, pero sigue sin haber una fiscalía especializada y habrá que preguntarnos ¿a dónde va el dinero destinado a ella ”, mencionó Arely.
En el mismo punto, Marcela García recalcó que: “falta una reparación amplia de daños y de casos como este nos queda claro que se tiene que aprender, que estas muertes no queden en la nota roja solamente ni en el pago de una deuda para solventar daños, sino que la sociedad debe recuperar historias y modos de operar del crimen para tomar medidas preventivas en la educación desde la infancia; hay un descoordinación que parece normal entre las secretarías de Salud, Educación, Fiscalías y comunidad”.
Por último, tomando en cuenta que está próxima la transición de poderes, tanto en el gobierno estatal como en las alcaldías, Marcela García y Arely Torres analizaron, cuáles serían las principales deudas del gobierno saliente y los retos del entrante.
Torres dijo que el gobierno electo tiene en sus manos la oportunidad de reivindicar a las instituciones frente a las víctimas y de ellos depende si siguen siendo omisos y perpetuando la falta de justicia o si encauzan las investigaciones aplicando perspectiva de género.
“Me parece que es una gran deuda de la Fiscalía de las Mujeres con especial trato para los delitos que conciernen a las mujeres y niñas, todo con perspectiva de género, que no solo se ocupe de los problemas familiares, pues también en las instituciones de gobierno y privadas hay violencia”, mencionó García.
En cuanto a los retos del siguiente gobierno, Marcela García dijo que la Secretaría de las Mujeres es una demanda constante desde el gobierno de Toranzo, pues mencionó que es necesario elevar su estatus de Instituto y trabajar en el empoderamiento económico de las mujeres.
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Estado
TEPJF anula nombramiento de José Luis Ruiz Contreras como magistrado en SLP
Su paso reciente como fiscal general lo inhabilita para ocupar el cargo, determina el tribunal electoral federal
Por: Redacción
El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) resolvió que José Luis Ruiz Contreras, exfiscal general del estado de San Luis Potosí, no es elegible para ocupar el cargo de magistrado del Poder Judicial local, al considerar que no cumple con los requisitos establecidos en las constituciones federal y estatal.
La sentencia señala que Ruiz Contreras se encuentra impedido constitucionalmente para acceder a la magistratura debido a que ejerció funciones como fiscal dentro del año anterior a la convocatoria, lo cual infringe el artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 92 de la Constitución del Estado de San Luis Potosí.
Derivado de este fallo, el TEPJF decidió revocar parcialmente la resolución emitida por el Tribunal Electoral local, dejando sin efecto la constancia de asignación
previamente otorgada a Ruiz Contreras. Asimismo, ordenó al instituto electoral del estado reasignar la posición a la siguiente persona con mayor número de votos , siempre y cuando cumpla con todos los requisitos legales de elegibilidad.Durante el análisis del caso, los magistrados federales argumentaron que la naturaleza del cargo de fiscal, ligado a la función de procuración de justicia, no permite un paso inmediato al ámbito jurisdiccional, debido a que se trata de esferas con funciones distintas dentro del sistema judicial.
También subrayaron que la vacante deberá cubrirse respetando los principios democráticos, priorizando a la persona con mayor respaldo ciudadano, sin importar el género, siempre que sea jurídicamente apta para el cargo.
Con esta decisión, el máximo órgano electoral del país reafirma su compromiso de garantizar que la conformación del Poder Judicial en San Luis Potosí se realice con pleno apego a los principios constitucionales, legales y democráticos.
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Estado
Conflicto de Valeo impacta industria automotriz a nivel nacional, reconoce STPS
Gobierno buscó evitar toma de plantas para no afectar industria automotriz, pues el conflicto impacta a armadoras como GM y BMW
Por: Redacción
Crisógono Sánchez Lara, secretario del Trabajo y Previsión Social, subrayó que, pese a las tensiones, la mediación ha evitado bloqueos o tomas de plantas que afectarían la producción automotriz.
“Si bien es cierto, esto impacta la industria automotriz, porque Valeo surte a GM, BMW y otras armadoras, hemos logrado concientizar y conciliar con los propios ex trabajadores para que no se presentara este problema”, señaló.
El funcionario aseguró que la resolución del conflicto de utilidades de la empresa Valeo está en manos del SAT, organismo que definirá los términos del pago pendiente a ex trabajadores y trabajadores activos.
“Lo de Valeo ustedes saben que nosotros somos muy respetuosos del manejo de la ley. Y aquí la resolución la tiene el SAT. El SAT en su momento tendrá que decidir en qué términos podría quedar lo de Valeo”, declaró.
Recordó que en una primera etapa se pagaron más de 261 millones de pesos en utilidades, y que estaba previsto un segundo y tercer pago, aunque el proceso legal ha retrasado su cumplimiento. “El primer pago fue más de 261 millones de pesos y se iba a pagar un segundo y un tercero en las mismas condiciones, pero ustedes saben que es un proceso que lleva a cabo el SAT ”, explicó.
Sobre las versiones de que solo se beneficiaría a los trabajadores sindicalizados en activo, Sánchez Lara aclaró que la definición no depende de la Secretaría. “La resolución debe traer una cantidad, naturalmente no la misma que se pagó en el primer pago, pero es un tema que corresponde al SAT y a los resultados de los despachos jurídicos de las partes”.
En cuanto a la posibilidad de que ex empleados protesten durante la próxima visita de Claudia Sheinbaum a San Luis Potosí, el titular de la STPS reconoció su derecho a la libre manifestación, aunque pidió prudencia: “Nunca le hemos cortado a ningún trabajador la libertad de expresión, lo único que pedimos es que no se dañe a terceros, porque si se cometen delitos tendrán que responder como ciudadanos”.
Finalmente, destacó que el gobierno estatal busca mantener la estabilidad laboral en la entidad. “Nos hemos estado manejando de una manera como debe de ser en San Luis Potosí, cuidando siempre la paz laboral que tenemos”, concluyó.
También lee: Valeo acusa bloqueos e información falsa en conflicto por utilidades
Estado
Voz y Dignidad por los nuestros acusa al Congreso de SLP de darles la espalda
Acusan falta de voluntad para legislar en materia de personas desaparecidas y exigen la creación de una fiscalía especializada
Por: Redacción
Integrantes del colectivo Voz y Dignidad por los Nuestros, en conjunto con abogados de la Clínica de Litigio Estratégico de la Maestría en Derechos Humanos de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), se manifestaron en las afueras del Congreso del Estado para anunciar la presentación de un amparo indirecto contra el propio Poder Legislativo.
El recurso fue interpuesto por lo que consideran una omisión criminal del Congreso al no armonizar la legislación en materia de desaparición de personas, como lo establece el marco legal y constitucional, y por su negativa reiterada a crear una fiscalía especializada en desapariciones.
Además, denunciaron múltiples violaciones y omisiones por parte del Gobierno del Estado en relación con este tema, señalando que los casos de desaparición han incrementado considerablemente en los últimos años.
“Han pasado casi 8 años de promesas rotas, de discursos vacíos y de fotos conmemorativas que nada cambian la realidad. El Congreso y las autoridades que alguna vez se proclamaron aliadas de las familias buscadoras han demostrado que su memoria es corta, su palabra hueca y su compromiso inexistente”, expresaron las integrantes del colectivo.
Criticaron la postura de las autoridades, señalando que no muestran empatía ni voluntad real para atender el sufrimiento de las familias de personas desaparecidas: “La omisión legislativa no es un descuido burocrático, es una forma de violencia institucional. Es el reflejo de un Estado indolente, insensible e incapaz de responder a la crisis de desapariciones que vive San Luis Potosí.
Mientras se legisla con rapidez para negocios, intereses políticos o reformas menores.”Explicaron que decidieron presentar el amparo debido a que han perdido la confianza en las instituciones: “Si el Congreso no actúa por voluntad ni por conciencia, tendrá que hacerlo obligado por la justicia federal. El recurso legal es la única vía que nos queda.”
También lanzaron una crítica directa al discurso oficial: “Ese es el verdadero rostro de San Luis Potosí: un Estado que presume logros en sus informes de gobierno, pero calla su deuda más dolorosa, la indiferencia ante la desaparición. Ojalá tuvieran el valor de decirlo en sus discursos oficiales.”
Finalmente, agradecieron el apoyo de los abogados de la UASLP y reiteraron su exigencia de justicia y la creación inmediata de una fiscalía especializada, advirtiendo que “cada día de omisión es un día más de impunidad y de sufrimiento para las familias.”
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