agosto 28, 2026

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Estado

¿Por qué ha fracasado la Alerta de Género en SLP?

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Pequeños aciertos y grandes deudas con la sociedad: hablamos con activistas del movimiento feminista para conocer el momento que vive la lucha contra la violencia feminicida

Por: Itzel Márquez

Desde hace cuatro años, en San Luis Potosí se implementó la Alerta de Género con el objetivo de salvaguardar la seguridad de las potosinas; sin embargo, al ver en perspectiva las medidas aplicadas, Arely Torres y Marcela García, ambas activistas feministas y la segunda diputada electa por Morena, coincidieron en que lo hecho hasta ahora no ha sido suficiente.

“La alerta de género no ha sido efectiva, creo que el gobierno tuvo la oportunidad de atender a las mujeres víctimas y prevenir que la violencia siguiera ocurriendo, pero al contrario, esto ha aumentado; por lo tanto, falta prevención y atención, lo mínimo que deben hacer las autoridades es buscar que el feminicidio no suceda, deberían buscar que esto no suceda con órdenes efectivas, protección, atención digna y mecanismos de ayuda a las mujeres”, apuntó Arely.

Por su parte, Marcela coincidió en que la Alerta de Género no ha dado los resultados esperados, pero acotó que se han realizado algunas acciones en pro de las mujeres, que; sin embargo, no atienden en su totalidad el fenómeno de la violencia feminicida: “el diagnóstico que se hizo fue muy sesgado y no permite tener una mirada amplia sobre los feminicidios, no se pueden conocer las motivaciones de los agresores, la Fiscalía Especializada no se ha terminado de conformar y la propia alerta carece de elementos para solicitar que se trabaje en puntos específicos; además, la realidad se ha transformado desde el momento que se emitió a la fecha”.

García mencionó algunos puntos que se habían previsto como parte de la alerta y hasta ahora no se han cumplido: botones de pánico en los camiones o los camiones rosas especialmente para mujeres, “son medidas que, a mi parecer, son solo por cumplir, son simulaciones de que se atiende, pero con limitaciones, pues no se involucra a la sociedad y de tal forma no se conocen las necesidades de las mujeres”.

Ahora bien, tomando en cuenta algunos casos específicos de violencia de género que han sucedido en San Luis Potosí como el de Karla Pontigo en 2012 o el de Érika en 2018, ambas activistas opinaron sobre lo que ha faltado para hacer justicia:

“Yo creo que una situación que se logró, pero no hizo gobierno del Estado, sino Amnistía Internacional y la mamá de Karla Pontigo fue reabrir la investigación en noviembre de 2019, pero sigue sin haber una fiscalía especializada y habrá que preguntarnos ¿a dónde va el dinero destinado a ella

”, mencionó Arely.

En el mismo punto, Marcela García recalcó que: “falta una reparación amplia de daños y de casos como este nos queda claro que se tiene que aprender, que estas muertes no queden en la nota roja solamente ni en el pago de una deuda para solventar daños, sino que la sociedad debe recuperar historias y modos de operar del crimen para tomar medidas preventivas en la educación desde la infancia; hay un descoordinación que parece normal entre las secretarías de Salud, Educación, Fiscalías y comunidad”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por último, tomando en cuenta que está próxima la transición de poderes, tanto en el gobierno estatal como en las alcaldías, Marcela García y Arely Torres analizaron, cuáles serían las principales deudas del gobierno saliente y los retos del entrante.

Torres dijo que el gobierno electo tiene en sus manos la oportunidad de reivindicar a las instituciones frente a las víctimas y de ellos depende si siguen siendo omisos y perpetuando la falta de justicia o si encauzan las investigaciones aplicando perspectiva de género.

“Me parece que es una gran deuda de la Fiscalía de las Mujeres con especial trato para los delitos que conciernen a las mujeres y niñas, todo con perspectiva de género, que no solo se ocupe de los problemas familiares, pues también en las instituciones de gobierno y privadas hay violencia”, mencionó García.

En cuanto a los retos del siguiente gobierno, Marcela García dijo que la Secretaría de las Mujeres es una demanda constante desde el gobierno de Toranzo, pues mencionó que es necesario elevar su estatus de Instituto y trabajar en el empoderamiento económico de las mujeres.

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Denuncian presunto envenenamiento de perros en Charcas; exigen investigar

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La organización Eco Huellas pidió a las autoridades investigar los hechos, ante versiones de que el problema podría repetirse previo a eventos como de la Feria Nacional de Charcas

Por: Redacción

La organización protectora de animales Eco Huellas denunció públicamente reportes de un presunto envenenamiento masivo de perros en situación de calle en el municipio de Charcas, San Luis Potosí, y exigió a las autoridades investigar los hechos.

A través de una publicación en redes sociales, la agrupación señaló que habitantes del municipio han reportado la muerte de varios perros; sin embargo, aclaró que hasta el momento no cuentan con pruebas que permitan identificar o responsabilizar directamente a alguna persona o autoridad por los hechos.

“Quienes realizan estos señalamientos reconocen no contar con pruebas que permitan afirmar quién es responsable y, por ello, sería irresponsable señalar directamente a una autoridad como autora de estos hechos sin una investigación que lo determine”, expuso la organización.

Eco Huellas cuestionó, sin embargo, qué acciones está implementando el Ayuntamiento para atender de manera permanente la presencia de perros y gatos en situación de calle.

La agrupación advirtió que la sobrepoblación animal no puede resolverse mediante la desaparición o muerte de los animales y consideró necesario establecer políticas públicas enfocadas en esterilización, rescate, adopción, educación sobre tutela responsable y protección animal

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De acuerdo con la publicación, algunos habitantes han señalado que este tipo de situaciones presuntamente no sería la primera vez que ocurre en fechas cercanas a eventos públicos, cuando existe interés por mostrar una imagen de “limpieza” en las calles del municipio.

No obstante, la organización insistió en que estas versiones deben ser investigadas antes de establecer responsabilidades

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La denuncia ocurre en el contexto de la realización de la Feria Nacional de Charcas (Fenachar), por lo que Eco Huellas pidió a quienes visiten el municipio observar la situación de los animales en las calles.

Para la organización, la presencia de perros en situación de calle es consecuencia de problemas que se han acumulado durante años, como el abandono, la falta de campañas de esterilización, la ausencia de educación sobre la responsabilidad que implica tener un animal y la falta de políticas públicas para controlar la población animal de manera humanitaria.

“Los perros callejeros no aparecen ni desaparecen de la nada”, señaló la agrupación.

Eco Huellas sostuvo que, en caso de comprobarse que los animales fueron eliminados para retirarlos de las calles, los hechos no podrían considerarse una solución al problema de sobrepoblación.

Finalmente, la organización hizo un llamado al gobernador Ricardo Gallardo Cardona para que las autoridades intervengan ante la denuncia pública y se investigue lo ocurrido.

La agrupación pidió que la problemática de los animales en situación de calle sea atendida mediante estrategias permanentes y no únicamente con acciones temporales relacionadas con la realización de eventos o la imagen urbana del municipio.

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Ciudad Valles blinda su territorio contra el fracking

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El Ayuntamiento publicó un reglamento que impide otorgar licencias y autorizaciones para infraestructura relacionada con la fractura hidráulica

Por: Redacción

Mientras el gobierno federal mantiene abierta la discusión sobre la posibilidad de aplicar la fractura hidráulica bajo criterios de sustentabilidad, Ciudad Valles decidió cerrar la puerta a esta técnica desde el ámbito de sus atribuciones municipales.

El Ayuntamiento vallense publicó el pasado 17 de agosto en el Periódico Oficial del Estado de San Luis Potosí el Reglamento municipal para la protección del suelo y la prohibición de autorizaciones municipales vinculadas con la fractura hidráulica “fracking”, mediante el cual establece la negativa a otorgar licencias, permisos y otras autorizaciones para obras e infraestructura relacionadas con esta práctica.

La disposición aplica dentro del territorio de Ciudad Valles, gobernado por el alcalde David Armando Medina Salazar, y busca impedir que desde la administración municipal se facilite la instalación de infraestructura vinculada con proyectos de fractura hidráulica.

El reglamento reconoce que la exploración y extracción de hidrocarburos son materias de competencia federal y deja claro que el municipio no pretende cancelar asignaciones, contratos o permisos otorgados por otras autoridades.

“El presente Reglamento no tiene por objeto autorizar, prohibir, suspender o cancelar asignaciones, contratos, permisos o autorizaciones federales, ni regular directamente las actividades técnicas de exploración o extracción de hidrocarburos”, establece el documento.

Sin embargo, el Ayuntamiento sostiene que los proyectos asociados con el fracking requieren obras e intervenciones que sí pueden afectar materias bajo competencia municipal, como el uso y aprovechamiento del suelo, las licencias de construcción, los caminos municipales, la protección civil, la gestión de residuos y los servicios públicos.

Por ello, Ciudad Valles determinó que sus dependencias deberán negar cualquier acto administrativo que permita obras incompatibles con el ordenamiento territorial y ecológico del municipio o que facilite infraestructura relacionada con la fractura hidráulica.

El reglamento parte de una distinción: el municipio no puede decidir si el gobierno federal autoriza o no la explotación de hidrocarburos, pero sí puede ejercer sus atribuciones sobre las consecuencias territoriales y administrativas que generaría un proyecto de este tipo.

La fractura hidráulica implica perforaciones profundas y la inyección a presión de agua y otros aditivos para extraer gas o petróleo de formaciones subterráneas. Además, puede requerir caminos de acceso, maquinaria pesada, instalaciones y un uso intensivo de recursos.

El Ayuntamiento argumenta que estas actividades pueden tener consecuencias sobre el suelo, el agua, los ecosistemas y la población, por lo que invoca los principios de prevención y precaución ante posibles riesgos graves o irreversibles.

Incluso, el reglamento establece que la autoridad municipal deberá actuar para prevenir daños aun cuando no exista certeza científica absoluta sobre todas las posibles afectaciones.

La norma también obliga a las dependencias municipales a coordinarse para la inspección y vigilancia de posibles obras relacionadas con esta práctica, además de establecer mecanismos para la presentación de denuncias ciudadanas.

La decisión de Ciudad Valles ocurre en medio de un renovado debate nacional sobre el uso de la fractura hidráulica para la extracción de hidrocarburos.

Aunque la regulación energética y las decisiones sobre exploración y extracción corresponden al ámbito federal, la posibilidad de utilizar esta técnica ha generado oposición de comunidades, ejidos y organizaciones ambientalistas por sus posibles efectos sobre el agua, el suelo y las actividades agrícolas.

En San Luis Potosí, la discusión adquiere especial relevancia por la presencia de zonas de la Huasteca dentro de las áreas que han sido señaladas en distintos análisis y mapas relacionados con el potencial de explotación de hidrocarburos.

Para Ciudad Valles, la respuesta fue establecer un límite desde el ámbito municipal: si un proyecto de fracking requiere permisos, obras o infraestructura que dependan del Ayuntamiento, el nuevo reglamento ordena que no sean autorizados.

Con esta medida, el municipio no prohíbe directamente la extracción de hidrocarburos —una facultad que reconoce como federal—, pero sí establece un mecanismo para impedir que su administración otorgue las autorizaciones locales necesarias para facilitar la instalación y transformación territorial asociada con la fractura hidráulica.

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Ciudad

Villa de Pozos clausura tiradero clandestino

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Leal Espinosa indicó que se identificó al propietario del inmueble , quien se encuentra inscrito como recolector voluntario

Por: Redacción

Con el objetivo de salvaguardar el medio ambiente y las zonas aledañas, el Gobierno Municipal de Villa de Pozos, a través de la Dirección de Gestión Ambiental, inició el proceso administrativo a las personas responsables del tiradero clandestino ubicado en la avenida Callejón de los Tovares, en el que se registró un incendio la tarde del miércoles 26 de agosto que movilizó a los cuerpos de emergencia.

El director de Gestión Ambiental, Alejandro Leal Espinosa, informó que las grandes cantidades de residuos sólidos urbanos, almacenados de manera inadecuada, ocasionaron el incendio en el predio, por lo que se procedió a la clausura del lugar.

Leal Espinosa indicó que se identificó al propietario del inmueble bajo el nombre de Marco N., quien se encuentra inscrito como recolector voluntario, por lo que le corresponderá atender las disposiciones legales para realizar la remoción de los residuos y la remediación del sitio afectado.

El incendio fue atendido y sofocado por elementos de Protección Civil Municipal, Guardia Civil Municipal y la Dirección de Servicios Municipales, quienes lograron controlar el fuego y trabajaron para eliminar los elementos de riesgo presentes en el tiradero clandestino.

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Opinión

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