Estado
¿Por qué ha fracasado la Alerta de Género en SLP?
Pequeños aciertos y grandes deudas con la sociedad: hablamos con activistas del movimiento feminista para conocer el momento que vive la lucha contra la violencia feminicida
Por: Itzel Márquez
Desde hace cuatro años, en San Luis Potosí se implementó la Alerta de Género con el objetivo de salvaguardar la seguridad de las potosinas; sin embargo, al ver en perspectiva las medidas aplicadas, Arely Torres y Marcela García, ambas activistas feministas y la segunda diputada electa por Morena, coincidieron en que lo hecho hasta ahora no ha sido suficiente.
“La alerta de género no ha sido efectiva, creo que el gobierno tuvo la oportunidad de atender a las mujeres víctimas y prevenir que la violencia siguiera ocurriendo, pero al contrario, esto ha aumentado; por lo tanto, falta prevención y atención, lo mínimo que deben hacer las autoridades es buscar que el feminicidio no suceda, deberían buscar que esto no suceda con órdenes efectivas, protección, atención digna y mecanismos de ayuda a las mujeres”, apuntó Arely.
Por su parte, Marcela coincidió en que la Alerta de Género no ha dado los resultados esperados, pero acotó que se han realizado algunas acciones en pro de las mujeres, que; sin embargo, no atienden en su totalidad el fenómeno de la violencia feminicida: “el diagnóstico que se hizo fue muy sesgado y no permite tener una mirada amplia sobre los feminicidios, no se pueden conocer las motivaciones de los agresores, la Fiscalía Especializada no se ha terminado de conformar y la propia alerta carece de elementos para solicitar que se trabaje en puntos específicos; además, la realidad se ha transformado desde el momento que se emitió a la fecha”.
García mencionó algunos puntos que se habían previsto como parte de la alerta y hasta ahora no se han cumplido: botones de pánico en los camiones o los camiones rosas especialmente para mujeres, “son medidas que, a mi parecer, son solo por cumplir, son simulaciones de que se atiende, pero con limitaciones, pues no se involucra a la sociedad y de tal forma no se conocen las necesidades de las mujeres”.
Ahora bien, tomando en cuenta algunos casos específicos de violencia de género que han sucedido en San Luis Potosí como el de Karla Pontigo en 2012 o el de Érika en 2018, ambas activistas opinaron sobre lo que ha faltado para hacer justicia:
“Yo creo que una situación que se logró, pero no hizo gobierno del Estado, sino Amnistía Internacional y la mamá de Karla Pontigo fue reabrir la investigación en noviembre de 2019, pero sigue sin haber una fiscalía especializada y habrá que preguntarnos ¿a dónde va el dinero destinado a ella 
En el mismo punto, Marcela García recalcó que: “falta una reparación amplia de daños y de casos como este nos queda claro que se tiene que aprender, que estas muertes no queden en la nota roja solamente ni en el pago de una deuda para solventar daños, sino que la sociedad debe recuperar historias y modos de operar del crimen para tomar medidas preventivas en la educación desde la infancia; hay un descoordinación que parece normal entre las secretarías de Salud, Educación, Fiscalías y comunidad”.
Por último, tomando en cuenta que está próxima la transición de poderes, tanto en el gobierno estatal como en las alcaldías, Marcela García y Arely Torres analizaron, cuáles serían las principales deudas del gobierno saliente y los retos del entrante.
Torres dijo que el gobierno electo tiene en sus manos la oportunidad de reivindicar a las instituciones frente a las víctimas y de ellos depende si siguen siendo omisos y perpetuando la falta de justicia o si encauzan las investigaciones aplicando perspectiva de género.
“Me parece que es una gran deuda de la Fiscalía de las Mujeres con especial trato para los delitos que conciernen a las mujeres y niñas, todo con perspectiva de género, que no solo se ocupe de los problemas familiares, pues también en las instituciones de gobierno y privadas hay violencia”, mencionó García.
En cuanto a los retos del siguiente gobierno, Marcela García dijo que la Secretaría de las Mujeres es una demanda constante desde el gobierno de Toranzo, pues mencionó que es necesario elevar su estatus de Instituto y trabajar en el empoderamiento económico de las mujeres.
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El informe anual fue entregado como lo mandata la Ley Orgánica de la Fiscalía y la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
Por: Redacción
La Fiscal General del Estado María Manuela García Cázares entregó en tiempo el informe anual de labores ante la presidenta de la Comisión Primera de Justicia diputada María Leticia Vázquez Hernández y el diputado Héctor Serrano Cortés presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), conforme a lo establecido en la ley.
La legisladora informó que el informe anual fue entregado como lo mandata la Ley Orgánica de la Fiscalía y la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece que en los primeros 15 días del mes de noviembre se estará entregando un informe por escrito, que se les hará llegar a todos los diputados y diputadas.
“A partir de esta fecha tenemos 30 días naturales para la comparecencia de la fiscal, para poderla llamar ante la Legislatura y que nos explique las dudas que surjan respecto a esto; el plazo máximo para que comparezca ante la Legislatura sería el 15 de diciembre, pero puede ser mucho antes, una vez que avancemos en la revisión del documento”.
Adelantó la diputada Vázquez Hernández que “un tema de importancia, que ya lo estamos trabajando, es la creación de la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas, es algo que está en nuestra cancha, nos corresponde atender el tema, ya estamos en eso, y espero que en este año se avance y se resuelva”.
Esta estrategia, impulsada por el gobernador Ricardo Gallardo Cardona, reducirá tiempos de atención y facilitará el acceso a documentos
Por: Redacción
La Secretaría General de Gobierno (SGG), a través de la Dirección General del Registro Civil, formalizó la firma de convenios de colaboración con cinco ayuntamientos potosinos, con el objetivo de fortalecer la coordinación institucional y mejorar la calidad de los servicios mediante la digitalización de documentos oficiales. Esta iniciativa permitirá garantizar el acceso pleno a los derechos fundamentales de todas y todos los potosinos, al facilitar procesos más ágiles y modernos en beneficio de la ciudadanía.
El secretario general de Gobierno, J. Guadalupe Torres Sánchez, y la directora del Registro Civil, Deysi Maribel López Sierra, se reunieron con las y los alcaldes de Aquismón, Cárdenas, Cerritos, Lagunillas y Real de Catorce, para dar continuidad a la segunda etapa del proceso de digitalización que se realiza desde las oficinas centrales del Registro Civil. En esta fase, se integrarán 50 mil actas de nacimiento a la nueva plataforma electrónica, lo que permitirá su consulta sin necesidad de acudir a las oficinas del Registro Civil o a las Oficialías.
Torres Sánchez mencionó que esta estrategia, impulsada por el gobernador Ricardo Gallardo Cardona, reducirá tiempos de atención, facilitará el acceso a documentos desde cualquier parte del estado y refleja el trabajo conjunto para construir un gobierno más cercano y orientado al bienestar de la población.
El Titular informó que el funcionario no estaba en su domicilio y se investiga un posible vínculo con traslados federales realizados por el Cereso
El Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del estado, Jesús Juárez Hernández, se pronunció sobre el ataque armado ocurrido la noche del martes 11 de noviembre contra la vivienda de Juan Carlos Portillo Fuentes, director del Centro Estatal de Reinserción Social (Cereso) de La Pila.
Medios locales reportaron que sujetos armados dispararon en repetidas ocasiones contra el domicilio de Portillo Fuentes, ubicado en la colonia 21 de Marzo, en la capital potosina, desatando una amplia movilización de corporaciones de seguridad.
El titular de la SSPC, Jesús Juárez Hernández, declaró lo siguiente sobre los hechos: “De inmediato nos contactamos con él. Acudió también el director de la Guardia Civil Estatal para verificar qué había pasado.”
Se encontraron indicios y fueron procesados por la Policía de Investigación (PDI). El caso se encuentra
Juárez Hernández indicó que el director no se encontraba en su casa al momento del ataque, sino en su trabajo. Negó que Portillo Fuentes les haya comentado haber recibido amenazas cotidianas por su labor, solo la “atención cotidiana” al centro penitenciario.
“Se están revisando traslados federales que hicimos recientemente para fortalecer una línea de investigación relacionada con esta vía.”
El Secretario aseguró que este incidente no detendrá las labores de seguridad, y que, por su parte, la SSPC está fortaleciendo la seguridad del centro penitenciario de La Pila.
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