Estado
¿Por qué ha fracasado la Alerta de Género en SLP?
Pequeños aciertos y grandes deudas con la sociedad: hablamos con activistas del movimiento feminista para conocer el momento que vive la lucha contra la violencia feminicida
Por: Itzel Márquez
Desde hace cuatro años, en San Luis Potosí se implementó la Alerta de Género con el objetivo de salvaguardar la seguridad de las potosinas; sin embargo, al ver en perspectiva las medidas aplicadas, Arely Torres y Marcela García, ambas activistas feministas y la segunda diputada electa por Morena, coincidieron en que lo hecho hasta ahora no ha sido suficiente.
“La alerta de género no ha sido efectiva, creo que el gobierno tuvo la oportunidad de atender a las mujeres víctimas y prevenir que la violencia siguiera ocurriendo, pero al contrario, esto ha aumentado; por lo tanto, falta prevención y atención, lo mínimo que deben hacer las autoridades es buscar que el feminicidio no suceda, deberían buscar que esto no suceda con órdenes efectivas, protección, atención digna y mecanismos de ayuda a las mujeres”, apuntó Arely.
Por su parte, Marcela coincidió en que la Alerta de Género no ha dado los resultados esperados, pero acotó que se han realizado algunas acciones en pro de las mujeres, que; sin embargo, no atienden en su totalidad el fenómeno de la violencia feminicida: “el diagnóstico que se hizo fue muy sesgado y no permite tener una mirada amplia sobre los feminicidios, no se pueden conocer las motivaciones de los agresores, la Fiscalía Especializada no se ha terminado de conformar y la propia alerta carece de elementos para solicitar que se trabaje en puntos específicos; además, la realidad se ha transformado desde el momento que se emitió a la fecha”.
García mencionó algunos puntos que se habían previsto como parte de la alerta y hasta ahora no se han cumplido: botones de pánico en los camiones o los camiones rosas especialmente para mujeres, “son medidas que, a mi parecer, son solo por cumplir, son simulaciones de que se atiende, pero con limitaciones, pues no se involucra a la sociedad y de tal forma no se conocen las necesidades de las mujeres”.
Ahora bien, tomando en cuenta algunos casos específicos de violencia de género que han sucedido en San Luis Potosí como el de Karla Pontigo en 2012 o el de Érika en 2018, ambas activistas opinaron sobre lo que ha faltado para hacer justicia:
“Yo creo que una situación que se logró, pero no hizo gobierno del Estado, sino Amnistía Internacional y la mamá de Karla Pontigo fue reabrir la investigación en noviembre de 2019, pero sigue sin haber una fiscalía especializada y habrá que preguntarnos ¿a dónde va el dinero destinado a ella ”, mencionó Arely.
En el mismo punto, Marcela García recalcó que: “falta una reparación amplia de daños y de casos como este nos queda claro que se tiene que aprender, que estas muertes no queden en la nota roja solamente ni en el pago de una deuda para solventar daños, sino que la sociedad debe recuperar historias y modos de operar del crimen para tomar medidas preventivas en la educación desde la infancia; hay un descoordinación que parece normal entre las secretarías de Salud, Educación, Fiscalías y comunidad”.
Por último, tomando en cuenta que está próxima la transición de poderes, tanto en el gobierno estatal como en las alcaldías, Marcela García y Arely Torres analizaron, cuáles serían las principales deudas del gobierno saliente y los retos del entrante.
Torres dijo que el gobierno electo tiene en sus manos la oportunidad de reivindicar a las instituciones frente a las víctimas y de ellos depende si siguen siendo omisos y perpetuando la falta de justicia o si encauzan las investigaciones aplicando perspectiva de género.
“Me parece que es una gran deuda de la Fiscalía de las Mujeres con especial trato para los delitos que conciernen a las mujeres y niñas, todo con perspectiva de género, que no solo se ocupe de los problemas familiares, pues también en las instituciones de gobierno y privadas hay violencia”, mencionó García.
En cuanto a los retos del siguiente gobierno, Marcela García dijo que la Secretaría de las Mujeres es una demanda constante desde el gobierno de Toranzo, pues mencionó que es necesario elevar su estatus de Instituto y trabajar en el empoderamiento económico de las mujeres.
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Destacadas
Movilidad cambia la vida de las familias en SLP
El impulso a un transporte moderno, accesible y gratuito marcó el rumbo de 2025 y sentó bases sólidas para el desarrollo social y económico del Estado
Por: Redacción
Durante 2025, San Luis Potosí registró avances decisivos en movilidad y transporte, resultado de una política pública sostenida que priorizó a las personas y su derecho a trasladarse con dignidad. Bajo el liderazgo de Ricardo Gallardo Cardona, el Estado fortaleció una agenda de cambio que colocó al transporte público como una herramienta de bienestar, cercanía y justicia social.
Proyectos como MetroRed, RedMetro, Mi Bus y los programas de transporte subsidiado ampliaron la conectividad, redujeron gastos familiares y modernizaron el sistema de movilidad, con impacto directo en la vida cotidiana de miles de potosinas y potosinos. Estas acciones consolidaron un modelo más incluyente y eficiente, alineado a una dinámica urbana sin límites y con visión de futuro.
Con la confianza ciudadana como motor, el Estado se prepara para un 2026 con nuevos proyectos y mayor respaldo al sector transporte, reafirmando que la movilidad seguirá siendo una prioridad estratégica para el crecimiento y la cohesión social de San Luis Potosí.
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Congreso del Estado
Se expidió la Ley de Lactancia para el estado de SLP
Se protege a las y los lactantes, a través de la protección, promoción y respeto a la lactancia materna
Por: Redacción
El Congreso del Estado aprobó expedir la Ley de Lactancia para el Estado de San Luis Potosí, con el fin de proteger a las y los lactantes, a través de la protección, promoción, y respeto de la lactancia materna.
Con esta nueva legislación, se busca reconocer el beneficio de los niños de San Luis Potosí, estableciendo las condiciones que garanticen su salud, crecimiento y desarrollo integral, así como el derecho de las madres de ejercer la lactancia materna de manera libre, informada y segura.
En esta ley, se abordan diferentes aspectos, como la disponibilidad de espacios adecuados y privados para la lactancia en lugares públicos y en los centros de trabajo, la protección de los derechos de las mujeres lactantes y las obligaciones pertinentes de las instituciones públicas y privadas.
Cabe destacar que, entre los beneficios, se aportan todos los nutrientes y la hidratación necesarios, la lactancia materna ayuda a prevenir infecciones gastrointestinales y respiratorias, obesidad, diabetes, leucemia, alergias, cáncer infantil, hipertensión y colesterol alto, así mismo, puede contribuir a prevenir la infección por COVID-19; sin embargo, muchas mujeres tienen que volver al trabajo a pocos días después del parto, y hacen frente a una serie de problemas y presiones que suelen obligarlas a dejar la lactancia materna exclusiva antes de tiempo.
Se establece en esta ley, la creación de lactarios o salas de lactancia para conservar las características de higiene, privacidad, confortabilidad, tranquilidad y accesibilidad; lo cual permitirá a las mujeres ejercer el derecho a la lactancia humana, en condiciones de calidad y calidez en su centro de trabajo, así como promover y fortalecen la conciliación trabajo-familia, permitiendo a las madres trabajadoras contar con opciones para la toma de decisiones respecto de la alimentación y salud de sus hijas e hijos.
Además, se establece que el Estado a través de la Secretaría de Salud propondrá de manera anual a la Federación la instalación de bancos de leche humana y lactarios en los hospitales y centros de salud de atención materno- infantil en la Entidad.
En sus artículos transitorios, se indica que las dependencias y entidades del Poder Ejecutivo del Estado, así como los Poderes Legislativo, Judicial y organismos constitucionalmente autónomos deberán llevar a cabo la instalación, previo diagnóstico, de salas de lactancia en cada una de sus instituciones. Los recursos humanos, materiales y financieros que resulten necesarios para su funcionamiento serán solventados por cada una de las instituciones con cargo a su propio presupuesto en la medida de su suficiencia presupuestal.
La propuesta es una herramienta para todas las madres trabajadoras con el firme propósito de fomentar y alentar la práctica de la lactancia materna con el conocimiento de que el principal obstáculo de la Lactancia Materna es la falta de información de la sociedad en general sobre todas las ventajas, tanto para los bebes como para las madres.
Es fundamental contar con una ley de lactancia materna para proteger y promover el derecho de las mujeres a amamantar a sus hijos de forma adecuada, lo anterior para garantizar que las madres tengan el tiempo, el espacio y los recursos necesarios para amamantar a sus bebés, tanto en el ámbito laboral como en otros entornos públicos.
En la presente ley, se abordaron diferentes aspectos, como la disponibilidad de espacios adecuados y privados para la lactancia en lugares públicos y en los centros de trabajo, la protección de los derechos de las mujeres lactantes y las obligaciones pertinentes de las instituciones públicas y privadas. Entre los beneficios, se aportan todos los nutrientes y la hidratación necesarios, la lactancia materna ayuda a prevenir infecciones gastrointestinales y respiratorias, obesidad, diabetes, leucemia, alergias, cáncer infantil, hipertensión y colesterol alto, así mismo, puede contribuir a prevenir la infección por COVID-19.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) señalan que la lactancia es una forma inigualable de facilitar el alimento ideal para el crecimiento y desarrollo correcto de los niños y a su vez refieren que la lactancia materna salva más vidas que cualquier otra intervención preventiva.
La lactancia no sólo beneficia a los bebés sino también a las mamás, ya que a corto plazo ayuda a su recuperación física, por ejemplo, disminuye el riesgo de hemorragia después del nacimiento y reduce el riesgo de depresión post- parto. Asimismo, contribuye a disminuir las probabilidades de desarrollar cáncer de ovario, cáncer de mama, diabetes tipo II, hipertensión, ataques cardíacos, anemia y osteoporosis.
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Destacadas
Ceepac alerta déficit financiero para arrancar proceso electoral 2027
Inicia 2026 con un déficit superior a los 80 millones de pesos; el Congreso aprobó un aumento, pero fue menor a lo solicitado
Por: Redacción
El Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ceepac) arrancará el ejercicio fiscal 2026 con un déficit superior a los 80 millones de pesos, a pesar del incremento presupuestal aprobado por el Congreso del Estado, el cual resultó insuficiente para cubrir las necesidades operativas del organismo y las actividades preliminares del proceso electoral de 2027.
La consejera electoral Graciela Díaz Vázquez explicó que el presupuesto originalmente solicitado fue elaborado bajo un esquema de gasto mínimo, contemplando únicamente los requerimientos indispensables tanto para la operación ordinaria del organismo como para los trabajos que, por ley, deben iniciar con un año de anticipación al proceso electoral.
Si bien reconoció la disposición del Poder Legislativo para otorgar un aumento parcial a los recursos del Ceepac, advirtió que el recorte al proyecto original dejó una brecha financiera significativa que obliga al organismo a replantear su planeación anual.
Entre las áreas que deberán priorizarse se encuentran el desarrollo y mantenimiento de sistemas informáticos electorales, la capacitación de partidos políticos y personal, así como la planeación y logística para la instalación de los comités electorales, considerados elementos clave para garantizar la organización de los comicios.
Ante este panorama, el Ceepac prevé solicitar ampliaciones presupuestales a lo largo del ejercicio fiscal 2026, además de implementar medidas de contención del gasto y reprogramar actividades que no resulten urgentes, con el objetivo de cumplir con sus obligaciones legales sin comprometer la certeza y legalidad del proceso electoral.
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