septiembre 14, 2026

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Estado

¿Por qué ha fracasado la Alerta de Género en SLP?

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Pequeños aciertos y grandes deudas con la sociedad: hablamos con activistas del movimiento feminista para conocer el momento que vive la lucha contra la violencia feminicida

Por: Itzel Márquez

Desde hace cuatro años, en San Luis Potosí se implementó la Alerta de Género con el objetivo de salvaguardar la seguridad de las potosinas; sin embargo, al ver en perspectiva las medidas aplicadas, Arely Torres y Marcela García, ambas activistas feministas y la segunda diputada electa por Morena, coincidieron en que lo hecho hasta ahora no ha sido suficiente.

“La alerta de género no ha sido efectiva, creo que el gobierno tuvo la oportunidad de atender a las mujeres víctimas y prevenir que la violencia siguiera ocurriendo, pero al contrario, esto ha aumentado; por lo tanto, falta prevención y atención, lo mínimo que deben hacer las autoridades es buscar que el feminicidio no suceda, deberían buscar que esto no suceda con órdenes efectivas, protección, atención digna y mecanismos de ayuda a las mujeres”, apuntó Arely.

Por su parte, Marcela coincidió en que la Alerta de Género no ha dado los resultados esperados, pero acotó que se han realizado algunas acciones en pro de las mujeres, que; sin embargo, no atienden en su totalidad el fenómeno de la violencia feminicida: “el diagnóstico que se hizo fue muy sesgado y no permite tener una mirada amplia sobre los feminicidios, no se pueden conocer las motivaciones de los agresores, la Fiscalía Especializada no se ha terminado de conformar y la propia alerta carece de elementos para solicitar que se trabaje en puntos específicos; además, la realidad se ha transformado desde el momento que se emitió a la fecha”.

García mencionó algunos puntos que se habían previsto como parte de la alerta y hasta ahora no se han cumplido: botones de pánico en los camiones o los camiones rosas especialmente para mujeres, “son medidas que, a mi parecer, son solo por cumplir, son simulaciones de que se atiende, pero con limitaciones, pues no se involucra a la sociedad y de tal forma no se conocen las necesidades de las mujeres”.

Ahora bien, tomando en cuenta algunos casos específicos de violencia de género que han sucedido en San Luis Potosí como el de Karla Pontigo en 2012 o el de Érika en 2018, ambas activistas opinaron sobre lo que ha faltado para hacer justicia:

“Yo creo que una situación que se logró, pero no hizo gobierno del Estado, sino Amnistía Internacional y la mamá de Karla Pontigo fue reabrir la investigación en noviembre de 2019, pero sigue sin haber una fiscalía especializada y habrá que preguntarnos ¿a dónde va el dinero destinado a ella

”, mencionó Arely.

En el mismo punto, Marcela García recalcó que: “falta una reparación amplia de daños y de casos como este nos queda claro que se tiene que aprender, que estas muertes no queden en la nota roja solamente ni en el pago de una deuda para solventar daños, sino que la sociedad debe recuperar historias y modos de operar del crimen para tomar medidas preventivas en la educación desde la infancia; hay un descoordinación que parece normal entre las secretarías de Salud, Educación, Fiscalías y comunidad”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por último, tomando en cuenta que está próxima la transición de poderes, tanto en el gobierno estatal como en las alcaldías, Marcela García y Arely Torres analizaron, cuáles serían las principales deudas del gobierno saliente y los retos del entrante.

Torres dijo que el gobierno electo tiene en sus manos la oportunidad de reivindicar a las instituciones frente a las víctimas y de ellos depende si siguen siendo omisos y perpetuando la falta de justicia o si encauzan las investigaciones aplicando perspectiva de género.

“Me parece que es una gran deuda de la Fiscalía de las Mujeres con especial trato para los delitos que conciernen a las mujeres y niñas, todo con perspectiva de género, que no solo se ocupe de los problemas familiares, pues también en las instituciones de gobierno y privadas hay violencia”, mencionó García.

En cuanto a los retos del siguiente gobierno, Marcela García dijo que la Secretaría de las Mujeres es una demanda constante desde el gobierno de Toranzo, pues mencionó que es necesario elevar su estatus de Instituto y trabajar en el empoderamiento económico de las mujeres.

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Congreso del Estado

Familias de desaparecidos podrían acceder a herencias y seguros tras reducir plazo legal en SLP

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La Comisión Segunda de Justicia aprobó la reforma al Código Civil de SLP para desapariciones durante guerras, naufragios, inundaciones o siniestros similares se plantean dos años

Por: Redacción

La Comisión Segunda de Justicia del Congreso del Estado aprobó un dictamen para modificar el Código Civil de San Luis Potosí y reducir los plazos para que, en determinados casos, pueda declararse la presunción de muerte de una persona desaparecida, con el objetivo de que sus familiares puedan acceder a derechos patrimoniales y sociales.

La propuesta establece que, cuando una persona desaparezca durante una guerra, un naufragio, una inundación u otro siniestro similar, podrían transcurrir dos años desde la desaparición para solicitar la presunción de muerte, sin que sea necesario declarar previamente su ausencia.

El plazo sería considerablemente menor —seis meses— cuando la desaparición ocurra como consecuencia de un incendio, explosión, terremoto o catástrofe aérea o ferroviaria, siempre que exista una fundada presunción de que la persona se encontraba en el lugar del siniestro.

El mismo plazo de seis meses aplicaría, de aprobarse la reforma, cuando existan datos de prueba que permitan presumir que la desaparición fue consecuencia de un secuestro o desaparición forzada.

La iniciativa también plantea que la solicitud de presunción de muerte se publique hasta tres veces durante el procedimiento sin costo para los familiares, en un proceso que no deberá exceder de 30 días.

La diputada Gabriela López Torres, presidenta de la Comisión Segunda de Justicia, explicó que la reforma busca resolver las consecuencias civiles y familiares que enfrentan quienes tienen a un ser querido desaparecido, sin que esto implique suspender las labores de búsqueda.

“Estas instituciones del estado tienen obligación de buscar hasta el momento del encuentro a esta persona desaparecida; sin embargo, en materia civil y familiar, si necesitamos darle certeza a las personas”, señaló.

De aprobarse en el Pleno, la modificación permitiría a los familiares realizar trámites relacionados con herencias, seguros de vida, pensiones de sobrevivientes y administración de bienes, además de facilitar la disolución del vínculo matrimonial o de una unión de hecho.

La propuesta busca atender así una situación distinta a la investigación sobre el paradero de la persona: mientras las autoridades continuarían obligadas a realizar su búsqueda, sus familiares podrían contar con una vía jurídica para resolver asuntos patrimoniales y familiares derivados de una desaparición prolongada.

El dictamen fue aprobado en comisión y será turnado al Pleno del Congreso del Estado para su discusión y, en su caso, votación.

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Congreso del Estado

Congreso de SLP anuncia acciones legales por hechos violentos ocurridos en el recinto

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El Legislativo afirmó que hubo agresiones físicas y verbales contra diputados y Rita Ozalia Rodríguez

Por: Redacción 

El Congreso del Estado anunció que emprenderá acciones legales por los hechos ocurridos el pasado viernes dentro del recinto legislativo, donde, según acusó, se registraron agresiones físicas y verbales contra diputadas, diputados y la dirigente estatal de Morena, Rita Ozalia Rodríguez Velázquez.

A través de un posicionamiento firmado por las diputadas y diputados de la LXIV Legislatura, el Congreso señaló a Natalia Castil lo Vera y a sus acompañantes

como responsables de los actos que calificó como violentos, insultantes y contrarios a la civilidad.

De acuerdo con el comunicado, durante el incidente también se hicieron referencias a Gerardo Sánchez Zumaya, quien busca ser candidato a la gubernatura de San Luis Potosí, por lo que el Legislativo consideró que los hechos tuvieron un componente de carácter político-electoral.

El Congreso expresó además su solidaridad con Rita Ozalia Rodríguez Velázquez por lo ocurrido y sostuvo que el recinto legislativo debe ser un espacio donde prevalezcan la seguridad y el respeto.

Las y los legisladores advirtieron que la confrontación política no debe derivar en agresiones ni poner en riesgo la integridad de quienes acuden al Congreso, y señalaron que la libertad de expresión no debe utilizarse, según su postura, como justificación para conductas violentas.

Finalmente, informaron que el área correspondiente del Congreso iniciará las acciones legales que considere pertinentes para sancionar los hechos y evitar nuevos incidentes dentro del recinto.

El posicionamiento no detalla por ahora qué denuncias o procedimientos específicos serán presentados ni ante qué autoridad.

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Asesoría jurídica gratuita llega a los 59 municipios de San Luis Potosí

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El objetivo es acercar la orientación jurídica a comunidades que enfrentan dificultades para trasladarse

Por: Redacción

Las familias de los 59 municipios de San Luis Potosí pueden acceder a asesoría y orientación jurídica gratuita en asuntos civiles, familiares y penales a través del programa La Defensoría en tu Casa.

El esquema busca acercar los servicios de la Defensoría Pública del Estado a las cuatro regiones de la entidad, principalmente mediante su participación en Ferias de Servicios, donde abogados especializados atienden directamente a la población.

Durante una jornada realizada en Tierra Nueva, el titular de la Defensoría Pública del Estado, Edgar Valdez Zavala, señaló que el modelo permite que las personas conozcan sus derechos y reciban orientación legal sin tener que trasladarse hasta la capital u otros municipios para buscar atención.

La asesoría contempla materia civil, familiar y penal, por lo que puede servir como primer contacto para personas que requieren conocer las opciones legales disponibles ante algún conflicto o situación jurídica.

De acuerdo con la dependencia, el programa opera desde el inicio de la actual administración y busca ampliar el acceso a los servicios de defensa pública en comunidades de las distintas regiones del estado.

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