Estado
¿Por qué ha fracasado la Alerta de Género en SLP?
Pequeños aciertos y grandes deudas con la sociedad: hablamos con activistas del movimiento feminista para conocer el momento que vive la lucha contra la violencia feminicida
Por: Itzel Márquez
Desde hace cuatro años, en San Luis Potosí se implementó la Alerta de Género con el objetivo de salvaguardar la seguridad de las potosinas; sin embargo, al ver en perspectiva las medidas aplicadas, Arely Torres y Marcela García, ambas activistas feministas y la segunda diputada electa por Morena, coincidieron en que lo hecho hasta ahora no ha sido suficiente.
“La alerta de género no ha sido efectiva, creo que el gobierno tuvo la oportunidad de atender a las mujeres víctimas y prevenir que la violencia siguiera ocurriendo, pero al contrario, esto ha aumentado; por lo tanto, falta prevención y atención, lo mínimo que deben hacer las autoridades es buscar que el feminicidio no suceda, deberían buscar que esto no suceda con órdenes efectivas, protección, atención digna y mecanismos de ayuda a las mujeres”, apuntó Arely.
Por su parte, Marcela coincidió en que la Alerta de Género no ha dado los resultados esperados, pero acotó que se han realizado algunas acciones en pro de las mujeres, que; sin embargo, no atienden en su totalidad el fenómeno de la violencia feminicida: “el diagnóstico que se hizo fue muy sesgado y no permite tener una mirada amplia sobre los feminicidios, no se pueden conocer las motivaciones de los agresores, la Fiscalía Especializada no se ha terminado de conformar y la propia alerta carece de elementos para solicitar que se trabaje en puntos específicos; además, la realidad se ha transformado desde el momento que se emitió a la fecha”.
García mencionó algunos puntos que se habían previsto como parte de la alerta y hasta ahora no se han cumplido: botones de pánico en los camiones o los camiones rosas especialmente para mujeres, “son medidas que, a mi parecer, son solo por cumplir, son simulaciones de que se atiende, pero con limitaciones, pues no se involucra a la sociedad y de tal forma no se conocen las necesidades de las mujeres”.
Ahora bien, tomando en cuenta algunos casos específicos de violencia de género que han sucedido en San Luis Potosí como el de Karla Pontigo en 2012 o el de Érika en 2018, ambas activistas opinaron sobre lo que ha faltado para hacer justicia:
“Yo creo que una situación que se logró, pero no hizo gobierno del Estado, sino Amnistía Internacional y la mamá de Karla Pontigo fue reabrir la investigación en noviembre de 2019, pero sigue sin haber una fiscalía especializada y habrá que preguntarnos ¿a dónde va el dinero destinado a ella 
En el mismo punto, Marcela García recalcó que: “falta una reparación amplia de daños y de casos como este nos queda claro que se tiene que aprender, que estas muertes no queden en la nota roja solamente ni en el pago de una deuda para solventar daños, sino que la sociedad debe recuperar historias y modos de operar del crimen para tomar medidas preventivas en la educación desde la infancia; hay un descoordinación que parece normal entre las secretarías de Salud, Educación, Fiscalías y comunidad”.
Por último, tomando en cuenta que está próxima la transición de poderes, tanto en el gobierno estatal como en las alcaldías, Marcela García y Arely Torres analizaron, cuáles serían las principales deudas del gobierno saliente y los retos del entrante.
Torres dijo que el gobierno electo tiene en sus manos la oportunidad de reivindicar a las instituciones frente a las víctimas y de ellos depende si siguen siendo omisos y perpetuando la falta de justicia o si encauzan las investigaciones aplicando perspectiva de género.
“Me parece que es una gran deuda de la Fiscalía de las Mujeres con especial trato para los delitos que conciernen a las mujeres y niñas, todo con perspectiva de género, que no solo se ocupe de los problemas familiares, pues también en las instituciones de gobierno y privadas hay violencia”, mencionó García.
En cuanto a los retos del siguiente gobierno, Marcela García dijo que la Secretaría de las Mujeres es una demanda constante desde el gobierno de Toranzo, pues mencionó que es necesario elevar su estatus de Instituto y trabajar en el empoderamiento económico de las mujeres.
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La iniciativa busca garantizar prevención, detección, diagnóstico y seguimiento integral del síndrome, que afecta entre 8 y 13 por ciento de mujeres en edad reproductiva
Por: Redacción
La diputada Frinné Azuara Yarzábal propuso una iniciativa para incorporar el síndrome ovárico metabólico poliendocrino en la Ley de Salud del Estado de San Luis Potosí, con el objetivo de garantizar su prevención, detección, diagnóstico, tratamiento y seguimiento integral.
La iniciativa adiciona una fracción al artículo 4 y reforma las fracciones II, XI Bis y XIV de la Ley de Salud estatal. El concepto incorporado es el de síndrome ovárico metabólico poliendocrino, antes conocido como síndrome de ovario poliquístico.
Se trata de un trastorno endocrino-metabólico crónico que afecta principalmente a mujeres en edad reproductiva y puede persistir en etapas posteriores de la vida. Se caracteriza por hiperandrogenismo clínico y/o bioquímico, disfunción ovulatoria y alteraciones morfológicas ováricas.
El síndrome se asocia con mayor riesgo de resistencia a la insulina, diabetes mellitus tipo 2, obesidad, síndrome metabólico, hipertensión arterial, enfermedad cardiovascular, trastornos de la fertilidad y repercusiones psicológicas.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) advierte que se trata de una condición crónica con repercusiones a largo plazo que requiere prevención, diagnóstico oportuno, tratamiento y seguimiento continuo. Estudios sitúan su prevalencia aproximada entre 8 y 13 por ciento
A pesar de su prevalencia, persisten el subdiagnóstico, la identificación tardía y la atención fragmentada, especialmente cuando las manifestaciones del padecimiento se tratan de forma aislada y no como parte de un mismo síndrome.
La iniciativa contempla integrar dentro de la atención médica ginecológica la prevención, detección, diagnóstico, tratamiento y seguimiento de trastornos endocrino-metabólicos que afecten la salud reproductiva, como el síndrome ovárico metabólico poliendocrino.
También propone incorporar en las acciones de prevención y el control de las enfermedades no transmisibles y accidentes, las enfermedades endocrinas, metabólicas y cardiovasculares, reconociendo al síndrome ovárico metabólico poliendocrino como padecimiento que requiere acciones específicas de prevención, diagnóstico temprano, tratamiento y seguimiento integral.
La iniciativa fue turnada a la Comisión de Salud y Asistencia Social para su análisis.
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Pascual Martínez Sánchez afirmó que el contrato sigue vigente por alrededor de siete años más, aunque insistió en que sus condiciones son desfavorables para el estado
Por: Redacción
La Comisión Estatal del Agua (CEA) prevé aplicar una sanción cercana a los 14 millones de pesos a la empresa operadora de la Presa El Realito, luego de la falla más reciente que dejó sin funcionamiento al sistema durante aproximadamente cinco días.
Pascual Martínez Sánchez, titular de la Comisión, explicó que las penalizaciones están contempladas en el contrato y se calculan con base en los días que el agua deja de llegar a los tanques de almacenamiento que abastecen a la zona metropolitana de San Luis Potosí.
“En esta última falla, que duró alrededor de cinco días, ya estamos preparando el procedimiento correspondiente. La multa rondaría los 14 millones de pesos”, señaló.
El funcionario detalló que las sanciones se aplican mediante descuentos a los pagos que la administración estatal realiza a la empresa concesionaria. Agregó que durante 2025 también se han aplicado penalizaciones por interrupciones en el servicio.
Martínez Sánchez recordó que tan solo el año pasado se registraron alrededor de 21 fallas en el sistema
A pesar de las sanciones, reconoció que el gobierno estatal mantiene inconformidades con las condiciones bajo las que fue firmado el contrato de El Realito, al considerar que favorece ampliamente a la empresa operadora.
“No estamos de acuerdo con la forma en que se estableció este contrato. Lo hemos dicho en otras ocasiones: es un contrato muy leonino”, afirmó.
El titular de la CEA indicó que actualmente se analizan mecanismos legales y administrativos para modificar las condiciones del acuerdo, aunque reconoció que hasta el momento no ha sido posible rescindirlo.
Según explicó, el contrato aún tiene una vigencia aproximada de siete años, por lo que cualquier acción deberá considerar el impacto que tendría sobre el suministro de agua para la zona metropolitana.
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El gobernador afirmó que la entidad ya se ubica entre las de menor incidencia delictiva y confió en que las próximas evaluaciones nacionales mejorarán su posición
Por: Redacción
El gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, aseguró que el estado está próximo a convertirse en la entidad más segura del país, al destacar los resultados obtenidos en materia de seguridad durante los últimos meses.
El mandatario señaló que las evaluaciones oficiales todavía consideran información correspondiente al año pasado, por lo que confió en que las próximas mediciones reflejarán los avances registrados en 2026.
“Estamos a unos meses de que nos pongan como el estado más seguro. Estamos en el tercer estado más seguro de todo el país”, afirmó.
Gallardo explicó que los indicadores recientes muestran una reducción en la incidencia delictiva y aseguró que esos resultados ya han sido reconocidos por el gobierno federal.
“Con los resultados de los últimos tres meses, la evaluación viene totalmente diferente, ya con todo el arranque de este año que nos ha ido muy bien en el tema de la seguridad
El gobernador agregó que estos niveles de seguridad forman parte de la estrategia para fortalecer la actividad turística y atraer visitantes nacionales e internacionales, especialmente ante la celebración del Mundial de Futbol 2026.
“Somos el estado con más baja incidencia en los últimos tres meses también, dicho por los números de Presidencia de la República”, sostuvo.
Finalmente, confió en que la actualización de las estadísticas permitirá mejorar la percepción de la entidad y consolidarla como uno de los destinos más seguros del país.
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