Estado
¿Por qué ha fracasado la Alerta de Género en SLP?
Pequeños aciertos y grandes deudas con la sociedad: hablamos con activistas del movimiento feminista para conocer el momento que vive la lucha contra la violencia feminicida
Por: Itzel Márquez
Desde hace cuatro años, en San Luis Potosí se implementó la Alerta de Género con el objetivo de salvaguardar la seguridad de las potosinas; sin embargo, al ver en perspectiva las medidas aplicadas, Arely Torres y Marcela García, ambas activistas feministas y la segunda diputada electa por Morena, coincidieron en que lo hecho hasta ahora no ha sido suficiente.
“La alerta de género no ha sido efectiva, creo que el gobierno tuvo la oportunidad de atender a las mujeres víctimas y prevenir que la violencia siguiera ocurriendo, pero al contrario, esto ha aumentado; por lo tanto, falta prevención y atención, lo mínimo que deben hacer las autoridades es buscar que el feminicidio no suceda, deberían buscar que esto no suceda con órdenes efectivas, protección, atención digna y mecanismos de ayuda a las mujeres”, apuntó Arely.
Por su parte, Marcela coincidió en que la Alerta de Género no ha dado los resultados esperados, pero acotó que se han realizado algunas acciones en pro de las mujeres, que; sin embargo, no atienden en su totalidad el fenómeno de la violencia feminicida: “el diagnóstico que se hizo fue muy sesgado y no permite tener una mirada amplia sobre los feminicidios, no se pueden conocer las motivaciones de los agresores, la Fiscalía Especializada no se ha terminado de conformar y la propia alerta carece de elementos para solicitar que se trabaje en puntos específicos; además, la realidad se ha transformado desde el momento que se emitió a la fecha”.
García mencionó algunos puntos que se habían previsto como parte de la alerta y hasta ahora no se han cumplido: botones de pánico en los camiones o los camiones rosas especialmente para mujeres, “son medidas que, a mi parecer, son solo por cumplir, son simulaciones de que se atiende, pero con limitaciones, pues no se involucra a la sociedad y de tal forma no se conocen las necesidades de las mujeres”.
Ahora bien, tomando en cuenta algunos casos específicos de violencia de género que han sucedido en San Luis Potosí como el de Karla Pontigo en 2012 o el de Érika en 2018, ambas activistas opinaron sobre lo que ha faltado para hacer justicia:
“Yo creo que una situación que se logró, pero no hizo gobierno del Estado, sino Amnistía Internacional y la mamá de Karla Pontigo fue reabrir la investigación en noviembre de 2019, pero sigue sin haber una fiscalía especializada y habrá que preguntarnos ¿a dónde va el dinero destinado a ella 
En el mismo punto, Marcela García recalcó que: “falta una reparación amplia de daños y de casos como este nos queda claro que se tiene que aprender, que estas muertes no queden en la nota roja solamente ni en el pago de una deuda para solventar daños, sino que la sociedad debe recuperar historias y modos de operar del crimen para tomar medidas preventivas en la educación desde la infancia; hay un descoordinación que parece normal entre las secretarías de Salud, Educación, Fiscalías y comunidad”.
Por último, tomando en cuenta que está próxima la transición de poderes, tanto en el gobierno estatal como en las alcaldías, Marcela García y Arely Torres analizaron, cuáles serían las principales deudas del gobierno saliente y los retos del entrante.
Torres dijo que el gobierno electo tiene en sus manos la oportunidad de reivindicar a las instituciones frente a las víctimas y de ellos depende si siguen siendo omisos y perpetuando la falta de justicia o si encauzan las investigaciones aplicando perspectiva de género.
“Me parece que es una gran deuda de la Fiscalía de las Mujeres con especial trato para los delitos que conciernen a las mujeres y niñas, todo con perspectiva de género, que no solo se ocupe de los problemas familiares, pues también en las instituciones de gobierno y privadas hay violencia”, mencionó García.
En cuanto a los retos del siguiente gobierno, Marcela García dijo que la Secretaría de las Mujeres es una demanda constante desde el gobierno de Toranzo, pues mencionó que es necesario elevar su estatus de Instituto y trabajar en el empoderamiento económico de las mujeres.
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El diputado del PAN señaló que las inconformidades en clínicas y hospitales federalizados reflejan problemas estructurales y cuestionó la desaparición del Seguro Popular, el fracaso del INSABI y las dificultades del IMSS-Bienestar
Por: Redacción
El diputado Rubén Guajardo Barrera pidió atender a la brevedad las demandas del personal médico de clínicas y hospitales federalizados, cuyas inconformidades han derivado en marchas y bloqueos pacíficos en distintas partes del país.
El legislador señaló que las condiciones del sistema de salud han generado malestar entre los trabajadores del sector y consideró que las protestas reflejan problemas estructurales que requieren soluciones inmediatas
Guajardo Barrera sostuvo que las deficiencias en materia de salud no son recientes, pero afirmó que se han acentuado desde el inicio de la actual administración federal. Entre los cambios que cuestionó mencionó la desaparición del Seguro Popular
El diputado recordó que la Federación asumió la responsabilidad de la política pública de salud, mientras que los gobiernos estatales dejaron de operar hospitales y mantienen principalmente funciones relacionadas con la prevención.
Ante este escenario, consideró necesario revisar de manera integral las políticas públicas implementadas para mejorar el sector, así como conocer las condiciones actuales de los servicios médicos y las responsabilidades de las autoridades involucradas.
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La Secretaría General de Gobierno reportó avances en trámites de identidad y más de 21 mil beneficiarios de la campaña “Meses del Testamento” durante los cinco años de la actual administración
Por: Redacción
El Registro Civil de San Luis Potosí digitalizó más de 130 mil actas de nacimiento durante el último año e instaló 11 cajeros para expedir documentos certificados, informó J. Guadalupe Torres Sánchez, secretario general de Gobierno, durante su comparecencia ante el Congreso del Estado.
El funcionario presentó resultados de distintas dependencias y destacó la importancia de la política interior para mantener la estabilidad, atender las necesidades sociales y garantizar derechos. También señaló que se pidió a las y los funcionarios mantener el ritmo de trabajo durante el último año de la administración estatal y dar continuidad a los servicios públicos.
Entre los resultados expuestos, Torres Sánchez destacó la campaña “Meses del Testamento”, que desde 2024 amplió su periodo de septiembre a diciembre y ofrece descuentos preferenciales en trámites notariales. De acuerdo con el informe, el programa acumula más de 21 mil beneficiarios durante los cinco años de la actual administración.
La Secretaría General de Gobierno señaló que continuará la coordinación entre dependencias para acercar los servicios públicos a la población y atender las necesidades ciudadanas.
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El Congreso del Estado aprobó por unanimidad reformar la Ley de Educación para atender la violencia contra el personal educativo
Por: Redacción
Cuando un estudiante agreda a un maestro o a otro trabajador de su escuela, sus madres, padres o tutores deberán participar en procesos obligatorios de orientación y acompañamiento. Así lo establece una reforma a la Ley de Educación del Estado que el Congreso aprobó por unanimidad en sesión ordinaria.
La reforma agrega el artículo 83 Bis a la ley. Además de atender la violencia contra el personal docente, obliga a las escuelas a aplicar programas de formación en valores, cultura de paz, empatía y resolución pacífica de conflictos.
Qué deberán hacer las escuelas
En los casos en que un estudiante cometa actos de violencia contra el personal docente o educativo, las autoridades escolares deberán aplicar medidas formativas y correctivas “con enfoque educativo y restaurativo”. Se trata de que el estudiante entienda el daño y lo repare, más que de un castigo.
Si hubo daños, las autoridades deberán promover los mecanismos legales para que se reparen, conforme a la ley.
La reforma también pide a las escuelas que tengan acciones para prevenir, detectar a tiempo y atender la violencia escolar; que capaciten de forma continua a docentes y directivos en manejo de conflictos, y que tengan protocolos claros de actuación ante agresiones contra cualquier integrante de la comunidad educativa, en particular contra los maestros.
Otras reformas de la sesión
En la misma sesión, el Congreso aprobó la convocatoria para la Presea al Mérito Plan de San Luis 2026 y reformas para que las niñas, los niños y los adolescentes puedan presentar quejas ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos sin necesidad de un representante legal.
También aprobó reconocer la violencia digital contra las personas adultas mayores y definir en la ley qué es un evento deportivo masivo.
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