Congreso del Estado
Planta tratadora en Hidalgo contamina ríos en SLP
El congreso del estado de SLP hará un llamado a las autoridades federales, así como al estado de Hidalgo
Por: Redacción
La comisión de ecología y medio ambiente del congreso del estado de San Luis Potosí aprobó un punto de acuerdo para exhortar a la Comisión Nacional del Agua (Conagua), la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y al congreso del estado de Hidalgo y sus direcciones de ecología para rehabilitar la planta tratadora de agua que dejó de operar en aquella entidad, debido a que actualmente contamina ríos y manantiales del municipio de San Martín Chalchicuautla, perteneciente a la entidad potosina.
Eloy Franklin Sarabia, diputado presidente de esta comisión, y Lidia Nallely Vargas Hernández, vicepresidenta de la misma, mantuvieron comunicación con Reyes Gutierrez García, director de ecología del ayuntamiento de San Martín Chalchicuautla, quien denunció el daño producido por la inoperatividad de esta planta tratadora, pues vierte desechos al río San Pedro, que circula por la huasteca potosina.
Gutierrez García denunció que el daño ambiental requiere de una intervención inmediata de las autoridades federales, pues considera que se trata de un problema de aguas nacionales que involucra al estado de Hidalgo 
Eloy Franklin señaló que las autoridades de San Martín Chalchicuautla se acercaron al congreso local para solicitar su intervención ante este problema; advirtió la importancia de atenderlo, pues las aguas contaminadas se mezclan con el río Moctezuma que pasa por toda la huasteca potosina; “tenemos confianza en que el exhorto que en su momento sea enviado por el Congreso del Estado de San Luis Potosí, sea atendido, no sólo por la Conagua, sino por la Profepa y sobre todo por las autoridades de Hidalgo”, agregó.
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En su exposición de motivos se advierte que “esta actividad trae consigo grandes problemas ambientales, sociales y de salud pública”
Por: Redacción
La diputada Brisseire Sánchez López, impulsa un Punto de Acuerdo para exhortar a la titular de la Secretaría de Energía Federal (Luz Elena González Escobar), para qué dentro de sus atribuciones se tomen medidas para evitar la práctica del “Fracking” en el territorio de San Luis Potosí.
En su exposición de motivos advierte que “esta actividad trae consigo grandes problemas ambientales, sociales y negativos para la salud pública, en pocas palabras un impacto socioambiental negativo. Además el fracking puede entenderse como un proceso que sirve para identificar, explorar y extraer gas natural y petróleo, mediante una fracturación hidráulica”.
Se debe valorar detenidamente y con mucho detalle las autorizaciones para esta práctica, se debe consultar y sensibilizar a las comunidades de los efectos que pudieran tener; además, se debe de tomar en cuenta y respetar sus puntos de vista y opiniones de todas las personas cercanas a las zonas en donde se pretendan llevar estas perforaciones.
Sánchez López, puntualizó que “en caso de aplicarse en el Estado, en específico en la zona Huasteca, la situación seria muy crítica, ya que el 70% de sus habitantes es población indígena, a quienes se les debe respetar y garantizar sus usos y costumbres, consultándoles en todo momento las intenciones de aplicar métodos de perforación y establecer medidas para proteger las zonas en donde habitan”.
Héctor Serrano Cortés, destacó que en este proceso de análisis de la nueva Ley Orgánica, hay certeza, inclusión y concertación
Por: Redacción
Con la participación de representantes de los Poderes Ejecutivo y Judicial, asociaciones de abogados y especialistas el tema, el Congreso del Estado llevó a cabo el último foro sobre la nueva Ley Orgánica del Poder Judicial, que es analizada en comisiones y será aprobada y expedida en los próximos días, informó el diputado Carlos Arreola Mallol.
Participaron como ponentes el secretario general de Gobierno, J. Guadalupe Torres Sánchez; la Fiscal General del Estado, María Manuela García Cázares; el presidente del Supremo Tribunal de Justicia, magistrado Arturo Morales Silva y la magistrada electa Lourdes Anahí Zarazúa Martínez; asistieron magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa.
El presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, diputado Carlos Arreola Mallol, destacó que en el marco de esta nueva era jurídica para México, el Poder Legislativo ha realizado mesas de diálogo con responsabilidad, voluntad política y altura de miras de los tres Poderes, para tener un ordenamiento a la altura de las necesidades del nuevo Poder Judicial.
El legislador Héctor Serrano Cortés, presidente de la Comisión de Gobernación, destacó que en este proceso de análisis de la nueva Ley Orgánica, hay certeza, inclusión y concertación, en un procedimiento institucional que será cubierto a cabalidad y sumando esfuerzos, para presentar al Pleno un solo dictamen consensuado.
Se mantendrán reuniones previas para generar la estrategia para apoyar a la población de esta zona, y establecer un protocolo de requisitos
Por: Redacción
Dulcelina Sánchez de Lira, informó que en conjunto con el Instituto de Regularización y Vivienda Social del Estado (INREVIS), se estará trabajando en diversos municipios de la zona Altipla no para apoyar a la población que lo requiere en la regularización de sus predios y viviendas y con ello, brindar una certeza jurídica sobre sus propiedades.
Precisó que se iniciará con la revisión de algunos casos en el municipio de Mexquitic de Carmona, donde se buscará generar una estrategia para que se puedan poner en orden estas propiedades.
“En días pasados estuvimos ahí en una reunión con el titular del Instituto de vivienda, pues hay varios municipios que tienen una condición en la cual pues la ciudadanía no cuenta con una certeza jurídica de los predios que habitan o de sus tierras. Y, se buscará trabajar de manera coordinada con el Instituto, para generar un plan o una estrategia para poder dar de esa certeza que la ciudadanía, y en este caso, el municipio de Mexquitic es uno de los municipios con mayor rezago en ese sentido”.
Dijo que se mantendrán las reuniones previas, para generar la estrategia a seguir para apoyar a la población de esta zona, y establecer un protocolo con los requisitos documentales necesarios para que la población inicie su procedimiento de regularización de su situación sobre la tenencia de sus propiedades.
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