En el año 2023, el total de incendios fue de 31, con 473 hectáreas afectadas,

Por: Redacción

Las comisiones de Desarrollo Rural y Forestas y; de Trabajo y Previsión Social analizan un Punto de Acuerdo para exhortar a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales para que, a través de la Comisión Nacional Forestal, considere reactivar el Programa de Empleo Temporal de combate a los incendios forestales.

La finalidad es fortalecer la participación y coordinación de las y los pobladores de los núcleos agrarios en la prevención y combate de los siniestros ambientales que se presenten en la entidad, en especial para la prevención de incendios en el Área Natural Protegida Sierra de San Miguelito

El Punto de Acuerdo establece que en el año 2022 se registraron en la entidad 87 incendios forestales que afectaron 9,594 hectáreas; la mayoría de los incendios ocurrieron entre los meses de marzo y junio.

En el año 2023, el total de incendios fue de 31, con 473 hectáreas afectadas, los municipios con más incidencia por los incendios forestales fueron en la Huasteca, Tamasopo, con 25.32 hectáreas; en las regiones Media, Rioverde, con 56.3 hectáreas y Centro, Santa María del Río, con 89.89 hectáreas, mientras que, en el Altiplano, Matehuala con 107.39 hectáreas.

Legisladores de las respectivas comisiones se niegan a posicionarse; argumentan que sería irresponsable y esperarán el análisis definitivo

Por: Bernardo Vera

El pasado 15 de febrero, la organización Perteneces, acompañada de redes de abogadas en la ciudad, presentaron una solicitud de indulto al Congreso del Estado de San Luis Potosí, para ejecutar la liberación de Sanjuana Maldonado Amaya, detenida en 2009 por supuestos vínculos con el crimen organizado.

A más de dos meses de presentarse esta solicitud, legisladores e integrantes de las comisiones respectivas declararon que continúan en el análisis del caso, el expediente, así como la espera de otros documentos para deliberar sobre su decisión.

Rubén Guajardo Barrera, diputado local e integrante de la Comisión de Justicia, manifestó que asumir una posición a favor o en contra podría resultar contraproducente en el proceso, toda vez que el Legislativo adquiere una figura de juzgador, en el que se requiere toda la información; en este caso, la solicitud del indulto, la información de la sentencia por parte de la instancia jurisdiccional –que en este caso fue un juez, en 2009, con el sistema de justicia penal anterior– y las tres confirmaciones que se dan en apelación de Sala Magistrado, de un Juzgado Federal y de un colegiado.

“Sería muy irresponsable de mi parte, en este momento, decir a favor o en contra. Primero, porque también hay víctimas. Víctimas sobre una denuncia de un delito. Y creo que en este caso del indulto, el Congreso del Estado pasa a ser juzgador. Y un juzgador tiene que ser muy responsable; tendríamos que tener toda la información para poder realmente tener ya una decisión responsable en el pleno del Congreso”, explicó.

Cuauhtli Fernando Badillo Moreno, legislador e integrante de la misma Comisión,

“Vamos a analizarlo, y si el proceso no se llevó de buena manera, no hubo o no se siguió con la perspectiva de género, pues claro. Nosotros siempre hemos estado a favor de este tema, y vamos a analizarlo a fondo. Y si cuenta con todos los factores para que nosotros como Congreso podamos elevar este indulto, yo estoy de acuerdo”.

Liliana Guadalupe Flores Almazán, diputada en el Congreso local, también se pronunció en su calidad de legisladora, y aunque no pertenece a las comisiones correspondientes, se mostró interesada en conocer a fondo el caso, y participará en la defensa de los derechos de Sanjuana Maldonado.

“Me interesa conocer a fondo el caso y también la responsabilidad que nosotros estaríamos participando dentro de él. Es muy importante que se esté buscando, que se respeten sus derechos y bueno, eso es lo básico”, mencionó.

La defensa de Sanjuana Maldonado manifestó en su momento que durante su proceso judicial se detectaron una serie de irregularidades, como la violencia estructural de la que fue víctima, así como un proceso sin perspectiva de género.

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El derecho a la movilidad tiene, entre otros fines, mejorar las condiciones de vida, armonizar la convivencia

Por: Redacción

El pleno del Congreso del Estado aprobó en Sesión Ordinaria la reforma constitucional para reconocer el derecho a la movilidad, en condiciones de seguridad vial, accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, calidad, inclusión e igualdad, en los términos que establezcan las leyes aplicables.

Se indica que el derecho a la movilidad está basado en los principios de solidaridad, libertad, equidad, dignidad y justicia social y tiene, entre otros fines, mejorar las condiciones de vida, armonizar la convivencia, así como el oportuno acceso a otros derechos humanos, y también con el derecho al espacio público e, incluso, por ser el lugar donde las personas han elegido habitar.

El fenómeno de la movilidad no es exclusivo de las grandes ciudades, sino de cualquier ubicación geográfica en la que se encuentre una persona y tenga que desarrollar su vida cotidiana. Por ende, el libre tránsito o circulación es primordial, aunque en algunos casos presenta distintos retos para los asentamientos humanos.

Con el crecimiento exponencial de la población en San Luis Potosí, resulta necesaria la implementación de medidas que coadyuven a la simplificación del ejercicio de sus derechos, sobre todo al momento en que se moviliza para el desarrollo de sus actividades, cualesquiera que éstas sean.