noviembre 4, 2026

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#4 Tiempos

Perspectiva de discapacidad en el Quehacer Público | Columna de Germán Bautista

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HABLEMOS DE DERECHOS

 

Después de más de un mes de descanso necesario y autoimpuesto, volvemos a la carga con temas de discapacidad, no sé si recargados, pero quizá sí un poquito más densos y complejos. Sin embargo, mi propósito al participar mediante la escritura semanal de esta columna, es intentar hacer sencillas para toda la ciudadanía las temáticas relacionadas con las personas con discapacidad y lo que ocurre alrededor de ellas. Lo anterior, con la esperanza de motivar en quienes nos leen una investigación más profunda, y por qué no, el debate y la discusión, que siempre enriquecen. Al fin y al cabo, mi aspiración más grande, es llegar a otras conciencias y construir nuevas alianzas para fortalecer social y políticamente al colectivo al que pertenezco.

Aprovecho este comienzo de año para manifestarles mis mejores deseos; que haya abundancia y felicidad para sus hogares, sus amistades y sus familias. Agradezco también al equipo editorial de este medio, la libertad que se me ha permitido para agotar temas públicos y temas de toma de conciencia sobre las personas con discapacidad. Ojalá otros medios de comunicación abran también la puerta, no sólo a la temática, sino también a personas con y sin discapacidad que deseen escribir al respecto.

El día de hoy hablaremos del artículo 33 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Este artículo es fundamental porque mandata la aplicación de lo dispuesto en el ordenamiento por el gobierno en sus distintos órdenes y niveles, así como su seguimiento por los organismos de derechos humanos del país, y el necesario involucramiento de las organizaciones de personas con discapacidad en el quehacer gubernamental.

Nos enfocaremos en el numeral 1 del artículo mencionado que a la letra señala:

“Los Estados Partes, de conformidad con su sistema organizativo, designarán uno o más organismos gubernamentales encargados de las cuestiones relativas a la aplicación de la presente Convención y considerarán detenidamente la posibilidad de establecer o designar un mecanismo de coordinación para facilitar la adopción de medidas al respecto en diferentes sectores y a diferentes niveles.

Lo anterior significa que de acuerdo a la manera en que se estructura el gobierno de un país, deben contemplarse puntos de coordinación (también llamados puntos focales) de las políticas gubernamentales para incorporar la perspectiva de discapacidad desde su formulación hasta su evaluación y replanteamiento.

Esta disposición es vigente a partir de la entrada en vigor de la Convención el 3 de mayo de 2008. Sin embargo en México, menos de la tercera parte de los gobiernos estatales en el país adoptaron medidas para atender a ella, y gobiernos municipales aún menos, si bien se reconoce la creación de institutos de discapacidad en algunas entidades federativas, así como la labor de algunos municipios para crear áreas de discapacidad, a veces, integradas por una persona cuyo único recurso suele ser la voluntad y el deseo de cambiar la historia colectiva de estas personas.

De hecho, muchos gobiernos estatales prefirieron conservar las unidades o áreas alojadas en los sistemas DIF. Para la atención de personas con discapacidad creadas desde 1994, con el consecuente mensaje social y político que ya hemos analizado someramente en otras entregas de esta columna.

Se me queda en el tintero la inquietud de ahondar sobre el necesario fortalecimiento jurídico y presupuestal de estos puntos focales, así como de la representación que en congruencia, debe ser ejercida por las personas con discapacidad que reúnan el perfil social o profesional (o ambos), tal y como ha venido ocurriendo con los institutos o instituciones para las mujeres desde ya hace muchos años.

Al respecto, el pasado 5 de enero del presente año, el gobierno municipal de San Luis Potosí presentó oficial y públicamente la creación de la Unidad de Atención a Personas con Discapacidad, a cargo del Maestro Israel Sanromán, quien es un joven con discapacidad visual con licenciatura en derecho y maestría en derechos humanos, acompañado de dos personas con perfiles similares acordes a su función, además de estar directamente relacionadas con otros grupos de personas con discapacidad.

Su propósito es “Ser una Unidad normativa que promueva y proteja los derechos humanos de las personas con discapacidad, y colaborar con las áreas administrativas del municipio para transversalizar esta perspectiva en el orden municipal”.

Desde aquí, celebramos la creación de estas áreas, direcciones o unidades que deben necesariamente ser puntos focales estratégicamente articulados, y con la fuerza legal suficiente para que su interacción con todas las áreas de la administración municipal sea respetada y atendida, en aras de que ello derive en políticas municipales incluyentes y progresistas que se materialicen en igualdad de oportunidades para todas las personas con discapacidad habitantes del municipio de San Luis Potosí.

Es fundamental que se siga impulsando la creación de puntos focales en los órdenes federal, estatales y municipales dotadas del presupuesto, competencias y atribuciones suficientes para transversalizar la perspectiva de discapacidad en las políticas públicas a fin de que éstas sean incluyentes y no dejen atrás a las personas con discapacidad, en línea con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.

Ojalá las organizaciones potosinas de personas con discapacidad se involucren en el seguimiento a estas iniciativas y coadyuven en la institucionalización de prácticas, en el marco del principio de progresividad de los derechos humanos.

Enhorabuena por la iniciativa, seguiremos observando.

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El Cronopio

Juan José Ortega, director cinematográfico matehualense | Columna de J.R. Martínez/Dr. Flash

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EL CRONOPIO

En las primeras décadas del siglo XX un buen número de potosinos van a la Ciudad de México a continuar su formación y su desarrollo profesional. La mayoría sobresalen en las actividades que se realizan, como lo muestra la nutrida membresía de la Academia Potosina de Ciencias y Artes formada por potosinos que radican en la Ciudad de México, donde la mayoría ocupan puestos de importancia en la vida cultural mexicana. Entre estos personajes se encuentra el camelense Juan José Ortega García que destacaría en la industria cinematográfica en la época de oro del cine nacional a la que se incorpora en la década de los treinta siendo otro de los potosinos pioneros en el cine mexicano.

Juan José Ortega García nació en Matehuala, San Luis Potosí, el 27 de octubre de 1904, donde inicia su educación primaria la que tuvo que suspender, para proseguirla de manera autodidacta, para contribuir al sostenimiento de su familia. La familia se traslada a San Luis Potosí y continúa su formación autodidacta, entre ellos el oficio de mecanografía, lo que le conduciría a iniciarse en el periodismo en 1925 colaborando en el periódico Acción de San Luis Potosí, del que sería su subdirector en 1928 y, director en 1932 del periódico potosino Vanguardia. Fundó en el Bajío un par de periódicos: el Diario del Centro en Aguascalientes y El Globo en León, Guanajuato. Colaboró como corresponsal en los periódicos Excélsior y El Universal.

Juan José Ortega García, director cinematográfico matehualense

Al llegar a la Ciudad de México para integrarse a la Comisión de Irrigación en el periodo presidencial de Lázaro Cárdenas inicia su carrera en el cine dirigiendo documentales oficiales, Irrigación en México y Gigantes de Piedra. Al dirigir estos largometrajes comprendió que su carrera sería el cine y se adentra dirigiendo su primera película en 1939, Sendas del Destino, donde actúa, entre otros, Eduardo Arozamena, en una trama que se desarrolla en la presa La Angostura en Sonora, reminiscencia de sus primeros largometrajes, la cual fue financiada de su propio peculio y con aportación de la Comisión Nacional de Irrigación, donde laboraba Ortega García.

Sendas del Destino sería su ópera prima de, al menos 42 películas que dirigió

, realizando también coproducciones internacionales, con Cuba, Venezuela, Colombia y Perú. Entre las películas que dirigió se encuentran: La mujer legítima en 1945, con Isabela Corona; La insaciable de 1947, con María Antonieta Pons, con un guion escrito por el propio Juan José Ortega incursionando así en el guionismo; Cuando el alba llegue, en 1950, con Meche Barba; Lodo y armiño, de 1951, con Armando Calvo; Cuentan de una mujer, en 1958, con Marga López; En carne propia, de 1961, con Joaquín Cordero; Pacto de sangre, en 1966, con Manuel López Ochoa, entre otras.

Entre los melodramas, género preferido de Juan José Ortega, filmados en Cuba se encuentran: la comedia musical filmada en 1953 en La Habana, intitulada Me gustan Todas con Adalberto Martínez Resortes; en 1954 las cintas, Frente al pecado de ayer y Yo no creo en los hombres, protagonizadas por Sarita Montiel; en 1956 dirige No me olvides nunca, con actuaciones de Luis Aguilar, Rosita Fornés y Olga Guillot.

En la década de los sesenta dirige la serie de películas tipo westerns de Leonardo Moncada, serie de cinco películas estelarizadas por Joaquín Cordero, basadas en una serie radiofónica cubana. En esa década Ortega comienza a dedicarse a la distribución de películas creando la distribuidora Compañía Cinematográfica Mexicana y Productora Mexicana de Películas. Es propietario también de Producción Fílmica de México y Películas y Videos Internacionales, todo ello en los ochenta.

Recibió varios reconocimientos a su carrera cinematográfica, como productor, director, guionista y distribuidor actividades que siguió después del periodismo, donde sería también pionero en el periodismo potosino del siglo XX. Juan José Ortega García murió en la Ciudad de México el 27 de diciembre de 1996.

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Acento Ajeno

La alcancía sin fondo de Margarito | Columna de Haniel Valdés

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ACENTO AJENO

Por: Haniel Valdés Velázquez

Dice Shakira, “tiene nombre de persona buena, claramente no es como suena”. Nombre de flor, pero actuar de mala hierba. Mientras el Estado amplía las rutas gratuitas y de calidad, para los potosinos, las empresas que operan el otro, el caro y de pésima calidad, dicen que no les alcanza y necesitan duplicar el precio del pasaje.

Margarito Terán, representante del sector camionero, que nunca ha usado el transporte público para moverse, solo para llenar sus bolsillos, por eso no sabe el pésimo servicio que prestan, pide tarifa récord y dinero público sin explicar qué pasó con el aumento de este año ni con los camiones nuevos que el Estado ya entregó al sector.

En enero, Margarito Terán pidió subir el pasaje de 12.50 a 15 pesos. El Estado le autorizó 13.50. Nueve meses después vuelve con una cifra que ya no es petición sino ultimátum: 23 pesos por viaje, 2,797 millones del erario y la amenaza de que el sistema “va a colapsar por inercia”.

Veintitrés pesos son 70% más que la tarifa vigente y 53% más que los 15 que el propio Terán decía indispensables hace diez meses. Si 15 eran la salvación en enero, ¿qué cambió para que ahora cueste ocho pesos más?

Hay un dato que Terán omite. Ese mismo enero, el 12, el gobernador Ricardo Gallardo entregó 100 camiones nuevos con una inversión de 266 millones de pesos en financiamientos. Son 2.66 millones por unidad. Al ritmo de ese precio, renovar las 768 unidades de la iniciativa costaría unos 2,043 millones. Faltarían casi 750 millones para llegar a los 2,797 que piden. El resto cubriría déficits de operación, un margen de 15% de utilidad para los concesionarios y las pérdidas de la pandemia. Es decir: dinero público para garantizarles ganancia.

Tampoco está claro qué pasó con los camiones ya entregados. El Gobierno presumió 100 en enero; en octubre, la SCT habló ante el Congreso de “más de 70 unidades urbanas” renovadas. Nadie ha dicho cuántos circulan, en qué rutas ni quién paga el financiamiento. Antes de pedir más, habría que rendir cuentas de lo que ya se dio.

Yo, usuario del transporte público de la capital, debo ser un desafortunado, solo una vez subí a una unidad de las nuevas, al parecer las rutas 53, 21, 30, 27, 10 y 5, que son las que utilizo con frecuencia, no recibieron la dicha de contar con los nuevos camiones, porque he conocido autos clásicos más modernos que los camiones que suelen llevarme por la ciudad.

La flota vieja no es una sorpresa. Terán dice que 882 unidades

ya debieron salir de circulación. La Ley de Transporte Público no permite camiones de más de 10 años, y renovarlos es obligación de quien tiene la concesión, no del usuario. En 2015 el padrón registraba mil 174 unidades; hoy hay mil 203. Once años después, el parque casi no creció, y tampoco se renovó. Y en mayo, el propio Terán reconoció que de mil 200 unidades autorizadas solo circulaban unas 800.

Hay una concentración que pesa. Cuatro empresas controlan 36% del padrón y diez, 61%. El dinero público llegaría sobre todo a quienes ya tienen más peso. Una de ellas, Tangamanga, enfrenta una denuncia de Ciudadanos Observando por mantener suspendidas tres rutas de su concesión.

El diputado Héctor Serrano lo dijo claro: las concesiones “son potestad del Estado, no propiedad de los concesionarios”. Quien explota un bien público no puede presentarse a pedir rescate cuando el negocio le sale mal.

Terán tiene razón en algo: los costos de operar suben. Pero una industria que pide más tarifa, más subsidio y más tiempo, sin ofrecer metas, plazos ni auditoría, no pide apoyo: pide un cheque en blanco.

Los costos suben, pero el respeto a la vialidad, la buena educación y atención por los conductores de las unidades, la limpieza de las mismas y el respeto a sus horarios y paradas, disminuyen.

La SCT debería preocuparse más por velar que las unidades de transporte urbano cumplan con aquello por lo que reciben dinero público, ofrecer un transporte de calidad. Pero primero y más fácil, cerrarle la boca y pararle los pies a este señor que ya parece alcancía, solo pidiendo dinero para guardar y no para emplear en lo que se necesita. O mínimo, salir con urgencia a desmentir sus falacias y exigirle resultados.

Lo mínimo que el usuario merece antes de pagar un peso más es saber cuántos de los 100 camiones nuevos circulan, un plan de renovación con fechas, rutas que realmente operen y cuentas abiertas sobre qué se hizo con el aumento de este año. Sin eso, los 23 pesos no son un precio. Son una factura sin desglose.

También lee: Gallardo renueva transporte público urbano

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El Cronopio

Carlos Villatoro, el actor de corazón potosino | Columna de J.R. Martínez/Dr. Flash

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EL CRONOPIO

Los inicios del cine mexicano están marcados por la participación de actores y actrices de San Luis Potosí; algunos personajes han sido tratados en esta columna. Desde la época del cine mudo hasta los albores del cine sonoro en México, aparecen estas contribuciones potosinas que se extienden a lo largo de toda la historia del cine mexicano.

Entre los personajes que inician su actividad actoral en el cine mudo se encuentra Carlos Villatoro, que si bien se registra su lugar de nacimiento en Comitán, Chiapas, en 1903, siempre subrayó su sello de potosino en virtud que sus hermanos mayores habían nacido en San Luis Potosí y su familia radicaba en la ciudad potosina al finalizar el siglo XIX.

Carlos Villatoro, actor del cine mudo y sonoro mexicano

Uno de dichos hermanos era Héctor Villatoro que a principios de la década de los veinte se encontraba como cónsul en Canadá, y con quien fue enviado Carlos Villatoro por su padre. Este periplo marcaría su primera relación con el mundo del cine, pues al quedar varado en Nueva York por una huelga que imposibilitó su viaje a Canadá, conoció a quienes iniciarían la dirección de películas en México, Gabriel García Moreno y Manuel Ojeda, en ese momento se acercaba a la actividad actoral en Nueva York. Como consecuencia, en 1925 García Moreno le propuso el papel estelar de la película El Buitre, y una serie de películas que se filmaron en Orizaba, Veracruz, de 1925 a 1927, entre ellas el Puño de Hierro de 1927 que se considera la primera película que trata el mundo de las drogas.

Como pionero del cine mudo mexicano Carlos Villatoro se convierte en uno de los mejores actores del cine mudo mexicano y de los primeros años del cine sonoro, al protagonizar películas sonoras desde 1934, entre ellas la película de Juan Bustillo Oro, Dos Monjes, donde participa también la actriz potosina Emma Roldán, en el papel de Gertrudis la madre de Javier, protagonizado por Carlos Villatoro; en esa película participa también en realización de Dos Monjes, el matehualense Juan José Ortega García, de quien trataremos en futuras entregas de esta columna.

Carlos Villatoro conoce a Juan Bustillo Oro cuando estudiaban en la Escuela Nacional Preparatoria, lo que fue otro encuentro que le marcaría su destino a la actuación en cine, donde también se formaría como guionista y director, dirigiendo a principios de los cuarenta los cortometrajes: Viaje a Jalapa, Canciones y Danzas Mexicanas, Compositores Mexicanos y Juan Diego. Escribió el argumento de la famosa y exitosa película Quinto Patio, dirigida por Rafael Sevilla en 1950.

Después de su participación en el cine mudo en México donde actuó en cinco películas en la década de los veinte, inicia su participación en el cine sonoro en 1934 en la película Águilas de América dirigida por Manuel Ojeda, participando en alrededor de veinte películas en el lapso de diez años, terminando su actuación en 1943 en la película La Mujer sin Alma de Fernando de Fuentes en 1943, al lado de María Félix.

A partir de 1944 se desempeña como anotador y asistente de director hasta 1963, año de su muerte. En esta actividad trabaja en numerosas producciones norteamericanas filmadas en México, teniendo apariciones incidentales.

También tuvo participación en la radio en México, siendo locutor en varias estaciones desde 1929. En la XEW tuvo el programa en 1951 “El rincón bohemio de Carlos Villatoro”.

Carlos Villatoro Escobedo el actor pionero del cine mexicano y baluarte en su desarrollo, quien se consideró un potosino de corazón, es uno de los fervientes hacedores del cine en México, quien consideraba que “la vida no era de película, pero hacer cine era su vida”.

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