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Para UUZI, Draexlmaier no tiene culpa por tiraderos clandestinos en SLP
El presidente del organismo agregó que las empresas de la Zona Industrial deben tener contratos con empresas certificadas, de lo contrario, pueden ser multadas, o incluso clausuradas
Por Fernando Garduza
El presidente de la Unión de Usuarios de la Zona Industrial (UUZI), Ricardo Pérez Castillo, declaró en torno al caso de los tiraderos clandestinos donde fueron encontrados desechos de la empresa Draexelmaier, que la responsabilidad del manejo de los residuos es de la empresa contratada para ello.
En entrevista, Pérez Castillo aseguró que Draexlmaier es una de las empresas que mejores parámetros tiene en cuanto al manejo de residuos, además de ser socialmente responsable, por lo cual, consideró necesario verificar lo que está haciendo la empresa contratada para el manejo de desechos, que en este caso es Triturados Pétreos de San Luis, SA de CV.
“Regularmente, nosotros los industriales pedimos una certificación por parte de terceros que se dedican a este rubro, creo que lo que hay que considerar es ver a la empresa que debe estar certificada, obviamente da una constancia donde nos dice cómo va a manejar los residuos, entonces con esta constancia las empresas quedamos amparadas”.
Entonces, si el tercero en cuestión hace la disposición de los desechos de forma inadecuada, puede ocurrir que le sea rescindido el contrato.
Aclaró que la UUZI está a favor de que las empresas cumplan toda reglamentación, sin embargo aseguró conocer el trabajo de Draexlmaier —que es miembro de su organización— y “prácticamente podemos meter las manos al fuego en como ellos realizan sus procesos”.
“Lo que sí nos preocupa es que probablemente el tercer involucrado, que es la empresa que lleva a cabo el confinamiento final, no lo haya hecho de una manera adecuada, y ante esto, ellos tendrán que responder con la empresa que los contrató”.
Sobre la responsabilidad de Draexlmaier de supervisar que la disposición de los desechos se lleve a cabo de forma correcta hasta el final del proceso, aclaró que si la empresa que lleva a cabo la recolección final está certificada y da las garantías, la responsabilidad llega hasta la recolección, por ello el riesgo es para ésta.
“Debe de haber un contrato firmado donde ellos especifican que esto (los desechos) no será tirado a cielo abierto, que será confinado de manera adecuada, etcétera, y este contrato seguramente lo tiene la empresa Draexlmaier.
Agregó que las empresas de la Zona Industrial deben tener contratos con empresas certificadas, de lo contrario, pueden ser multadas, o incluso clausuradas, por la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental (Segam) o alguna otra autoridad supervisora de sus procesos.
“Si este tercero no cumple los lineamientos, inmediatamente nos levantan una multa, porque no se le pueden entregar a cualquiera, tengo que entregar mis desechos a una empresa con todas las certificaciones y autorizada por Segam, para poder llevar a cabo este confinamiento”.
Por último, detalló que a la fecha la UUZI no tiene conocimiento de casos en los que a alguna empresa encargada del manejo de los desechos de las empresas de la zona industrial, se le haya rescindido su contrato por este tipo de irregularidades, e insistió en que los terceros contratados tienen sus certificaciones correspondientes.
También lea: Gobierno de SLP revisaría normativa ambiental tras caso Draexlmaier
Congreso del Estado
Sigue en estudio continuidad de concejales de Pozos
Héctor Serrano afirmó que los concejales no fueron electos y que el Congreso es la autoridad competente para tomar decisiones sobre ellos
Por: Redacción
El presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, diputado Héctor Serrano Cortés, confirmó que los concejales de Villa de Pozos que incurrieron en una “mala actuación” ya se encuentran bajo revisión jurídica y administrativa por parte del propio Legislativo y del órgano de control interno del municipio.
Serrano explicó que, tras diversas observaciones y conductas presuntamente irregulares dentro del concejo, se inició un proceso formal para integrar expedientes y deslindar posibles responsabilidades.
“¿Qué es preferible? ¿Atender un acto que a la luz pública muestra por lo menos una ilegalidad, o dejarlo pasar con la impunidad que eso implica?”, cuestionó el legislador, al señalar que su obligación es concluir estos procedimientos con estricto apego a la legalidad.
El diputado destacó que esta revisión interna ocurre en paralelo al reciente fallo del Tribunal Electoral del Estado (TEE), que confirmó que la designación de Martha Patricia Aradillas como presidenta concejal no es un tema electoral, sino estrictamente administrativo y de competencia del Congreso.
“Siempre lo dijimos: los concejales no fueron electos, no son producto de la voluntad popular; por tanto, el órgano que tiene injerencia sobre sus decisiones es el que los designó, en este caso, el Congreso del Estado”, afirmó. Añadió que el Tribunal desechó las impugnaciones precisamente por ser improcedentes y no tener materia qué analizar.
Serrano reiteró que para el Congreso lo fundamental es mantener la estabilidad y la seguridad social de los habitantes de Villa de Pozos. Recordó que no hubo elecciones previas debido a diversos amparos que frenaron el proceso, por lo que los comicios se realizarán hasta 2027.
Mientras tanto, el órgano de control municipal integra observaciones, evalúa responsabilidades y da seguimiento a las conductas de los concejales señalados. El diputado sostuvo que el compromiso del Congreso es claro: “He pugnado siempre por la legalidad”.
También lee: Torres Sánchez pide a concejal de Villa de Pozos “dejar el protagonismo y ponerse a trabajar”
Destacadas
¿Tocan mujeres? CEEPAC propone paridad total y alternancia en candidaturas
La propuesta incluye que si en la elección pasada un partido postuló a un hombre para la gubernatura o ayuntamientos, obligatoriamente ahora deberá postular a una mujer, y viceversa
Por: Redacción
El Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ceeoac) entregó al Congreso del Estado una Iniciativa Integral de Reforma Constitucional y Electoral que busca modernizar el sistema comicial potosino, fortalecer sus instituciones y garantizar el ejercicio pleno de los derechos político-electorales de toda la ciudadanía.
La propuesta incorpora ajustes operativos, nuevas obligaciones para los partidos y un énfasis inédito en la paridad, incluida una medida clave: alternancia obligatoria de género en la candidatura a la gubernatura, es decir, si en la elección pasada el partido postuló a un hombre, la siguiente deberá ser una mujer, y viceversa.
La iniciativa plantea al Legislativo analizar cambios de fondo como:
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Nuevo calendario electoral, adelantando el arranque del proceso al 15 de noviembre del año previo a la elección.
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Pago para integrantes de Comisiones Distritales y Comités Municipales, reconociendo su labor durante el proceso electoral.
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Procedimientos más sólidos para sustituir o revocar a personas integrantes de órganos desconcentrados.
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Modernización en el manejo de boletas, documentos y sistemas de resultados preliminares.
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Nuevas atribuciones del Ceepac en la elección de personas juzgadoras del Poder Judicial.
La iniciativa establece que los partidos políticos deberán destinar al menos 5% de su financiamiento a programas de formación política, desarrollo de habilidades y liderazgo, enfocados especialmente en:
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Personas con discapacidad
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Personas de la diversidad sexual
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La participación real en espacios de decisión
Uno de los ejes más robustos de la propuesta es el fortalecimiento sustantivo al principio de paridad:
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Alternancia obligatoria en la candidatura a la gubernatura según el género del registro previo.
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Integraciones paritarias en todos los ayuntamientos, incluidas las presidencias municipales.
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Armonización de la Comisión de Género con principios de igualdad y no discriminación.
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Facultad del Ceepac para rechazar registros que incumplan con la paridad.
En conjunto, la reforma busca construir un sistema electoral:
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Moderno y eficiente
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Con procesos confiables y transparentes
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Con igualdad sustantiva para todas las personas
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Que garantice participación equitativa de grupos históricamente excluidos
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Que consolide la pluralidad y la democracia potosina
El CEEPAC destacó que la discusión debe abrirse a diversos espacios públicos, académicos y políticos, a fin de que el Congreso defina la actualización legal que permita desarrollar procesos electorales íntegros, incluyentes y accesibles en San Luis Potosí.
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Gallardo acuerda más obras y apoyos con alcaldes
El Gobernador sostuvo reuniones con ediles de la capital, Alaquines, Axtla de Terrazas y Santo Domingo para consolidar más proyectos
Por: Redacción
El Gobernador de San Luis Potosí Ricardo Gallardo Cardona, acordó obras estratégicas que fortalecerán la infraestructura, mejorarán la movilidad, ampliarán el acceso al agua y crearán nuevos espacios deportivos, en reuniones de trabajo con los alcaldes de la capital, Alaquines, Axtla de Terrazas y Santo Domingo, además de coordinar más proyectos en los 59 municipios.
En la capital, el Gobernador y el alcalde Enrique Galindo Ceballos acordaron arrancar dos proyectos de infraestructura con una inversión histórica de 600 millones de pesos, que consolidarán un avance sin precedentes garantizando mejores condiciones de vida para las familias potosinas.
En Alaquines, Ricardo Gallardo y la presidenta municipal Laura Moctezuma de la Cruz definieron el inicio de una nueva unidad deportiva en Los Viveros, dentro de la colonia indígena, así como la rehabilitación con carpeta asfáltica del camino A laquines–El Llanito.
Durante la reunión con la presidenta de Axtla de Terrazas, Clara María Castro Jonguitud, el Mandatario confirmó la rehabilitación de la carretera principal Comoca–Axtla, la intervención del camino Jalpilla–Tenexio y el impulso a un proyecto integral de agua con sistema de bombeo en Cuayo–Cerro.
Finalmente, en Santo Domingo, junto al alcalde Filiberto Rodríguez Alvarado, el Gobernador anunció la instalación de nuevas luminarias, la construcción de una unidad deportiva en la cabecera municipal, un pozo de agua en la comunidad de Illescas y la ampliación de programas sociales orientados al bienestar de la población.
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