El diputado local afirmó que las críticas mediáticas por la Ley Serrano no son su prioridad “frente al bienestar de los potosinos”

Por: Redacción

El Gobierno del Estado de San Luis Potosí firmó este jueves una iniciativa para derogar la Ley Serrano, en acuerdo con representantes del Congreso del Estado, el Poder Judicial y la Fiscalía General. La iniciativa será enviada al Congreso para su discusión. Horas más tarde, el diputado local Héctor Serrano, autor de la ley que lleva su apellido, la defendió y afirmó que el embate mediático es lo último que le preocupa y lo último que le lastima.

“Lo último que me preocupa es el embate mediático. Lo último que me lastima es el embate mediático”, sostuvo el legislador, quien insistió en que su prioridad es la colectividad y el bienestar de las y los potosinos.

En la declaración revisada por La Orquesta, Serrano no se refirió directamente a la iniciativa de derogación firmada esa misma mañana. Insistió, en cambio, en definir la Ley Serrano como precursora de la regulación de la inteligencia artificial en el país.

Serrano sostuvo que el término Ley Serrano fue atribuido en un inicio por el medio Pulso con una intención dolosa. Afirmó que hoy queda claro que la iniciativa es precursora de la regulación de la inteligencia artificial, incluso cuando el propio Gobierno del Estado impulsa ahora su derogación.

La Ley Serrano ha sido cuestionada por organizaciones civiles que advierten riesgos para la libertad de expresión en el uso de la inteligencia artificial y las plataformas digitales. En esta declaración, Serrano tampoco se refirió directamente a esos señalamientos.

El legislador adelantó que el Gobierno federal abrirá foros sobre la regulación de la inteligencia artificial y de las plataformas digitales, que no serán exclusivos de San Luis Potosí. Recordó que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ya se ha referido a la necesidad de regular ese tema, así como la difusión de información y desinformación.

Serrano reconoció que decidió no leer parte de las críticas en su contra. “Ya hice una clasificación de qué leo y qué no leo”, dijo, y explicó que se apoya en herramientas de inteligencia artificial para hacer esa selección.

Para defender la ley, el diputado recurrió a un antecedente histórico: dijo que en 1826 en San Luis Potosí solo se podía profesar la religión católica, hasta que alguien propuso ejercer la libertad de credo. Con ese ejemplo buscó equiparar la Ley Serrano con la defensa de derechos fundamentales, entre ellos la libertad de expresión.

El legislador consideró que cualquier desgaste político derivado de las críticas mediáticas es secundario frente a lo que llamó la defensa del interés colectivo. Afirmó que ninguna aspiración política es superior a sus ideales, sus convicciones y sus principios.

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El presidente de la Jucopo aseguró que cualquier proyecto será consultado y citó el compromiso de la presidenta Sheinbaum; el Congreso local se mantendrá atento para informar a la ciudadanía.

Por: Redacción

José Roberto García Castillo, diputado presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, afirmó que ningún proyecto de fracturamiento hidráulico o fracking se llevará a cabo en la Huasteca Potosina sin el consentimiento de la población, ni se vulnerarán derechos ciudadanos.

El legislador se apoyó en lo dicho por la presidenta Claudia Sheinbaum, quien ha asegurado que nada se hará sin el consentimiento de la población, por lo que cualquier decisión será consultada.

“El tema del fracking es algo muy importante, ha causado muchas opiniones diversas de la ciudadanía. Pero ya lo dijo la presidenta de México: nunca se va a hacer nada que el pueblo no esté de acuerdo, nunca se va a vulnerar un derecho de la ciudadanía, y en la Huasteca Potosina pueden estar tranquilos”, expuso.

García Castillo señaló que estos proyectos tienen que ser consultados a la ciudadanía, “y si la gente no está de acuerdo, de ninguna manera se puede hacer algo indebido”.

Agregó que el Gobierno de México garantizará la opinión y los acuerdos con la ciudadanía, y que el Congreso del Estado se mantendrá al pendiente de cualquier información relacionada para darla a conocer, además de reiterar el respaldo del Legislativo a los habitantes de la Huasteca.

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Intervención para el foro sobre libertad de expresión · San Luis Potosí

Jorge Saldaña · Director general de LaOrquesta.mx

Sabemos perfectamente por qué estamos aquí. No hace falta el eufemismo.

Una reforma al Código Penal —que alguien bautizó “Ley Serrano“, aunque no es una ley, es apenas una reforma— derivó en la detención de tres personas. Lo digo así, sin adjetivo: tres personas. Y a eso se sumó la filtración de una lista de supuestos nombres con órdenes de aprehensión. Sacado de contexto, aquello encendió una percepción local y nacional: que el poder salió a cazar voces críticas.

Voy a ser franco, y empiezo por la casa incómoda. Esa reforma quizá no fue correcta. No fue acertada, ni fue precisa. No la justifico.

Pero tampoco me voy a hacer tonto con lo que vino después. Porque la narrativa que se construyó —local, nacional— fue una sola, la de la cacería, y esa narrativa fue aprovechada por intereses políticos muy identificados para derogar una norma y poner al estado en la mira internacional. Las personas no respondemos a términos jurídicos. Respondemos a emociones. Y alguien supo exactamente qué emoción encender.

Hubo hasta una manifestación que se atrevió a hablar “por todos los periodistas”. Con todo respeto: nadie me consultó. Así que quede claro desde mi primera línea. Yo hablo por mí. No me atrevo a hablar por ningún otro medio, ni por ningún otro colega. Vengo a poner mi nombre sobre la mesa, no el de un gremio que no me nombró vocero.

Y ya que hablamos de nombres, conviene fijar algo que no está a debate, porque no depende de este gobierno ni de ninguno.

El Estado no tiene facultad para decidir quién es periodista y quién no. Tampoco quién es medio y quién no. No es cortesía: es doctrina asentada. La Corte Interamericana de Derechos Humanos lo resolvió hace cuarenta años, en la Opinión Consultiva 5 de 1985: exigirle a alguien un certificado o una colegiación para ejercer el periodismo es incompatible con la libertad de expresión. El día que el poder reparte credenciales de periodista, ese día decide a quién silencia.

Que quede grabado: aquí nadie pide esa facultad. Y si alguien la ofreciera, habría que rechazarla.

Entonces vamos al grano, porque para eso me invitaron.

En San Luis hay medios anónimos. De un lado y del otro, de todos los colores. Páginas sin dueño, sin domicilio, sin firma, que golpean y desaparecen. A esos no los podemos regular. No está en nuestras manos, y qué bueno que no lo esté.

Pero lo que sí está en nuestras manos es distinguir. Porque ya no existe solo “el periodismo” y “el medio”. El terreno se pobló de figuras nuevas que se disfrazan unas de otras a propósito. Yo encontré siete y las voy a nombrar una por una:

Medio de comunicación. Propiedad y financiamiento identificables, alguien que firma, corrige y da la cara.

Periodista. Lo define el método —fuentes, contraste, contexto—, no el gafete.

Generador de contenido. Audiencia sin método periodístico. Legítimo, valioso, pero no es lo mismo.

Personaje de opinión. Habla en primera persona, sin disfraz de neutralidad. Como yo, en este momento.

Canal de propaganda. Dinero encubierto, agenda de un tercero, cero responsabilidad editorial.

Ecosistema de golpeteo. Cuentas coordinadas, el pasamontañas que se renta para pegar con la cara tapada.

Replicador de mentiras. El que amplifica una falsedad demostrable, con inteligencia artificial o sin ella.

Ninguna de esas siete definiciones dice una palabra sobre el contenido de la crítica. Se distingue por transparencia, método y responsabilidad. Nunca por lo incómoda que resulte la nota.

Y ahora la parte que a nadie le gusta oír, empezando por mí. Todos —todos— sabemos quién está detrás de los medios anónimos de esta ciudad. Los de un bando y los del otro, de todos los colores. Sabemos quién los paga, quién los opera y para quién golpean…y callamos.

Nos decimos a nosotros mismos que callar es “solidaridad gremial”, que colega no muerde a colega. Con todo respeto: es una postura absurda e hipócrita. Eso no es solidaridad. Es complicidad. Cada silencio nuestro engorda un ecosistema de mentiras donde cada vez cuesta más trabajo distinguir al que hace periodismo del que hace daño con disfraz de periodismo.

Y la factura ya nos llegó. Según el Digital News Report 2025 del Instituto Reuters, la confianza de los mexicanos en las noticias es de apenas 36 por ciento. En 2017 era del 49

Pónganlo en términos de barrio.

No creo que tengamos que reescribir las leyes de San Luis. Pero sí creo que tenemos una oportunidad enorme: ser, quizá, el primer estado de Latinoamérica que ponga a debate serio tres temas distintos y no los revuelva. Uno, la libertad de expresión. Dos, el uso de la inteligencia artificial en el periodismo. Tres, cómo desenmascarar a las páginas que mienten desde el anonimato: qué son, quién las paga y qué mentiras fabrican.

Traigo tres propuestas concretas.

Primera, un acuerdo con las universidades.

Catedráticos y especialistas potosinos construyendo, como ya existe en otros países, una herramienta de verificación con inteligencia artificial: un fact-check al que todos los medios de San Luis podamos acceder para que un tercero imparcial valide, o no, lo que publicamos en caso de haber controversia.

¿Quién entra? Voluntario. Sin premio para el que se apunte, sin castigo para el que no, así la sociedad sabrá quién está dispuesto a que lo revisen y quién prefiere quedarse en la sombra. Esa sola diferencia ya dice mucho.

Segunda, una comisión ciudadana y académica.

Un comité con criterio propio que defienda al lector y sepa dirimir qué es un ataque disfrazado y qué es crítica legítima. Que no dependa del gobierno ni de los medios: de la sociedad.

Tercera, esta sí tendría que ir tipificada en la ley.

Dinamarca abrió el camino: reconocerle a cada persona derechos sobre su propia imagen y su propia voz. Que quien las use sin mi consentimiento —una cara sintética, una voz clonada— pueda ser denunciado, y que me pague, porque mi rostro es mío. Sé que es un reto para nuestro sistema judicial, donde no hay nada expedito, ni siquiera para el que se roba un Oxxo. Por eso mismo hay que explorar cómo hacerlo posible. La pregunta no es si es difícil. La pregunta es por qué.

Y termino con lo que de verdad me trajo aquí.

Estoy en contra de la cárcel por daño moral, calumnia o por ejercer el periodismo. Que quede clarísimo.

Pero no me pidan que confunda dos cosas por comodidad política. Una es el periodista incómodo; otra, muy otra, es quien usa una imagen falsa para destruir una vida.

Si lo que hubo detrás de algún caso fue suplantación dolosa —no reportaje, no opinión, sino una mentira fabricada para arruinar a alguien—, eso no es periodismo, y cobijarlo bajo la libertad de expresión insulta a los que sí la ejercen, nos pone en un nivel muy bajo.

Insisto, no pido prisión. Pido algo más simple: que quien me arruine la vida con una imagen falsa no quede impune, y que yo tenga herramientas para poder denunciarlo.

El derecho a criticar no puede ser la coartada del que difama sin cara.

Porque —y aquí no hay matiz que valga— yo estoy a favor de toda la crítica. De la más dura. De la que despierta al poder a media noche. Incomodar al poder es inherente al periodismo, y una democracia sin ese contrapeso no es democracia, es escenografía con bonita letra.

Pero la crítica que respeto es la que firma. La que da la cara.

Ese es todo el punto. No pedimos que nadie apruebe lo que decimos. Pedimos que se sepa quién lo dice y se haga con método. Yo ya dije mi nombre al principio, y lo repito al final, porque es la única credencial que reconozco:

Yo soy Jorge Saldaña.