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Maternidad subrogada, uno de los pendientes del Congreso de SLP
Aunque desde hace dos años la Suprema Corte exhortó a los legislativo locales a regular los vientres de alquiler, en el estado aún no hay fecha para que esto ocurra
Por: Ana G Silva
La gestación subrogada o por sustitución, popularmente conocida como maternidad subrogada o vientre de alquiler, es un contrato a través del cual una mujer acepta gestar para una persona o pareja que tiene la intención de fungir como padre(s) o madre(s) de la niña o niño nacidos de dicho embarazo, en la mayoría de las ocasiones la mujer gestante puede recibir una compensación económica. En San Luis Potosí, la regulación de esta práctica aún es inexistente, a pesar de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) lanzó un exhorto hace dos años para que se legislara el tema en los congresos locales.
El artículo 243 del Código Familiar para el estado de San Luis Potosí indica que “es inexistente la maternidad sustituta y por lo mismo no producirá efecto legal alguno. Si un embrión fuese implantado en una mujer distinta a la cónyuge o concubina, la maternidad se le atribuye a la primera”, esto contraviene al exhorto de la Suprema Corte, hecho en junio de 2021, para que de manera urgente y prioritaria regulen la práctica de la maternidad subrogada.
La Orquesta conversó con Bernarda Reyes Hernández (PAN) y Antonio Lorca Valle (Morena), diputados locales, para conocer su postura sobre la regulación de la maternidad subrogada: el legislador comentó que “la entidad está en pañales en el tema” y por tanto habría que adecuar muchas leyes; mientras que la congresista consideró que lo primordial es que, sea cual sea la postura, “se conduzca con respeto hacia la vida y hacia los derechos de las y los menores”.
“Creo que es un tema que no se ha tocado mucho y se debería de trabajar, pero de la mano con algún instituto de psicología, universidades y eso. Para legislar en ese tema yo no me atrevería a decir que es sencillo, yo entiendo por una parte a las parejas quieren tener hijos y no pueden se frustran y es una salida para lograr su objetivo; sin embargo, se complica al involucrar a un tercero, aunque sea un negocio, por decirlo de alguna manera, porque se le paga a la otra persona, y la máxima del derecho es no hacerle daño a nadie y esa es la parte que se tendría que ver o regular”, señaló Lorca Valle.
Al cuestionarlos sobre que si están a favor o en contra de la regulación de la maternidad subrogada, Bernarda Reyes contestó que no está a favor ni en contra, sino que lo primordial debe ser generar un esquema jurídico que proteja tanto a las personas gestantes, como a los bebés, de manera que se eviten problemas posteriores; Antonio Lorca respondió que está a favor de que las parejas tengan hijos mediante terceras personas, no obstante, acotó que hay que trabajarlo con institutos psiquiátricos, psicólogos, universidades, etc., para buscar el bien mayor sin dañar a ninguno de los tres involucrados.
Lorca Valle comentó que es un grupo minoritario el que está interesado en la regulación del tema, no obstante, en el año y medio que ha fungido como diputado local no se le han acercado o a sus compañeros para pedirles que lo hagan:
“Es un tema federal por lo de la consanguinidad, hoy una persona que tuvo relaciones con otra puede exigir la paternidad, así se hayan conocido ese mismo día únicamente, demostrando la consanguinidad del niño o la niña que va a tener de él o de ella. En lo local sería difícil legislar más allá porque chocaría mucho con las leyes federales actuales, entraríamos en la esfera federal”.
Este medio les recordó a la y el legislador que, en 2021, la Suprema Corte de Justicia de la Nación exhortó a los congresos locales para que de manera urgente se regularizará la práctica de la subrogación de la maternidad, Antonio Lorca apuntó que no identifica si algún grupo parlamentario lo ha tomado como agenda, mientras que Bernarda Reyes argumentó que en el Congreso del Estado de San Luis Potosí se trabaja bajo las distintas comisiones, por ende, los exhortos y correspondencias, son asignados a las meses de trabajo correspondiente para su análisis.
La única ocasión en la que se ha tocado el tema de la maternidad subrogada en el Congreso de San Luis Potosí fue en enero 2016, cuando se revisó la iniciativa para la creación de una legislación sobre el tema, esto en la Comisión de Salud y Asistencia Social; no obstante, nunca llegó al pleno, pues cinco meses después, en sesión de la Comisión de Justicia, se acordó desechar la iniciativa, en virtud de que se consideró que las propuestas presentadas carecían de medidas de protección integrales tanto para la mujer gestante como para el propio producto.
La regulación de la maternidad subrogada en México
A través de un artículo del Grupo de Información de Reproducción Elegida (GIRE), una asociación civil de derechos reproductivos nacional, se detalla que solo dos entidades federativas permiten este tipo de contratos: Tabasco y Sinaloa.
Tabasco introdujo en 1997 una regulación sobre gestación subrogada en su código civil, que contemplaba el registro de menores nacidos a partir de estos acuerdos. Es decir, la legislación permitía que existieran los contratos, pero no ofrecía protecciones a las partes y favorecía la aparición de ciertos abusos y problemas.
El estado del sureste mexicano en el 2016 aprobó una reforma a dicha legislación; en la que se contemplan algunas condiciones como: que la mujer gestante debe tener entre 25 a 35 años; se debe acreditar que no estuvo embarazada 365 días previos y que no ha participado más de dos ocasiones consecutivas en dicho procedimiento; para acceder al contrato se debe ser mexicano; que la mujer contratante deberá acreditar que posee una imposibilidad física o contraindicación médica, etc. para poder acceder a la maternidad del menor.
Sinaloa reguló los vientres de alquiler en el 2013, pero puso restricciones similares a las de Tabasco, lo que ha impedido que se convierta en un destino atractivo para las personas que buscan hacer un acuerdo de este tipo.
De acuerdo con GIRE, estas legislaciones también pueden resultar discriminatorias, pues se les niega el derecho de formar una familia a parejas del mismo sexo, personas solteras o extranjeras.
La asociación civil de derechos reproductivos nacional indicó que Coahuila y Querétaro han incluido artículos en sus códigos civiles que desconocen explícitamente cualquier acuerdo de gestación subrogada; mientras que en Ciudad de México se aprobó normativa en la materia pero nunca fue publicada.
En 2021, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) hizo un exhorto al Congreso de la Unión y a los poderes legislativos de todos los estados de la república para que de manera urgente y prioritaria regulen la práctica de la maternidad subrogada. La legislación debe incluir también una prohibición expresa de la venta de menores edad, pero también prever la posibilidad de que las mujeres gestantes obtengan un provecho económico por su participación, pues “la prohibición absoluta de los contratos onerosos en la maternidad subrogada puede llevar a su práctica clandestina”. Se añadió que también se debe permitir que el acceso a esta práctica no discrimine a nadie por razones de género ni estado civil o nacionalidad.
La Silla Rota, en su reportaje titulado “¿Cuánto cuesta un vientre de alquiler en México?” en 2021, indicó que los costos para gestar un bebé en un vientre contratado varían, pues pueden ir de los 100 mil hasta 500 mil pesos; sin embargo, debido a que en muchas partes del país no es legal, muchas mujeres realizan está práctica en la clandestinidad, a través de las redes sociales, donde ofrecen su vientre, argumentando que lo hacen en apoyo a las parejas que no pueden tener hijos, así como aquellas parejas homosexuales.
En el mundo
En muchos países de Europa, la práctica de la gestación subrogada está estrictamente prohibida, por tanto, las personas y parejas que necesitan de este método para poder tener un hijo han de viajar a países cuya legislación permite la aplicación de este método reproductivo para extranjeros; los destinos más comunes son Estados Unidos, Canadá, Ucrania, Rusia y Georgia.
Babygest, un medio informativo que ayudar a personas que desean tener familia, dio a conocer en 2021, los precios correspondientes a los diferentes destinos de vientres de alquiler: En Estados Unidos el precio total del proceso de gestación subrogada se encuentra entre 110 mil a 160 mil euros (2 millones 189 mil a 3 millones 184 mil pesos); en Canadá, el costo ronda entre 80 mil a 120 mil euros (un millón 592 mil a los 2 millones 388 mil pesos); en Grecia es de unos 70 mil a 85 mil euros (un millón 393 mil a un millón 691 mil pesos). En cuanto a Ucrania, Georgia o Rusia, un proceso de gestación por sustitución puede tener un costo entre 50 mil a 80 mil euros (995 mil a un millón 592 mil pesos.
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Tribunal Electoral tumba registro a Somos
Además, ordenó al Congreso del Estado legislar para que los partidos nacionales recién inscritos puedan recibir financiamiento estatal
Por: Redacción
El Tribunal Electoral del Estado de San Luis Potosí (Teeslp) revocó la inscripción local del partido Somos, antes Somos México, y el financiamiento público estatal que el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (CEEPAC) le había asignado. La revocación es “para efectos”: el CEEPAC deberá repetir el procedimiento de inscripción y emitir un nuevo dictamen.
La resolución se votó por unanimidad este 9 de octubre, en el recurso de revisión que presentó Morena contra dos acuerdos que el CEEPAC aprobó en agosto. Uno inscribió a Somos como partido político nacional en el estado y el otro le asignó recursos públicos estatales. El proyecto fue del magistrado Sergio Iván García Badillo y lo respaldaron la magistrada presidenta, María Carolina López Rodríguez, y la magistrada Denisse Adriana Porras Guerrero, sin debate.
Qué hizo mal el CEEPAC
Según la sentencia, el CEEPAC no revisó la solicitud como lo ordena la ley. Le pidió a Somos un requisito que la ley electoral no contempla, el certificado de su registro anterior. Al mismo tiempo, no le requirió algo que la ley sí exige: el domicilio oficial de su comité directivo estatal. Además, le dio un plazo para cumplir más adelante, algo que la ley tampoco prevé.
En cuanto al dinero, el Tribunal concluyó que el CEEPAC confundió dos figuras distintas. El registro corresponde a los partidos locales; la inscripción, a los partidos nacionales que quieren participar en el estado. El CEEPAC le asignó el financiamiento a Somos con base en el artículo 158 de la ley electoral, que aplica a los partidos con registro local. Por eso, dijo el Tribunal, el acuerdo no tenía sustento legal.
Un pendiente para el Congreso
Al revisar el caso, el Tribunal encontró que la ley electoral del estado no establece cómo dar financiamiento a los partidos nacionales de reciente inscripción, aunque la Constitución federal lo ordena. A esto se le llama una omisión legislativa. Por eso, la sentencia vincula al Congreso del Estado para que legisle sobre el tema.
En la misma sesión, el Tribunal desechó sin entrar al fondo un recurso del propio Somos. Su dirigencia estatal, encabezada por Francisco Javier Nava Palacios, pedía que el financiamiento se le calculara desde el 1 de julio de 2026, cuando el INE le otorgó su registro nacional, y no desde septiembre. Como el acuerdo del financiamiento ya había sido revocado en el caso de Morena, el Tribunal consideró que ya no había materia para resolver.
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Gallardo advierte que hasta 10 municipios no cerrarán bien el año
Ricardo Gallardo dijo que el Estado no podrá atender todas las solicitudes de préstamo y adelanto de prestaciones
Por: Redacción
Entre nueve y 10 municipios de San Luis Potosí tienen problemas financieros para cerrar el año, advirtió Ricardo Gallardo Cardona, gobernador del Estado, quien anticipó que el Gobierno del Estado no podrá cumplirles a todos los que le piden apoyo.
“Se nos empiezan a llenar las cartitas de solicitudes de préstamos o de adelanto de prestaciones de muchos municipios, y va a ser difícil poderles cumplir a todos”, dijo.
Sobre las finanzas estatales, afirmó que el Gobierno del Estado cerrará el año sin problemas: tiene listos aguinaldos, pensiones y pagos a proveedores.
Gallardo explicó que en los dos primeros años de su administración el Estado les “hizo una vaquita” a los municipios: les recortaba un poco del presupuesto durante el año y se los entregaba al final, para que cubrieran sus obligaciones sin pedir préstamos.
Después, en una reunión, los municipios pidieron recibir sus recursos completos y organizarse por su cuenta. Así se hizo el año pasado y, según el gobernador, no funcionó: “No se organizaron, no valió gorro, no guardaron lo que tenían que guardar y ya estaban pidiendo varios dineros”.
“Esta ocasión fue lo mismo, se les entregó completo prestaciones, y ahorita el problema es que varios no van a salir con sus compromisos”, señaló.
Los municipios ya han buscado otras vías de liquidez. En junio, la Comisión de Hacienda del Congreso del Estado rechazó solicitudes de adelanto del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) de municipios como Santa Catarina, Tampacán, Rayón y Tamasopo.
También lee: Comisión de Hacienda rechaza créditos del FAIS para cinco municipios
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Cupido pierde terreno: Por cada 3 parejas que se casan en SLP, una se divorcia
Los divorcios aumentaron 8.3 % en el estado, mientras en el país bajaron 4.1 %
Por: Ana G Silva
En San Luis Potosí, por cada tres matrimonios registrados durante 2025 hubo aproximadamente un divorcio, de acuerdo con las estadísticas de Matrimonios y Divorcios del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
Durante el año pasado se celebraron 11 mil 055 matrimonios en el estado, mientras que se registraron 3 mil 829 divorcios. La relación fue de 34.6 divorcios por cada 100 matrimonios, equivalente a casi un divorcio por cada tres bodas.
La proporción aumentó respecto a 2024, cuando se registraron 32 divorcios por cada 100 matrimonios. El cambio ocurrió principalmente porque los divorcios crecieron mientras las bodas prácticamente se mantuvieron sin variación.
En 2025 hubo 292 divorcios más que el año anterior, un incremento de 8.3%. En contraste, los matrimonios apenas aumentaron en 17 casos.
La tendencia potosina también contrasta con la nacional. Mientras San Luis Potosí registró un aumento de 8.3% en sus divorcios, en México disminuyeron 4.1% durante el mismo periodo.
La mayoría se separa sin alegar una causa
Dentro de los divorcios registrados en San Luis Potosí, el divorcio incausado fue la modalidad predominante.
En 2025 se contabilizaron 2 mil 983 divorcios incausados, 459 más que en 2024, lo que representa un incremento de 18.2%.
Esta modalidad permite que una sola de las partes solicite el divorcio sin t ener que justificar una causa y representó 77.9% de todas las separaciones legales registradas en el estado
.En 2024, los divorcios incausados representaban 71.4% del total, por lo que su peso dentro de las separaciones aumentó en un año.
En sentido contrario, los divorcios por mutuo consentimiento disminuyeron. Pasaron de 956 casos en 2024 a 845 en 2025, una reducción de 11.6%.
SLP, por encima del promedio nacional
La tasa de divorcios en San Luis Potosí fue de 1.9 por cada mil habitantes de 18 años y más, por encima de la tasa nacional de 1.7.
Con este indicador, el estado ocupó el lugar 11 entre las 32 entidades, empatado con Yucatán y Zacatecas. Campeche presentó la tasa más alta, con 4.4 divorcios por cada mil habitantes adultos.
En cuanto a los matrimonios, la tasa potosina fue de 5.6 por cada mil habitantes de 18 años y más, ligeramente superior a la nacional de 5.4. San Luis Potosí ocupó el lugar 18 en este indicador.
También aumentan las bodas entre personas del mismo sexo
De los 11 mil 055 matrimonios registrados en San Luis Potosí durante 2025, 161 fueron entre personas del mismo sexo: 104 entre mujeres y 57 entre hombres.
Estas uniones representaron 1.5% de todos los matrimonios celebrados en el estado, por encima del 1.3% registrado a nivel nacional.
Las cifras corresponden a las estadísticas anuales de Matrimonios y Divorcios 2025 del INEGI, elaboradas a partir de los registros de las oficialías del Registro Civil y de los juzgados familiares, civiles y mixtos.
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