diciembre 12, 2025

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Maternidad subrogada, uno de los pendientes del Congreso de SLP

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Aunque desde hace dos años la Suprema Corte exhortó a los legislativo locales a regular los vientres de alquiler, en el estado aún no hay fecha para que esto ocurra

Por: Ana G Silva

La gestación subrogada o por sustitución, popularmente conocida como maternidad subrogada o vientre de alquiler, es un contrato a través del cual una mujer acepta gestar para una persona o pareja que tiene la intención de fungir como padre(s) o madre(s) de la niña o niño nacidos de dicho embarazo, en la mayoría de las ocasiones la mujer gestante puede recibir una compensación económica. En San Luis Potosí, la regulación de esta práctica aún es inexistente, a pesar de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) lanzó un exhorto hace dos años para que se legislara el tema en los congresos locales.

El artículo 243 del Código Familiar para el estado de San Luis Potosí indica que “es inexistente la maternidad sustituta y por lo mismo no producirá efecto legal alguno. Si un embrión fuese implantado en una mujer distinta a la cónyuge o concubina, la maternidad se le atribuye a la primera”, esto contraviene al exhorto de la Suprema Corte, hecho en junio de 2021, para que de manera urgente y prioritaria regulen la práctica de la maternidad subrogada.

La Orquesta conversó con Bernarda Reyes Hernández (PAN) y Antonio Lorca Valle (Morena), diputados locales, para conocer su postura sobre la regulación de la maternidad subrogada: el legislador comentó que “la entidad está en pañales en el tema” y por tanto habría que adecuar muchas leyes; mientras que la congresista consideró que lo primordial es que, sea cual sea la postura, “se conduzca con respeto hacia la vida y hacia los derechos de las y los menores”.

“Creo que es un tema que no se ha tocado mucho y se debería de trabajar, pero de la mano con algún instituto de psicología, universidades y eso. Para legislar en ese tema yo no me atrevería a decir que es sencillo, yo entiendo por una parte a las parejas quieren tener hijos y no pueden se frustran y es una salida para lograr su objetivo; sin embargo, se complica al involucrar a un tercero, aunque sea un negocio, por decirlo de alguna manera, porque se le paga a la otra persona, y la máxima del derecho es no hacerle daño a nadie y esa es la parte que se tendría que ver o regular”, señaló Lorca Valle.

Al cuestionarlos sobre que si están a favor o en contra de la regulación de la maternidad subrogada, Bernarda Reyes contestó que no está a favor ni en contra, sino que lo primordial debe ser generar un esquema jurídico que proteja tanto a las personas gestantes, como a los bebés, de manera que se eviten problemas posteriores; Antonio Lorca respondió que está a favor de que las parejas tengan hijos mediante terceras personas, no obstante, acotó que hay que trabajarlo con institutos psiquiátricos, psicólogos, universidades, etc., para buscar el bien mayor sin dañar a ninguno de los tres involucrados.

Lorca Valle comentó que es un grupo minoritario el que está interesado en la regulación del tema, no obstante, en el año y medio que ha fungido como diputado local no se le han acercado o a sus compañeros para pedirles que lo hagan:

“Es un tema federal por lo de la consanguinidad, hoy una persona que tuvo relaciones con otra puede exigir la paternidad, así se hayan conocido ese mismo día únicamente, demostrando la consanguinidad del niño o la niña que va a tener de él o de ella. En lo local sería difícil legislar más allá porque chocaría mucho con las leyes federales actuales, entraríamos en la esfera federal”.

Este medio les recordó a la y el legislador que, en 2021, la Suprema Corte de Justicia de la Nación exhortó a los congresos locales para que de manera urgente se regularizará la práctica de la subrogación de la maternidad, Antonio Lorca apuntó que no identifica si algún grupo parlamentario lo ha tomado como agenda, mientras que Bernarda Reyes argumentó que en el Congreso del Estado de San Luis Potosí se trabaja bajo las distintas comisiones, por ende, los exhortos y correspondencias, son asignados a las meses de trabajo correspondiente para su análisis.

La única ocasión en la que se ha tocado el tema de la maternidad subrogada en el Congreso de San Luis Potosí fue en enero 2016, cuando se revisó la iniciativa para la creación de una legislación sobre el tema, esto en la Comisión de Salud y Asistencia Social; no obstante, nunca llegó al pleno, pues cinco meses después, en sesión de la Comisión de Justicia, se acordó desechar la iniciativa, en virtud de que se consideró que las propuestas presentadas carecían de medidas de protección integrales tanto para la mujer gestante como para el propio producto.

 

La regulación de la maternidad subrogada en México

A través de un artículo del Grupo de Información de Reproducción Elegida (GIRE),

una asociación civil de derechos reproductivos nacional, se detalla que solo dos entidades federativas permiten este tipo de contratos: Tabasco y Sinaloa.

Tabasco introdujo en 1997 una regulación sobre gestación subrogada en su código civil, que contemplaba el registro de menores nacidos a partir de estos acuerdos. Es decir, la legislación permitía que existieran los contratos, pero no ofrecía protecciones a las partes y favorecía la aparición de ciertos abusos y problemas.

El estado del sureste mexicano en el 2016 aprobó una reforma a dicha legislación; en la que se contemplan algunas condiciones como: que la mujer gestante debe tener entre 25 a 35 años; se debe acreditar que no estuvo embarazada 365 días previos y que no ha participado más de dos ocasiones consecutivas en dicho procedimiento; para acceder al contrato se debe ser mexicano; que la mujer contratante deberá acreditar que posee una imposibilidad física o contraindicación médica, etc. para poder acceder a la maternidad del menor.

Sinaloa reguló los vientres de alquiler en el 2013, pero puso restricciones similares a las de Tabasco, lo que ha impedido que se convierta en un destino atractivo para las personas que buscan hacer un acuerdo de este tipo.

De acuerdo con GIRE, estas legislaciones también pueden resultar discriminatorias, pues se les niega el derecho de formar una familia a parejas del mismo sexo, personas solteras o extranjeras.

La asociación civil de derechos reproductivos nacional indicó que Coahuila y Querétaro han incluido artículos en sus códigos civiles que desconocen explícitamente cualquier acuerdo de gestación subrogada; mientras que en Ciudad de México se aprobó normativa en la materia pero nunca fue publicada.

En 2021, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) hizo un exhorto al Congreso de la Unión y a los poderes legislativos de todos los estados de la república para que de manera urgente y prioritaria regulen la práctica de la maternidad subrogada. La legislación debe incluir también una prohibición expresa de la venta de menores edad, pero también prever la posibilidad de que las mujeres gestantes obtengan un provecho económico por su participación, pues “la prohibición absoluta de los contratos onerosos en la maternidad subrogada puede llevar a su práctica clandestina”. Se añadió que también se debe permitir que el acceso a esta práctica no discrimine a nadie por razones de género ni estado civil o nacionalidad.

La Silla Rota, en su reportaje titulado “¿Cuánto cuesta un vientre de alquiler en México?” en 2021, indicó que los costos para gestar un bebé en un vientre contratado varían, pues pueden ir de los 100 mil hasta 500 mil pesos; sin embargo, debido a que en muchas partes del país no es legal, muchas mujeres realizan está práctica en la clandestinidad, a través de las redes sociales, donde ofrecen su vientre, argumentando que lo hacen en apoyo a las parejas que no pueden tener hijos, así como aquellas parejas homosexuales.

 

En el mundo

En muchos países de Europa, la práctica de la gestación subrogada está estrictamente prohibida, por tanto, las personas y parejas que necesitan de este método para poder tener un hijo han de viajar a países cuya legislación permite la aplicación de este método reproductivo para extranjeros; los destinos más comunes son Estados Unidos, Canadá, Ucrania, Rusia y Georgia.

Babygest, un medio informativo que ayudar a personas que desean tener familia, dio a conocer en 2021, los precios correspondientes a los diferentes destinos de vientres de alquiler: En Estados Unidos el precio total del proceso de gestación subrogada se encuentra entre 110 mil a 160 mil euros (2 millones 189 mil a 3 millones 184 mil pesos); en Canadá, el costo ronda entre 80 mil a 120 mil euros (un millón 592 mil a los 2 millones 388 mil pesos); en Grecia es de unos 70 mil a 85 mil euros (un millón 393 mil a un millón 691 mil pesos). En cuanto a Ucrania, Georgia o Rusia, un proceso de gestación por sustitución puede tener un costo entre 50 mil a 80 mil euros (995 mil a un millón 592 mil pesos.

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Unicornio trasquilado | Apuntes de Jorge Saldaña

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APUNTES

Culto Público: los animales mitológicos tienen algo en común: todos fueron creados para explicar un castigo. El dragón que arrasa pueblos por orgullo, la sirena que encanta para hundir barcos, el unicornio que se pierde por no saber dónde pisa

La UASLP, ese unicornio institucional que se cree intocable, y creyó invencible, acaba de descubrir que la política no cree en seres fantásticos. El Congreso, en lugar de domarlo y admirarlo con sabiduría, decidió arrancarle el rin colorido a tijeretazos.

Porque la UASLP cruzó por todo en este año: una crisis interna por una violación en una facultad, edificios tomados, manos externas metiendo ruido, paros, la ciudad paralizada y, por si algo faltaba, un adeudo estatal que se prolongó lo suficiente como para poner en terapia intensiva su estabilidad financiera.

Aun así, el unicornio resistió. Lo que no resistió —o no quiso resistir— fue la tentación de la soberbia.

La institución respondió al conflicto de los 206 millones adeudados con entereza (iba a poner con “gallardía” pero podría confundirse el apellido con el sustantivo) y ganó la batalla a costa del relato.

En todo el camino, no sumó aliados, sino enemigos: altivez frente al Congreso y constantes insinuaciones de pureza moral frente a la corrupción ajena, y un aislamiento que yo he descrito —con toda intención poética y política— como la isla de Cuba académica: orgullosa, autosuficiente en el discurso, y convencida de que todo aquel que no viva dentro de sus fronteras es un tonto, un corrupto o un vendido.

Hasta que llegó hoy la votación del Presupuesto 2026.

El Ejecutivo había propuesto 506 millones para la Máxima Casa de Estudios, con lo que podría comprometerse a firmar, la primera semana del año que viene, el convenio federal–estatal que permite a la Universidad respirar sin sobresaltos, sin embargo,  la Comisión de Hacienda decidió otra cosa: ¿Cuáles 506 millones? 320 millones y un casi, casi “y di que te fue bien”.

Hace unas horas el Pleno del Congreso lo aprobó junto a todo el paquete económico enviado por el ejecutivo sin oposición (una abstención aislada no pinta).

En el caso UASLP, el recorte de 186 millones de pesos representa una estocada política que no requiere demasiada hermenéutica.

El unicornio sintió el golpe aunque se resistan a aceptarlo (nunca lo harán, acudirán al rol de víctimas del imperio…y puede que tengan razón). 

Pero ojo, no es que nuestra Máxima Casa de Estudios no tenga argumentos —la autonomía universitaria merece respeto y la ciencia pública debería ser una prioridad del Estado— pero ¿Quién defendió a la Uni ante el tijeretazo presupuestal?

Hay que recordar que después de plantones cruzados, mensajes altaneros y una narrativa de “nosotros sí sabemos, ustedes solo firman”, la Universidad descubrió que las instituciones también pagan facturas… y que los diputados cobran sin contemplaciones los agravios.

Pero aquí es donde el análisis debe elevarse por encima del enojo y de los egos heridos: los diputados pueden sentirse agraviados, y con razón; pero legislar desde la víscera siempre dejará daños colaterales.

Y esos daños no los paga ni el rector, ni los legisladores, ni los pleitos entre poderes: los paga la comunidad estudiantil, docentes, investigadores, trabajadores… 30 mil personas que no tienen culpa de la coreografía de soberbias entre Rectoría y Congreso.

Lo del recorte oficializado a 25 votos a favor, no debería celebrarse por nadie. Ni por quienes sienten que “ya pusieron en su lugar” al unicornio. Ni por quienes creen que el recorte les permitirá instalar una narrativa de victimización heroica.

Porque a estas alturas, lo único claro es que todos se equivocaron.

La Universidad se equivocó al suponer que la autonomía es un blindaje moral absoluto, cuando en realidad es una responsabilidad que exige diálogo, transparencia y mesura política.

El Congreso se equivocó al responder con tijera en mano a un conflicto personal (ah esa bella y caprichosa condición humana) que debió resolverse con inteligencia institucional, diplomacia, dialogo y apertura, no con revancha presupuestal.

Y el Gobierno del Estado —quizá sin querer— empieza a asomarse a un precipicio propio: el de tropezar con la misma piedra del año pasado. Porque hoy tiene aprobados 320 millones, pero en enero la Federación enviará —como es regla— un convenio para firmar por más de 506 millones.

Si gobierno lo firma, vuelve a quedar descuadrado su propio presupuesto. Si no lo firma, abre un frente innecesario con la presidenta Claudia Sheinbaum, justo en un 2026 donde Morena y el Verde necesitan parecer aliados… aunque localmente anden del chongo.

Decirle que no a la presidenta, lo mismo en un convenio que en una reunión (como a la que convocó éste día al gobernador Gallardo) no es un tema simple.

Total que entre unos y otros olvidaron lo esencial: La educación pública es un asunto de Estado, no un concurso de a ver quién parpadea más rápido.

Y aquí es donde conviene recordar y aplicar esa cartulina que apareció en la Facultad de Medicina durante el intento de tumbar al rector, pero adecuada al legislativo “Los diputados pueden ser pendejos… pero son nuestros pendejos (y los únicos que tenemos)”. Tienen la facultad y la usaron.

La frase, además de brutal, encierra una pedagogía política: uno puede criticar con severidad a sus instituciones, pero defenderlas cuando están bajo ataque, y los diputados pues… también se defendieron.

Entre tanto, el gobernador podrá decir, con razón y facultades, que él envió la propuesta para la UASLP por los 506 millones necesarios.

Los diputados podrán decir, con razón y facultades, que al no recibir  información financiera suficiente (y haberse sentido “ninguneados”-esa es la verdad-) los 320 millones son la cantidad correcta para la institución.

La Universidad podrá decir, con razón y facultades, que el convenio con la Federación requiere otra cifra y que los 320 millones significa cometer un mismo error dos veces. (Les dirá tontos e irresponsables nuevamente).

Y sin embargo, al menos para quien esto escribe, todas esas razones juntas no construyen un camino, sino un pantano.

Porque si este año la crisis por 206 millones puso a la UASLP al borde del colapso, ¿qué ocurrirá con un déficit similar el próximo año, cuando ya no haya un adeudo por corregir? ¿Quién pondrá la diferencia? ¿El Estado? ¿El Congreso? ¿La Federación? ¿Santa Clausula de las emergencias?

¿O la comunidad universitaria tendrá que aprender a vivir al filo del impago como si fuera parte del plan de estudios?

El unicornio, siendo mitológico, se está desdibujando por la realidad: la autonomía no sirve de nada si no hay presupuesto para pagar, otra vez, la nómina de tarde o temprano.

Para deshacer el nudo se necesita menos soberbia y más alianzas lo mismo que menos revancha y más perspectiva histórica.

El Gobierno por su parte necesita mirar dos veces el camino, no vaya a ser que tropiece con la misma piedra… y esta vez las implicaciones alcancen otras pistas.

Ni modo, por el momento no hay marcha atrás. El presupuesto está aprobado y no hay milagro navideño que pueda modificarlo.  

La UASLP sobrevivirá. No hay duda. La pregunta es ¿Cómo? ¿Alcanzará la magia del Unicornio para que la federación ponga la diferencia localmente recortada?

Para rematar, Culto Público, en este pleito de instituciones agraviadas, realidades humanas y tableros confusos, el único que no ha dicho palabra es también el único que importa: el estudiante que solo quiere estudiar y no entender por qué la política mueve el piso bajo sus pies cada diciembre. 

Pero no crean que por no hablar, no entienden, y por experiencia sabemos que cuando ellos hablan…hablan fuerte.

Hasta la próxima. Yo soy Jorge Saldaña.

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Sí se busca remover a todos los concejales de Villa de Pozos: Serrano

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El legislador explicó que la remoción sería un procedimiento natural del Congreso, la presidenta Patricia Aradillas permanecería en el cargo

Por: Cristian Betancourt

El diputado local Héctor Serrano confirmó que existe la intención de remover a los concejales de Villa de Pozos, también precisó que este proceso se realizaría de la misma forma en que fueron designados, como la establece el marco legal y los transitorios aprobados.

En entrevista, Serrano explicó que la facultad de retirar a los integrantes del concejo municipal recae en el Congreso, el cual debe seguir el procedimiento formal a tráves de un acuerdo con la Junta de Coordinación Política (Jucopo)

y después someter la decisión a votación del Pleno.

Serrano fue enfático al señalar que la presidenta Patricia Aradillas no está contemplada dentro de los cambios, pues la revisión se centra en 14 concejales.

Finalmente, el legislador reconoció que la agenda se encuentra “apretada”, pero reiteró su compromiso de informar con claridad la información.

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El IMSS SLP dejó expirar millones de pesos en medicamentos

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Vacunas reetiquetadas. Tratamientos para cáncer, diálisis e hipertensión abandonados en un almacén del IMSS en la capital

Por: Redacción

En el almacén delegacional del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en San Luis Potosí —ubicado en Avenida de los Conventos 107— quedaron abandonados cientos de medicamentos y vacunas que nunca llegaron a los pacientes, pese a que muchos de ellos dependen de estos insumos para sobrevivir.

De acuerdo con Fuerza Informativa Azteca, documentos muestran que más de 30 millones de pesos en fármacos caducaron en este espacio sin haber sido distribuidos.

El caso más grave corresponde al medicamento Ribociclib, utilizado en el tratamiento de cáncer de mama: 196 piezas, valuadas en casi 5 millones de pesos, fueron dejadas vencer. A ello se suman 8 mil 400 piezas de Sevelamero, empleado para pacientes en diálisis, con un valor cercano a 9 millones de pesos, y 371 mil piezas de Irbesartán, recetado para la hipertensión arterial, cuyo costo asciende a 17 millones de pesos. Ninguno fue entregado a tiempo.

Personal del IMSS denunció que la problemática también afecta a las vacunas. Las cajas vacías regresan a los almacenes, donde —según los testimonios— se reetiquetan y rellenan con dosis caducadas o próximas a vencer

, que luego se redistribuyen a unidades médicas sin una revisión minuciosa.

A esta situación se suma la polémica contratación, por adjudicación directa, de la empresa Medam, encargada de recolectar insumos caducos. Esta compañía fue clausurada previamente en Yucatán y Baja California Sur por el mal manejo de residuos biológicos y peligrosos. La Semarnat documentó que Medam vertía materiales contaminantes —incluidos medicamentos— que terminaron afectando ríos y mantos acuíferos.

El almacén, que debería ser el punto de distribución para todas las unidades del IMSS e IMSS-Bienestar en San Luis Potosí, se convirtió en un depósito donde tratamientos esenciales jamás llegaron a quienes los necesitaban, dejando a pacientes con cáncer, insuficiencia renal e hipertensión sin alternativas y evidencia de un grave desorden administrativo.

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