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Maternidad subrogada, uno de los pendientes del Congreso de SLP
Aunque desde hace dos años la Suprema Corte exhortó a los legislativo locales a regular los vientres de alquiler, en el estado aún no hay fecha para que esto ocurra
Por: Ana G Silva
La gestación subrogada o por sustitución, popularmente conocida como maternidad subrogada o vientre de alquiler, es un contrato a través del cual una mujer acepta gestar para una persona o pareja que tiene la intención de fungir como padre(s) o madre(s) de la niña o niño nacidos de dicho embarazo, en la mayoría de las ocasiones la mujer gestante puede recibir una compensación económica. En San Luis Potosí, la regulación de esta práctica aún es inexistente, a pesar de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) lanzó un exhorto hace dos años para que se legislara el tema en los congresos locales.
El artículo 243 del Código Familiar para el estado de San Luis Potosí indica que “es inexistente la maternidad sustituta y por lo mismo no producirá efecto legal alguno. Si un embrión fuese implantado en una mujer distinta a la cónyuge o concubina, la maternidad se le atribuye a la primera”, esto contraviene al exhorto de la Suprema Corte, hecho en junio de 2021, para que de manera urgente y prioritaria regulen la práctica de la maternidad subrogada.
La Orquesta conversó con Bernarda Reyes Hernández (PAN) y Antonio Lorca Valle (Morena), diputados locales, para conocer su postura sobre la regulación de la maternidad subrogada: el legislador comentó que “la entidad está en pañales en el tema” y por tanto habría que adecuar muchas leyes; mientras que la congresista consideró que lo primordial es que, sea cual sea la postura, “se conduzca con respeto hacia la vida y hacia los derechos de las y los menores”.
“Creo que es un tema que no se ha tocado mucho y se debería de trabajar, pero de la mano con algún instituto de psicología, universidades y eso. Para legislar en ese tema yo no me atrevería a decir que es sencillo, yo entiendo por una parte a las parejas quieren tener hijos y no pueden se frustran y es una salida para lograr su objetivo; sin embargo, se complica al involucrar a un tercero, aunque sea un negocio, por decirlo de alguna manera, porque se le paga a la otra persona, y la máxima del derecho es no hacerle daño a nadie y esa es la parte que se tendría que ver o regular”, señaló Lorca Valle.
Al cuestionarlos sobre que si están a favor o en contra de la regulación de la maternidad subrogada, Bernarda Reyes contestó que no está a favor ni en contra, sino que lo primordial debe ser generar un esquema jurídico que proteja tanto a las personas gestantes, como a los bebés, de manera que se eviten problemas posteriores; Antonio Lorca respondió que está a favor de que las parejas tengan hijos mediante terceras personas, no obstante, acotó que hay que trabajarlo con institutos psiquiátricos, psicólogos, universidades, etc., para buscar el bien mayor sin dañar a ninguno de los tres involucrados.
Lorca Valle comentó que es un grupo minoritario el que está interesado en la regulación del tema, no obstante, en el año y medio que ha fungido como diputado local no se le han acercado o a sus compañeros para pedirles que lo hagan:
“Es un tema federal por lo de la consanguinidad, hoy una persona que tuvo relaciones con otra puede exigir la paternidad, así se hayan conocido ese mismo día únicamente, demostrando la consanguinidad del niño o la niña que va a tener de él o de ella. En lo local sería difícil legislar más allá porque chocaría mucho con las leyes federales actuales, entraríamos en la esfera federal”.
Este medio les recordó a la y el legislador que, en 2021, la Suprema Corte de Justicia de la Nación exhortó a los congresos locales para que de manera urgente se regularizará la práctica de la subrogación de la maternidad, Antonio Lorca apuntó que no identifica si algún grupo parlamentario lo ha tomado como agenda, mientras que Bernarda Reyes argumentó que en el Congreso del Estado de San Luis Potosí se trabaja bajo las distintas comisiones, por ende, los exhortos y correspondencias, son asignados a las meses de trabajo correspondiente para su análisis.
La única ocasión en la que se ha tocado el tema de la maternidad subrogada en el Congreso de San Luis Potosí fue en enero 2016, cuando se revisó la iniciativa para la creación de una legislación sobre el tema, esto en la Comisión de Salud y Asistencia Social; no obstante, nunca llegó al pleno, pues cinco meses después, en sesión de la Comisión de Justicia, se acordó desechar la iniciativa, en virtud de que se consideró que las propuestas presentadas carecían de medidas de protección integrales tanto para la mujer gestante como para el propio producto.
La regulación de la maternidad subrogada en México
A través de un artículo del Grupo de Información de Reproducción Elegida (GIRE), 
Tabasco introdujo en 1997 una regulación sobre gestación subrogada en su código civil, que contemplaba el registro de menores nacidos a partir de estos acuerdos. Es decir, la legislación permitía que existieran los contratos, pero no ofrecía protecciones a las partes y favorecía la aparición de ciertos abusos y problemas.
El estado del sureste mexicano en el 2016 aprobó una reforma a dicha legislación; en la que se contemplan algunas condiciones como: que la mujer gestante debe tener entre 25 a 35 años; se debe acreditar que no estuvo embarazada 365 días previos y que no ha participado más de dos ocasiones consecutivas en dicho procedimiento; para acceder al contrato se debe ser mexicano; que la mujer contratante deberá acreditar que posee una imposibilidad física o contraindicación médica, etc. para poder acceder a la maternidad del menor.
Sinaloa reguló los vientres de alquiler en el 2013, pero puso restricciones similares a las de Tabasco, lo que ha impedido que se convierta en un destino atractivo para las personas que buscan hacer un acuerdo de este tipo.
De acuerdo con GIRE, estas legislaciones también pueden resultar discriminatorias, pues se les niega el derecho de formar una familia a parejas del mismo sexo, personas solteras o extranjeras.
La asociación civil de derechos reproductivos nacional indicó que Coahuila y Querétaro han incluido artículos en sus códigos civiles que desconocen explícitamente cualquier acuerdo de gestación subrogada; mientras que en Ciudad de México se aprobó normativa en la materia pero nunca fue publicada.
En 2021, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) hizo un exhorto al Congreso de la Unión y a los poderes legislativos de todos los estados de la república para que de manera urgente y prioritaria regulen la práctica de la maternidad subrogada. La legislación debe incluir también una prohibición expresa de la venta de menores edad, pero también prever la posibilidad de que las mujeres gestantes obtengan un provecho económico por su participación, pues “la prohibición absoluta de los contratos onerosos en la maternidad subrogada puede llevar a su práctica clandestina”. Se añadió que también se debe permitir que el acceso a esta práctica no discrimine a nadie por razones de género ni estado civil o nacionalidad.
La Silla Rota, en su reportaje titulado “¿Cuánto cuesta un vientre de alquiler en México?” en 2021, indicó que los costos para gestar un bebé en un vientre contratado varían, pues pueden ir de los 100 mil hasta 500 mil pesos; sin embargo, debido a que en muchas partes del país no es legal, muchas mujeres realizan está práctica en la clandestinidad, a través de las redes sociales, donde ofrecen su vientre, argumentando que lo hacen en apoyo a las parejas que no pueden tener hijos, así como aquellas parejas homosexuales.
En el mundo
En muchos países de Europa, la práctica de la gestación subrogada está estrictamente prohibida, por tanto, las personas y parejas que necesitan de este método para poder tener un hijo han de viajar a países cuya legislación permite la aplicación de este método reproductivo para extranjeros; los destinos más comunes son Estados Unidos, Canadá, Ucrania, Rusia y Georgia.
Babygest, un medio informativo que ayudar a personas que desean tener familia, dio a conocer en 2021, los precios correspondientes a los diferentes destinos de vientres de alquiler: En Estados Unidos el precio total del proceso de gestación subrogada se encuentra entre 110 mil a 160 mil euros (2 millones 189 mil a 3 millones 184 mil pesos); en Canadá, el costo ronda entre 80 mil a 120 mil euros (un millón 592 mil a los 2 millones 388 mil pesos); en Grecia es de unos 70 mil a 85 mil euros (un millón 393 mil a un millón 691 mil pesos). En cuanto a Ucrania, Georgia o Rusia, un proceso de gestación por sustitución puede tener un costo entre 50 mil a 80 mil euros (995 mil a un millón 592 mil pesos.
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La magistrada presidenta del STJE dice que el Congreso apenas verá la declaratoria en septiembre, mientras Matehuala funciona como piloto
Por: Haniel Valdés Velázquez
Ante la pregunta sobre el avance en la implementación de los juicios orales en materia civil y familiar, la magistrada presidenta del Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE), Lourdes Anahí Zarazúa Martínez, reconoció que el Congreso del Estado se encuentra en receso y que el Poder Judicial espera hasta septiembre para definir lo relacionado con la declaratoria de entrada en vigor del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares.
Zarazúa explicó que la reforma tiene una dimensión “impresionante” —mayor, dijo, a la que en su momento representó la materia penal— y adelantó que el Poder Judicial evalúa una implementación paulatina, además de insta lar mesas de trabajo sobre temas pendientes, entre ellos la relación con los notarios y la armonización del Código Familiar y el Código Civil del estado.
Detalló que desde hace un año el Poder Judicial realiza pruebas piloto, pensadas inicialmente para arrancar en Matehuala, “precisamente porque hay muchos temas que ver.”
Entre los pendientes que enumeró están la construcción de salas orales, la toma de protesta de dos jueces ya electos en materia oral que “no han tomado precisamente cargo,” y la certificación del personal.
Consultada sobre si San Luis Potosí llegará a tiempo al plazo federal del 1 de abril de 2027, Zarazúa respondió enumerando el trabajo en curso, sin precisar una fecha de conclusión.
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Lunes 17 de agosto de 2026
Culto Público, hijos del domingo en la noche me acordé de la cartulina:
El Poder Judicial potosino amaneció con dos relojes atrasados.
Uno dice que hoy no puede con lo que tiene y el otro tiene alarma para el 1 de abril de 2027.
Esa alarma es de las que no se pueden ni detener ni “*dame otros 5 minutitos”*
EL PODER JUDICIAL TIENE 227 DÍAS. PARA LO QUE NO HIZO EN 4 AÑOS Y 500 NOCHES.
Este es el tema del día y es investigación de La Orquesta.
El Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares fue publicado en junio de 2023 y fijó el 1 de abril de 2027 como fecha máxima para que opere la nueva justicia civil y familiar.
No es sugerencia. No hay prórroga.
Tampoco se trata de cambiar formatos y ponerle nueva portada a los expedientes.
La reforma exige juicios orales, salas equipadas, expedientes electrónicos, videoconferencias, conectividad y personal capacitado.
El problema es el calendario.
Si la infraestructura depende del presupuesto 2027, al Poder Judicial podrían quedarle enero, febrero y marzo para hacer lo que sabía desde hace casi cuatro años que tendría que hacer.
Y la ley entra en vigor aunque San Luis no esté listo.
Una demanda presentada el 2 de abril tendrá que procesarse con las nuevas reglas.
Es una escena bastante extraordinaria: el Poder Judicial podría terminar incumpliendo una ley porque el propio Poder Judicial no construyó a tiempo las condiciones para cumplirla.
Y no está preparando el nuevo sistema desde una cancha vacía:
Jorge Chessal calcula que la Fiscalía podría acumular 23 o 24 mil carpetas este año y advierte que la llegada de nuevos juzgadores no ha resuelto la saturación. (Pulso trae de 8 este certero apunte de el prestigiado abogado Jorge -quebonitonombre- Chessal)
LA SENTENCIA QUE LLEVA DOS AÑOS ESPERANDO A SER DESCUBIERTA
Este es otro hallazgo documental de Pulso.
Sonia Mendoza, titular de Segam, sostiene que todavía espera una resolución definitiva para determinar quién debe retirar el lirio acuático de la presa San José.
El problema es que la resolución existe.
El Segundo Tribunal Colegiado resolvió desde el 31 de enero de 2024 y vinculó al gobernador, Segam, CEA e Interapas.
Puede haber actuaciones pendientes para cumplir la sentencia. Eso merece explicación.
Lo que no está pendiente es la sentencia.
SALVITA: LA EXIGENCIA SALE A LA CALLE
Este es tema de seguimiento.
Estudiantes de la UASLP marcharán el miércoles 19 de agosto a las 14:00 horas, desde Criminología hasta la Fiscalía, para exigir justicia por el asesinato de Gabriel Salvador Martínez Flores.
Las autoridades hablan de presuntos responsables identificados.
Los estudiantes están pidiendo el siguiente verbo: detenidos.
ELECTORAL POTOSINO | TRES PUEDEN SER MULTITUD
El Heraldo de México coloca hoy a San Luis en la conversación nacional con dos datos que juntos hacen ruido.
Morena encabeza las preferencias como partido, pero Ruth González aparece adelante en los careos personales. Al mismo tiempo, se plantea la posibilidad de que Morena, PVEM y PT compitan separados en 2027.
Abusados: encuesta no es resultado y escenario no es candidatura.
La alianza en SLP a la gubernatura desde hace mucho parece lejana, el nombre de la candidata Verde muy conocido y un As bajo la manga que se asoma o se sospecha para jugada clave de último minuto.
BARRIDO NACIONAL | ANDY NO PUEDE IR A DISNEY
…y quizá pronto a ningún otro lado.
La cancelación de la visa estadounidense de Andrés Manuel López Beltrán se comió buena parte de la conversación nacional.
La Embajada de Estados Unidos
Ahí apareció el vacío perfecto para que cada quien meta lo suyo.
La oposición intenta relacionar el episodio con investigaciones y posibles irregularidades; del otro lado se presenta como persecución política contra el hijo del expresidente. Y en medio ya comenzó la inevitable especulación sobre qué significa todo esto para su futuro dentro de Morena.
Es curioso: Andy pasa en cuestión de días de dirigente cuestionado a víctima geopolítica y de ahí a posible activo electoral.
—Disculpe, ¿me dijo que la nieve la quería de limón, verdad?—
CONVERSACIÓN DE COLUMNAS
Adriana Ochoa publicó ayer su columna de lectura obligada para todo aquel que se diga interesado en el tema público, “La Cábala” con una entrega titulada En azul craquelado.
Su lectura más filosa para esta semana: reducir las precampañas a 20 días beneficia especialmente a quienes lleguen con estructura, territorio y candidatura prácticamente resueltos.
La campaña formal se hizo más corta.
La campaña real, evidentemente, no.
La conversación local coincide además en otro asunto: cambiar personas no necesariamente cambia instituciones.
El Poder Judicial ya tiene nuevos juzgadores, pero conserva el cuello de botella en impartir justicia porque los juzgadores nuevos no dan una…
LOS 3 HALLAZGOS
1. EL PLAZO QUE NO SE MUEVE. El nuevo sistema civil y familiar deberá operar el 1 de abril de 2027 aunque el Poder Judicial potosino no esté materialmente preparado.
2. LA SENTENCIA QUE SÍ EXISTE. Segam habla de una resolución pendiente sobre el lirio cuando existe una ejecutoria desde enero de 2024.
3. EL AGUA QUE SE VA ANTES DE LA CAJA. BBVA Research calcula que los organismos operadores de SLP cobran apenas 4.1 de cada diez litros suministrados. Antes de discutir solamente de dónde traer más agua, convendría saber qué estamos haciendo con la que ya tenemos.
LAS DE 8
Pulso: insuficiente la llegada de nuevos juzgadores ante la carga del sistema de justicia.
Plano Informativo: saturación de litigaciones, el lastre del sistema judicial.
Dos portadas y la investigación de La Orquesta terminan diciendo “eso es elefante”: el problema judicial ya no es solamente quién juzga, sino con qué sistema va a hacerlo y el reloj sigue su marcha.
MAÑANERA
La educación media superior marcó buena parte de la conferencia presidencial. Claudia Sheinbaum anunció una ampliación de espacios y modalidades para facilitar el ingreso de jóvenes al bachillerato.
San Luis Potosí no fue tema específico.
¿QUÉ PREGUNTARÍA HOY?
1. Según los números, el Verde gana solo, pero ¿Qué perdería ganando solo?
INDICADORES ÚTILES: 1) EL REALITO: SI FUNCIONA
2) “ECHAR LAVADORAS” ES LA RESPUESTA DEL 94.7% DE LA POBLACIÓN A LA PREGUNTA ¿QUÉ HICISTE EL DOMINGO?
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De no lograrlo, el Poder Judicial quedaría en una grave falta a un ordenamiento federal
Por: Haniel Valdés Velázquez
El decreto que obliga a juicios orales en materia civil y familiar fue publicado desde 2023 y fija el 1 de abril de 2027 como plazo máximo e inaplazable. El calendario presupuestal estatal deja al Poder Judicial potosino apenas tres meses, entre enero y marzo, para construir la infraestructura que la ley exige.
El Poder Judicial de San Luis Potosí enfrenta una carrera contra el tiempo que fue advertida desde hace casi cuatro años: el decreto que crea el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 7 de junio de 2023, fija el 1 de abril de 2027 como fecha límite —automática, sin posibilidad de prórroga— para que la nueva justicia civil y familiar, basada en juicios orales, entre en vigor en el estado. El problema es aritmético: por el propio calendario presupuestal estatal, el recurso para construirla no llega antes de enero de 2027.
El Artículo Segundo Transitorio del decreto no deja margen de interpretación. Establece que la aplicación del Código entrará en vigor en cada entidad mediante declaratoria del Congreso local, previa solicitud del propio Poder Judicial estatal, pero fija que dicho trámite no podrá exceder el 1 de abril de 2027. Y añade un candado adicional: si no se emite la declaratoria correspondiente, la entrada en vigor será automática en todo el territorio nacional, sin que la fecha límite se mueva. No hay escenario en el que San Luis Potosí quede exento del plazo.
Lo que exige el nuevo Código no es un ajuste de formularios. Obliga a que los procesos civiles y familiares se desarrollen en audiencias orales —salvo excepciones fundadas—, incorpora la justicia digital (videoconferencia, expedientes electrónicos) y crea figuras procesales completamente nuevas, como el Juicio Ordinario Civil Oral, el Ejecutivo Civil Oral y el Hipotecario Oral. Se traduce en salas equipadas, conectividad y personal capacitado en todo el estado, no en un memorando administrativo.
Ahí es donde se cruza con el calendario del dinero. Por mandato constitucional, el Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE) formula anualmente su propio presupuesto y lo remite al Poder Ejecutivo para que lo incorpore al Presupuesto de Egresos estatal; no lo negocia directamente con el Congreso.
La magistrada presidenta del STJE, Lourdes Anahí Zarazúa Martínez, confirmó que la propuesta de presupuesto para 2027 debe quedar aprobada por los tres órganos internos del Poder Judicial
De ahí, el proceso sigue un patrón que se ha repetido en los últimos tres ejercicios fiscales: el Ejecutivo tiene hasta finales de noviembre para entregar el paquete económico completo —Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos— al Congreso del Estado. La Comisión de Hacienda lo revisa en tres o cuatro sesiones y el Pleno lo aprueba, según el historial reciente, entre mediados y finales de diciembre. El presupuesto para 2025, por ejemplo, se publicó en el Periódico Oficial hasta el 26 de diciembre de 2024. Bajo ese mismo calendario, el dinero para 2027 no estaría disponible antes del 1 de enero de ese año.
Ahí queda planteado el dilema: entre que el recurso llega y el tope legal del 1 de abril, el Poder Judicial tendría apenas tres meses para construir salas orales, instalar sistemas digitales y capacitar personal en los distritos judiciales del estado. Y en las prioridades de gasto que la propia magistrada presidenta ha hecho públicas para el presupuesto 2027 —edificios y personal— no aparece mencionada de manera explícita esta infraestructura específica que exige el Código Nacional.
El antecedente no juega a favor del Poder Judicial potosino. En enero de este año, la propia institución reconoció que la no renovación de contratos de personal respondió a “cuestiones meramente presupuestarias”, derivadas de la necesidad de ajustar el gasto. Es decir: la insuficiencia de recursos no es una hipótesis alarmista para 2027, es una condición que el propio Poder Judicial ha admitido enfrentar en el presente.
El escenario de riesgo es concreto. Si el 2 de abril de 2027 se presenta una demanda bajo el nuevo Código exigiendo su desahogo en juicio oral y en sala oral, y esa infraestructura no está lista, el Poder Judicial del Estado quedaría en los hechos incumpliendo una ley federal de la que tuvo aviso desde junio de 2023.
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