julio 28, 2026

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Maternidad subrogada, uno de los pendientes del Congreso de SLP

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Aunque desde hace dos años la Suprema Corte exhortó a los legislativo locales a regular los vientres de alquiler, en el estado aún no hay fecha para que esto ocurra

Por: Ana G Silva

La gestación subrogada o por sustitución, popularmente conocida como maternidad subrogada o vientre de alquiler, es un contrato a través del cual una mujer acepta gestar para una persona o pareja que tiene la intención de fungir como padre(s) o madre(s) de la niña o niño nacidos de dicho embarazo, en la mayoría de las ocasiones la mujer gestante puede recibir una compensación económica. En San Luis Potosí, la regulación de esta práctica aún es inexistente, a pesar de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) lanzó un exhorto hace dos años para que se legislara el tema en los congresos locales.

El artículo 243 del Código Familiar para el estado de San Luis Potosí indica que “es inexistente la maternidad sustituta y por lo mismo no producirá efecto legal alguno. Si un embrión fuese implantado en una mujer distinta a la cónyuge o concubina, la maternidad se le atribuye a la primera”, esto contraviene al exhorto de la Suprema Corte, hecho en junio de 2021, para que de manera urgente y prioritaria regulen la práctica de la maternidad subrogada.

La Orquesta conversó con Bernarda Reyes Hernández (PAN) y Antonio Lorca Valle (Morena), diputados locales, para conocer su postura sobre la regulación de la maternidad subrogada: el legislador comentó que “la entidad está en pañales en el tema” y por tanto habría que adecuar muchas leyes; mientras que la congresista consideró que lo primordial es que, sea cual sea la postura, “se conduzca con respeto hacia la vida y hacia los derechos de las y los menores”.

“Creo que es un tema que no se ha tocado mucho y se debería de trabajar, pero de la mano con algún instituto de psicología, universidades y eso. Para legislar en ese tema yo no me atrevería a decir que es sencillo, yo entiendo por una parte a las parejas quieren tener hijos y no pueden se frustran y es una salida para lograr su objetivo; sin embargo, se complica al involucrar a un tercero, aunque sea un negocio, por decirlo de alguna manera, porque se le paga a la otra persona, y la máxima del derecho es no hacerle daño a nadie y esa es la parte que se tendría que ver o regular”, señaló Lorca Valle.

Al cuestionarlos sobre que si están a favor o en contra de la regulación de la maternidad subrogada, Bernarda Reyes contestó que no está a favor ni en contra, sino que lo primordial debe ser generar un esquema jurídico que proteja tanto a las personas gestantes, como a los bebés, de manera que se eviten problemas posteriores; Antonio Lorca respondió que está a favor de que las parejas tengan hijos mediante terceras personas, no obstante, acotó que hay que trabajarlo con institutos psiquiátricos, psicólogos, universidades, etc., para buscar el bien mayor sin dañar a ninguno de los tres involucrados.

Lorca Valle comentó que es un grupo minoritario el que está interesado en la regulación del tema, no obstante, en el año y medio que ha fungido como diputado local no se le han acercado o a sus compañeros para pedirles que lo hagan:

“Es un tema federal por lo de la consanguinidad, hoy una persona que tuvo relaciones con otra puede exigir la paternidad, así se hayan conocido ese mismo día únicamente, demostrando la consanguinidad del niño o la niña que va a tener de él o de ella. En lo local sería difícil legislar más allá porque chocaría mucho con las leyes federales actuales, entraríamos en la esfera federal”.

Este medio les recordó a la y el legislador que, en 2021, la Suprema Corte de Justicia de la Nación exhortó a los congresos locales para que de manera urgente se regularizará la práctica de la subrogación de la maternidad, Antonio Lorca apuntó que no identifica si algún grupo parlamentario lo ha tomado como agenda, mientras que Bernarda Reyes argumentó que en el Congreso del Estado de San Luis Potosí se trabaja bajo las distintas comisiones, por ende, los exhortos y correspondencias, son asignados a las meses de trabajo correspondiente para su análisis.

La única ocasión en la que se ha tocado el tema de la maternidad subrogada en el Congreso de San Luis Potosí fue en enero 2016, cuando se revisó la iniciativa para la creación de una legislación sobre el tema, esto en la Comisión de Salud y Asistencia Social; no obstante, nunca llegó al pleno, pues cinco meses después, en sesión de la Comisión de Justicia, se acordó desechar la iniciativa, en virtud de que se consideró que las propuestas presentadas carecían de medidas de protección integrales tanto para la mujer gestante como para el propio producto.

 

La regulación de la maternidad subrogada en México

A través de un artículo del Grupo de Información de Reproducción Elegida (GIRE),

una asociación civil de derechos reproductivos nacional, se detalla que solo dos entidades federativas permiten este tipo de contratos: Tabasco y Sinaloa.

Tabasco introdujo en 1997 una regulación sobre gestación subrogada en su código civil, que contemplaba el registro de menores nacidos a partir de estos acuerdos. Es decir, la legislación permitía que existieran los contratos, pero no ofrecía protecciones a las partes y favorecía la aparición de ciertos abusos y problemas.

El estado del sureste mexicano en el 2016 aprobó una reforma a dicha legislación; en la que se contemplan algunas condiciones como: que la mujer gestante debe tener entre 25 a 35 años; se debe acreditar que no estuvo embarazada 365 días previos y que no ha participado más de dos ocasiones consecutivas en dicho procedimiento; para acceder al contrato se debe ser mexicano; que la mujer contratante deberá acreditar que posee una imposibilidad física o contraindicación médica, etc. para poder acceder a la maternidad del menor.

Sinaloa reguló los vientres de alquiler en el 2013, pero puso restricciones similares a las de Tabasco, lo que ha impedido que se convierta en un destino atractivo para las personas que buscan hacer un acuerdo de este tipo.

De acuerdo con GIRE, estas legislaciones también pueden resultar discriminatorias, pues se les niega el derecho de formar una familia a parejas del mismo sexo, personas solteras o extranjeras.

La asociación civil de derechos reproductivos nacional indicó que Coahuila y Querétaro han incluido artículos en sus códigos civiles que desconocen explícitamente cualquier acuerdo de gestación subrogada; mientras que en Ciudad de México se aprobó normativa en la materia pero nunca fue publicada.

En 2021, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) hizo un exhorto al Congreso de la Unión y a los poderes legislativos de todos los estados de la república para que de manera urgente y prioritaria regulen la práctica de la maternidad subrogada. La legislación debe incluir también una prohibición expresa de la venta de menores edad, pero también prever la posibilidad de que las mujeres gestantes obtengan un provecho económico por su participación, pues “la prohibición absoluta de los contratos onerosos en la maternidad subrogada puede llevar a su práctica clandestina”. Se añadió que también se debe permitir que el acceso a esta práctica no discrimine a nadie por razones de género ni estado civil o nacionalidad.

La Silla Rota, en su reportaje titulado “¿Cuánto cuesta un vientre de alquiler en México?” en 2021, indicó que los costos para gestar un bebé en un vientre contratado varían, pues pueden ir de los 100 mil hasta 500 mil pesos; sin embargo, debido a que en muchas partes del país no es legal, muchas mujeres realizan está práctica en la clandestinidad, a través de las redes sociales, donde ofrecen su vientre, argumentando que lo hacen en apoyo a las parejas que no pueden tener hijos, así como aquellas parejas homosexuales.

 

En el mundo

En muchos países de Europa, la práctica de la gestación subrogada está estrictamente prohibida, por tanto, las personas y parejas que necesitan de este método para poder tener un hijo han de viajar a países cuya legislación permite la aplicación de este método reproductivo para extranjeros; los destinos más comunes son Estados Unidos, Canadá, Ucrania, Rusia y Georgia.

Babygest, un medio informativo que ayudar a personas que desean tener familia, dio a conocer en 2021, los precios correspondientes a los diferentes destinos de vientres de alquiler: En Estados Unidos el precio total del proceso de gestación subrogada se encuentra entre 110 mil a 160 mil euros (2 millones 189 mil a 3 millones 184 mil pesos); en Canadá, el costo ronda entre 80 mil a 120 mil euros (un millón 592 mil a los 2 millones 388 mil pesos); en Grecia es de unos 70 mil a 85 mil euros (un millón 393 mil a un millón 691 mil pesos). En cuanto a Ucrania, Georgia o Rusia, un proceso de gestación por sustitución puede tener un costo entre 50 mil a 80 mil euros (995 mil a un millón 592 mil pesos.

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Violencia e influyentismo: el caso que persigue al alcalde de Cerro de San Pedro

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El pasado 3 de julio el padre de “Chuy” Nava fue detenido por agresiones contra una mujer, sin embargo fue liberado a las pocas horas; no sería la primera carpeta en su contra por este delito

Por: Redacción

A casi un mes de la detención de J. Santos “N”, padre del presidente municipal de Cerro de San Pedro, Jesús “Chuy” Nava, perteneciente al PRI, el caso se ha convertido en un asunto con implicaciones políticas que amenazan con marcar el futuro del grupo que actualmente gobierna el municipio.

A través de redes sociales, habitantes del municipio han externado sus dudas sobre la actuación de las autoridades, los señalamientos de un posible tráfico de influencias, las versiones sobre presuntas presiones para que la víctima otorgara el perdón y el antecedente de otras investigaciones por hechos similares han colocado al gobierno municipal en el centro de una controversia que trasciende el ámbito judicial y comienza a impactar la imagen del proyecto político de la familia Nava.

La madrugada del 3 de julio comenzaron a difundirse en redes sociales reportes ciudadanos sobre la presunta detención de J. Santos “N”, identificado como padre del alcalde de Cerro de San Pedro.

De acuerdo con las versiones difundidas por vecinos, el hombre habría sido asegurado tras un incidente en agravio de una mujer identificada como Mayra “N”. También trascendió que presuntamente se encontraba bajo los efectos del alcohol al momento de los hechos.

La información señalaba que el detenido fue trasladado a las celdas preventivas mientras se definía su situación jurídica. Sin embargo, horas más tarde comenzaron a circular publicaciones que afirmaban que había recuperado su libertad el mismo día.

Las críticas por el hecho se dirigieron hacia el presidente municipal, al considerar que su parentesco con el señalado podía influir en el desarrollo del procedimiento.

Durante los días posteriores, diversos usuarios en redes sociales exigieron que el caso fuera investigado sin privilegios, mientras reclamaban que la ley se aplicara de la misma manera que en cualquier otro asunto de violencia contra las mujeres.

Hasta el momento, ninguna autoridad ha explicado públicamente cuál fue el seguimiento jurídico del caso.

No se ha informado cuáles fueron las actuaciones ministeriales derivadas de la detención, si la investigación continúa abierta, ni bajo qué circunstancias se determinó la situación jurídica del señalado. Tampoco existe una postura oficial que responda a los cuestionamientos surgidos entre la población respecto al procedimiento.

Fuentes cercanas al caso consultadas por este medio aseguraron que la víctima habría sido presionada para otorgar el perdón al presunto agresor. Aunque esta versión no ha sido confirmada por la Fiscalía General del Estado ni por otra autoridad competente, representa uno de los principales cuestionamientos que rodean el caso, debido a que pondría en entredicho las condiciones en las que se desarrolló el procedimiento.

De acuerdo con información obtenida por este medio, esta no sería la primera carpeta de investigación relacionada con presuntos hechos de violencia que enfrenta J. Santos “N”; pues hay dos más en los años 2019 y 2020.

La dimensión política comenzó prácticamente desde el primer día. Diversas publicaciones ciudadanas en Facebook cuestionaron que el padre del alcalde recuperara su libertad pocas horas después de su detención y señalaron un posible uso de influencias para favorecerlo.

Incluso algunos mensajes compararon el caso con otros procesos de violencia contra mujeres que sí derivaron en condenas penales, argumentando que la aplicación de la justicia parece variar cuando los involucrados mantienen vínculos con el poder político.

El caso también coincide con el momento en que distintos grupos políticos comienzan a preparar la sucesión municipal.

Fuentes cercanas a la vida política de Cerro de San Pedro señalaron a este medio que integrantes de la familia del actual presidente municipal buscan mantenerse como un grupo con influencia dentro del gobierno local una vez concluida la administración encabezada por Jesús “Chuy” Nava.

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Seis de cada diez potosinos consideran insegura la capital

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La buena noticia es que, comparado con junio de 2025, el indicador bajó 12.3 puntos porcentuales, lo que refleja una mejora respecto al año pasado

Por: Ana G Silva

La percepción de inseguridad entre los habitantes de San Luis Potosí aumentó durante el segundo trimestre de 2026, en contraste con la tendencia nacional, que registró una disminución. Sin embargo, al comparar los resultados con el mismo periodo del año pasado, la entidad muestra una mejora importante de más de 12 puntos porcentuales.

La Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), publicada este 24 de julio por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), reveló que el 62.5 por ciento de la población de 18 años y más en la ciudad de San Luis Potosí considera que vivir en la capital es inseguro, frente al 57.6 por ciento reportado en marzo de este mismo año.

Este incremento ocurre mientras que, a nivel nacional, la percepción de inseguridad siguió una trayectoria opuesta. En el conjunto de las 91 ciudades evaluadas por la ENSU, el porcentaje de personas que consideran insegura su ciudad pasó de 61.5 a 59.8 por ciento, lo que representó una disminución estadísticamente significativa respecto al trimestre anterior.

Aunque el aumento registrado en San Luis Potosí no fue señalado por el INEGI como un cambio estadísticamente significativo, sí coloca a la capital potosina por encima del promedio nacional, pues casi dos de cada tres habitantes continúan percibiendo a la ciudad como un lugar inseguro para vivir.

La comparación anual muestra un panorama distinto

Pese al incremento observado entre marzo y junio de este año, el comportamiento cambia al revisar el comparativo anual.

En junio de 2025, 74.8 por ciento de los habitantes de San Luis Potosí afirmaba sentirse inseguro en la ciudad. Para junio de 2026, esa cifra disminuyó a 62.5 por ciento

, es decir, 12.3 puntos porcentuales menos, una reducción que el propio INEGI identifica como estadísticamente significativa.

Esta reducción coloca a San Luis Potosí entre las ciudades que lograron mejorar su percepción de seguridad respecto al año anterior. De acuerdo con la ENSU, 23 ciudades del país registraron disminuciones significativas en la percepción de inseguridad durante el último año, mientras que únicamente seis presentaron incrementos.

A nivel nacional también se observó una mejora anual, al pasar de 63.2 por ciento en junio de 2025 a 59.8 por ciento en junio de 2026.

A pesar de la mejora anual, la capital potosina continúa ubicándose ligeramente por encima del promedio del país en percepción de inseguridad.

Mientras el promedio nacional se ubicó en 59.8 por ciento, en San Luis Potosí alcanzó 62.5 por ciento, una diferencia de 2.7 puntos porcentuales, lo que refleja que la percepción ciudadana sobre la seguridad aún no logra alinearse con la tendencia nacional de recuperación.

La ENSU mide trimestralmente la percepción de seguridad de la población de 18 años y más en 91 ciudades del país, con el objetivo de generar información sobre la forma en que la ciudadanía evalúa las condiciones de seguridad pública y aportar elementos para el diseño de políticas públicas en esta materia.

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Operativo interinstitucional asegura a un presunto agresor de elementos de la GCE

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La Fiscalía potosina, en coordinación con fuerzas estatales y federales, detuvo a un presunto involucrado en la agresión ocurrida la mañana de este domingo

Por: Redacción

La Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP) informa que, tras la agresión a la Guardia Civil Estatal ocurrida esta mañana en la comunidad de Cerrito de la Cruz, en la delegación de La Pila, de esta capital, y en la que fallecieron dos elementos de dicha corporación, la Policía de Investigación, la Guardia Civil Estatal y el Ejército Mexicano aseguraron a un presunto involucrado en estos hechos.

El operativo de rastreo y búsqueda interinstitucional se activó justo después de que los números de emergencia reportaran esta mañana la agresión a policías de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado de San Luis Potosí, mientras que personal de la Vicefiscalía Científica recupera indicios en el lugar para fortalecer las investigaciones

.

La FGESLP agregó que, conforme avancen las diligencias, se dará a conocer la actualización correspondiente a través de los canales institucionales, con el fin de no afectar el desarrollo de la investigación.

La Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí refrenda su compromiso de trabajar con probidad, profesionalismo y justicia a favor de las y los potosinos.

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