México
Lozoya ocultó que era accionista mayoritario de empresa en Londres en 2012
Por: Redacción
El hallazgo de una nueva empresa con sede en un lujoso edificio en Londres pone en duda la declaración patrimonial de Emilio Lozoya Austin.
Cuando tomó posesión de su cargo al frente de Petróleos Mexicanos, en diciembre de 2012, declaró ser cofundador de JF Holding SA, una empresa afincada en Luxemburgo, y poseer títulos en tres organizaciones privadas, de las que no aportó nombres.
En registros públicos consta que, además de la compañía de Luxemburgo, Lozoya ha participado en tres empresas más en Alemania, mientras que la Fiscalía General de la República (FGR) le atribuye otra en las Islas Vírgenes Británicas, que supuestamente fue utilizada para la triangulación de sobornos.
Una investigación periodística localizó una nueva empresa en Londres, Inglaterra, que no se conocía, y en la que Lozoya se hizo accionista mayoritario en plena campaña presidencial de 2012, en la que era coordinador de vinculación internacional del candidato del PRI, Enrique Peña Nieto.
En su declaración patrimonial, Lozoya aseguró que en diciembre de 2012 poseía 4,151 títulos en tres organizaciones privadas, pero tan sólo en la compañía de Londres era poseedor en esos días de 84 mil 825 acciones, según revela una investigación realizada por Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) en colaboración con Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP), un consorcio internacional de periodistas.
La investigación identificó que la compañía en Londres tenía como domicilio el primer piso del Royal Exchange, el edificio de la antigua bolsa de comercio británica, construido en 1565, y que hoy es uno de los centros comerciales más lujosos del Reino Unido, con joyerías y tiendas exclusivas, como Mont Blanc, Omega, Tiffany, Gucci, Hermés y Bulgari.
Junto a esos establecimientos de lujo se ubicaba la empresa de divisas “Royal Exchange (TEG Capital) Limited”, en la que Lozoya era accionista mayoritario, asociado con empresarios ingleses.
La mencionada empresa se fundó el 8 de agosto de 2011, pero fue hasta el 6 de junio de 2012 cuando Lozoya se incorporó como accionista, de acuerdo con los documentos obetnidos por MCCI y OCCRP.
Aquel día, los socios de la compañía acordaron ampliar a 100 mil el número de acciones clase A, de las cuales Lozoya adquirió el 84% con valor de sólo 100 libras esterlinas (unos 2,100 pesos de entonces), con lo que se convirtió en el dueño mayoritario.
Los otros socios eran una firma británica de nombre “Infelber (Exports) Limited”, que aportó a la sociedad un préstamo de 50 mil libras, y el empresario Antony Quaife, quien en su ficha personal aseguraba tener la experiencia de haber creado mesas de negociación y líneas de productos para algunas de las casas de bolsa más grandes del mundo.
En la asamblea en que se incorporó a Lozoya, se asentó en actas que el objetivo de la compañía era obtener ganancias por 6 millones de libras (unos 126 millones de pesos al tipo de cambio de entonces) entre junio de 2012 y mayo de 2014.
La incorporación de Lozoya como accionista de la compañía británica fue casi a la par de que Odebrecht y Altos Hornos de México (AHMSA) hicieron transferencias millonarias a la cuenta bancaria de una empresa ‘fachada’ ubicada en las Islas Vírgenes Británicas, de nombre Latin America Asia Capital Holding, que tenía como beneficiaria a su hermana.
Según la acusación de la FGR esa cuenta era utilizada para ocultar el pago de sobornos de Odebrecht y de Altos Hornos de México.
Lozoya se convirtió en accionista de Royal Exchange (TEG Capital) Limited el 6 de junio de 2012, y entre los días 8 y 12 del mismo mes Odebrecht y AHMSA transfirieron 1.4 millones de dólares a la cuenta en Suiza, según la carpeta de investigación FED/SEIDF/CGI-CDMX/0000117/2017 de la FGR.
“Podemos procesar cualquier transacción, desde comprar propiedades en el extranjero hasta comprar un vehículo de lujo. Royal Exchange puede garantizar las mejores tarifas y un servicio premium sin importar el tamaño de la transacción”, ofrecía a sus clientes en su sitio en internet, el cual ya fue desactivado.
“Somos una corredora de divisas de alta gama situada en el corazón financiero de Londres. El edificio Royal Exchange, construido originalmente en 1565, es un símbolo reconocido internacionalmente de la posición de liderazgo de Londres en el comercio y las finanzas mundiales”, se podía leer en su sitio web.
En sus productos financieros, la compañía ofrecía cuentas corporativas, personales y manejo de tarjetas de crédito; a sus clientes les prometía las mejores cotizaciones mediante la constante recolección de tasas de cambio de 16 bancos del mercado británico.
“Con décadas de experiencia en el mercado y millones invertidos en la empresa y la tecnología, podemos acceder a algunas de las mejores tarifas del mercado y transmitirlas a nuestros clientes (…) podemos brindarle un servicio que se adapte a sus necesidades. Desde la compra de propiedades en el extranjero hasta el manejo de transacciones corporativas”.
La Autoridad de Conducta Financiera (FCA, por sus siglas en inglés), responsable de regular a las empresas que ofrecen servicios financieros en el Reino Unido, confirmó que el domicilio registrado de la compañía de Lozoya era el local 2 del histórico edificio.
Aunque la FCA informó que su estatus actual es de una firma que ya no está registrada o autorizada, por lo que aconsejó no hacer negocios con la misma.
En documentos consultados en el registro mercantil del Reino Unido consta que la empresa fue disuelta el 7 de febrero de 2017, aunque no se consignaron las causas ni se incluyó el balance de liquidación.
En el historial de la empresa, inscrito ante el registro mercantil, no aparece alguna referencia de que Lozoya haya vendido o cedido sus acciones.
Otras empresas europeas en las que participaba Lozoya, que sí siguen vigentes, son tres establecidas en Munich: dos inmobiliarias de nombre Elmo Wolfsburg, pero con registro y domicilio distinto, y otra llamada All-Me Hamburg GmbH.
Uno de los domicilios corresponde a un edificio de departamentos ubicado a un costado del río Isar, que atraviesa Munich.
Con información de Animal Político.
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El anuncio de Donald Trump establece un nuevo protocolo en la política exterior hacia México y los países de latinoamérica
Por: Roberto Mendoza
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció esta noche durante una entrevista con la cadena Fox News su intención de iniciar operaciones militares por tierra contra los cárteles de la droga en territorio mexicano.
En la conversación conducida por el periodista Sean Hannity, el mandatario sostuvo que su administración ha logrado neutralizar las rutas marítimas de tráfico de narcóticos, lo que motiva un cambio de estrategia operativa hacia la intervención terrestre. Esta declaración se produce tras una serie de operativos estadounidenses en la región del Caribe que culminaron en la detención de Nicolás Maduro en Venezuela.
El titular del ejecutivo estadounidense declaró textualmente: “Hemos erradicado el 97 por ciento de las drogas que entran por agua y ahora vamos a empezar a atacar por tierra; en cuanto a los cárteles, los cárteles controlan México“. Trump fundamentó la necesidad de estas acciones en el volumen de fallecimientos registrados en su país, los cuales atribuyó directamente a la actividad de las organizaciones criminales mexicanas.
Según sus propias afirmaciones, estos grupos causan la muerte de entre “250 mil y 300 mil personas” cada año en Estados Unidos, declaraciones que el mandatario emitió sin proporcionar un fundamento estadístico o una base documental clara durante la transmisión.
La justificación oficial de la Casa Blanca para este posible despliegue se apoya en la clasificación de los grupos delictivos como amenazas críticas a la seguridad nacional y su designación bajo marcos legales de combate al terrorismo.
El contexto de esta postura incluye la reciente captura de Nicolás Maduro en Venezuela, hecho que la administración utiliza como referencia de su capacidad operativa para ejecutar acciones en el extranjero.
El anuncio de Donald Trump establece un nuevo protocolo en la política exterior hacia México y los países de latinoamérica, condicionado por la interpretación de la presidencia estadounidense sobre el control territorial de los cárteles y la urgencia de detener el flujo de fentanilo por canales terrestres mediante el uso de fuerza militar.
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México
Senado de Estados Unidos vota para restringir facultades militares de Donald Trump en Venezuela
La resolución aprobada en la cámara alta condiciona el despliegue de tropas terrestres a la autorización previa del Poder Legislativo; el presidente Trump aún tiene derecho de veto para estas resoluciones
Por Roberto Mendoza
El Senado de los Estados Unidos aprobó este jueves una resolución bipartidista de poderes de guerra para limitar la capacidad del presidente Donald Trump de ordenar futuras acciones militares en Venezuela sin el consentimiento del Congreso. La votación de 52 a favor y 47 en contra se produjo tras la incursión del 3 de enero en Caracas que concluyó con la captura de Nicolás Maduro y su traslado a una corte federal en Nueva York. El mecanismo legal S.J.Res.98 fue avanzado en Washington con el respaldo de la bancada demócrata y cinco senadores del Partido Republicano.
La medida legislativa, impulsada por los senadores Tim Kaine y Rand Paul, prohíbe el uso de recursos federales para el despliegue de efectivos de combate o la administración directa de la infraestructura venezolana, a menos que exista una declaración de guerra formal. El documento técnico establece que, si bien la captura de Maduro se ejecutó bajo facultades de persecución criminal y narcoterrorismo, la permanencia de fuerzas armadas en el país sudamericano para tareas de gobernanza requiere supervisión parlamentaria obligatoria. Los senadores republicanos que apoyaron la moción argumentaron que la resolución busca prevenir el inicio de un conflicto bélico de larga duración sin una estrategia de retiro definida por el Departamento de Defensa.
La Casa Blanca calificó el resultado de la votación como una interferencia inconstitucional en las atribuciones del comandante en jefe para garantizar la seguridad nacional y la estabilidad regional. En Caracas, la presidencia interina a cargo de Delcy Rodríguez inició los procedimientos para una transición administrativa, mientras el país permanece bajo decreto de luto nacional de siete días. El trámite legislativo se dirige ahora a la Cámara de Representantes para su debate final, ante la advertencia explícita del presidente Donald Trump sobre el ejercicio de su derecho al veto para invalidar cualquier freno administrativo a sus decisiones operativas en la región.
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La reforma contempla que habrá nuevas reglas para el proceso de 2027
Por Roberto Mendoza
El coordinador de la bancada de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal, presentó la hoja de ruta para la reforma electoral que establece febrero de 2026 como la fecha de presentación de la iniciativa constitucional ante el Congreso de la Unión.
El documento técnico define que el proceso de redacción jurídica concluye en enero de 2026 y prevé la aprobación por mayoría calificada en ambas cámaras durante el Segundo Periodo Ordinario de Sesiones, que termina en mayo de este año. Por su parte, el coordinador de los diputados del PRI, Rubén Moreira, emitió declaraciones sobre el alcance y los objetivos de esta propuesta en una entrevista exclusiva para La Orquesta.
La hoja de ruta contempla que el diseño de la iniciativa finalice en enero de 2026 para proceder con el debate parlamentario y la modificación de leyes secundarias, incluyendo la LGIPE y el COFIPE, entre los meses de marzo y abril. El esquema operativo proyecta el nombramiento de nuevos consejeros electorales
Los cambios normativos y reglamentarios resultantes se aplicarán al proceso electoral federal de 2027, cuyo inicio formal está programado para septiembre de 2026 bajo la nueva estructura institucional.
En su intervención, Rubén Moreira declaró que “Morena dará un golpe de Estado con esta ley” y afirmó que a la bancada mayoritaria “le estorban sus aliados el PT y el PVEM” en la configuración del nuevo sistema. La propuesta oficial justifica la medida como un mecanismo de austeridad para reducir el gasto del sistema electoral y centralizar las funciones de los organismos locales en un solo ente nacional. El cumplimiento de este calendario administrativo queda sujeto a la ratificación de la reforma por al menos 17 congresos estatales antes del inicio del próximo ciclo electoral.
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