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Los turbios intereses detrás del alza a la tarifa del transporte en SLP
El Consejo Estatal del Transporte, funcionarios del gobierno y representantes de la universidad se aliaron para subir la tarifa del autobús
Por El Saxofón
El pasado viernes 11 de enero, en una sesión exprés y a puerta cerrada, el Consejo Estatal del Transporte autorizó el “ajuste” a la tarifa del transporte urbano en San Luis Potosí para el 2019.
El actuar de los integrantes del Consejo deja en evidencia su verdadera naturaleza: se trata de un simple instrumento, un órgano que no representa a nadie ni a nada más que a los intereses de los permisionarios de este servicio.
El Consejo Estatal del Transporte tiene 42 integrantes, pero, ¿alguien los conoce? Sobresalen tres o cuatro personajes, los que tienen el papel protagónico en el tema, los demás son figurantes que tal parece, no representan a nada y a nadie.
Las crónicas periodísticas nos permiten atisbar un poco. La reunión se llevó a cabo en el Centro de Convenciones. “El primero en llegar”, narra un reportero, fue el representante de los permisionarios, Margarito Terán, que declaró ir confiado en que se aprobaría el ajuste.
Los periodistas también identificaron al Secretario de Comunicaciones y Transportes, Ramiro Robledo, que por cierto, preside el dicho Consejo; a la diputada Alejandra Valdés, presidenta de la comisión de Comunicaciones y Transportes del Congreso del Estado y el presidente de la Federación Universitaria Potosina, Alexis Pérez Guerrero. Los restantes 38 sujetos fueron concatenados como “el resto de los integrantes”.
Al lugar también acudieron miembros del colectivo Cambio por San Luis, que están en contra del aumento a la tarifa, pero no se les permitió entrar a la sesión del Consejo, seguramente por el justificado temor de los honorables Consejeros a que estos ciudadanos fueran a ocasionar algún desmán. También se bloqueó el paso a los periodistas.
¿Qué se dijo ahí dentro? ¿Qué grave crimen se cometió allí para no querer más testigos que los cuatro personajes arriba mencionados y “el resto de los integrantes”?
¿Hubo debate? ¿Hubo alguna voz que diera un buen argumento en contra del ajuste tarifario? Imposible saberlo. ¿Habrá puesto alguna objeción la diputada Valdés, en nombre de los ciudadanos que representa? ¿El presidente de la FUP, Alexis Pérez, habrá defendido el interés de los estudiantes? Si lo hicieron no sirvió de nada.
Desde la reforma a la Ley del Transporte del Estado, realizada el 18 de junio de 2015, el aumento anual a la tarifa del transporte público en San Luis Potosí, se basa en el Índice Nacional de Precios al Consumidor, léase, la Inflación.
La ley también dice que el aumento a la tarifa entra en vigor el 15 de enero. Previa publicación en el Periódico Oficial del Estado.
En 2015, una serie de protestas contra el “ajuste” y la proximidad de las elecciones locales para la gubernatura provocaron que el incremento a la tarifa se aplazara. Las protestas acabaron cuando la Legislatura en turno aprobó la reforma antes mencionada. Los diputados argumentaron que de este modo, el aumento ya no dependería de lo que decidieran los permisionarios y el Ejecutivo a su libre arbitrio, sino de un factor económico.
Con esta reforma, al gobierno del estado se le quitó un peso de encima. Si la inflación aumenta, el transporte aumenta, y como la inflación año con año, aumenta, pues el transporte por lógica, tiene que aumentar, y no hay manera de detener el “ajuste”.
Pese a ello, el incremento en la tarifa sigue provocando disgusto entre los usuarios. Cada año hay “madruguete”. El aumento se aprueba en fin de semana, y cuando los estudiantes universitarios aún están de vacaciones. Además el Consejo, actúa con hermetismo, puesto que sabe de antemano que lo que van a hacer en la sesión respectiva, sólo les conviene a una minoría: los permisionarios. De la mayoría agraviada, ya saben qué esperar: Las consabidas manifestaciones que se disuelven en unos cuantos días.
A juicio del usuario, las unidades ofrecen un mal servicio, pero según los integrantes del Consejo Estatal del Transporte (que huelga decir, no tienen necesidad de viajar en camión urbano) el servicio cumple con lo que marca la ley.
Entrevistado antes de iniciar la sesión del consejo, Margarito Terán admitió que no se han cumplido los compromisos establecidos para que se diera el ajuste en 2018, sin embargo insistió en que “han hecho lo posible”. Más que suficiente para incrementar la tarifa, a juicio de este permisionario.
Horas antes, Alejandro Leal Tovías, Secretario General de Gobierno, había declarado que los concesionarios pedían un incremento de 1 peso con 50 centavos. El funcionario aseguró que en el Consejo se escuchan las voces no solo de los permisionarios, sino también las de los estudiantes, la del Congreso del Estado y la del Gobierno del Estado.
Es probable que se escuche a estas voces, lo que es indudable es que no se las toma en cuenta. O bien, tal parece que dichas voces avalan el aumento a la tarifa, puesto que al final el incremento fue aprobado por el Consejo y por la SCT, que es la dependencia que autoriza su aplicación.
El servicio del transporte urbano ha cambiado en los últimos años: hay unidades adecuadas para discapacitados, se han instalado cámaras de vigilancia que, aunque nadie las monitorea, de perdido han servido para grabar algunos atracos sufridos por los usuarios y operadores, pero la percepción negativa del servicio no varía.
Y es que hay que ver las unidades atestadas en las horas pico. El usuario paga por viajar de pie, apretujado, corriendo el riesgo de ser víctima de algún carterista. O hay que sufrir la espera del usuario cuando la ruta que lo lleva a su destino no pasa, para entender los sinsabores de quien utiliza el transporte público para moverse de un lado a otro de la ciudad.
Para colmo, la sensación de inseguridad en las unidades del transporte urbano ha incrementado. El transporte público es el segundo espacio donde más se siente inseguros los potosinos, solo después de los cajeros automáticos.
El 79.4 por ciento de los potosinos se siente inseguro al abordar el transporte público, según la Encuesta Nacional de Seguridad Urbana (ENSU 2018) en su edición de septiembre pasado, realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
Y esto no es gratuito. El robo o asalto en camiones urbanos aumentó 141 por ciento entre enero y noviembre del presente año con respecto al 2017; las denuncias presentadas en once meses, superaron el total de las que fueron interpuestas el año pasado.
Entre enero y noviembre, la Fiscalía General del Estado, ha abierto 67 carpetas de investigación por Robo en transporte público colectivo, mientras que en todo el 2017 solo se iniciaron 46.
De las 65 denuncias presentadas ante la Fiscalía General del Estado (FGE) 14 corresponden a robos con violencia y 52 sin violencia. Es decir, cada mes se denuncia al menos un asalto violento en camiones urbanos.
En fin, a partir de esta semana, el usuario del transporte pagará 9 pesos con 50 centavos para abordar un camión que le lleve a su destino dando tumbos por las irregulares calles de la ciudad.
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Sheinbaum instruye investigación por falsa subsecretaría de la SEP
La presidenta de México dijo que se investigará el caso ante las instancias correspondientes; exhortó a los afectados a denunciar ante la FGR
Por: Redacción
Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México, consideró oportuna la apertura de una carpeta de investigación por el caso de un presunto fraude cometido a nombre del Gobierno de México, en el que alrededor de 500 potosinas y potosinos han sido afectados al prometerles una plaza laboral en la Secretaría de Educación Pública (SEP) y en la que les piden hasta 22 mil pesos para incorporarse a una “Subsecretaría de Auditoría y Control”.
A pregunta expresa de Ana G Silva, reportera de este medio de comunicación, la presidenta de México indicó que se debe investigar el caso de presunto fraude, por lo que exhortó a las víctimas a presentarse a la delegación de la Fiscalía General de la República (FGR) en San Luis Potosí para emprender las acciones correspondientes.
Sheinbaum Pardo hizo un llamado a toda la población a no dejarse engañar por estas ofertas de trabajo engañosas, que en este caso, usan el nombre de la SEP, una dependencia de carácter federal.
Este caso se ha documentado en la entidad potosina y existen registros de su operación en estados como Ciudad de México, Michoacán, Puebla, Veracruz, Querétaro, Tamaulipas , entre otras. Para ello, se exigen pagos que van de 6 mil hasta 22 mil pesos, supuestamente por trámites, materiales o exámenes para su ingreso a la subsecretaría.
Algunas personas identificadas en esta estafa son Norma Judith Loredo Hernández, quien se presenta como directora general en la entidad; Juan Manuel Pérez, jefe de Operaciones: Daniel Guzmán, supuesto director nacional de Recursos Humanos; Eduardo Rodríguez López, quien se hace llamar director nacional; Y Arquímedes Vázquez, la persona que recibe los depósitos, en Michoacán.
Todas ellos, presentándose como empleados al servicio del gobierno federal, pero que en realidad no guardan relación laboral con ninguna dependencia de gobierno, de acuerdo a lo manifestado por la oficina de Enlace de la SEP en San Luis Potosí.
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Detectan cuencas profundas en Villa Hidalgo; evalúan proyecto de agua para SLP
El gobernador Ricardo Gallardo plantea que una batería de pozos podría sustituir a la presa Las Escobas y garantizar suministro para 50 años
Por: Redacción
Ricardo Gallardo Cardona, gobernador de San Luis Potosí, informó que la Comisión Nacional del Agua (Conagua) se encuentra evaluando un hallazgo relevante en Villa Hidalgo: la existencia de cuencas profundas que podrían servir para abastecer de manera definitiva a la capital potosina, mediante un sistema de pozos y acueducto.
“Encontraron cuencas de agua profundas en Villa Hidalgo y se habla de poder hacer una batería de pozos como un acueducto a la capital, y acabar definitivamente con todo el desabasto de agua en la capital. Lo estamos consolidando. No queremos dar mayor información porque estamos a expensas de un estudio, pero si sale positivo, habría agua para los próximos 50 años”, afirmó el mandatario en entrevista.
De acuerdo con Gallardo Cardona, el nuevo esquema tendría un costo similar al del proyecto de la presa Las Escobas, estimado en más de 600 millones de pesos. Ante esta situación, señaló que aún se analiza cuál alternativa será más viable técnica y financieramente.
“Es una cosa buena, tienen el mismo costo más o menos. Entonces, si el estudio sale favorable, podríamos cambiar de ruta”, agregó.
Por ahora, el gobierno del estado y Conagua esperan los resultados técnicos que confirmen la viabilidad del acuífero y la factibilidad de construcción del acueducto. En caso positivo, se trataría de uno de los proyectos hídricos más importantes en las últimas décadas para San Luis Potosí.
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