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Los turbios intereses detrás del alza a la tarifa del transporte en SLP
El Consejo Estatal del Transporte, funcionarios del gobierno y representantes de la universidad se aliaron para subir la tarifa del autobús
Por El Saxofón
El pasado viernes 11 de enero, en una sesión exprés y a puerta cerrada, el Consejo Estatal del Transporte autorizó el “ajuste” a la tarifa del transporte urbano en San Luis Potosí para el 2019.
El actuar de los integrantes del Consejo deja en evidencia su verdadera naturaleza: se trata de un simple instrumento, un órgano que no representa a nadie ni a nada más que a los intereses de los permisionarios de este servicio.
El Consejo Estatal del Transporte tiene 42 integrantes, pero, ¿alguien los conoce? Sobresalen tres o cuatro personajes, los que tienen el papel protagónico en el tema, los demás son figurantes que tal parece, no representan a nada y a nadie.
Las crónicas periodísticas nos permiten atisbar un poco. La reunión se llevó a cabo en el Centro de Convenciones. “El primero en llegar”, narra un reportero, fue el representante de los permisionarios, Margarito Terán, que declaró ir confiado en que se aprobaría el ajuste.
Los periodistas también identificaron al Secretario de Comunicaciones y Transportes, Ramiro Robledo, que por cierto, preside el dicho Consejo; a la diputada Alejandra Valdés, presidenta de la comisión de Comunicaciones y Transportes del Congreso del Estado y el presidente de la Federación Universitaria Potosina, Alexis Pérez Guerrero. Los restantes 38 sujetos fueron concatenados como “el resto de los integrantes”.
Al lugar también acudieron miembros del colectivo Cambio por San Luis, que están en contra del aumento a la tarifa, pero no se les permitió entrar a la sesión del Consejo, seguramente por el justificado temor de los honorables Consejeros a que estos ciudadanos fueran a ocasionar algún desmán. También se bloqueó el paso a los periodistas.
¿Qué se dijo ahí dentro? ¿Qué grave crimen se cometió allí para no querer más testigos que los cuatro personajes arriba mencionados y “el resto de los integrantes”?
¿Hubo debate? ¿Hubo alguna voz que diera un buen argumento en contra del ajuste tarifario? Imposible saberlo. ¿Habrá puesto alguna objeción la diputada Valdés, en nombre de los ciudadanos que representa? ¿El presidente de la FUP, Alexis Pérez, habrá defendido el interés de los estudiantes? Si lo hicieron no sirvió de nada.
Desde la reforma a la Ley del Transporte del Estado, realizada el 18 de junio de 2015, el aumento anual a la tarifa del transporte público en San Luis Potosí, se basa en el Índice Nacional de Precios al Consumidor, léase, la Inflación.
La ley también dice que el aumento a la tarifa entra en vigor el 15 de enero. Previa publicación en el Periódico Oficial del Estado.
En 2015, una serie de protestas contra el “ajuste” y la proximidad de las elecciones locales para la gubernatura provocaron que el incremento a la tarifa se aplazara. Las protestas acabaron cuando la Legislatura en turno aprobó la reforma antes mencionada. Los diputados argumentaron que de este modo, el aumento ya no dependería de lo que decidieran los permisionarios y el Ejecutivo a su libre arbitrio, sino de un factor económico.
Con esta reforma, al gobierno del estado se le quitó un peso de encima. Si la inflación aumenta, el transporte aumenta, y como la inflación año con año, aumenta, pues el transporte por lógica, tiene que aumentar, y no hay manera de detener el “ajuste”.
Pese a ello, el incremento en la tarifa sigue provocando disgusto entre los usuarios. Cada año hay “madruguete”. El aumento se aprueba en fin de semana, y cuando los estudiantes universitarios aún están de vacaciones. Además el Consejo, actúa con hermetismo, puesto que sabe de antemano que lo que van a hacer en la sesión respectiva, sólo les conviene a una minoría: los permisionarios. De la mayoría agraviada, ya saben qué esperar: Las consabidas manifestaciones que se disuelven en unos cuantos días.
A juicio del usuario, las unidades ofrecen un mal servicio, pero según los integrantes del Consejo Estatal del Transporte (que huelga decir, no tienen necesidad de viajar en camión urbano) el servicio cumple con lo que marca la ley.
Entrevistado antes de iniciar la sesión del consejo, Margarito Terán admitió que no se han cumplido los compromisos establecidos para que se diera el ajuste en 2018, sin embargo insistió en que “han hecho lo posible”. Más que suficiente para incrementar la tarifa, a juicio de este permisionario.
Horas antes, Alejandro Leal Tovías, Secretario General de Gobierno, había declarado que los concesionarios pedían un incremento de 1 peso con 50 centavos. El funcionario aseguró que en el Consejo se escuchan las voces no solo de los permisionarios, sino también las de los estudiantes, la del Congreso del Estado y la del Gobierno del Estado.
Es probable que se escuche a estas voces, lo que es indudable es que no se las toma en cuenta. O bien, tal parece que dichas voces avalan el aumento a la tarifa, puesto que al final el incremento fue aprobado por el Consejo y por la SCT, que es la dependencia que autoriza su aplicación.
El servicio del transporte urbano ha cambiado en los últimos años: hay unidades adecuadas para discapacitados, se han instalado cámaras de vigilancia que, aunque nadie las monitorea, de perdido han servido para grabar algunos atracos sufridos por los usuarios y operadores, pero la percepción negativa del servicio no varía.
Y es que hay que ver las unidades atestadas en las horas pico. El usuario paga por viajar de pie, apretujado, corriendo el riesgo de ser víctima de algún carterista. O hay que sufrir la espera del usuario cuando la ruta que lo lleva a su destino no pasa, para entender los sinsabores de quien utiliza el transporte público para moverse de un lado a otro de la ciudad.
Para colmo, la sensación de inseguridad en las unidades del transporte urbano ha incrementado. El transporte público es el segundo espacio donde más se siente inseguros los potosinos, solo después de los cajeros automáticos.
El 79.4 por ciento de los potosinos se siente inseguro al abordar el transporte público, según la Encuesta Nacional de Seguridad Urbana (ENSU 2018) en su edición de septiembre pasado, realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
Y esto no es gratuito. El robo o asalto en camiones urbanos aumentó 141 por ciento entre enero y noviembre del presente año con respecto al 2017; las denuncias presentadas en once meses, superaron el total de las que fueron interpuestas el año pasado.
Entre enero y noviembre, la Fiscalía General del Estado, ha abierto 67 carpetas de investigación por Robo en transporte público colectivo, mientras que en todo el 2017 solo se iniciaron 46.
De las 65 denuncias presentadas ante la Fiscalía General del Estado (FGE) 14 corresponden a robos con violencia y 52 sin violencia. Es decir, cada mes se denuncia al menos un asalto violento en camiones urbanos.
En fin, a partir de esta semana, el usuario del transporte pagará 9 pesos con 50 centavos para abordar un camión que le lleve a su destino dando tumbos por las irregulares calles de la ciudad.
También lea: 6 amparos ante justicia federal pretenden revertir alza a tarifa del transporte en SLP
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Más de 7 mil hectáreas dañadas en la Huasteca por las lluvias
La Sedarh entregará implementos valuados en más de 10 mil millones de pesos
Por: Redacción
Las intensas lluvias registradas en octubre dejaron un panorama complicado en la Huasteca potosina. Tan solo en el municipio de Ébano se contabilizaron más de siete mil hectáreas afectadas, mientras que Tampacán y Axtla de Terrazas reportaron daños en 387 y 200 hectáreas, respectivamente.
Ante esta situación, el Gobierno del Estado anunció la entrega de apoyos para el sector ganadero con una inversión superior a los 10 mil millones de pesos. Los insumos —gestionados a través de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Recursos Hidráulicos (Sedarh)— incluyen molinos, tractores, trailas, tanques madrinas, tráileres ganaderos y cerca de cuatro mil rollos de alambre de púas para la rehabilitación de potreros.
De acuerdo con el titular de la Sedarh, Jorge Luis Díaz, el objetivo es reactivar la producción y reducir las pérdidas que dejaron las lluvias en la región. “Estamos atendiendo las solicitudes de los propios productores; la intención es que puedan volver a trabajar lo antes posible”, señaló.
Pese a los esfuerzos estatales, en Ébano persiste el descontento. Habitantes del municipio reclaman la falta de apoyo del gobierno federal y advierten que podrían realizar manifestaciones o bloqueos carreteros si no reciben atención ante los daños sufridos.
También lee: Sedesore busca ampliar la red de las Clínicas Rosas
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Gallardo propone iniciativa para homologar sueldos de policías municipales
El gobernador buscará que los elementos de los 59 municipios reciban al menos 15 mil pesos por quincena y evitar su deserción hacia el crimen organizado
Por: Redacción
Ricardo Gallardo Cardona, gobernador de San Luis Potosí, anunció que impulsará una iniciativa de ley para homologar los sueldos de los policías municipales en los 59 municipios del estado, con el objetivo de que reciban al menos 15 mil pesos por quincena.
Señaló que existe una gran disparidad en los salarios entre corporaciones municipales: “De cuatro presidentes municipales, había una discordancia enorme: uno pagaba 5 mil pesos, mientras otro ofrecía 17 mil pesos”.
Gallardo Cardona consideró que este aumento permitirá fortalecer la seguridad en todas las regiones del estado
, ya que se reduciría la deserción de elementos y se evitaría que policías trabajen con grupos del crimen organizado.Por otro lado, aclaró que su papel es únicamente de orientación, ya que no puede intervenir directamente en las decisiones municipales. En este sentido, mencionó que solo hizo una sugerencia al presidente municipal de Tamasopo para que aumentara el salario de sus policías, enfatizando que es respetuoso de la autonomía de cada alcalde y alcaldesa.
También lee: En SLP no hay grupos criminales asentados: Gallardo
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Cianuro para el Interapas | Apuntes de Jorge Saldaña
APUNTES
Culto público, hijos de la sed y la burocracia:
San Luis no se seca por falta de agua, sino por exceso de políticos…
El dilema sobre el aumento a las tarifas de agua y la prestación del servicio es como una negociación marital de esas tóxicas: “Si no me depositas no ves a los niños…pero si no me dejas ver a los niños…pues no te deposito”.
El Interapas está igual. No puede dar mejor servicio porque no tiene recursos y no le autorizan recursos porque da un mal servicio.
Es un Impasse o callejón sin salida, añejo, terco y convenenciero. Es de esas ocasiones en que los diputados se perfuman de sensibilidad con los contribuyentes cuando en realidad esconden mezquindad para que el estado de las cosas permanezca. Tener un culpable a quién señalar por la falta de agua siempre ha sido útil políticamente.
Por eso, lo raro del asunto es la condena a muerte del organismo lanzada por parte del gobernador Gallardo como condición para que el servicio mejore y el agua llegue a las casas de los potosinos, cuando se sabe que no será un proceso automático, ni mágico ni inmediato.
Sepultar al Interapas conlleva trabajo técnico, jurídico y político que no se reflejará al abrir la llave, por lo menos no pronto.
Además, darle cianuro al Interapas en un año pre electoral y meterse en esa sepultura compleja podría resultar contraproducente. Ahí está el ejemplo de la municipalización de Pozos, que sigue teniendo fallas de origen.
Sin un plan técnico, profesional y bien ejecutado, la desaparición del organismo puede dar más dolores de cabeza que alivios, sin contar con que, en el presupuesto de egresos del próximo año tendrán que apartar una muy buena cantidad de recursos para la reestructura de la red hidráulica por separado que ello implica e invertir, por fin, los miles de millones que se ocupan para acabar con las fugas de una red tripartita.
No vayan a salir después con el asunto de que son gastos “imprevistos”.
A todo esto vendría bien un examen de conciencia por parte de las autoridades y preguntarse ¿No se quiere al organismo o se quiere controlar al organismo? Porque no es lo mismo,…aguas.
Por lo pronto la junta de gobierno acordó no aumentar la tarifa y solo ajustarla en términos del Índice Nacional de Precios al Productor.
Con ello el organismo se suma a la rarísima organización de generación espontánea y sin existencia jurídica llamada “Consejo Potosino de Organismos Operadores de Agua” formado en su mayoría por alcaldes de municipios que no se pueden comparar con lo complejo del universo que significa llevar agua potable, alcantarillado y saneamiento para la capital, Soledad y Cerro de San Pedro, pero en fin, se está apostando a la prudencia política, esa que luego sale cara y pagamos los ciudadanos.
Por otro lado, el tema de la Ley de Aguas propuesta por la presidenta Sheinbaum, y específicamente la revisión y regularización de las concesiones de pozos es un tema que para San Luis y Soledad es crucial y nadie está hablando de ello.
Solo por poner un ejemplo, con el 20 por ciento de agua de los pozos irregulares o con concesiones añejas, se podría inyectar a la red la cantidad suficiente para no necesitar del Realito…un botón nada más.
En el mismo tema pero en otra pista, me percaté que en el paquete de infraestructura por más de 5 mil millones que anunció el gobernador hay muchas obras que destacan como el tercer Tangamanga, la rehabilitación del Circuito Potosí, la continuación de la Vía Alterna hasta el eje 140 y la inversión privada por 22 mil millones para construir una carretera paralela de la Pila a Querétaro, entre otras.
Todas parecen obras que harán del 2026 un buen año, sin embargo no he visto por ningún lado (pero quizás sea solo un descuido e ignorancia de quien esto escribe) el anuncio respecto a los montos de inversión para el acueducto de la presa del Peaje a los Filtros.
Lo que sí he visto son ya algunas expresiones de pobladores de la comunidad de Escalerillas quejándose respecto a que a pesar de estar rodeados de cuerpos de agua, no tengan red de distribución ni red sanitaria…y tienen razón.
El problema es que Escalerillas aún está enredado en un debate que lleva décadas respecto a que si son ejido o son comunidad, y mientras tanto no están bajo el cobijo de la autoridad municipal, ni estatal ni de ninguna porque además sus comisariados ejidales y al mismo tiempo sus representantes comunales, están metidos en un berenjenal agrario tan grande que las hojas del expediente ya deben como un bosque de árboles.
Aprovechando la intervención de la infraestructura hidráulica anunciada, amenazaron con detener el proyecto y manifestarse, ojalá que el caos traiga por fin orden a ese enorme polígono de terreno social en beneficio de sus habitantes y no sean un obstáculo sino un motivo que aporte soluciones al problema del hache dos O en la Zona Metropolitana, al mismo tiempo que les ayude a obtener certezas jurídicas y servicios.
Escalerillas merece toda una entrega y hay una deuda histórica con su gente.
Hablando de terrenos sociales, he encontrado varias señales de alerta que estaré compartiendo pronto con ustedes porque estoy en búsqueda de confirmaciones, pero les adelanto una pregunta: ¿Será que regrese el proyecto Cañadas a la agenda pública?
Los mantendré al tanto.
BEMOLES
DE UNA VEZ
No lo tomen como información oficial y sean juiciosos, pero tengo información respecto a que el pago de la deuda de gobierno a la UASLP quizás llegue antes de la fecha prometida del 14 de noviembre, es decir, que puede ser cualquier día de la semana próxima. Habrá que ver en qué términos se realiza el pago, cómo se dará el anuncio, quién dará el anuncio… o a quién le dan la de ocho. #LosModosCuentan
BUENA NOTICIA
Celebro que desde hace algunas semanas el diputado Héctor Serrano y la Jucopo hayan depositado la confianza en Javier Gutiérrez para llevar las riendas de la comunicación social del Congreso del Estado. Estoy seguro que las cosas van a mejorar porque mucha falta les hace. Ayúdales negrito. #Éxitos
Se me quedan cosas en el tintero, pero serán para la siguiente entrega.
Hasta la próxima.
Yo soy Jorge Saldaña
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