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Los turbios intereses detrás del alza a la tarifa del transporte en SLP
El Consejo Estatal del Transporte, funcionarios del gobierno y representantes de la universidad se aliaron para subir la tarifa del autobús
Por El Saxofón
El pasado viernes 11 de enero, en una sesión exprés y a puerta cerrada, el Consejo Estatal del Transporte autorizó el “ajuste” a la tarifa del transporte urbano en San Luis Potosí para el 2019.
El actuar de los integrantes del Consejo deja en evidencia su verdadera naturaleza: se trata de un simple instrumento, un órgano que no representa a nadie ni a nada más que a los intereses de los permisionarios de este servicio.
El Consejo Estatal del Transporte tiene 42 integrantes, pero, ¿alguien los conoce? Sobresalen tres o cuatro personajes, los que tienen el papel protagónico en el tema, los demás son figurantes que tal parece, no representan a nada y a nadie.
Las crónicas periodísticas nos permiten atisbar un poco. La reunión se llevó a cabo en el Centro de Convenciones. “El primero en llegar”, narra un reportero, fue el representante de los permisionarios, Margarito Terán, que declaró ir confiado en que se aprobaría el ajuste.
Los periodistas también identificaron al Secretario de Comunicaciones y Transportes, Ramiro Robledo, que por cierto, preside el dicho Consejo; a la diputada Alejandra Valdés, presidenta de la comisión de Comunicaciones y Transportes del Congreso del Estado y el presidente de la Federación Universitaria Potosina, Alexis Pérez Guerrero. Los restantes 38 sujetos fueron concatenados como “el resto de los integrantes”.
Al lugar también acudieron miembros del colectivo Cambio por San Luis, que están en contra del aumento a la tarifa, pero no se les permitió entrar a la sesión del Consejo, seguramente por el justificado temor de los honorables Consejeros a que estos ciudadanos fueran a ocasionar algún desmán. También se bloqueó el paso a los periodistas.
¿Qué se dijo ahí dentro? ¿Qué grave crimen se cometió allí para no querer más testigos que los cuatro personajes arriba mencionados y “el resto de los integrantes”?
¿Hubo debate? ¿Hubo alguna voz que diera un buen argumento en contra del ajuste tarifario? Imposible saberlo. ¿Habrá puesto alguna objeción la diputada Valdés, en nombre de los ciudadanos que representa? ¿El presidente de la FUP, Alexis Pérez, habrá defendido el interés de los estudiantes? Si lo hicieron no sirvió de nada.
Desde la reforma a la Ley del Transporte del Estado, realizada el 18 de junio de 2015, el aumento anual a la tarifa del transporte público en San Luis Potosí, se basa en el Índice Nacional de Precios al Consumidor, léase, la Inflación.
La ley también dice que el aumento a la tarifa entra en vigor el 15 de enero. Previa publicación en el Periódico Oficial del Estado.
En 2015, una serie de protestas contra el “ajuste” y la proximidad de las elecciones locales para la gubernatura provocaron que el incremento a la tarifa se aplazara. Las protestas acabaron cuando la Legislatura en turno aprobó la reforma antes mencionada. Los diputados argumentaron que de este modo, el aumento ya no dependería de lo que decidieran los permisionarios y el Ejecutivo a su libre arbitrio, sino de un factor económico.
Con esta reforma, al gobierno del estado se le quitó un peso de encima. Si la inflación aumenta, el transporte aumenta, y como la inflación año con año, aumenta, pues el transporte por lógica, tiene que aumentar, y no hay manera de detener el “ajuste”.
Pese a ello, el incremento en la tarifa sigue provocando disgusto entre los usuarios. Cada año hay “madruguete”. El aumento se aprueba en fin de semana, y cuando los estudiantes universitarios aún están de vacaciones. Además el Consejo, actúa con hermetismo, puesto que sabe de antemano que lo que van a hacer en la sesión respectiva, sólo les conviene a una minoría: los permisionarios. De la mayoría agraviada, ya saben qué esperar: Las consabidas manifestaciones que se disuelven en unos cuantos días.
A juicio del usuario, las unidades ofrecen un mal servicio, pero según los integrantes del Consejo Estatal del Transporte (que huelga decir, no tienen necesidad de viajar en camión urbano) el servicio cumple con lo que marca la ley.
Entrevistado antes de iniciar la sesión del consejo, Margarito Terán admitió que no se han cumplido los compromisos establecidos para que se diera el ajuste en 2018, sin embargo insistió en que “han hecho lo posible”. Más que suficiente para incrementar la tarifa, a juicio de este permisionario.
Horas antes, Alejandro Leal Tovías, Secretario General de Gobierno, había declarado que los concesionarios pedían un incremento de 1 peso con 50 centavos. El funcionario aseguró que en el Consejo se escuchan las voces no solo de los permisionarios, sino también las de los estudiantes, la del Congreso del Estado y la del Gobierno del Estado.
Es probable que se escuche a estas voces, lo que es indudable es que no se las toma en cuenta. O bien, tal parece que dichas voces avalan el aumento a la tarifa, puesto que al final el incremento fue aprobado por el Consejo y por la SCT, que es la dependencia que autoriza su aplicación.
El servicio del transporte urbano ha cambiado en los últimos años: hay unidades adecuadas para discapacitados, se han instalado cámaras de vigilancia que, aunque nadie las monitorea, de perdido han servido para grabar algunos atracos sufridos por los usuarios y operadores, pero la percepción negativa del servicio no varía.
Y es que hay que ver las unidades atestadas en las horas pico. El usuario paga por viajar de pie, apretujado, corriendo el riesgo de ser víctima de algún carterista. O hay que sufrir la espera del usuario cuando la ruta que lo lleva a su destino no pasa, para entender los sinsabores de quien utiliza el transporte público para moverse de un lado a otro de la ciudad.
Para colmo, la sensación de inseguridad en las unidades del transporte urbano ha incrementado. El transporte público es el segundo espacio donde más se siente inseguros los potosinos, solo después de los cajeros automáticos.
El 79.4 por ciento de los potosinos se siente inseguro al abordar el transporte público, según la Encuesta Nacional de Seguridad Urbana (ENSU 2018) en su edición de septiembre pasado, realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
Y esto no es gratuito. El robo o asalto en camiones urbanos aumentó 141 por ciento entre enero y noviembre del presente año con respecto al 2017; las denuncias presentadas en once meses, superaron el total de las que fueron interpuestas el año pasado.
Entre enero y noviembre, la Fiscalía General del Estado, ha abierto 67 carpetas de investigación por Robo en transporte público colectivo, mientras que en todo el 2017 solo se iniciaron 46.
De las 65 denuncias presentadas ante la Fiscalía General del Estado (FGE) 14 corresponden a robos con violencia y 52 sin violencia. Es decir, cada mes se denuncia al menos un asalto violento en camiones urbanos.
En fin, a partir de esta semana, el usuario del transporte pagará 9 pesos con 50 centavos para abordar un camión que le lleve a su destino dando tumbos por las irregulares calles de la ciudad.
También lea: 6 amparos ante justicia federal pretenden revertir alza a tarifa del transporte en SLP
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La casual visita de Mario Delgado | Apuntes de Jorge Saldaña
Culto Público, hijos de la escasez de Gomina:
Las casualidades en política son como cuando el cumpleañero se hace el que no sabía de la fiesta sorpresa y aplica alguna variante del “cómo creen… no se hubieran molestado”.
Este jueves para la hora en que me despierte, ya llevará un buen rato en San Luis Potosí el secretario de Educación, Mario Delgado.
La fiesta sorpresa a la que vino (perdón, quise decir “la agenda oficial que lo trae al territorio potosino”) es la de encabezar un foro sobre el uso de los celulares en las escuelas.
El tema es relevante, necesario, polémico y multiarístico para que quede claro. No se demerita en absoluto el ejercicio de escucha plural de un asunto al que por cierto ya vamos tarde.
La cosa es que, paralelamente habrá otro foco de atención que no tiene que ver precisamente con los celulares, sino más bien con los contactos guardados y le explico si me lo permite:
¿En dónde está el “sorpreeeesaaaa” y el lanzamiento de serpentinas predecibles?
En que este mismo día, el diputado local Cuauhtli Badillo Moreno -y de Morena- rendirá su segundo informe legislativo. Fíjate qué coincidencia y “qué sorpresas da la vida encontrarte en plena calle” escribió inspirado Hernáldo Zúñiga.
La presencia de Mario Delgado está calculada y para Badillo Moreno es un mensaje muy claro. Hay que recordar que el diputado es, no de ahora, la apuesta del secretario de educación para la alcaldía capitalina.
No sé cuánta gente lo sepa, pero el exdirigente de Morena tiene comunicación constante y multitemática con el diputado responsable de la escasez de Gomina de la extrafuerte en SLP.
Además, Delgado no es cualquier visitante: también es amigo cercano del gobernador y funge, ha fungido y fungirá, como uno de los puentes de comunicación más sólidos entre Claudia Sheinbaum y Ricardo Gallardo…Nada más.
Por lo tanto, en ese tablero, Cuauhtli no es que aspire a una boleta, está mejor dicho que aspira a que los acuerdos sean firmes como el gel de su peinado, y por lo tanto juega a que el amigo de su mentor ubicado en la pista nacional, lo considere seriamente para ir junto al Verde por nuestra ajardinada capital, cuna de las crónicas del padre Montejano.
Para ser directos: Ricardo Gallardo tendrá que negociar si concede o no a su amigo e interlocutor presidencial esa posición y apoyarlo con el Verde.
Nada fácil la decisión, pero es clave. Existen muchos factores alrededor tan delicados en esa postulación, que el caso se tiene que hilvanar tan fino como neurólogo pediátrico de neonatos para no dejar cicatrices abiertas y asegurarse -sobre todo- que no se caigan las puntadas.
Solo imagine, Culto Público, el aprieto del candidato jugando en la capital por Morena y Verde mientras a la gubernatura van por separado. ¿A cuál de las dos candidatas al gobierno deberá apoyar y reunir votos el candidato a alcalde?
Es bien sabido que lo que más les gusta hacer a los escenarios es cambiar, pero si así se dieran las cosas en este momento, me encantará ver la forma en que se apoye a una, a otra, o a las dos candidatas al poder ejecutivo:
-A la bio
-A la bao
-A la bim-bom-ba
“ERRE, ERRE” RA, RA, RA…
Me carcajeo de antemano. Ya veremos.
Antes del punto final, le comparto que de acuerdo a personas que siguieron el proceso personalmente, Rita Ozalia ya estaba elegida como coordinadora por SLP, sin embargo una llamada le hizo ver que dejar la dirección del partido antes de que vencieran las fechas fatales para convenios de coalición y definición de candidaturas, no era conveniente.
Prevista la circunstancia, seguía en orden al nombramiento Carlos Arreola, que lo tuvo a milímetros.
Sabemos todos que de último momento el boleto terminó en manos de César Elí Cervantes, que ni enterado estaba de que lo subirían al carrusel como “pieza útil” (le dicen más feo pero yo sí respeto) de contención, al grado que unos lo ven hasta como guardalugares.
Arreola buscaba la posición más que por ambición por estrategia, la coordinación, aun siendo temporal, le permite a cualquiera fortalecer estructura, sin embargo, a Carlos le pasaron factura sus lances y banderillas bien puestas al rector de la UASLP y un par de gracejadas públicas.
Premio no tiene (en realidad nadie) pero sí lo quiere, con o sin nombramiento, puede buscar que las cuentas le alcancen para levantar la mano a una diputación federal, o después del despacho de las candidaturas, ir a resguardar el partido.
Por todo eso viene Mario. Porque esas cosas no se tratan por el celular, y de aquí en adelante no se vale el “me equivoqué de chat”.
Hasta la próxima.
Yo soy Jorge Saldaña.
Lee también: No voy a escribir de la caída del Huasteco…pero podría
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Soledad y la CEA no apoyaron estímulos de Interapas
Galindo dijo que ningún municipio ha pedido formalmente salir del organismo y que los inconformes no dieron razones
Por: Haniel Valdés
El alcalde Enrique Galindo Ceballos, presidente de la Junta de Gobierno del Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado (Interapas), informó que los siete estímulos fiscales para 2027 se aprobaron por mayoría, sin el voto a favor del síndico y del alcalde de Soledad de Graciano Sánchez, Juan Manuel Navarro Muñiz, ni del titular de la Comisión Estatal del Agua (CEA), Pascual Martínez Sánchez.
Sobre los argumentos de quienes no votaron a favor, Galindo respondió: «Ninguno, solo no votaron». Dijo que votaron a favor Cerro de San Pedro, el síndico de San Luis Potosí, él y la representación de las cámaras empresariales.
En la misma sesión se habló de la salida de Soledad de Interapas. Galindo afirmó que ni Soledad, ni Cerro de San Pedro, ni Villa de Pozos han presentado una solicitud formal para separarse de Interapas. «Yo me quisiera ceñir a lo oficial», dijo, «porque boletines, comentarios y declaraciones no dan oficialidad ni arrancan el mecanismo». En el caso de Pozos, explicó, no sería una desincorporación: tiene un convenio con cláusulas que permiten a cualquiera de las partes dejar el servicio, y no forma parte del decreto.
Recordó que hubo mesas de trabajo de seis o siete semanas, en las que la dirección de Interapas presentó el es quema financiero y los desafíos de la reingeniería, y que el plazo del 30 de mayo
pasó sin trámite.Galindo agregó que también ha estudiado la salida de la capital, cuya cartera vencida es mucho menor que la de Soledad, y que la capital paga su agua y subsidia a Soledad y Pozos. «Yo también me lo he planteado», dijo, aunque aclaró que no ha hecho ningún trámite ni pretende hacerlo.
El Gobierno del Estado ha impulsado la separación de Soledad: el gobernador Ricardo Gallardo Cardona pidió en septiembre a Navarro Muñiz sacar al municipio del convenio, y la CEA confirmó que daría viabilidad técnica para que tenga su propio organismo operador.
Galindo explicó que Interapas es el único organismo intermunicipal del país y que sus redes están diseñadas como una sola región: las presas y los filtros están del lado de San Luis y las plantas de tratamiento, en Soledad. Antes de cualquier salida, dijo, habría que definir cómo se reparte la deuda, quién asume a los trabajadores, de quién son los pozos y sus títulos y quién paga los derechos de extracción.
También lee: Comisión del Agua descarta tomar partido entre Gámez y Galindo
Ciudad
Interapas propone al Congreso siete estímulos fiscales para 2027
La propuesta de la Junta de Gobierno llega al Congreso para la Ley de Ingresos 2027 y busca regularizar tomas clandestinas
Por: Haniel Valdés
El alcalde Enrique Galindo Ceballos, presidente de la Junta de Gobierno del Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado (Interapas), informó que el organismo propondrá al Congreso del Estado siete estímulos fiscales para 2027: cuatro planteados por él y tres por la dirección de Interapas.
El primero elimina de manera definitiva el cobro por contratar el servicio doméstico, que hoy cuesta entre 16 mil y 18 mil pesos. Galindo explicó que el esquema funcionó seis meses el año pasado y ayudó a regularizar a usuarios con tomas clandestinas. «Yo prefiero tener un cliente seguro que un ingreso extraordinario por el contrato», dijo.
Para pequeños comercios, la propuesta crea un rango intermedio: los de hasta 60 metros cuadrados pagarían 9 mil pesos por contratar, los de entre 60 y 90 tendrían una tarifa nueva y a partir de 90 metros cuadrados seguiría la tarifa vigente.
Otro estímulo compensará a los usuarios por los días sin agua cuando falla El Realito. Galindo dijo que de 2021 a 2026 se han registrado 76 fallas, que suman 295 días sin servicio. El ajuste se calculará según los días sin agua. Por propuesta del alcalde de Soledad de Graciano Sánchez, Juan Manuel Navarro Muñiz, también aplicará en pozos cuando la reparación supere cinco días
; Galindo citó el caso de Jacarandas 2, que tardó entre 60 y 70 días.Las escuelas públicas de educación básica (kínder, primarias y secundarias) tendrían un estímulo de 100% en 2027. Galindo calculó unas dos mil escuelas en los cuatro municipios y explicó que directores y padres de familia deberán solicitarlo y conocer la deuda del plantel.
Los tres estímulos de la dirección de Interapas son: 100% para adultos mayores de 60 años; cobrar la tarifa doméstica solo por los metros cuadrados de la vivienda, sin contar estacionamientos; y descuentos con tabla para vivienda de interés social, no solo la del programa federal Bienestar.
El de adultos mayores retoma la propuesta que el gobernador Ricardo Gallardo Cardona ha planteado públicamente. Galindo dijo que no la ven mal, sino bien, pero que debe acomodarse desde la Junta de Gobierno. Interapas tiene contabilizadas 35 mil cuentas en ese universo, que hoy cuentan con un descuento de 50%.
Eso representa unos siete millones de pesos bimestrales, cerca de 45 millones al año. Galindo explicó que es un subsidio, no solo un estímulo, y que la iniciativa del gobernador deberá definir el mecanismo.
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