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Ladrilleras: el problema ambiental que las autoridades no resuelven
Los responsables llevan a cabo una producción altamente contaminante, pero detrás de ellos está la anuencia de empresarios constructores que nadie toca
Por El Saxofón
Los responsables de que las ladrilleras potosinas mantengan el método de producción artesanal, altamente contaminante por los residuos utilizados para la combustión de los hornos son los empresarios constructores, quienes hasta ahora no han entrado en el debate sobre esta problemática, porque les conviene seguir adquiriendo este material a bajo costo para mantener intactas sus ganancias.
Autoridades y sociedad culpan únicamente a los ladrilleros, que son por lo regular, gente de bajos recursos que realiza esta actividad para subsistir, sin embargo, omiten que el trabajo de estas personas alimenta una de las industrias de mayor peso económico en el país y en el estado: la industria de la construcción.
Hoy por hoy, hay otras alternativas de materiales para la construcción, como el block de concreto o el ladrillo extruido sin embargo, los constructores siguen usando el ladrillo rojo, principalmente en la edificación de viviendas de interés social, interés medio, residenciales, e incluso en construcciones industriales, principalmente por su bajo costo.
Los acercamientos tanto periodísticos como por parte de las autoridades realizados a esta actividad, no aportan muchos datos sobre el costo del ladrillo, sin embargo, un estudio realizado por la Semarnat en 2016, indica que el precio del ladrillo “a pie de horno”, oscila entre los 800 y los 2 mil 500 pesos por millar, dependiendo de la oferta y la demanda en el mercado.
En una tesis realizada por Catalina López Reyna, estudiante de maestría de El Colegio de San Luis, dirige una mirada hacia el sector ladrillero en San Luis Potosí. La investigación titulada “La Tercera Chica: los usos y prácticas del agua entre cultivos, ladrillos y viviendas”, revela que en esta colonia ubicada al norte de la ciudad se asientan al menos 70 ladrilleras, que “debido a la creciente urbanización han quedado encerradas y sin posibilidades de reubicación por motivos económicos, ecológicos y políticos”.
Esta investigación concluida en 2017, revela, según testimonios de ladrilleros, que “los dueños de estas, tratan como cualquier otra industria, de ganar lo más que se pueda a costa de mano barata y materiales que no requieran de grandes costos”.
Un ladrillero entrevistado, explica que a los trabajadores que elaboran el ladrillo se les pagan 30 centavos por pieza, y las ladrilleras los venden a los intermediarios en 90 centavos, “y ellos lo dan más caro para sacar su ganancia”.
Quienes elaboran el ladrillo, conviven diariamente con el material con el cual se elabora este material de construcción, a saber: basura, tierra y estiércol.
Aunado a ello, se exponen a las altas emisiones de humo contaminante generado por los materiales que se queman en los hornos: llantas, colchones viejos y otros desechos. En días de lluvia, se prefiere el uso de llantas ya que la combustión que generan ayuda a mantener el calor de los hornos el cual abona a la calidad del material.
Las enfermedades relacionadas a las labores propias del sector ladrillero: 
UN SECTOR EN EL ABANDONO
El oficio del sector ladrillero es una de las actividades económicas más abandonadas y menos reconocidas en el país a pesar de que es una fuente de abasto de una de las industrias de mayor importancia en el desarrollo social y económico de México como lo es la industria de la construcción.
Las condiciones de pobreza de los productores artesanales de ladrillo requieren una evaluación cuidadosa como potenciales causas de deterioro del tejido social tales como la violencia intrafamiliar y las adicciones. Las fuentes de información para dicha evaluación no pueden provenir de los propios productores, pues el 95% de ellos no manifiestan reconocer tales situaciones, así que debería ser realizada a partir de un diagnóstico que determine los programas de atención y de monitoreo específicos.
El estudio “Análisis de Mercado del Sector de la Construcción y Proyecto Piloto a Nivel Región Basado en un Portafolio de Políticas Públicas con el Objetivo de Reducir los Contaminantes Climáticos de Vida Corta (CCVC) de Ladrilleras Artesanales en México”, elaborado por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC) en 2016, señala que “los diferentes intentos que se han realizado para establecer estrategias de mejoramiento de la actividad artesanal no han tenido éxito y la planeación de nuevas acciones encuentra un obstáculo en la carencia de datos oficiales”.
La intención de reubicar a las ladrilleras en San Luis Potosí data desde el 2007, es decir, las autoridades llevan más de 10 años intentando alejarlas de los núcleos poblacionales y cambiar su modo de producción por uno más amigable con el ambiente. El problema ha trascendido administraciones sin conseguir ningún resultado.
El Diagnóstico Nacional del Sector Ladrillero, estudio realizado en 2012 por la empresa Servicios Profesionales para el Desarrollo Económico, S. C., contabilizaba al menos 241 ladrilleras, distribuidas en diez municipios de San Luis Potosí. Si se toma en cuenta que en la Tercera Chica hay el menos 70 y una cantidad similar se asientan en el municipio de Soledad de Graciano Sánchez, se puede decir que más del 50 por ciento de ellas se ubican en la zona metropolitana de la entidad.
Como se ve, el tema de las ladrilleras amerita un análisis y soluciones integrales; no basta con la estrategia represora que ha emprendido la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental.
También lea: Caso Draexlmaier: Segam va por ladrilleros, el eslabón más débil
Rodrigo Lecourtois insiste en revisar los recursos propios de la universidad que encabeza Alejandro Zermeño y advierte que negarse podría tener consecuencias legales tarde o temprano
Por: Jorge Saldaña
El auditor superior Rodrigo Lecourtois afirma que la autonomía universitaria no impide la fiscalización del dinero autogenerado. Advierte que la estrategia jurídica encabezada por la rectoría de Alejandro Zermeño Guerra ha sido derrotada en tribunales y que, si la negativa persiste, podrían venir consecuencias legales
El titular del Instituto de Fiscalización Superior del Estado (IFSE), Rodrigo Lecourtois, reiteró que la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) está obligada a permitir la revisión de sus recursos autogenerados, y advirtió que la estrategia jurídica con la que la rectoría encabezada por Alejandro Zermeño Guerra ha intentado evitar las auditorías ha sido sistemáticamente derrotada en tribunales.
En entrevista, Lecourtois sostuvo que la negativa de la universidad a abrir sus cuentas bajo el argumento de la autonomía universitaria no tiene sustento legal, pues la Constitución establece que todo recurso público debe ser fiscalizado.
El auditor recordó que desde principios de 2026 el IFSE solicitó formalmente la revisión de estos fondos, petición que —según dijo— la universidad prácticamente ignoró.
“Nos mandaron al chori”, dijo entonces Lecourtois, utilizando una expresión coloquial para describir que la solicitud fue desestimada por la rectoría.
Meses después, el conflicto permanece sin resolverse y con un historial jurídico que, según el propio auditor, no favorece a la universidad.
De acuerdo con lo expuesto por el titular del IFSE, cada recurso legal promovido por la defensa jurídica de la UASLP para frenar la auditoría ha sido rechazado por las instancias correspondientes, lo que debilita el argumento central de la rectoría encabezada por Zermeño: que revisar los recursos propios violaría la autonomía universitaria.
Lecourtois sostuvo que la autonomía protege la vida académica y administrativa de la universidad, pero no puede convertirse en un escudo para impedir la fiscalización de dinero público.
En ese contexto, advirtió que si la universidad mantiene su postura de negarse a la revisión, las consecuencias podrían escalar al terreno jurídico.
“La fiscalización no es opcional”, señaló.
El funcionario explicó que el IFSE está obligado por ley a revisar todos los recursos que ejerzan las instituciones públicas, incluidos aquellos que las universidades generan a través de cuotas, servicios, proyectos o convenios.
La disputa entre el IFSE y la UASLP, encabezada por el rector Alejandro Zermeño Guerra, lleva ya varios años en tribunales y se ha convertido en uno de los debates más delicados sobre los límites entre la autonomía universitaria y la rendición de cuentas.
Mientras la rectoría ha insistido en que auditar estos recursos vulneraría la autonomía institucional, el órgano fiscalizador dirigido por Rodrigo Lecourtois sostiene que la transparencia es una obligación constitucional.
Hasta ahora, sin embargo, el conflicto mantiene un matiz incómodo para ambas partes: la universidad ha perdido sus batallas legales, pero el IFSE aún no ha logrado abrir completamente las cuentas que busca revisar.
Por ello, Lecourtois insistió en que la salida más razonable sería que la universidad permita la revisión.
De lo contrario, advirtió, la presión jurídica podría incrementarse.
En otras palabras, el auditor dejó abierta una posibilidad incómoda para la rectoría de Zermeño: que el tema deje de ser una discusión administrativa y termine escalando a responsabilidades legales.
Y en ese escenario, la pregunta que queda en el aire es simple: si este año la universidad volverá a “mandar al chori” al órgano fiscalizador… o si finalmente abrirá sus cuentas.
Lee también: IFSE detecta irregularidades en municipios de SLP
El gobernador Ricardo Gallardo detalló que el sistema ferroviario tendría alrededor de 900 kilómetros de recorrido
Por: Redacción
Ricardo Gallardo Cardona, gobernador de San Luis Potosí, informó que el proyecto del tren de pasajeros que conectará a la entidad con Querétaro y Saltillo contempla varias estaciones dentro del territorio potosino, incluida una posible terminal en la capital.
El mandatario estatal explicó que la propuesta fue revisada durante una reunión con Néstor Núñez López, titular de la Unidad de Vinculación Institucional y Patrimonio de la
“Ya tuvimos acceso a todo el proyecto. Contempla estaciones en San Luis Potosí capital y estamos revisando si el Museo del Ferrocarril puede convertirse en una gran estación en La Alameda”, explicó.
El gobernador señaló que la intención es que el tren llegue a la zona de La Alameda, lo que permitiría recuperar el valor histórico d el sistema ferroviario en la ciudad.
De acuerdo con el planteamiento presentado, las estaciones en territorio potosino incluirían Ahualulco, Moctezuma, Venado, Charcas y Real de Catorce, antes de continuar su trayecto hacia Saltillo.
Gallardo Cardona detalló que los nuevos tramos ferroviarios se construirían de manera paralela a las vías existentes, con el objetivo de agilizar los procesos de liberación de derecho de vía y facilitar la ejecución del proyecto.
El sistema ferroviario tendría una extensión aproximada de 900 kilómetros en total, considerando las rutas Querétaro–San Luis Potosí y San Luis Potosí–Saltillo.
En el caso del tramo hacia Querétaro, también se contemplan estaciones en Villa de Reyes y Santa María del Río, antes de llegar a la capital potosina.
El mandatario calificó el plan como “un proyecto muy ambicioso” y adelantó que la intención del gobierno federal es que las obras arranquen este mismo año.
Además, aseguró que el servicio tendría tarifas competitivas: “El costo será muy accesible, a nivel de autobús o incluso más barato”, afirmó.
Finalmente, destacó que el tren de pasajeros ayudaría a reducir la carga de tránsito en la carretera 57, especialmente en el traslado de pasajeros entre estados del Bajío y el norte del país.
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Activistas señalaron que habitantes de Rioverde y Ciudad Valles deben trasladarse hasta la capital para recibir atención
Por: Redacción
A un año de que el aborto fuera despenalizado en San Luis Potosí, integrantes de la Colectiva ILE señalaron que, aunque el derecho ya está reconocido en la ley, el acceso real al servicio aún enfrenta diversos obstáculos en el sistema de salud.
De acuerdo con Quadratín, Nuria, integrante del colectivo, explicó que actualmente las principales instituciones que brindan la interrupción legal del embarazo de manera gratuita son IMSS Bienestar, IMSS e ISSSTE. Sin embargo, advirtió que muchas mujeres todavía desconocen dónde pueden acudir o cuál es el procedimiento para solicitar el servicio.
También señaló que una parte importante de las solicitudes proviene de municipios como Rioverde y Ciudad Valles, cuyos habitantes deben trasladarse hasta la capital potosina para recibir atención, lo que implica gastos de transporte y otras barreras económicas que dificultan el acceso
Otro de los problemas detectados dentro de los hospitales es la objeción de conciencia por parte de personal médico, la cual, afirmó, en muchos casos no se encuentra debidamente justificada y termina funcionando como una barrera para acceder al servicio.
Finalmente, la activista recordó que aún está pendiente una reforma para homologar la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, con el objetivo de que la negación del servicio de interrupción legal del embarazo pueda ser reconocida como violencia institucional.
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