noviembre 20, 2025

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Ladrilleras: el problema ambiental que las autoridades no resuelven

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Los responsables llevan a cabo una producción altamente contaminante, pero detrás de ellos está la anuencia de empresarios constructores que nadie toca

Por El Saxofón

 

Los responsables de que las ladrilleras potosinas mantengan el método de producción artesanal, altamente contaminante por los residuos utilizados para la combustión de los hornos son los empresarios constructores, quienes hasta ahora no han entrado en el debate sobre esta problemática, porque les conviene seguir adquiriendo este material a bajo costo para mantener intactas sus ganancias.

Autoridades y sociedad culpan únicamente a los ladrilleros, que son por lo regular, gente de bajos recursos que realiza esta actividad para subsistir, sin embargo, omiten que el trabajo de estas personas alimenta una de las industrias de mayor peso económico en el país y en el estado: la industria de la construcción.

Hoy por hoy, hay otras alternativas de materiales para la construcción, como el block de concreto o el ladrillo extruido sin embargo, los constructores siguen usando el ladrillo rojo, principalmente en la edificación de viviendas de interés social, interés medio, residenciales, e incluso en construcciones industriales, principalmente por su bajo costo.

Los acercamientos tanto periodísticos como por parte de las autoridades realizados a esta actividad, no aportan muchos datos sobre el costo del ladrillo, sin embargo, un estudio realizado por la Semarnat en 2016, indica que el precio del ladrillo “a pie de horno”, oscila entre los 800 y los 2 mil 500 pesos por millar, dependiendo de la oferta y la demanda en el mercado.

En una tesis realizada por Catalina López Reyna, estudiante de maestría de El Colegio de San Luis, dirige una mirada hacia el sector ladrillero en San Luis Potosí. La investigación titulada “La Tercera Chica: los usos y prácticas del agua entre cultivos, ladrillos y viviendas”, revela que en esta colonia ubicada al norte de la ciudad se asientan al menos 70 ladrilleras, que “debido a la creciente urbanización han quedado encerradas y sin posibilidades de reubicación por motivos económicos, ecológicos y políticos”.

Esta investigación concluida en 2017, revela, según testimonios de ladrilleros, que “los dueños de estas, tratan como cualquier otra industria, de ganar lo más que se pueda a costa de mano barata y materiales que no requieran de grandes costos”.

Un ladrillero entrevistado, explica que a los trabajadores que elaboran el ladrillo se les pagan 30 centavos por pieza, y las ladrilleras los venden a los intermediarios en 90 centavos, “y ellos lo dan más caro para sacar su ganancia”.

Quienes elaboran el ladrillo, conviven diariamente con el material con el cual se elabora este material de construcción, a saber: basura, tierra y estiércol.

Aunado a ello, se exponen a las altas emisiones de humo contaminante generado por los materiales que se queman en los hornos: llantas, colchones viejos y otros desechos. En días de lluvia, se prefiere el uso de llantas ya que la combustión que generan ayuda a mantener el calor de los hornos el cual abona a la calidad del material.

Las enfermedades relacionadas a las labores propias del sector ladrillero:

reumatismo, enfermedades respiratorias, problemas auditivos, problemas visuales.

UN SECTOR EN EL ABANDONO

El oficio del sector ladrillero es una de las actividades económicas más abandonadas y menos reconocidas en el país a pesar de que es una fuente de abasto de una de las industrias de mayor importancia en el desarrollo social y económico de México como lo es la industria de la construcción.

Las condiciones de pobreza de los productores artesanales de ladrillo requieren una evaluación cuidadosa como potenciales causas de deterioro del tejido social tales como la violencia intrafamiliar y las adicciones. Las fuentes de información para dicha evaluación no pueden provenir de los propios productores, pues el 95% de ellos no manifiestan reconocer tales situaciones, así que debería ser realizada a partir de un diagnóstico que determine los programas de atención y de monitoreo específicos.

El estudio “Análisis de Mercado del Sector de la Construcción y Proyecto Piloto a Nivel Región Basado en un Portafolio de Políticas Públicas con el Objetivo de Reducir los Contaminantes Climáticos de Vida Corta (CCVC) de Ladrilleras Artesanales en México”, elaborado por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC) en 2016, señala que “los diferentes intentos que se han realizado para establecer estrategias de mejoramiento de la actividad artesanal no han tenido éxito y la planeación de nuevas acciones encuentra un obstáculo en la carencia de datos oficiales”.

La intención de reubicar a las ladrilleras en San Luis Potosí data desde el 2007, es decir, las autoridades llevan más de 10 años intentando alejarlas de los núcleos poblacionales y cambiar su modo de producción por uno más amigable con el ambiente. El problema ha trascendido administraciones sin conseguir ningún resultado.

El Diagnóstico Nacional del Sector Ladrillero, estudio realizado en 2012 por la empresa Servicios Profesionales para el Desarrollo Económico, S. C., contabilizaba al menos 241 ladrilleras, distribuidas en diez municipios de San Luis Potosí. Si se toma en cuenta que en la Tercera Chica hay el menos 70 y una cantidad similar se asientan en el municipio de Soledad de Graciano Sánchez, se puede decir que más del 50 por ciento de ellas se ubican en la zona metropolitana de la entidad.

Como se ve, el tema de las ladrilleras amerita un análisis y soluciones integrales; no basta con la estrategia represora que ha emprendido la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental.

También lea: Caso Draexlmaier: Segam va por ladrilleros, el eslabón más débil

Congreso del Estado

Gobierno entrega al Congreso paquete económico 2026; Se ejercerán más de 70 mil millones

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gobierno entrega paquete económico al congreso en slp el presupuesto es de mas de 70 mil millones de pesos

La Comisión de Hacienda revisará la propuesta que incluye Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos; analizan contención del gasto y refuerzo a obras y programas sociales.

El Gobierno del Estado entregó este martes a la Comisión de Hacienda del Congreso local el paquete económico para 2026, integrado por las iniciativas de Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos, que en conjunto contemplan un gasto superior a los 70 mil millones de pesos.

La presidenta de la Comisión, diputada María Dolores Robles Chairez, informó que el documento ingresó “en tiempo y forma”, como marca la Constitución estatal, y será turnado al Pleno para su envío formal a análisis. Posteriormente, comenzará la revisión técnica en la Comisión de Hacienda, que ya cuenta con un calendario de trabajo para dictaminar dentro de los plazos legales.

Por parte del Ejecutivo, la directora de Planeación y Presupuesto de la Secretaría de Finanzas, Damaris Grajeda Acosta, detalló que la propuesta para 2026 contempla contención en el gasto burocrático y un reforzamiento a las obras públicas y programas sociales, tal como ordena el Plan Estatal de Desarrollo.

La discusión del paquete económico marcará la ruta del financiamiento estatal para el próximo año, donde las prioridades, ajustes y reasignaciones pasarán ahora a manos del Poder Legislativo.

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Ciudad

No hay huachicoleo en pozos públicos; Se vende agua ilegalmente de pozos privados: Galindo.

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El alcalde señaló que algunos privados permiten entrar pipas para vender agua, lo cual es delito que no está dentro de sus facultades perseguir.

Por: Redacción

El alcalde de la capital, Enrique Galindo Ceballos, aclaró que en San Luis Potosí no existen pozos clandestinos en los términos en que se ha denunciado públicamente, sino una amplia red de pozos privados con concesión federal, cuyo número supera por mucho a los pozos públicos administrados por organismos operadores.

Galindo explicó que en la zona metropolitana —que incluye San Luis Potosí, Soledad, Villa de Pozos y Cerro de San Pedro— existen más de 1,200 concesiones de pozos privados, y de ese número, solo  140 pertenecen al sector público. “Eso representa apenas el 14% de toda el agua disponible”, señaló.

El alcalde subrayó que la confusión sobre el llamado huachicoleo del agua proviene de prácticas que se dan en estos pozos privados, que permiten la entrada de pipas para vender agua, lo cual constituye un delito, mismo que no corresponde a la autoridad municipal perseguirlo sino a las autoridades federales.

“Un hospital tiene pozo privado, hoteles tienen pozo privado, escuelas tienen pozo privado… Cuando ellos permiten que entren pipas para vender agua, están cometiendo un delito, sin embargo eso ya no corresponde a la autoridad municipal. 

Galindo aclaró que el huachicol  o sustracción clandestina de agua ocurre cuando el robo ocurre en pozos públicos o infraestructura pública para comercializar agua ilegalmente, lo cual sí es materia de investigación.

Finalmente, insistió en que perforar un pozo nuevo sin concesión no es algo que pueda ocurrir “de la nada”, pues implica trámites federales y supervisión de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

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Ciudad

Ciudadanos de Villa de Pozos se rebelan: impugnan nombramiento de Aradillas

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Acusaron al Congreso de incumplir el procedimiento de sustitución: señalaron que el Concejo no fue notificado de la renuncia de Rivera Acevedo

Por: Redacción

La designación de la diputada local con licencia Patricia Aradillas Aradillas, como presidenta concejal del recién creado municipio de Villa de Pozos quedó ahora bajo revisión judicial. Ocho habitantes de la localidad promovieron un Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano para impugnar el decreto aprobado por el Congreso del Estado.

El recurso —presentado el 19 de noviembre de 2025 ante la Oficialía Mayor del Congreso y el Tribunal Estatal Electoral de San Luis Potosí (TEESLP)— señala como autoridad responsable al Poder Legislativo, al considerar que se vulneró la ley al aprobar la sustitución tras la renuncia de María Teresa Rivera Acevedo, quien encabezaba el Concejo Municipal.

Los promoventes argumentan que no se siguió el procedimiento de sustitución previsto en la Ley Orgánica del Municipio Libre, que el Concejo Municipal jamás fue notificado formalmente de la renuncia de Rivera Acevedo y que la designación viola el artículo 118, fracción IX, de la Constitución local, que prohíbe nombrar a personas con cargo legislativo en órganos municipales.

El juicio está firmado por ocho habitantes de Pozos, encabezados por el activista y representante vecinal Justino Castro Rodríguez, junto a Ma. de los Ángeles Flores Martínez —con trayectoria en órganos electorales—, así como Francisco Ramírez, Tomás Hernández Carranza, Ma. Concepción Martínez Martínez, José Valentín Fraga Ponce, Gerardo Enrique Castillo Cuevas y José Jorge Enrique Castillo Morua.

En su demanda, solicitan que el Congreso remita el caso al Tribunal Electoral con el informe circunstanciado y los antecedentes del decreto, para que el TEESLP ejerza control constitucional y legal sobre la designación de Aradillas.

Con esta impugnación, la integración del Concejo Municipal de Villa de Pozos entra en una nueva fase de revisión judicial, y si el Tribunal determina que hubo violaciones al proceso, el nombramiento podría modificarse o incluso anularse.

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Opinión

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