noviembre 27, 2025

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Ladrilleras: el problema ambiental que las autoridades no resuelven

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Los responsables llevan a cabo una producción altamente contaminante, pero detrás de ellos está la anuencia de empresarios constructores que nadie toca

Por El Saxofón

 

Los responsables de que las ladrilleras potosinas mantengan el método de producción artesanal, altamente contaminante por los residuos utilizados para la combustión de los hornos son los empresarios constructores, quienes hasta ahora no han entrado en el debate sobre esta problemática, porque les conviene seguir adquiriendo este material a bajo costo para mantener intactas sus ganancias.

Autoridades y sociedad culpan únicamente a los ladrilleros, que son por lo regular, gente de bajos recursos que realiza esta actividad para subsistir, sin embargo, omiten que el trabajo de estas personas alimenta una de las industrias de mayor peso económico en el país y en el estado: la industria de la construcción.

Hoy por hoy, hay otras alternativas de materiales para la construcción, como el block de concreto o el ladrillo extruido sin embargo, los constructores siguen usando el ladrillo rojo, principalmente en la edificación de viviendas de interés social, interés medio, residenciales, e incluso en construcciones industriales, principalmente por su bajo costo.

Los acercamientos tanto periodísticos como por parte de las autoridades realizados a esta actividad, no aportan muchos datos sobre el costo del ladrillo, sin embargo, un estudio realizado por la Semarnat en 2016, indica que el precio del ladrillo “a pie de horno”, oscila entre los 800 y los 2 mil 500 pesos por millar, dependiendo de la oferta y la demanda en el mercado.

En una tesis realizada por Catalina López Reyna, estudiante de maestría de El Colegio de San Luis, dirige una mirada hacia el sector ladrillero en San Luis Potosí. La investigación titulada “La Tercera Chica: los usos y prácticas del agua entre cultivos, ladrillos y viviendas”, revela que en esta colonia ubicada al norte de la ciudad se asientan al menos 70 ladrilleras, que “debido a la creciente urbanización han quedado encerradas y sin posibilidades de reubicación por motivos económicos, ecológicos y políticos”.

Esta investigación concluida en 2017, revela, según testimonios de ladrilleros, que “los dueños de estas, tratan como cualquier otra industria, de ganar lo más que se pueda a costa de mano barata y materiales que no requieran de grandes costos”.

Un ladrillero entrevistado, explica que a los trabajadores que elaboran el ladrillo se les pagan 30 centavos por pieza, y las ladrilleras los venden a los intermediarios en 90 centavos, “y ellos lo dan más caro para sacar su ganancia”.

Quienes elaboran el ladrillo, conviven diariamente con el material con el cual se elabora este material de construcción, a saber: basura, tierra y estiércol.

Aunado a ello, se exponen a las altas emisiones de humo contaminante generado por los materiales que se queman en los hornos: llantas, colchones viejos y otros desechos. En días de lluvia, se prefiere el uso de llantas ya que la combustión que generan ayuda a mantener el calor de los hornos el cual abona a la calidad del material.

Las enfermedades relacionadas a las labores propias del sector ladrillero:

reumatismo, enfermedades respiratorias, problemas auditivos, problemas visuales.

UN SECTOR EN EL ABANDONO

El oficio del sector ladrillero es una de las actividades económicas más abandonadas y menos reconocidas en el país a pesar de que es una fuente de abasto de una de las industrias de mayor importancia en el desarrollo social y económico de México como lo es la industria de la construcción.

Las condiciones de pobreza de los productores artesanales de ladrillo requieren una evaluación cuidadosa como potenciales causas de deterioro del tejido social tales como la violencia intrafamiliar y las adicciones. Las fuentes de información para dicha evaluación no pueden provenir de los propios productores, pues el 95% de ellos no manifiestan reconocer tales situaciones, así que debería ser realizada a partir de un diagnóstico que determine los programas de atención y de monitoreo específicos.

El estudio “Análisis de Mercado del Sector de la Construcción y Proyecto Piloto a Nivel Región Basado en un Portafolio de Políticas Públicas con el Objetivo de Reducir los Contaminantes Climáticos de Vida Corta (CCVC) de Ladrilleras Artesanales en México”, elaborado por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC) en 2016, señala que “los diferentes intentos que se han realizado para establecer estrategias de mejoramiento de la actividad artesanal no han tenido éxito y la planeación de nuevas acciones encuentra un obstáculo en la carencia de datos oficiales”.

La intención de reubicar a las ladrilleras en San Luis Potosí data desde el 2007, es decir, las autoridades llevan más de 10 años intentando alejarlas de los núcleos poblacionales y cambiar su modo de producción por uno más amigable con el ambiente. El problema ha trascendido administraciones sin conseguir ningún resultado.

El Diagnóstico Nacional del Sector Ladrillero, estudio realizado en 2012 por la empresa Servicios Profesionales para el Desarrollo Económico, S. C., contabilizaba al menos 241 ladrilleras, distribuidas en diez municipios de San Luis Potosí. Si se toma en cuenta que en la Tercera Chica hay el menos 70 y una cantidad similar se asientan en el municipio de Soledad de Graciano Sánchez, se puede decir que más del 50 por ciento de ellas se ubican en la zona metropolitana de la entidad.

Como se ve, el tema de las ladrilleras amerita un análisis y soluciones integrales; no basta con la estrategia represora que ha emprendido la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental.

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Ciudad

Concejales de Pozos se autorizan aguinaldazo: 200 mil a cada uno

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Se autorizan aguinaldo de 45 días, bono de “día 7” y devolución del ISR; se repartirán 38 millones entre todos los empleados del municipio

Por: Ana G Silva y Jorge Saldaña

La Comisión de Hacienda del recién creado municipio de Villa de Pozos aprobó una adecuación presupuestal que permitirá entregar prestaciones de fin de año extraordinarias a todos los trabajadores municipales, incluidos los 12 concejales, quienes recibirán un paquete que supera los 200 mil pesos por persona.

De acuerdo a la minuta de la comisión que sesionó el martes pasado por la mañana en poder de este medio, los concejales se autorizaron:

  • 45 días de aguinaldo (cuando la ley marca un mínimo de 15).

  • El pago del llamado “día 7”, que corresponde a los siete días adicionales de los siete meses con 31 días que no se cubren en las quincenas.

  • La devolución total del ISR retenido en el aguinaldo, otorgado como prestación o bono.

  • Compensaciones adicionales contempladas en el capítulo 1000 del presupuesto.

Sumando su salario mensual aproximado de 28 mil pesos, el aguinaldo ampliado (45 días), el pago del “día 7” y el retorno del ISR, el monto por concejal asciende a unos 200 mil pesos.

El documento incluye una instrucción explícita:

la Tesorería deberá retener el ISR al trabajador y, a la vez, otorgarlo como bono, mientras el municipio paga al SAT la misma cantidad. En la práctica, se trata de una devolución total del impuesto, una práctica poco común en administraciones municipales.

Las prestaciones aprobadas representan un total de 38 millones de pesos, casi el 8% del presupuesto anual de Villa de Pozos, que asciende a alrededor de 500 millones.

La Comisión de Hacienda pidió al tesorero municipal confirmar si existía suficiencia presupuestal para cubrir el gasto. El tesorero, José Luis González Acosta, respondió por escrito: “Sí se cuenta con suficiencia presupuestaria para atender las prestaciones de fin de año.”

 

El dictamen incluye aguinaldos, gratificaciones, compensaciones a personal por honorarios, pagos de “día 7” y la restitución del ISR para personal operativo, funcionarios y autoridades.

De aprobarse mañana en Cabildo, el paquete quedará formalmente autorizado y se ejercerá en diciembre.

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Ciudad

Soledad concretará su salida de Interapas en 2026: Fernando Gámez

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El diputado considera que la desincorporación podría ser la vía para resolver la crisis hídrica en el municipio

Por: Redacción

El diputado local de San Luis Potosí, Luis Fernando Gámez Macías, informó que el Cabildo de Soledad de Graciano Sánchez solicitará al Congreso del Estado autorización para administrar su propio suministro de agua, lo que implicaría su desincorporación de Interapas. Señaló que serán las comisiones legislativas correspondientes las encargadas de evaluar la entrega–recepción del servicio.

De acuerdo con el legislador, se espera que el Cabildo presente formalmente la solicitud ante la Comisión del Agua en enero del próximo año, con la intención de que el proceso avance durante el primer semestre de 2025.

Yo creo que es 100% viable; incluso Interapas dijo que no pondrá objeción y que están totalmente de acuerdo. Creo que viene una nueva etapa para Soledad”, afirmó Gámez Macías.

El diputado expresó confianza en que los legisladores del Partido Verde, Partido del Trabajo y Nueva Alianza

respaldarán la iniciativa, al considerar que la zona metropolitana necesita un cambio urgente en materia hídrica.

Asimismo, destacó que la población del municipio “no puede estar peor de lo que está hoy”, recordando que más de 50 colonias carecen de agua, que se pierde alrededor del 50% del líquido en la red, además de una baja recaudación. Afirmó que Interapas es responsable directa de la crisis hídrica.

Por último, el diputado se pronunció en contra de un aumento en las tarifas de agua, argumentando que mientras no exista un servicio eficiente ni mejoras en la infraestructura, cualquier incremento sería injustificado.

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Ceepac prevé más denuncias por violencia política de género en la próxima elección

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Las denuncias pasadas incluyeron limitación de recursos, agresiones y amenazas a familias

Por: Redacción

La consejera Paloma Blanco López, titular del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ceepac), advirtió que durante los próximos comicios ordinarios se espera un incremento en las denuncias por violencia política de género, tal como ocurrió en el último proceso electoral del Poder Judicial.

Blanco explicó que, aunque actualmente no se han registrado nuevos casos relevantes más allá de los ya reportados en la elección pasada, el aumento de denuncias es común en periodos electorales. Particularmente, porque en 2024 muchas mujeres —especialmente quienes buscaban un cargo por primera vez en la elección judicial— enfrentaron escenarios adversos al incursionar en campañas políticas sin experiencia previa.

Detalló que el Ceepac fortaleció la cap acitación y acompañamiento a mujeres candidatas a través de redes especializadas y destacó que el área jurídica, la Secretaría Ejecutiva y la Unidad de Género cuentan con certificación para brindar atención de primer contacto

a quienes sufran agresiones políticas.

Las denuncias por violencia política recibidas en la elección anterior abarcaron casos diversos: desde limitación al acceso a recursos de campaña hasta agresiones directas, amenazas contra las aspirantes o incluso contra sus familias.

La consejera informó que ya se trabaja en la edición del diagnóstico más reciente sobre violencia política de género en San Luis Potosí, documento que será presentado a medios entre finales de este año o los primeros meses de 2026. Con este análisis, el organismo busca ofrecer un panorama estadístico más claro sobre la incidencia y tipos de agresiones que enfrentan las mujeres que participan en la vida pública.

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