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¿La Policía Cibernética en SLP funciona? Víctimas coinciden en que no
Afectados y afectadas cuentan a La Orquesta sus experiencia con ciberacoso y la deficiencias de las autoridades
Por: Ana G. Silva
El 11 de septiembre del 2020, La Orquesta presentó una entrevista con Maximiliano Fernández, un activista por los derechos LGBT+ quien convocó a esta comunidad en San Luis Potosí para que se unieran a una denuncia colectiva en contra de páginas y grupos de Facebook y Twitter que comparten imágenes íntimas de personas sin su consentimiento, una actividad que a últimas fechas parece muy común y que encuentra su punto de abastecimiento en aplicaciones como Grindr o Tinder. En este momento el activista comentó que según las investigaciones de esta red de apoyo, la Policía Cibernética es capaz de dar buenos resultados:
“Suena a ciencia ficción, pero después de investigar resulta que es fácil dar con estas personas que administran estas páginas, pero sí es necesario que se especifiquen las pruebas para que sea más sencillo”.
Luego de la publicación, varias personas se acercaron a este medio para contar su experiencia con la Policías Cibernética en San Luis Potosí, y coincidieron en que no realiza sus funciones de manera adecuada. Por ello, La Orquesta visitó a Guadalupe Zárate Villanueva quien está a cargo de ese brazo de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado y que es parte del Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo y Calidad (C5):
“Contamos con el equipo y el personal adecuados para las investigaciones de localización de personas que se encargan de la difusión de imágenes de índole sexual a través de redes sociales sin el consentimiento de los implicados.
Dicha declaración contrasta con los testimonios de víctimas, que reportaron que estas investigaciones son deficientes y suelen quedar inconclusas. A continuación presentamos esas narraciones. Para proteger la identidad de los declarantes sus nombres han sido modificados:
Berenice, una mujer de 31 años de edad, dijo que desde hace meses ha sido acosada por una persona quien le ha pedido fotos íntimas por Facebook Messenger y la amenaza con difundir un video en el que ella aparece sosteniendo relaciones con su exnovio:
“Ese video solo yo lo tenía en una computadora que ya no funciona, y me sacó de onda cuando me mandó una captura mostrando que, efectivamente, tiene el video. Al principio no le tomé importancia, pero después me amenazaba con difundir mi contenido en redes si no le mandaba fotos desnuda”.
Berenice acudió a la Fiscalía de la Mujer para denunciar el caso, que pasó a manos de la Policía Cibernética, sin embargo, estos no pudieron dar con el acosador.
De acuerdo con esta víctima, la Policía Cibernética lo único que pudo averiguar fue que había sido contactada de diversas cuentas desde varios lugares como la Ciudad de México, Monterrey y San Luis Potosí.
Al respecto, Zárate Villanueva mencionó que en ocasiones los hackers logran acceder a correos o redes sociales de una víctima ya que estas no cuentan con una contraseña segura, y de este modo descargan su información para luego contactarlas y usarla en su contra.
Otro ejemplo es el de Natalia a quien usuarios de Facebook con el nombre “Betina Tina”, “Olivia” y “Twiss” le enviaron inbox en los cuales le exigían fotos de sus genitales a cambio de no enviarle otras imágenes a sus amigos y familiares donde aparecía desnuda.
“La verdad es que en esas fotos no se ve mi cara, pero en la parte del abdomen tengo un tatuaje muy característico, y juro que esas fotos nunca las envié, jamás salieron de mi celular, lo primero que pensé fue ‘me hackearon el celular’”.
Zárate Villanueva dijo que el C5 cuenta con excelentes ingenieros capacitados en la localización de estos hackers:
“En San Luis Potosí es más de utilizar Twitter para difundir imágenes porque creen, erróneamente, escudarse en el anonimato , sin embargo, todo deja una huella, un like o me gusta y eso nos ayuda para dar con los responsables”.
Natalia comentó que esto no es cierto: “Luego de que me amenazaron y sabía que las fotos jamás salieron de mi celular, lo entregué a la Policía Cibernética para que investigaran. Me quedé incomunicada cuatro o cinco meses, desde marzo, y cuando fui por él no adelantaron mucho la investigación. Me decían que no fuera por la contingencia y las veces que yo llegué a marcar me dijeron que no había nada. Al final me seguían llegando mensajes que nunca volví a abrir por miedo y otra porque no tenía acceso a mi Facebook. Como no avanzaba les dije que yo quería dejar todo así, solo quería mi teléfono para dar de baja mi cuenta. Todo comenzó en marzo y inicios de agosto fui por mi informe final que resultó muy pobre, me dijeron que no dieron con la persona y no saben quién es y siento que lo único que hicieron fue buscar a los contactos en Google“.
Zárate Villanueva justificó que además existen otras formas en que los hackers operan: “Para esconderse utilizan perfiles falsos, esconden su localización, utilizan chips de celulares que tiran muy rápido y no tienen vínculos en los perfiles y solamente atacan”.
Agregó que el objetivo de estos acosadores ya no es tanto el sexting si no el grooming, que es una práctica en la que mediante hostigamiento digital, el acosador logra tener control psicológico sobre su víctima para posteriormente abusar sexualmente de ella.
“Las autoridades me dijeron que si no me pidió dinero y les contesté que no fue así, solo me pedía que mandara las fotos, me dijeron que no lo hiciera aunque me amenazara ya que si accedía a esas peticiones”, comentó Natalia.
De la misma manera, Diana, una joven que también relató su situación a este medio, dijo que ha sido acosada por una persona con llamadas y WhatsApps, donde le exigían fotos íntimas:
“Empecé a recibir llamadas telefónicas en la madrugada, como a la una, era un número desconocido con lada local, por varias noches fue así y lo más extraño es que no me dejaba regresar la llamada. Después me llegó un Whats que decía “hola Diana”, me sorprendió porque el mensaje tenía mi nombre, pero no le di importancia, fue hasta dos o tres días en la madrugada que me hablaron y me decían que tenían algo que me interesaba y que si no cooperaba me iba a ir mal”.
El acosador le aseguró que la única manera en que dejaría de molestarla sería si le enviaba fotografías íntimas:
“Me decía “te juro que te dejo en paz, ayúdame”, decía que soy muy bella, que quería apreciar mi anatomía, le dije que no y que no jugara con mi intimidad, al no acceder no me bajaba de perra, de gata, de zorra, y dijo que le diría a mis conocidos “lo que soy”“.
Al día siguiente realizó la demanda: “me pidieron que no lo bloqueara para seguir el enlace URL y que no le contestara, me dieron mi número de expediente. Preguntaron si sospechaba de alguien cerca, pero la verdad es que no conozco a nadie que pueda hacerme eso. Hace más de seis meses de esto y no me han podido resolver nada”.
EL CASO DE LOS PERFILES DE TWITTER
Guadalupe Zárate mencionó que en redes sociales hay personas que se dedican a la difusión de fotos sexuales en redes sociales en páginas los cuales tienen que ser denunciados para dar de baja las cuentas. Añadió que estas páginas no son difíciles de identificar ya que en su mayoría incluyen la palabra “Pack”.
También se refirió al caso de Maximiliano Fernández y la red de apoyo que se fragua en la comunidad LGBT+:
“Unos jóvenes de la comunidad LGBT pidieron asesoría y les dijimos que tienen que presentar la denuncia ante la Fiscalía General del Estado, para que nos permitan iniciar una investigación con una solicitud de coadyuvancia, ya que argumentaban que querían demandar a un perfil en Twitter. Donde se difundieron fotos en su mayoría de jóvenes.
Mencionó que de encontrar a los responsables, la pena puede ir de los dos a los cuatro años de cárcel: “Si es cónyuge o una persona con la que se tuvo una relación sentimental, podrían ser hasta de seis años”.
El encargado de la Policía Cibernética señaló que en el caso del perfil denunciado colectivamente por la comunidad LGBT+, se iniciaría una investigación de fuentes abiertas para dar con los responsables: “aunque ya le alertaron y cerró su cuenta”.
“Somos apoyados por las redes, donde nos proporcionan datos de conexión y de este tipo de perfil y me puede dar desde un correo electrónico, un teléfono, datos de conexión, todos nos conectamos de algún lado, es una IP que nos puede decir desde dónde se conectan, a través de qué servicio Telcel, Movistar, Telmex”, abundó.
Relató que han dado de baja alrededor de 20 páginas dedicadas a difundir imágenes de jóvenes; “pero es común que las vuelvan a abrir. Se sigue dando porque lo consumen, si no se consumiera no abrirían de nuevo estos perfiles”.
Por el momento, parece que aunque la Policía Cibernética insiste en estar bien capacitada, la realidad de las y los afectados demuestra que no es así. Mientras esto no se resuelva, la intimidad de todos y todas está desprotegida.
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Ciudad
Incendios aumentan hasta un 30% en diciembre: Bomberos
Benavente Duque dijo que el uso de pirotecnia y descuido en instalaciones eléctricas provocan mayores incidentes en la temporada decembrina
Por: Cristian Betancourt
Adolfo Benavente Duque, comandante del H. cuerpo de Bomberos, advirtió que el mes de diciembre será uno de los más complicados en materia de emergencia debido al incremento de siniestros que se registran en la zona metropolitana.
Benavente explicó que los incendios entre el 10 y 15 de diciembre suelen incrementarse entre 25% y 30%, principalmente por el uso de pirotecnia
y aumento de incendio en pastizales.Detalló que la corporación cerrará con entre 400 y 450 servicios atendidos mientras que noviembre concluyó con 385 emergencias.
Benavente Duque pidió a la población evitar en lo posible el uso de pirotecnia; comentó que en caso de utilizarla se debe encender en zonas sin vegetación.
Finalmente, llamó a extremar precauciones con instalaciones eléctricas, evitar sobrecargas y utilizar equipos adecuados.
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Acusan que imputados simulan tortura para justificar delitos
La titular de la Fiscalía confirma que el recurso busca anular procesos, pero reiteró el trabajo de la unidad especializada para denuncias genuinas
Por: Redacción
La titular de la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP), María Manuela García Cázares, reconoció que la acusación de tortura es un recurso frecuentemente utilizado por las defensas legales de los imputados, lo que en ocasiones busca retrasar el proceso judicial o generar una vía para evadir la justicia.
La Fiscal señaló que, si bien no se tienen cifras exactas de cuántos casos utilizan este argumento meramente como un “medio defensivo”, el fenómeno es conocido, ya que los imputados buscan aprovecharse de los protocolos de ley.
“Lo utilizan en algunas ocasiones como un medio defensivo… [como saben] que se ha efectuado el protocolo de Estambul, que lleva tiempo, exámenes psicológicos, exámenes médicos. Ello trae consigo un retraso en el proceso,” explicó García Cázares.
La estrategia posterior de algunos imputados es retractarse, argumentando que la acusación fue un intento de justificar supuestas violaciones. Sin embargo, la Fiscal enfatizó que, una vez presentada la denuncia, el Estado tiene la obligación ineludible de investigar , lo que impide que la parte acusadora simplemente se desista.
La titular de la FGESLP subrayó que la Fiscalía especializada en el tema ha desempeñado una labor significativa para atender las denuncias genuinas.
“Evidentemente que hay casos en los cuales son ciertos, se denuncian y esta fiscalía especializada, pues ha tenido una importante labor”, indicó la funcionaria.
García Cázares mencionó que las denuncias de tortura provienen de diversos cuerpos de seguridad: “Tenemos todo tipo de denuncias, de policías municipales, de de guardia, de de todo tipo.”
El procedimiento obliga a la Fiscalía a localizar a la víctima y realizar los exámenes respectivos sin posibilidad de desistimiento, asegurando que la investigación se realice de manera rigurosa, aunque esto pueda ser usado tácticamente por los imputados.
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SCT endurece regulación al transporte de personal industrial
Araceli Martínez indicó que su depedencia trabaja en una iniciativa con el Congreso para establecer sanciones penales por contratar transporte ilegal
Por: Redacción
Araceli Martínez Acosta, titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), anunció que este viernes iniciará la capacitación piloto para certificar a operadores del transporte de personal, particularmente aquellos que trabajan en la Zona Industrial, donde —reconoció— persisten accidentes derivados de jornadas laborales excesivas y falta de regulación.
Martínez señaló que muchas empresas prestan el servicio sin estar reguladas, se niegan al registro estatal y han mostrado resistencia histórica a cumplir la normativa. “Estamos prácticamente escribiendo las reglas que nunca han tenido”, afirmó.
La funcionaria reveló que hace 15 días se sostuvo una reunión con el parque Logistik II y la Unión de Usuarios, donde se advirtió directamente a los directores de Recursos Humanos: continuarán los aseguramientos de unidades sin autorización y habrá consecuencias legales .
“Hay corresponsabilidad de los RH que contratan deliberadamente empresas sin permiso. Están poniendo en riesgo a su capital humano”, expresó.
La SCT ya comenzó el aseguramiento de camiones irregulares: solo este lunes se retuvieron tres unidades más. Aunque reconoció el impacto económico para las empresas, Martínez señaló que el riesgo a la vida pesa más que cualquier afectación en la producción .
Además, adelantó que antes de finalizar el año se firmará un convenio de colaboración con empresas que se comprometan a contratar únicamente proveedores autorizados y certificados. Con esto se busca ampliar el padrón regulado y establecer tarifas mínimas y máximas que eviten que empresas foráneas compitan con costos bajos gracias a operadores sobreexplotados e incluso menores de edad.
Sobre la posibilidad de concesionar formalmente el transporte de personal, la funcionaria confirmó que es el siguiente paso:
“Ya existen empresarios potosinos con concesiones en esta modalidad; queremos fortalecer a los potosinos y dejar de depender de empresas de otros estados”, señaló.
Finalmente, Martínez informó que la SCT trabaja con el Congreso del Estado en una reforma legal para establecer responsabilidad penal para quienes contraten servicios irregulares que pongan en riesgo a su personal.
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