Estado
La gente no tiene ni para pagar un cubrebocas menos una multa: diputada
Angélica Mendoza dijo que antes de imponer multas, se debe tomar en cuenta la situación económica que genera la pandemia
Por: Redacción
Los integrantes de la Comisión de Salud y Asistencia Social del Congreso del Estado, sostuvieron una mesa de trabajo por la vía virtual con el presidente de la Coparmex y abogados que presentaron una iniciativa que plantea emitir y promulgar la Ley de Protección de las Personas contra enfermedades de Transmisión por Vías Aéreas y Similares del Estado.
La presidenta de la comisión, Angélica Mendoza Camacho, dijo que “es imperante que todas las personas cuenten con cubrebocas y medios de protección, pero antes de imponer multas, se debe tomar en cuenta la situación económica generada por la pandemia que ha colocado a muchos potosinos en situación de desempleo”.
Añadió que “muchos potosinos deben priorizar la compra de canasta básica antes de la compra de cubrebocas, por lo que sería gravoso imponer sanciones pecuniarias a quién no lo esté usando, pero como medida de protección si se les podrá negar el acceso a lugares públicos a personas que no lo usen”.
El propósito de la iniciativa es proteger la salud de las personas por causa de fuerza mayor ocaso fortuito, así como por epidemias, pandemias y cualquier otra situación de índole sanitaria y/o de ora naturaleza a través de la obligatoriedad del uso de barras de protección –caretas, lentes, cubrebocas o similares que cumplan los requisitos de la OMS-.
La iniciativa propone que sea obligatorio el uso de una barrera de protección para proteger la salud de las personas que se encuentren en el territorio del estado en lugares como instituciones públicas de gobierno, dependencias, espacios y sitios de acceso público, vía pública, instituciones y planteles educativos del sector púbico y privado, así como autónomos, transporte público, plazas, centros comerciales, tiendas departamentales, entre otros.
Propone sanciones administrativas en tres formas: retirar a la persona de los lugares descritos por medio del personal verificador con auxilio de las corporaciones estatales y/o municipales, multa y clausura temporal o definitiva. De dos a cinco veces la unidad de medina de actualización, será la multa para la persona reincidente.
El presidente de la Coparmex, Julio César Galindo Pérez, reconoció la apertura de los legisladores para escuchar a los proponentes y la responsabilidad que demuestran en este tema de gran importancia; destacó la necesidad de desarrollar estrategias consensuadas y responsables para salvar el principal activo que es la vida de las personas.
Los abogados Francisco Iram Atala Dewey, Beatriz Aguilera e Iran González Zúñiga detallaron a los diputados la iniciativa que presentaron, con la finalidad de proteger la vida y como un ejercicio de coercibilidad más que recaudatorio, ante la situación que se vive por la pandemia de covid-19.
Las legisladora Angélica Mendoza y Vianey Montes fijaron su postura en contra de que se cobren multas a los ciudadanos “que no tienen ni para comprar un cubrebocas menos para pagar multas”; los reincidentes, en todo caso, podrían tener penas de trabajo comunitario.
Los diputados Cándido Ochoa Rojas, Patricia Silva Celis y Ricardo Villarreal Loo dijeron que hay decisiones que se deben tomar a favor de la salud general, pero es necesario analizar a fondo el ordenamiento, cada uno de los planteamientos y corregir lo que sea necesario.
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Congreso del Estado
Integrantes de la comisión de movilidad, comunicaciones y transportes se reunieron con un grupo de taxistas
El poder legislativo mantiene las puertas abiertas con todos los sectores para escuchar sus planteamientos: Dip. Jacquelinn Jáuregui Mendoza
Por: Redacción
La Comisión de Movilidad, Comunicaciones y Transportes del Congreso del Estado sostuvo una reunión con representantes de una agrupación del gremio de taxistas, a fin de escuchar sus inquietudes y posicionamientos sobre las condiciones en que trabaja este sector, informó la presidenta diputada Jacquelinn Jáuregui Mendoza.
Señaló que el Congreso del Estrado abre las puertas y tiende los puentes a todos los sectores y esta vez no fue la excepción, por lo que escucharon a Luis Alberto Colorado Saavedra, Joel Ochoa Portillo y José Miguel Ceja Montaño.
La diputada señaló que los trabajadores aclararon su participación en diferentes manifestaciones y expusieron señalamientos falsos que se han hecho en su contra.
El diputado Luis Emilio Rosas dijo que los taxistas pidieron que se les apliquen cursos integrales, que las sanciones en su contra dejen de ser injustas y que haya piso parejo para todo el gremio
en términos de otorgamiento de gafetes, revista y revisión de que todos se encuentren funcionando en orden, empezando por las placas vigentes.Otro de los temas expuestos es el relacionado al funcionamiento y registro del servicio a través de plataformas, cobros justos y un diálogo directo con las autoridades de Comunicaciones y Transportes, ya que hay muchos temas que se deben tratar cotidianamente para evitar confusiones y malos entendidos.
La diputada Jáuregui Mendoza expuso que se elaboró una lista de todas sus peticiones e inquietudes, que serán tratadas con la titular de la SCT para dar una respuesta puntual a los taxistas inconformes, quienes por su parte reconocieron la apertura al diálogo por parte de los representantes populares.
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Estado
Dirección de Pensiones interpone cuatro nuevas denuncias ante la Fiscalía
Existe colaboración permanente con la Fiscalía, atendiendo de manera puntual los requerimientos de información
Por: Redacción
Como parte de la estrategia de saneamiento, transparencia y combate a la impunidad, la Dirección General de Pensiones interpuso cuatro nuevas denuncias ante la Fiscalía General del Estado (FGESLP) luego de identificar presuntos desvíos y anomalías financieras heredadas de ejercicios anteriores, como parte del seguimiento institucional para fortalecer el funcionamiento del organismo.
El director general, Luis Arturo Coronado Puente, informó que estas querellas se suman a las carpetas de investigación ya activas y precisó que fueron promovidas tanto contra qui en resulte responsable como hacia personas posiblemente involucradas en conductas constitutivas de delito. Las revisiones internas continúan y, por el momento, el monto estimado del daño patrimonial permanece bajo reserva para no afectar el desarrollo de las investigaciones, pero se trata de afectaciones considerables.
Existe colaboración permanente con la Fiscalía, atendiendo de manera puntual los requerimientos de información para fortalecer las indagatorias. Asimismo, indicó que, por respeto al debido proceso y al carácter reservado de las investigaciones, los detalles se mantendrán bajo resguardo hasta que la autoridad determine lo conducente.
Destacadas
Nepotismo en Morena: Delegado del Bienestar en SLP contrató a su padre
Guillermo Morales Díaz tomó posesión como Enlace federal el 1 de enero de 2025 en la misma delegación que su hijo encabeza. Su declaración patrimonial registra licenciatura trunca y como último empleo previo: taxista
Por: Redacción
Guillermo Morales López, titular de la Delegación de Programas para el Desarrollo de la Secretaría de Bienestar en San Luis Potosí, contrató a su padre —Guillermo Morales Díaz— como Enlace en la oficina bajo su mando, de acuerdo con las declaraciones de situación patrimonial que ambos presentaron ante la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno. El hecho ocurrió al arranque del gobierno de Claudia Sheinbaum, mientras la presidenta impulsaba en el Congreso una reforma constitucional para prohibir el nepotismo en la función pública.
Los documentos públicos acreditan que padre e hijo comparten dependencia, adscripción y domicilio laboral: ambos registran como lugar de trabajo la Delegación San Luis Potosí de la Secretaría de Bienestar, en Calzada Fray Diego de la Magdalena, colonia El Saucito, en la capital potosina. Morales López encabeza la delegación con nivel jerárquico de Director General u Homólogo; Morales Díaz figura en la misma estructura como su subordinado en el cargo de Enlace.





El perfil curricular del padre contrasta con el puesto que ocupa. Guillermo Morales Díaz no concluyó sus estudios universitarios —registra licenciatura en Ciencias Químicas con estatus trunco— y sus dos últimos empleos previos son: promotor vendedor en la empresa Alijumex SA de CV, de agosto de 1998 a septiembre de 2004, y taxista en el ámbito municipal, de junio de 2014 a enero de 2019. Entre ese egreso y su ingreso como Enlace federal no aparece empleo registrado en su declaración. Su remuneración mensual neta en el cargo es de 18,000 pesos. El hijo, en contraste, acredita licenciatura en Derecho por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y maestría en Finanzas Públicas, y reporta un ingreso anual neto de 1,498,834 pesos en el último ejercicio fiscal.


La contratación ocurrió mientras Sheinbaum impulsaba modificaciones a seis artículos constitucionales para frenar el nepotismo en cargos públicos. Luisa María Alcalde, entonces presidenta nacional de Morena, respaldó la iniciativa y anunció candados estatutarios para impedir que el partido postulara a familiares de funcionarios en cargos de elección popular. “A la gente no le gustan los cacicazgos, no le gusta que se hereden los cargos“, sostuvo Alcalde en declaraciones a medios nacionales.
Guillermo Morales López no ha emitido declaración pública sobre la contratación de su padre en la delegación que dirige.
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