Estado
La gente no tiene ni para pagar un cubrebocas menos una multa: diputada
Angélica Mendoza dijo que antes de imponer multas, se debe tomar en cuenta la situación económica que genera la pandemia
Por: Redacción
Los integrantes de la Comisión de Salud y Asistencia Social del Congreso del Estado, sostuvieron una mesa de trabajo por la vía virtual con el presidente de la Coparmex y abogados que presentaron una iniciativa que plantea emitir y promulgar la Ley de Protección de las Personas contra enfermedades de Transmisión por Vías Aéreas y Similares del Estado.
La presidenta de la comisión, Angélica Mendoza Camacho, dijo que “es imperante que todas las personas cuenten con cubrebocas y medios de protección, pero antes de imponer multas, se debe tomar en cuenta la situación económica generada por la pandemia que ha colocado a muchos potosinos en situación de desempleo”.
Añadió que “muchos potosinos deben priorizar la compra de canasta básica antes de la compra de cubrebocas, por lo que sería gravoso imponer sanciones pecuniarias a quién no lo esté usando, pero como medida de protección si se les podrá negar el acceso a lugares públicos a personas que no lo usen”.
El propósito de la iniciativa es proteger la salud de las personas por causa de fuerza mayor ocaso fortuito, así como por epidemias, pandemias y cualquier otra situación de índole sanitaria y/o de ora naturaleza a través de la obligatoriedad del uso de barras de protección –caretas, lentes, cubrebocas o similares que cumplan los requisitos de la OMS-.
La iniciativa propone que sea obligatorio el uso de una barrera de protección para proteger la salud de las personas que se encuentren en el territorio del estado en lugares como instituciones públicas de gobierno, dependencias, espacios y sitios de acceso público, vía pública, instituciones y planteles educativos del sector púbico y privado, así como autónomos, transporte público, plazas, centros comerciales, tiendas departamentales, entre otros.
Propone sanciones administrativas en tres formas: retirar a la persona de los lugares descritos por medio del personal verificador con auxilio de las corporaciones estatales y/o municipales, multa y clausura temporal o definitiva. De dos a cinco veces la unidad de medina de actualización, será la multa para la persona reincidente.
El presidente de la Coparmex, Julio César Galindo Pérez, reconoció la apertura de los legisladores para escuchar a los proponentes y la responsabilidad que demuestran en este tema de gran importancia; destacó la necesidad de desarrollar estrategias consensuadas y responsables para salvar el principal activo que es la vida de las personas.
Los abogados Francisco Iram Atala Dewey, Beatriz Aguilera e Iran González Zúñiga detallaron a los diputados la iniciativa que presentaron, con la finalidad de proteger la vida y como un ejercicio de coercibilidad más que recaudatorio, ante la situación que se vive por la pandemia de covid-19.
Las legisladora Angélica Mendoza y Vianey Montes fijaron su postura en contra de que se cobren multas a los ciudadanos “que no tienen ni para comprar un cubrebocas menos para pagar multas”; los reincidentes, en todo caso, podrían tener penas de trabajo comunitario.
Los diputados Cándido Ochoa Rojas, Patricia Silva Celis y Ricardo Villarreal Loo dijeron que hay decisiones que se deben tomar a favor de la salud general, pero es necesario analizar a fondo el ordenamiento, cada uno de los planteamientos y corregir lo que sea necesario.
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Congreso del Estado
Se atenderá la creación de la Fiscalía Especializada en Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida por Particulares
Se trabajará en conjunto con la Fiscalía General del Estado y el Gobierno Estatal, respecto al presupuesto y los aspectos técnico-jurídicos en su implementación
Por: Redacción
El diputado Héctor Serrano Cortés, presidente de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) y la diputada Leticia Vázquez Hernández, presidenta de la Comisión Primera de Justicia, sostuvieron una reunión con el Secretario General de Gobierno, Mtro. J. Guadalupe Torres Sánchez y la Fiscal General del Estado (FGE), Lic. Manuela García Cázarez, para definir acciones y concretar a la brevedad la creación de la Fiscalía Especializada en Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida por Particulares con la que se atenderán las peticiones de diversos colectivos.
El diputado Héctor Serrano Cortés, manifestó que con la creación de esta Fiscalía, se cumplirán con lo establecido en la legislación federal en la materia, y se brindará una atención integral a los familiares de personas desaparecidas.
“La intención es que, en concordancia con la propia Fiscalía y el Gobierno del Estado, tener una certeza clara que la iniciativa que se promueva por parte del Congreso sea una ley que cuente con todos los elementos necesarios para llegar a buen puerto; San Luis Potosí se ha consolidado en una dinámica de atención oportuna a este tipo de flagelos que lamentablemente se siguen presentando en nu estro país y que San Luis Potosí no es la excepción”.
Señaló que el Congreso del Estado está trabajando para atender los reclamos de diversos colectivos, “cuidando los aspectos financieros y administrativos en coordinación con el Ejecutivo Federal y con la propia Fiscalía General del Estado.
Por su parte, la legisladora Leticia Vázquez, señaló “nosotros no hemos dejado de trabajar en este tema tan importante para los colectivos, hemos estado buscando acuerdos y concretar los tecnicismos legales, estudiando la iniciativa para que la reforma esté lo más perfecta posible; tuvimos una reunión con la Fiscal General del Estado y con el Secretario de Gobierno, quienes tienen el mismo interés de que este tema ya sea resuelto, y el dictamen está a punto de terminarse, en unos días más se dará a conocer”.
Precisó que tanto el Congreso del Estado, como el Gobierno Estatal están atendiendo este tema para que sea implementado a la brevedad, de la mejor manera, como un apoyo a los diversos colectivos.
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Ciudad
Programa “Tinaco en Casa”llega a colonias de Villa de Pozos
Se entregaron cerca de 500 tinacos, que benefician a cerca de mil familias particularmente de los Silos y las Mercedes
Por: Reedacción
La presidenta Concejal del Gobierno Municipal de Villa de Pozos, Patricia Aradillas, refrendó su compromiso con las familias de la zona urbana que enfrentan problemas de desabasto de agua, mediante la segunda entrega del programa social “Tinaco en Casa”, destinado al almacenamiento de este importante recurso.
En esta segunda etapa, se entregaron cerca de 500 tinacos, que benefician a cerca de mil familias particularmente de los Silos, las Mercedes, entre otras colonias de los alrededores con lo que se avanza de manera significativa en la atención a hogares que carecen de condiciones adecuadas para el almacenamiento de agua potable.
La presidenta concejal destacó que este programa responde a una necesidad prioritaria de las familias poceñas, quienes por años han enfrentado dificultades en el suministro de este vital recurso, por lo que contar con un tinaco en casa representa una herramienta fundamental para el almacenamiento del agua cuando esta escasea y se brinda mayor tranquilidad a los hogares.
Finalmente, Aradillas reiteró que el acceso al agua es un derecho fundamental y no un privilegio, por lo que el Gobierno Municipal de Villa de Pozos continuará impulsando programas sociales que atiendan de manera directa las necesidades de la población, entre ellas el abasto a través de pipas ya que el compromiso de su gestión es trabajar por el bienestar y la dignidad de todas y todos los poceños.
Estado
Estado busca homologar salarios mínimos para policías municipales
El establecimiento de este ingreso no limita a los ayuntamientos para otorgar percepciones superiores de acuerdo con su capacidad financiera
Por: Redacción
El secretario general de Gobierno, J. Guadalupe Torres Sánchez, destacó la iniciativa presentada por el gobernador del Estado Ricardo Gallardo Cardona ante el Congreso local para establecer un ingreso mínimo homologado para las y los policías municipales, como una acción que fortalecerá la estrategia integral de seguridad y dignifica la labor policial. Señaló que este esfuerzo forma parte del cambio que se vive y se siente, al generar mejores condiciones para quienes contribuyen todos los días a la paz y tranquilidad de las familias.
Torres Sánchez explicó que la propuesta contempla un salario mínimo equivalente a 14 mil pesos netos mensuales, expresado en Unidades de Medida y Actualización (UMA),
lo que permitirá su actualización automática anual conforme a los indicadores del INEGI, evitando la pérdida del poder adquisitivo de los elementos municipales y mejorando su calidad de vida.Asimismo, precisó que el establecimiento de este ingreso mínimo no limita a los ayuntamientos para otorgar percepciones superiores de acuerdo con su capacidad financiera, en pleno respeto a la autonomía municipal. Añadió que la iniciativa incluye reformas a la Constitución Política del Estado y a diversas leyes en materia de seguridad pública, municipio libre y responsabilidad hacendaria, además de establecer la obligación de prever los recursos necesarios y las responsabilidades correspondientes en caso de incumplimiento.
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