mayo 14, 2026

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Estado

La gente no tiene ni para pagar un cubrebocas menos una multa: diputada

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Angélica Mendoza dijo que antes de imponer multas, se debe tomar en cuenta la situación económica que genera la pandemia

Por: Redacción

Los integrantes de la Comisión de Salud y Asistencia Social del Congreso del Estado, sostuvieron una mesa de trabajo por la vía virtual con el presidente de la Coparmex y abogados que presentaron una iniciativa que plantea emitir y promulgar la Ley de Protección de las Personas contra enfermedades de Transmisión por Vías Aéreas y Similares del Estado.

La presidenta de la comisión, Angélica Mendoza Camacho, dijo que “es imperante que todas las personas cuenten con cubrebocas y medios de protección, pero antes de imponer multas, se debe tomar en cuenta la situación económica generada por la pandemia que ha colocado a muchos potosinos en situación de desempleo”.

Añadió que “muchos potosinos deben priorizar la compra de canasta básica antes de la compra de cubrebocas, por lo que sería gravoso imponer sanciones pecuniarias a quién no lo esté usando, pero como medida de protección si se les podrá negar el acceso a lugares públicos a personas que no lo usen”.

El propósito de la iniciativa es proteger la salud de las personas por causa de fuerza mayor ocaso fortuito, así como por epidemias, pandemias y cualquier otra situación de índole sanitaria y/o de ora naturaleza a través de la obligatoriedad del uso de barras de protección –caretas, lentes, cubrebocas o similares que cumplan los requisitos de la OMS-.

La iniciativa propone que sea obligatorio el uso de una barrera de protección para proteger la salud de las personas que se encuentren en el territorio del estado en lugares como instituciones públicas de gobierno, dependencias, espacios y sitios de acceso público, vía pública, instituciones y planteles educativos del sector púbico y privado, así como autónomos, transporte público, plazas, centros comerciales, tiendas departamentales, entre otros.

Propone sanciones administrativas en tres formas: retirar a la persona de los lugares descritos por medio del personal verificador con auxilio de las corporaciones estatales y/o municipales, multa y clausura temporal o definitiva. De dos a cinco veces la unidad de medina de actualización, será la multa para la persona reincidente.

El presidente de la Coparmex, Julio César Galindo Pérez, reconoció la apertura de los legisladores para escuchar a los proponentes y la responsabilidad que demuestran en este tema de gran importancia; destacó la necesidad de desarrollar estrategias consensuadas y responsables para salvar el principal activo que es la vida de las personas.

Los abogados Francisco Iram Atala Dewey, Beatriz Aguilera e Iran González Zúñiga detallaron a los diputados la iniciativa que presentaron, con la finalidad de proteger la vida y como un ejercicio de coercibilidad más que recaudatorio, ante la situación que se vive por la pandemia de covid-19.

Las legisladora Angélica Mendoza y Vianey Montes fijaron su postura en contra de que se cobren multas a los ciudadanos “que no tienen ni para comprar un cubrebocas menos para pagar multas”; los reincidentes, en todo caso, podrían tener penas de trabajo comunitario.

Los diputados Cándido Ochoa Rojas, Patricia Silva Celis y Ricardo Villarreal Loo dijeron que hay decisiones que se deben tomar a favor de la salud general, pero es necesario analizar a fondo el ordenamiento, cada uno de los planteamientos y corregir lo que sea necesario.

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Estado

Aprueban reforma anti violencia escolar

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Se establecerán protocolos claros y obligatorios para proteger a la víctima en el primer momento

Por: Redacción

Con el objetivo de establecer expresamente la obligación de denuncia inmediata por parte de todo el personal educativo, directivo y administrativo, en casos de cualquier hecho de violencia en el entorno escolar, familiar o comunitario contra cualquier integrante de la comunidad educativa, la LXIV Legislatura aprobó la reforma a los artículos, 83, y 85 de la Ley de Educación del Estado de San Luis Potosí, propuesta por el diputado Luis Fernando Gámez Macías y la C. Irlanda Susana del Río Contreras, en representación de la Fundación Internacional Granito de Arena A.C.

Se establece que la omisión de esta obligación será sancionada conforme a la legislación penal aplicable y a las disposiciones administrativas correspondientes, garantizando en todo momento el interés superior de la niñez.

Se indica que los protocolos de actuación serán elaborados de manera conjunta por la Autoridad Educativa Estatal, Fiscalía General del Estado, el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia, la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado y la Comisión Estatal de Derechos Humanos, para la prevención y atención de la violencia que se genere en el entorno escolar, familiar o comunitario contra cualquier integrante de la comunidad educativa, para su detención oportuna y para la atención de accidentes que se presenten en el plantel educativo, A su vez, determinará, los mecanismos para la medición y resolución pacífica de controversias que se presenten entre los integrantes de la comunidad educativa.

En su exposición de motivos, se señala que el establecimiento de protocolos claros y obligatorios permitirá proteger a la víctima desde el primer momento; brindar certeza jurídica al personal escolar, evitando que su actuación quede sujeta a interpretaciones discrecionales; y articular la actuación del sistema educativo con la Fiscalía General del Estado y las Procuradurías de Protección del DIF estatal y municipales. 

Además, se deberá de capacitar de manera periódica a todas las personas que laboran en el sistema educativo sobre sus deberes legales y procedimientos. Con estas reformas, San Luis Potosí se coloca a la vanguardia en la protección integral de la infancia.

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Ayuntamiento de SLP

Los 18 millones para sanear presa de San José podrían frenarse por desarticulación institucional

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En menos de 48 horas, el anuncio del diputado Cuauhtli Badillo sobre una inversión federal para sanear el embalse derivó en un choque de versiones entre funcionarios de tres niveles de gobierno —ninguno con documentos— y terminó en una acción legal que podría paralizar la obra antes de que arranque

Por: Redacción

Este 13 de mayo, la asociación civil Cambio de Ruta presentó un escrito dentro del amparo indirecto 729/2018-VI ante el Juzgado Octavo de Distrito para obligar al diputado local Cuauhtli Fernando Badillo Moreno a acreditar una inversión federal de entre 16 y 18 millones de pesos para el saneamiento de la Presa San José.

La acción tiene precedente: la misma organización ya paralizó con amparos la rehabilitación del Parque de Morales, cuestionó la operación del parque acuático Dinoasis y se ha opuesto sistemáticamente a varias obras tanto del estado como de la capital.

En esta ocasión el amparo exige que Badillo, el Congreso del Estado y la Comisión Nacional del Agua (Conagua) entreguen los documentos que avalen el proyecto: gestiones realizadas, nombres de los servidores públicos involucrados, origen de los fondos, calendario de ejecución y constancia de que la inversión está formalmente autorizada mediante anexos técnicos y dictámenes. Si el juzgado emite el requerimiento y los documentos no existen o no se presentan, el proyecto quedaría suspendido.

El conflicto estalló el 11 de mayo, cuando Badillo, diputado de Morena, anunció públicamente que la Conagua ya aprobó una intervención al embalse que contempla la limpieza de lirio acuático, mantenimiento del cárcamo y rehabilitación de la planta tratadora. Ese mismo día, el presidente municipal Enrique Galindo Ceballos informó que desconocía la iniciativa y que la Conagua tampoco le supo dar detalles. El 13 de mayo, el director de la Comisión Estatal del Agua (CEA), Pascual Martínez Sánchez, confirmó que su dependencia tampoco cuenta con información oficial sobre los recursos.

Badillo justificó que el municipio no fue notificado porque el proyecto se ejecutará exclusivamente entre el gobierno estatal y la federación. Galindo Ceballos dijo estar dispuesto a colaborar una vez que la Conagua oficialice la información, y advirtió que el retiro del lirio acuático no es una decisión menor: estudios del Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica (IPICYT) indican que esa planta retiene actualmente metales pesados en el agua del embalse.

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Estado

Caen exportaciones por aranceles de Trump: Sedarh

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El secretario Jorge Luis Díaz reveló que han tenido que buscar diversificar las exportaciones concretando acuerdos con países como Japón

Por: Redacción

Jorge Luis Díaz Salinas, titular de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Recursos Hidráulicos (Sedarh), reconoció que las exportaciones potosinas atraviesan un momento crítico, pues se han visto fuertemente afectadas por el incremento en los aranceles establecidos por Estados Unidos.

Señaló que si bien las tarifas varían según el producto, los nuevos impuestos pueden ir desde el 12 hasta el 15%, lo cual representa un duro golpe para las economías de los productores agrícolas, causando la quiebra de varios.

Asimismo, comentó que el miedo no solo se ha generado en los comerciantes mexicanos, sino que también los importadores estadounidenses se empiezan a mostrar reacios para adquirir las mercancías mexicanas ante las amenazas del presidente Donald Trump.

Añadió que los mexicanos que se encuentran en territorio yankee también tienen temor a las feroces estrategias de deportación

de la administración trumpista, por lo que ya no salen a trabajar y comprar, lo que reduce el consumo

Ante esta situación, Díaz Salinas reveló que han intentado diversificar las exportaciones con el fin de poder subsistir a pesar de las trabas norteamericanas, lo cual ha sido muy complejo ya que Estados Unidos representaba el principal comprador para la mayoría de los agricultores.

A pesar de ello, han logrado importantes acuerdos comerciales con países como Japón, con quienes han establecido una red de exportación de productos como pepino para poder mantener a flote a los invernaderos.

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Opinión

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