Estado
La gente no tiene ni para pagar un cubrebocas menos una multa: diputada
Angélica Mendoza dijo que antes de imponer multas, se debe tomar en cuenta la situación económica que genera la pandemia
Por: Redacción
Los integrantes de la Comisión de Salud y Asistencia Social del Congreso del Estado, sostuvieron una mesa de trabajo por la vía virtual con el presidente de la Coparmex y abogados que presentaron una iniciativa que plantea emitir y promulgar la Ley de Protección de las Personas contra enfermedades de Transmisión por Vías Aéreas y Similares del Estado.
La presidenta de la comisión, Angélica Mendoza Camacho, dijo que “es imperante que todas las personas cuenten con cubrebocas y medios de protección, pero antes de imponer multas, se debe tomar en cuenta la situación económica generada por la pandemia que ha colocado a muchos potosinos en situación de desempleo”.
Añadió que “muchos potosinos deben priorizar la compra de canasta básica antes de la compra de cubrebocas, por lo que sería gravoso imponer sanciones pecuniarias a quién no lo esté usando, pero como medida de protección si se les podrá negar el acceso a lugares públicos a personas que no lo usen”.
El propósito de la iniciativa es proteger la salud de las personas por causa de fuerza mayor ocaso fortuito, así como por epidemias, pandemias y cualquier otra situación de índole sanitaria y/o de ora naturaleza a través de la obligatoriedad del uso de barras de protección –caretas, lentes, cubrebocas o similares que cumplan los requisitos de la OMS-.
La iniciativa propone que sea obligatorio el uso de una barrera de protección para proteger la salud de las personas que se encuentren en el territorio del estado en lugares como instituciones públicas de gobierno, dependencias, espacios y sitios de acceso público, vía pública, instituciones y planteles educativos del sector púbico y privado, así como autónomos, transporte público, plazas, centros comerciales, tiendas departamentales, entre otros.
Propone sanciones administrativas en tres formas: retirar a la persona de los lugares descritos por medio del personal verificador con auxilio de las corporaciones estatales y/o municipales, multa y clausura temporal o definitiva. De dos a cinco veces la unidad de medina de actualización, será la multa para la persona reincidente. 
El presidente de la Coparmex, Julio César Galindo Pérez, reconoció la apertura de los legisladores para escuchar a los proponentes y la responsabilidad que demuestran en este tema de gran importancia; destacó la necesidad de desarrollar estrategias consensuadas y responsables para salvar el principal activo que es la vida de las personas.
Los abogados Francisco Iram Atala Dewey, Beatriz Aguilera e Iran González Zúñiga detallaron a los diputados la iniciativa que presentaron, con la finalidad de proteger la vida y como un ejercicio de coercibilidad más que recaudatorio, ante la situación que se vive por la pandemia de covid-19.
Las legisladora Angélica Mendoza y Vianey Montes fijaron su postura en contra de que se cobren multas a los ciudadanos “que no tienen ni para comprar un cubrebocas menos para pagar multas”; los reincidentes, en todo caso, podrían tener penas de trabajo comunitario.
Los diputados Cándido Ochoa Rojas, Patricia Silva Celis y Ricardo Villarreal Loo dijeron que hay decisiones que se deben tomar a favor de la salud general, pero es necesario analizar a fondo el ordenamiento, cada uno de los planteamientos y corregir lo que sea necesario.
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Se busca que instituciones públicas y organismos autónomos, promuevan la inclusión laboral de personas parte de la comunidad LGBTTTIQ+
Por: Redacción
La diputada Frinné Azuara Yarzábal, propuso una iniciativa para modificar diversas disposiciones de la Ley de los Trabajadores al Servicio de las Instituciones Públicas; de la Ley para el Desarrollo Económico Sustentable y la Competitividad y de la Ley Orgánica de la Administración Pública, con el objetivo de promover la inclusión laboral de personas LGBTTTIQ+.
La iniciativa se presentó en conjunto con los diputados Héctor Serrano, Cuauhtli Badillo y Marco Antonio Gama.
Con estas modificaciones, se busca que las instituciones públicas estatales y municipales, así como los organismos autónomos, promuevan la inclusión laboral con personas que se identifiquen como parte de la comunidad LGBTTTIQ+
En su exposición de motivos, la legisladora señala que la población LGBTTTIQ+ enfrenta barreras estructurales para acceder al empleo formal, especialmente en sectores públicos y privados que carecen de políticas de inclusión. Por ello esta iniciativa busca promover acciones afirmativas para fomentar la inclusión laboral estas personas, como medida de reparación histórica y garantía de igualdad sustantiva.
La autopista San Luis–Matehuala contempla 118.4 k de altas especificaciones, cuatro carriles y una inversión estimada superior a 20 mil mdp
Por: Redacción
Ricardo Gallardo Cardona, dio a conocer que avanza el proyecto carretero más grande que actualmente se construye en México, integrado por las nuevas autopistas San Luis–Matehuala y San Luis–Querétaro, dos obras que transformarán la movilidad, la logística y el desarrollo económico de la entidad.
La autopista San Luis–Matehuala contempla 118.4 kilómetros de altas especificaciones, cuatro carriles y una inversión estimada superior a 20 mil millones de pesos; el proyecto incluye los entronques a Villa de Arista, El Pe yote y Matehuala
De manera paralela, avanza la primera etapa de la autopista San Luis–Querétaro, desarrollada con inversión privada superior a 20 mil millones de pesos por parte de Grupo Meta, empresa perteneciente a Grupo Valoran. Esta nueva vía ofrecerá una alternativa moderna a la carretera 57, agilizará el tránsito de vehículos particulares y de carga, conectando con mayor eficiencia a San Luis Potosí con Querétaro y el corredor industrial del Bajío.
Torres Sánchez informó que cada una de las familias recibirá un millón de pesos y una vivienda, además de las indemnizaciones de ley
Por: Redacción
El secretario general de Gobierno, J. Guadalupe Torres Sánchez, lamentó profundamente el fallecimiento de los tres elementos de seguridad y expresó su solidaridad con sus familias y compañeros y afirmó que el hecho no quedará impune y que la autoridad investigadora ya realiza las diligencias para identificar y detener a todos los responsables; desde las primeras acciones fue detenida una persona presuntamente involucrada y las investigaciones continuarán sin tregua ni amedrentamientos.
Torres Sánchez informó que cada una de las familias recibirá un millón de pesos y una vivienda, además de las indemnizaciones, prestaciones y derechos establecidos por la ley. “Las familias de nuestros compañeros no quedarán en el desamparo; tendrán el respaldo permanente del Gobierno del Estado y recibirán todo lo que legalmente les corresponde, además de estos beneficios extraordinarios”, expresó.
El funcionario destacó que el Gobierno encabezado por Ricardo Gallardo Cardona actúa con carácter humano y reconoce el valor de quienes arriesgan su vida para proteger a la población, señaló que el manejo responsable de los recursos públicos ha permitido ampliar la protección económica y patrimonial de los elementos de seguridad y brindar mayores garantías a sus familias ante situaciones de esta naturaleza.
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