abril 18, 2026

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Estado

La gente no tiene ni para pagar un cubrebocas menos una multa: diputada

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Angélica Mendoza dijo que antes de imponer multas, se debe tomar en cuenta la situación económica que genera la pandemia

Por: Redacción

Los integrantes de la Comisión de Salud y Asistencia Social del Congreso del Estado, sostuvieron una mesa de trabajo por la vía virtual con el presidente de la Coparmex y abogados que presentaron una iniciativa que plantea emitir y promulgar la Ley de Protección de las Personas contra enfermedades de Transmisión por Vías Aéreas y Similares del Estado.

La presidenta de la comisión, Angélica Mendoza Camacho, dijo que “es imperante que todas las personas cuenten con cubrebocas y medios de protección, pero antes de imponer multas, se debe tomar en cuenta la situación económica generada por la pandemia que ha colocado a muchos potosinos en situación de desempleo”.

Añadió que “muchos potosinos deben priorizar la compra de canasta básica antes de la compra de cubrebocas, por lo que sería gravoso imponer sanciones pecuniarias a quién no lo esté usando, pero como medida de protección si se les podrá negar el acceso a lugares públicos a personas que no lo usen”.

El propósito de la iniciativa es proteger la salud de las personas por causa de fuerza mayor ocaso fortuito, así como por epidemias, pandemias y cualquier otra situación de índole sanitaria y/o de ora naturaleza a través de la obligatoriedad del uso de barras de protección –caretas, lentes, cubrebocas o similares que cumplan los requisitos de la OMS-.

La iniciativa propone que sea obligatorio el uso de una barrera de protección para proteger la salud de las personas que se encuentren en el territorio del estado en lugares como instituciones públicas de gobierno, dependencias, espacios y sitios de acceso público, vía pública, instituciones y planteles educativos del sector púbico y privado, así como autónomos, transporte público, plazas, centros comerciales, tiendas departamentales, entre otros.

Propone sanciones administrativas en tres formas: retirar a la persona de los lugares descritos por medio del personal verificador con auxilio de las corporaciones estatales y/o municipales, multa y clausura temporal o definitiva. De dos a cinco veces la unidad de medina de actualización, será la multa para la persona reincidente.

El presidente de la Coparmex, Julio César Galindo Pérez, reconoció la apertura de los legisladores para escuchar a los proponentes y la responsabilidad que demuestran en este tema de gran importancia; destacó la necesidad de desarrollar estrategias consensuadas y responsables para salvar el principal activo que es la vida de las personas.

Los abogados Francisco Iram Atala Dewey, Beatriz Aguilera e Iran González Zúñiga detallaron a los diputados la iniciativa que presentaron, con la finalidad de proteger la vida y como un ejercicio de coercibilidad más que recaudatorio, ante la situación que se vive por la pandemia de covid-19.

Las legisladora Angélica Mendoza y Vianey Montes fijaron su postura en contra de que se cobren multas a los ciudadanos “que no tienen ni para comprar un cubrebocas menos para pagar multas”; los reincidentes, en todo caso, podrían tener penas de trabajo comunitario.

Los diputados Cándido Ochoa Rojas, Patricia Silva Celis y Ricardo Villarreal Loo dijeron que hay decisiones que se deben tomar a favor de la salud general, pero es necesario analizar a fondo el ordenamiento, cada uno de los planteamientos y corregir lo que sea necesario.

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Estado

Inaceptable que ayuntamientos sigan teniendo observaciones: SGG

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J. Guadalupe Torres Sánchez denunció que los municipios “se ven mal” cuando registran estas inconsistencias

Por: Redacción

J. Guadalupe Torres Sánchez, secretario general de Gobierno, aseguró que es inexcusable que todavía existan gobiernos municipales que registren observaciones en cuanto al manejo de sus finanzas.

El secretario general señaló que estas son situaciones que cada ayuntamiento se debe encargar de resolver, ya que hasta “se ven mal” cuando andan denunciando o reportando sus inconsistencias.

Explicó que en los tiempos modernos existen muchos mecanismos y avances tecnológicos para facilitar estos procesos, así como para hacerlos más precisos en búsqueda de que no existan estos errores.

Añadió que desde el Gobierno del Estado tienen diversas certificaciones a disposición de los municipios, en especial para los funcionarios encargados de temas financieros y de administración.

Hace unas semanas, la Auditoría Superior de la Federación dio a conocer las conclusiones de sus revisiones de la cuenta pública de los ayuntamientos potosinos durante el ejercicio 2024.

El gobernador Ricardo Gallardo calificó de “desastrosos” estos resultados, asegurando que existen algunos municipios que arrojaron observaciones de hasta 40 millones de pesos en obras que nunca se realizaron.

No todos los órdenes registraron estas advertencias, pues algunos como el Gobierno del Estado, así los Ayuntamientos de San Luis Potosí y Villa de Pozos salieron limpios de estas evaluaciones.

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Estado

Buscan reducir impunidad para evasores de pensión alimentaria

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Las sanciones que se estarían manejando abarcarían de seis meses a tres años de prisión, así como una sanción de sesenta a 300 días del valor de la UMA

Por: Redacción

La diputada María Dolores Robles Chairez propuso una iniciativa para modificar el Código Penal del Estado de San Luis Potosí, a fin de cerrar los espacios de impunidad que permiten la evasión de responsabilidades alimentarias.

Propone establecer claramente que la persona que se coloque intencionalmente en estado de insolvencia con el objeto de eludir el cumplimiento de las obligaciones alimentarias que la ley determina, estaría cometiendo el delito de incumplimiento de las obligaciones de asistencia familiar.

Se considerará, salvo prueba en contrario, que existe dicha intención cuando el deudor, sin causa justificada, renuncie a su empleo o solicite licencia sin goce de sueldo, siendo éste su único o principal medio de obtener ingresos.

Habrá una sanción de seis meses a tres años de prisión y sanción pecuniaria de sesenta a 300 días del valor de la unidad de medida y actualización, a quien: durante un proceso judicial o existiendo una resolución firme, se enajene intencionalmente de manera parcial o total de sus bienes para eludir obligaciones alimentarias 

Asimismo, también se penalizará a quien, teniendo conocimiento de la obligación alimentaria o del proceso judicial en curso, ayude al deudor a ocultar bienes, acepte figurar como titular aparente de estos, o realice cualquier acto jurídico simulado con el fin de evitar que el deudor cumpla con sus obligaciones alimentarias.

La legisladora Robles Chairez señaló que, comúnmente los deudores alimentarios recurren a actos jurídicos y materiales que tienen como fin el desamparo del acreedor. Algunos ejemplos son la renuncia voluntaria a empleos estables, la solicitud de licencias sin goce de sueldo en periodos críticos de juicios familiares, y la transferencia de bienes a favor de terceros.

La iniciativa se turnó para su análisis a la Comisión Primera de Justicia.

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Ciudad

Refuerzan seguridad en escuelas de Villa de Pozos

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Estas acciones forman parte de una estrategia preventiva que busca reducir riesgos y fortalecer la cultura de la protección civil

 

Por: Redacción

Con el compromiso de garantizar entornos seguros para la comunidad estudiantil, luego del regreso a clases, la Dirección de Protección Civil de Villa de Pozos realizó durante esta semana una serie de inspecciones en distintos centros educativos del municipio, a fin de verificar que las instalaciones cumplan con las condiciones necesarias para la protección de alumnas, alumnos y personal docente.

El director de Protección Civil, Miguel Ángel Llanas Texon, informó que, durante estos recorridos, el personal especializado supervisó aspectos clave como rutas de evacuación, señalética, condiciones estructurales, extintores y protocolos de emergencia, para asegurar que cada plantel cuente con las condiciones adecuadas para el desarrollo seguro de sus actividades.

Llanas Texon, mencionó que estas acciones forman parte de una estrategia preventiva que busca reducir riesgos y fortalecer la cultura de la protección civil en escuelas de todos los niveles, por lo que se prioriza la seguridad de niñas, niños, docentes y personal administrativo, además se brindaron recomendaciones a las autoridades educativas para mejorar o reforzar ciertos aspectos para promover una respuesta oportuna ante cualquier eventualidad.

El funcionario municipal, destacó la importancia de mantener una vigilancia constante en los planteles; de igual manera, reiteró el compromiso de continuar con este tipo de inspecciones de manera periódica, con el fin de garantizar espacios educativos seguros y preparados ante cualquier situación de riesgo.

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