diciembre 12, 2025

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La CEEAV en SLP: 3 semanas de olvido, omisiones y revictimización

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CEEAV

Un grupo de víctimas tomaron las oficinas de la CEEAV desde hace tres semanas; pese a ello, las autoridades locales no han atendido el problema

Por: María José Puente Zavala

Víctimas de feminicidios, de intentos de homicidio, o de la desaparición de sus familiares, han tenido que poner en pausa desde procesos legales, pasando por solicitudes de medidas de protección o atención psicológica, pues la sede de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAV), ha sido tomada desde hace tres semanas por un grupo de víctimas que exigen atención del gobierno estatal que, pese al tiempo y la magnitud de las afectaciones colaterales, no han recibido.

En entrevista, una trabajadora del área de peritaje en la CEEAV, ha dicho a La Orquesta que hay casos de víctimas que no pueden seguir su curso, pues en el interior de la sede tomada, ubicada en Rayón 450, se encuentran herramientas necesarias para dar continuidad al tratamiento de cada caso.

“Hay algunas cuestiones en las que sí se puede atender (en otro lado) pero hay otras en las que se necesitan las herramientas de trabajo, las cuales se encuentran dentro de las oficinas de Rayón. En mi trabajo particular son pruebas psicológicas que aplico a las víctimas, con las que realizo dictámenes que son para su medio de defensa, a juicio, son las que ofrece la asesoría jurídica para que puedan servir como una prueba en un juicio oral”, declaró.

Pese a que la versión oficial del gobierno estatal ha sido que las víctimas están recibiendo atención en sedes alternas, la perito también apunta: “a mí sí me afecta y afecta a las personas que no tienen para un perito particular”; además, sobre las versión oficial apunta que, si bien es cierto que el servicio no está completamente paralizado, ello es porque no todos los usuarios acuden a las oficinas de Rayón, en la capital del estado”.

“Al interior del estado, las oficinas están abiertas, ellos están apoyando. Los de Rayón somos los que estamos en una contingencia y somos los que estamos tratando de atender lo más que se pueda”; además, calcula que, entre los dos turnos que laboran en esa sede, debe haber un total de noventa trabajadores que, desde hace tres semanas, no han podido presentarse a laborar de manera regular en su centro de trabajo.

“Se afecta el derecho a la atención de las otras víctimas”, lamentó la perito, quien además aportó otro dato alarmante: “En cuestión de autopsia psicológica, soy la única que las hago, aspectos criminológicos, también, aquí en el estado”; incluso, indica, ha tenido ya que cancelar citas con algunos usuarios, pues resulta imposible ofrecerles avances o atenderles de la forma que lo señalan los protocolos.

Un Juez ordenó a Carreras y a otras 5 autoridades atender de inmediato a las víctimas

Michel Hernández, de la organización civil Cambio Por San Luis, informó a La Orquesta que un grupo que ahora componen cerca de cien víctimas, ha pedido el apoyo del colectivo para ejercer presión sobre las autoridades y lograr que, al margen de la negociación con quienes impiden el acceso al recinto, este sea reabierto para permitir el acceso tanto de los trabajadores, como de los usuarios.

“Lo que las víctimas nos han denunciado es que se habilitaron algunas dependencias como la Fiscalía, el mismo Palacio de Gobierno y otros espacios para atender a las víctimas, pero la realidad es que no son los espacios adecuados para brindar la atención“.

Inclusive, los mismos asesores legales de la Comisión nos han mencionado que los tienen hacinados en una oficina de la Fiscalía y las condiciones no son las adecuadas para atender a una víctima de violación, a una víctima de feminicidio”.

La semana pasada, la asociación Fe y Esperanza promovió un amparo ante un juzgado federal contra actos de la autoridad responsable, en este caso, el gobernador Juan Manuel Carreras, como presidente del Sistema Estatal de Atención a Víctimas; y, además, solicitaron una reunión con el secretario general de Gobierno, Alejandro Leal Tovías.

Los activistas, aunque reconocen el rechazo de las víctimas afectadas sobre quienes mantienen la toma de la CEEAV, también reconocen que la responsabilidad de mediar en el caso y permitir que todos reciban atención es el gobierno estatal, en la figura de Alejandro Leal y el propio comisionado, Jorge Vega Arroyo.

“Es una postura del gobierno del estado que se nos hace cuestionable, irresponsable, que diga que no se ha interrumpido la atención. Nuestro cuestionamiento es hacia la misma Comisión Estatal de Atención a Víctimas, hacia el Gobierno del Estado, por no resolver esta situación”.

El activista también indicó que el amparo solicitado recibió, justo este lunes 2 de septiembre, una suspensión provisional que insta a las autoridades a que “continúen brindando a las víctimas la atención requerida y los beneficios que la ley les otorga por su calidad dentro de las instalaciones de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas o en el lugar que reglamentariamente dispongan para ello”.

En total, el documento señala como responsables de cumplir con el fallo al gobernador Juan Manuel Carreras; al secretario general de gobierno, Alejandro Leal Tovías; al titular de la CEEAV, Jorge Vega Arroyo; a Jaime Ernesto Pineda Arteaga, titular de la Secretaría de Seguridad Pública; y también a dos autoridades municipales: el propio Xavier Nava Palacios, alcalde capitalino; y Edgar Jiménez Arcadia, titular de la Policía Municipal en San Luis Potosí.

Michel Hernández Piña también informó que la petición hecha, hace una semana, al secretario general de gobierno, para concretar una cita, no ha sido respondida, lo que considera un acto de omisión que afecta, en primera instancia, a las víctimas que han denunciado no estar recibiendo el servicio que el estado debiera garantizarles.

El activista consideró que debe haber un acto de mediación por parte del gobierno carrerista y aclaró que no se sugiere, en modo alguno, el uso de la fuerza para retirar a quienes se manifiestan para exigir atención, sino que haya acercamiento y mesas de trabajo que faciliten negociaciones y, finalmente, un acuerdo; sin que por ello, quienes reciben atención en la sede de Rayón, se sigan viendo afectados.

De no recibir respuesta, anticipó, el gobierno estatal sería acusado ante otras instancias a nivel nacional por incurrir en desacato y, sobre todo, por ignorar un caso que, a tres semanas, solo ha traído afectaciones a quienes ya han sido víctimas de la incidencia delictiva que azota a la entidad potosina.

También lee: Diputados reprueban a Pineda; lamentan que minimice feminicidios

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Unicornio trasquilado | Apuntes de Jorge Saldaña

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APUNTES

Culto Público: los animales mitológicos tienen algo en común: todos fueron creados para explicar un castigo. El dragón que arrasa pueblos por orgullo, la sirena que encanta para hundir barcos, el unicornio que se pierde por no saber dónde pisa

La UASLP, ese unicornio institucional que se cree intocable, y creyó invencible, acaba de descubrir que la política no cree en seres fantásticos. El Congreso, en lugar de domarlo y admirarlo con sabiduría, decidió arrancarle el rin colorido a tijeretazos.

Porque la UASLP cruzó por todo en este año: una crisis interna por una violación en una facultad, edificios tomados, manos externas metiendo ruido, paros, la ciudad paralizada y, por si algo faltaba, un adeudo estatal que se prolongó lo suficiente como para poner en terapia intensiva su estabilidad financiera.

Aun así, el unicornio resistió. Lo que no resistió —o no quiso resistir— fue la tentación de la soberbia.

La institución respondió al conflicto de los 206 millones adeudados con entereza (iba a poner con “gallardía” pero podría confundirse el apellido con el sustantivo) y ganó la batalla a costa del relato.

En todo el camino, no sumó aliados, sino enemigos: altivez frente al Congreso y constantes insinuaciones de pureza moral frente a la corrupción ajena, y un aislamiento que yo he descrito —con toda intención poética y política— como la isla de Cuba académica: orgullosa, autosuficiente en el discurso, y convencida de que todo aquel que no viva dentro de sus fronteras es un tonto, un corrupto o un vendido.

Hasta que llegó hoy la votación del Presupuesto 2026.

El Ejecutivo había propuesto 506 millones para la Máxima Casa de Estudios, con lo que podría comprometerse a firmar, la primera semana del año que viene, el convenio federal–estatal que permite a la Universidad respirar sin sobresaltos, sin embargo,  la Comisión de Hacienda decidió otra cosa: ¿Cuáles 506 millones? 320 millones y un casi, casi “y di que te fue bien”.

Hace unas horas el Pleno del Congreso lo aprobó junto a todo el paquete económico enviado por el ejecutivo sin oposición (una abstención aislada no pinta).

En el caso UASLP, el recorte de 186 millones de pesos representa una estocada política que no requiere demasiada hermenéutica.

El unicornio sintió el golpe aunque se resistan a aceptarlo (nunca lo harán, acudirán al rol de víctimas del imperio…y puede que tengan razón). 

Pero ojo, no es que nuestra Máxima Casa de Estudios no tenga argumentos —la autonomía universitaria merece respeto y la ciencia pública debería ser una prioridad del Estado— pero ¿Quién defendió a la Uni ante el tijeretazo presupuestal?

Hay que recordar que después de plantones cruzados, mensajes altaneros y una narrativa de “nosotros sí sabemos, ustedes solo firman”, la Universidad descubrió que las instituciones también pagan facturas… y que los diputados cobran sin contemplaciones los agravios.

Pero aquí es donde el análisis debe elevarse por encima del enojo y de los egos heridos: los diputados pueden sentirse agraviados, y con razón; pero legislar desde la víscera siempre dejará daños colaterales.

Y esos daños no los paga ni el rector, ni los legisladores, ni los pleitos entre poderes: los paga la comunidad estudiantil, docentes, investigadores, trabajadores… 30 mil personas que no tienen culpa de la coreografía de soberbias entre Rectoría y Congreso.

Lo del recorte oficializado a 25 votos a favor, no debería celebrarse por nadie. Ni por quienes sienten que “ya pusieron en su lugar” al unicornio. Ni por quienes creen que el recorte les permitirá instalar una narrativa de victimización heroica.

Porque a estas alturas, lo único claro es que todos se equivocaron.

La Universidad se equivocó al suponer que la autonomía es un blindaje moral absoluto, cuando en realidad es una responsabilidad que exige diálogo, transparencia y mesura política.

El Congreso se equivocó al responder con tijera en mano a un conflicto personal (ah esa bella y caprichosa condición humana) que debió resolverse con inteligencia institucional, diplomacia, dialogo y apertura, no con revancha presupuestal.

Y el Gobierno del Estado —quizá sin querer— empieza a asomarse a un precipicio propio: el de tropezar con la misma piedra del año pasado. Porque hoy tiene aprobados 320 millones, pero en enero la Federación enviará —como es regla— un convenio para firmar por más de 506 millones.

Si gobierno lo firma, vuelve a quedar descuadrado su propio presupuesto. Si no lo firma, abre un frente innecesario con la presidenta Claudia Sheinbaum, justo en un 2026 donde Morena y el Verde necesitan parecer aliados… aunque localmente anden del chongo.

Decirle que no a la presidenta, lo mismo en un convenio que en una reunión (como a la que convocó éste día al gobernador Gallardo) no es un tema simple.

Total que entre unos y otros olvidaron lo esencial: La educación pública es un asunto de Estado, no un concurso de a ver quién parpadea más rápido.

Y aquí es donde conviene recordar y aplicar esa cartulina que apareció en la Facultad de Medicina durante el intento de tumbar al rector, pero adecuada al legislativo “Los diputados pueden ser pendejos… pero son nuestros pendejos (y los únicos que tenemos)”. Tienen la facultad y la usaron.

La frase, además de brutal, encierra una pedagogía política: uno puede criticar con severidad a sus instituciones, pero defenderlas cuando están bajo ataque, y los diputados pues… también se defendieron.

Entre tanto, el gobernador podrá decir, con razón y facultades, que él envió la propuesta para la UASLP por los 506 millones necesarios.

Los diputados podrán decir, con razón y facultades, que al no recibir  información financiera suficiente (y haberse sentido “ninguneados”-esa es la verdad-) los 320 millones son la cantidad correcta para la institución.

La Universidad podrá decir, con razón y facultades, que el convenio con la Federación requiere otra cifra y que los 320 millones significa cometer un mismo error dos veces. (Les dirá tontos e irresponsables nuevamente).

Y sin embargo, al menos para quien esto escribe, todas esas razones juntas no construyen un camino, sino un pantano.

Porque si este año la crisis por 206 millones puso a la UASLP al borde del colapso, ¿qué ocurrirá con un déficit similar el próximo año, cuando ya no haya un adeudo por corregir? ¿Quién pondrá la diferencia? ¿El Estado? ¿El Congreso? ¿La Federación? ¿Santa Clausula de las emergencias?

¿O la comunidad universitaria tendrá que aprender a vivir al filo del impago como si fuera parte del plan de estudios?

El unicornio, siendo mitológico, se está desdibujando por la realidad: la autonomía no sirve de nada si no hay presupuesto para pagar, otra vez, la nómina de tarde o temprano.

Para deshacer el nudo se necesita menos soberbia y más alianzas lo mismo que menos revancha y más perspectiva histórica.

El Gobierno por su parte necesita mirar dos veces el camino, no vaya a ser que tropiece con la misma piedra… y esta vez las implicaciones alcancen otras pistas.

Ni modo, por el momento no hay marcha atrás. El presupuesto está aprobado y no hay milagro navideño que pueda modificarlo.  

La UASLP sobrevivirá. No hay duda. La pregunta es ¿Cómo? ¿Alcanzará la magia del Unicornio para que la federación ponga la diferencia localmente recortada?

Para rematar, Culto Público, en este pleito de instituciones agraviadas, realidades humanas y tableros confusos, el único que no ha dicho palabra es también el único que importa: el estudiante que solo quiere estudiar y no entender por qué la política mueve el piso bajo sus pies cada diciembre. 

Pero no crean que por no hablar, no entienden, y por experiencia sabemos que cuando ellos hablan…hablan fuerte.

Hasta la próxima. Yo soy Jorge Saldaña.

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Sí se busca remover a todos los concejales de Villa de Pozos: Serrano

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El legislador explicó que la remoción sería un procedimiento natural del Congreso, la presidenta Patricia Aradillas permanecería en el cargo

Por: Cristian Betancourt

El diputado local Héctor Serrano confirmó que existe la intención de remover a los concejales de Villa de Pozos, también precisó que este proceso se realizaría de la misma forma en que fueron designados, como la establece el marco legal y los transitorios aprobados.

En entrevista, Serrano explicó que la facultad de retirar a los integrantes del concejo municipal recae en el Congreso, el cual debe seguir el procedimiento formal a tráves de un acuerdo con la Junta de Coordinación Política (Jucopo)

y después someter la decisión a votación del Pleno.

Serrano fue enfático al señalar que la presidenta Patricia Aradillas no está contemplada dentro de los cambios, pues la revisión se centra en 14 concejales.

Finalmente, el legislador reconoció que la agenda se encuentra “apretada”, pero reiteró su compromiso de informar con claridad la información.

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El IMSS SLP dejó expirar millones de pesos en medicamentos

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Vacunas reetiquetadas. Tratamientos para cáncer, diálisis e hipertensión abandonados en un almacén del IMSS en la capital

Por: Redacción

En el almacén delegacional del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en San Luis Potosí —ubicado en Avenida de los Conventos 107— quedaron abandonados cientos de medicamentos y vacunas que nunca llegaron a los pacientes, pese a que muchos de ellos dependen de estos insumos para sobrevivir.

De acuerdo con Fuerza Informativa Azteca, documentos muestran que más de 30 millones de pesos en fármacos caducaron en este espacio sin haber sido distribuidos.

El caso más grave corresponde al medicamento Ribociclib, utilizado en el tratamiento de cáncer de mama: 196 piezas, valuadas en casi 5 millones de pesos, fueron dejadas vencer. A ello se suman 8 mil 400 piezas de Sevelamero, empleado para pacientes en diálisis, con un valor cercano a 9 millones de pesos, y 371 mil piezas de Irbesartán, recetado para la hipertensión arterial, cuyo costo asciende a 17 millones de pesos. Ninguno fue entregado a tiempo.

Personal del IMSS denunció que la problemática también afecta a las vacunas. Las cajas vacías regresan a los almacenes, donde —según los testimonios— se reetiquetan y rellenan con dosis caducadas o próximas a vencer

, que luego se redistribuyen a unidades médicas sin una revisión minuciosa.

A esta situación se suma la polémica contratación, por adjudicación directa, de la empresa Medam, encargada de recolectar insumos caducos. Esta compañía fue clausurada previamente en Yucatán y Baja California Sur por el mal manejo de residuos biológicos y peligrosos. La Semarnat documentó que Medam vertía materiales contaminantes —incluidos medicamentos— que terminaron afectando ríos y mantos acuíferos.

El almacén, que debería ser el punto de distribución para todas las unidades del IMSS e IMSS-Bienestar en San Luis Potosí, se convirtió en un depósito donde tratamientos esenciales jamás llegaron a quienes los necesitaban, dejando a pacientes con cáncer, insuficiencia renal e hipertensión sin alternativas y evidencia de un grave desorden administrativo.

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