septiembre 13, 2025

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La CEEAV en SLP: 3 semanas de olvido, omisiones y revictimización

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CEEAV

Un grupo de víctimas tomaron las oficinas de la CEEAV desde hace tres semanas; pese a ello, las autoridades locales no han atendido el problema

Por: María José Puente Zavala

Víctimas de feminicidios, de intentos de homicidio, o de la desaparición de sus familiares, han tenido que poner en pausa desde procesos legales, pasando por solicitudes de medidas de protección o atención psicológica, pues la sede de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAV), ha sido tomada desde hace tres semanas por un grupo de víctimas que exigen atención del gobierno estatal que, pese al tiempo y la magnitud de las afectaciones colaterales, no han recibido.

En entrevista, una trabajadora del área de peritaje en la CEEAV, ha dicho a La Orquesta que hay casos de víctimas que no pueden seguir su curso, pues en el interior de la sede tomada, ubicada en Rayón 450, se encuentran herramientas necesarias para dar continuidad al tratamiento de cada caso.

“Hay algunas cuestiones en las que sí se puede atender (en otro lado) pero hay otras en las que se necesitan las herramientas de trabajo, las cuales se encuentran dentro de las oficinas de Rayón. En mi trabajo particular son pruebas psicológicas que aplico a las víctimas, con las que realizo dictámenes que son para su medio de defensa, a juicio, son las que ofrece la asesoría jurídica para que puedan servir como una prueba en un juicio oral”, declaró.

Pese a que la versión oficial del gobierno estatal ha sido que las víctimas están recibiendo atención en sedes alternas, la perito también apunta: “a mí sí me afecta y afecta a las personas que no tienen para un perito particular”; además, sobre las versión oficial apunta que, si bien es cierto que el servicio no está completamente paralizado, ello es porque no todos los usuarios acuden a las oficinas de Rayón, en la capital del estado”.

“Al interior del estado, las oficinas están abiertas, ellos están apoyando. Los de Rayón somos los que estamos en una contingencia y somos los que estamos tratando de atender lo más que se pueda”; además, calcula que, entre los dos turnos que laboran en esa sede, debe haber un total de noventa trabajadores que, desde hace tres semanas, no han podido presentarse a laborar de manera regular en su centro de trabajo.

“Se afecta el derecho a la atención de las otras víctimas”, lamentó la perito, quien además aportó otro dato alarmante: “En cuestión de autopsia psicológica, soy la única que las hago, aspectos criminológicos, también, aquí en el estado”; incluso, indica, ha tenido ya que cancelar citas con algunos usuarios, pues resulta imposible ofrecerles avances o atenderles de la forma que lo señalan los protocolos.

Un Juez ordenó a Carreras y a otras 5 autoridades atender de inmediato a las víctimas

Michel Hernández, de la organización civil Cambio Por San Luis, informó a La Orquesta que un grupo que ahora componen cerca de cien víctimas, ha pedido el apoyo del colectivo para ejercer presión sobre las autoridades y lograr que, al margen de la negociación con quienes impiden el acceso al recinto, este sea reabierto para permitir el acceso tanto de los trabajadores, como de los usuarios.

“Lo que las víctimas nos han denunciado es que se habilitaron algunas dependencias como la Fiscalía, el mismo Palacio de Gobierno y otros espacios para atender a las víctimas, pero la realidad es que no son los espacios adecuados para brindar la atención“.

Inclusive, los mismos asesores legales de la Comisión nos han mencionado que los tienen hacinados en una oficina de la Fiscalía y las condiciones no son las adecuadas para atender a una víctima de violación, a una víctima de feminicidio”.

La semana pasada, la asociación Fe y Esperanza promovió un amparo ante un juzgado federal contra actos de la autoridad responsable, en este caso, el gobernador Juan Manuel Carreras, como presidente del Sistema Estatal de Atención a Víctimas; y, además, solicitaron una reunión con el secretario general de Gobierno, Alejandro Leal Tovías.

Los activistas, aunque reconocen el rechazo de las víctimas afectadas sobre quienes mantienen la toma de la CEEAV, también reconocen que la responsabilidad de mediar en el caso y permitir que todos reciban atención es el gobierno estatal, en la figura de Alejandro Leal y el propio comisionado, Jorge Vega Arroyo.

“Es una postura del gobierno del estado que se nos hace cuestionable, irresponsable, que diga que no se ha interrumpido la atención. Nuestro cuestionamiento es hacia la misma Comisión Estatal de Atención a Víctimas, hacia el Gobierno del Estado, por no resolver esta situación”.

El activista también indicó que el amparo solicitado recibió, justo este lunes 2 de septiembre, una suspensión provisional que insta a las autoridades a que “continúen brindando a las víctimas la atención requerida y los beneficios que la ley les otorga por su calidad dentro de las instalaciones de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas o en el lugar que reglamentariamente dispongan para ello”.

En total, el documento señala como responsables de cumplir con el fallo al gobernador Juan Manuel Carreras; al secretario general de gobierno, Alejandro Leal Tovías; al titular de la CEEAV, Jorge Vega Arroyo; a Jaime Ernesto Pineda Arteaga, titular de la Secretaría de Seguridad Pública; y también a dos autoridades municipales: el propio Xavier Nava Palacios, alcalde capitalino; y Edgar Jiménez Arcadia, titular de la Policía Municipal en San Luis Potosí.

Michel Hernández Piña también informó que la petición hecha, hace una semana, al secretario general de gobierno, para concretar una cita, no ha sido respondida, lo que considera un acto de omisión que afecta, en primera instancia, a las víctimas que han denunciado no estar recibiendo el servicio que el estado debiera garantizarles.

El activista consideró que debe haber un acto de mediación por parte del gobierno carrerista y aclaró que no se sugiere, en modo alguno, el uso de la fuerza para retirar a quienes se manifiestan para exigir atención, sino que haya acercamiento y mesas de trabajo que faciliten negociaciones y, finalmente, un acuerdo; sin que por ello, quienes reciben atención en la sede de Rayón, se sigan viendo afectados.

De no recibir respuesta, anticipó, el gobierno estatal sería acusado ante otras instancias a nivel nacional por incurrir en desacato y, sobre todo, por ignorar un caso que, a tres semanas, solo ha traído afectaciones a quienes ya han sido víctimas de la incidencia delictiva que azota a la entidad potosina.

También lee: Diputados reprueban a Pineda; lamentan que minimice feminicidios

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Gobierno y UASLP reconocen diferencias de “interpretación”, pero confían en acuerdo

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La universidad exige liquidez en 2025; pago en obra solo sería posible en ejercicios pasados y con autorización de la SEP

Por: Redacción

Las negociaciones para resolver la deuda que mantiene el Gobierno del Estado con la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) avanzan “por buen camino”, aseguraron tanto el rector Alejandro Zermeño Guerra como Ariana García Vidal, secretaria de Finanzas. Ambos reconocieron que las diferencias entre la institución y la administración estatal no han sido de fondo, sino producto de “problemas de interpretación”.

El rector explicó que la discrepancia surge en torno a las aportaciones estatales que complementan el convenio Federación-Estado, pues mientras los recursos federales llegan puntualmente a la universidad y se entregan de inmediato, existe una diferencia en la parte que corresponde al gobierno estatal.

“Ahí es donde tenemos la diferencia. La secretaria de Finanzas tenía un concepto, que ayer creo que quedó aclarado, de que se podía pagar en obra. No. Este año, el 2025, el recurso está perfectamente claro que tiene que ser en líquido”, sostuvo.

Zermeño advirtió que la universidad requiere recursos frescos para cubrir sus compromisos más inmediatos. “Tenemos considerado ese ingreso para poder concluir nuestras actividades de este año. De no resolverse antes de noviembre, tendríamos problemas para cubrir la nómina, los aguinaldos y otras obligaciones básicas”, señaló.

Por su parte, García Vidal defendió la postura del Gobierno del Estado al recordar que ha sido esta administración la única que ha incrementado año con año el presupuesto aprobado por el Congreso a la UASLP. Reconoció que las diferencias han sido en la manera de interpretar los convenios y en las posibilidades de cubrir adeudos con obra, pero insistió en que existe disposición y diálogo para encontrar una salida.

“Es un tema complicado de interpretación, pero la negociación va por buen camino”, afirmó.

La funcionaria también expresó que la universidad mantiene un prestigio invaluable para San Luis Potosí, por lo que el gobierno no dejará solos a los estudiantes. Sin embargo, calificó como lamentables algunas declaraciones mediáticas que, a su juicio, han puesto en entredicho el esfuerzo realizado por la administración estatal.

Tanto el rector como la funcionaria coincidieron en que el mecanismo para resolver la situación debe ser el diálogo, descartando la ruta de las manifestaciones o confrontaciones. “Somos una institución educativa y tenemos que mostrar a la sociedad que sabemos resolver los problemas con inteligencia”, enfatizó Zermeño.

El plazo es claro: si en noviembre no se concreta una solución en torno a la liquidez, la universidad se vería en aprietos para continuar sus operaciones. Mientras tanto, las mesas de negociación siguen abiertas, con la promesa de que, ahora sí, los malentendidos de “interpretación” no se interpongan en la solución definitiva.

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Por falta de recursos, proyectos federales no ven la luz en SLP

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El gobernador Ricardo Gallardo indicó que se ha intervenido desde el estado en obras de infraestructura como caminos y carreteras

Por: Redacción

Ricardo Gallardo Cardona, gobernador de San Luis Potosí, reconoció que el primer año del gobierno federal encabezado por Claudia Sheinbaum ha sido complicado en términos de inversión para la entidad potosina, ya que hasta el momento no se ha iniciado ningún proyecto de la Federación en el estado.

Señaló que el flujo de recursos desde el Gobierno Federal ha sido limitado, lo que ha afectado la ejecución de proyectos en territorio potosino. Ante ello, aseguró que el gobierno estatal ha asumido proyectos de infraestructura que le corresponden a la Federación, con recursos propios.

“Hoy todavía no tenemos un proyecto federal que esté arrancando. Ya tenemos varios listos para 2026, pero era normal que en el primer año llegues y te acomodes; no hay la lana como para llegar a empezar a hacer, lo entendemos. Por eso hemos tenido mucha paciencia”

, declaró el mandatario.

Gallardo explicó que su administración ya ha comenzado a ejecutar obras estratégicas, como la Vía Alterna a la Zona Industrial, que actualmente beneficia a más de 300 mil trabajadores en la zona metropolitana. “Se acortó el tiempo de más de 1 hora 20 minutos a ir a trabajar a media hora. Ya tenemos un flujo en la vía alterna de 2 mil vehículos cada hora al día de hoy”, afirmó.

A pesar de los avances, el gobernador pidió comprensión a la ciudadanía, al asegurar que aún queda mucho por hacer: “Las obras están funcionando, están jalando, y como les digo, falta mucho por hacer, pero que nos tengan poquito paciencia porque lo vamos a hacer”.

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Responsable de caso Nayeli Alfaro no quedará libre: asegura FGESLP

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La fiscal García Cazares indicó que los retrasos en el caso se deben a recursos de la defensa; rechazó que el caso esté “atorado”

Por: Redacción

María Manuela García Cázares, titular de la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP), respondió sobre el estado del caso de Na yeli Alfaro Silva, joven fisicoculturista víctima de feminicidio en 2022

, cuyo presunto responsable —Uriel “N”, pareja de la víctima— fue detenido hace tres años.

La funcionaria rechazó que el caso esté “atorado”, como señalan representantes legales de la familia de Alfaro, y explicó que los retrasos obedecen a recursos legales interpuestos por la defensa del acusado.

“La ley permite que los actos se puedan ampliar dentro del proceso. La Fiscalía tiene que esperar los tiempos para que las partes promuevan amparos y éstos se resuelvan, para poder llegar a una conclusión en el caso”, señaló García Cázares.

La fiscal recalcó que no existe riesgo de que el presunto feminicida quede en libertad, pues los recursos legales presentados no interrumpen la medida cautelar.

“De ninguna manera puede quedar libre. Son autos de defensa, pero no corren términos para que pueda seguir en libertad”, afirmó.

Finalmente, la titular de la FGESLP evitó dar una cifra sobre cuántos casos se encuentran bajo condiciones similares, pero aseguró que no son la mayoría.

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