septiembre 4, 2025

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La CEEAV en SLP: 3 semanas de olvido, omisiones y revictimización

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CEEAV

Un grupo de víctimas tomaron las oficinas de la CEEAV desde hace tres semanas; pese a ello, las autoridades locales no han atendido el problema

Por: María José Puente Zavala

Víctimas de feminicidios, de intentos de homicidio, o de la desaparición de sus familiares, han tenido que poner en pausa desde procesos legales, pasando por solicitudes de medidas de protección o atención psicológica, pues la sede de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAV), ha sido tomada desde hace tres semanas por un grupo de víctimas que exigen atención del gobierno estatal que, pese al tiempo y la magnitud de las afectaciones colaterales, no han recibido.

En entrevista, una trabajadora del área de peritaje en la CEEAV, ha dicho a La Orquesta que hay casos de víctimas que no pueden seguir su curso, pues en el interior de la sede tomada, ubicada en Rayón 450, se encuentran herramientas necesarias para dar continuidad al tratamiento de cada caso.

“Hay algunas cuestiones en las que sí se puede atender (en otro lado) pero hay otras en las que se necesitan las herramientas de trabajo, las cuales se encuentran dentro de las oficinas de Rayón. En mi trabajo particular son pruebas psicológicas que aplico a las víctimas, con las que realizo dictámenes que son para su medio de defensa, a juicio, son las que ofrece la asesoría jurídica para que puedan servir como una prueba en un juicio oral”, declaró.

Pese a que la versión oficial del gobierno estatal ha sido que las víctimas están recibiendo atención en sedes alternas, la perito también apunta: “a mí sí me afecta y afecta a las personas que no tienen para un perito particular”; además, sobre las versión oficial apunta que, si bien es cierto que el servicio no está completamente paralizado, ello es porque no todos los usuarios acuden a las oficinas de Rayón, en la capital del estado”.

“Al interior del estado, las oficinas están abiertas, ellos están apoyando. Los de Rayón somos los que estamos en una contingencia y somos los que estamos tratando de atender lo más que se pueda”; además, calcula que, entre los dos turnos que laboran en esa sede, debe haber un total de noventa trabajadores que, desde hace tres semanas, no han podido presentarse a laborar de manera regular en su centro de trabajo.

“Se afecta el derecho a la atención de las otras víctimas”, lamentó la perito, quien además aportó otro dato alarmante: “En cuestión de autopsia psicológica, soy la única que las hago, aspectos criminológicos, también, aquí en el estado”; incluso, indica, ha tenido ya que cancelar citas con algunos usuarios, pues resulta imposible ofrecerles avances o atenderles de la forma que lo señalan los protocolos.

Un Juez ordenó a Carreras y a otras 5 autoridades atender de inmediato a las víctimas

Michel Hernández, de la organización civil Cambio Por San Luis, informó a La Orquesta que un grupo que ahora componen cerca de cien víctimas, ha pedido el apoyo del colectivo para ejercer presión sobre las autoridades y lograr que, al margen de la negociación con quienes impiden el acceso al recinto, este sea reabierto para permitir el acceso tanto de los trabajadores, como de los usuarios.

“Lo que las víctimas nos han denunciado es que se habilitaron algunas dependencias como la Fiscalía, el mismo Palacio de Gobierno y otros espacios para atender a las víctimas, pero la realidad es que no son los espacios adecuados para brindar la atención“.

Inclusive, los mismos asesores legales de la Comisión nos han mencionado que los tienen hacinados en una oficina de la Fiscalía y las condiciones no son las adecuadas para atender a una víctima de violación, a una víctima de feminicidio”.

La semana pasada, la asociación Fe y Esperanza promovió un amparo ante un juzgado federal contra actos de la autoridad responsable, en este caso, el gobernador Juan Manuel Carreras, como presidente del Sistema Estatal de Atención a Víctimas; y, además, solicitaron una reunión con el secretario general de Gobierno, Alejandro Leal Tovías.

Los activistas, aunque reconocen el rechazo de las víctimas afectadas sobre quienes mantienen la toma de la CEEAV, también reconocen que la responsabilidad de mediar en el caso y permitir que todos reciban atención es el gobierno estatal, en la figura de Alejandro Leal y el propio comisionado, Jorge Vega Arroyo.

“Es una postura del gobierno del estado que se nos hace cuestionable, irresponsable, que diga que no se ha interrumpido la atención. Nuestro cuestionamiento es hacia la misma Comisión Estatal de Atención a Víctimas, hacia el Gobierno del Estado, por no resolver esta situación”.

El activista también indicó que el amparo solicitado recibió, justo este lunes 2 de septiembre, una suspensión provisional que insta a las autoridades a que “continúen brindando a las víctimas la atención requerida y los beneficios que la ley les otorga por su calidad dentro de las instalaciones de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas o en el lugar que reglamentariamente dispongan para ello”.

En total, el documento señala como responsables de cumplir con el fallo al gobernador Juan Manuel Carreras; al secretario general de gobierno, Alejandro Leal Tovías; al titular de la CEEAV, Jorge Vega Arroyo; a Jaime Ernesto Pineda Arteaga, titular de la Secretaría de Seguridad Pública; y también a dos autoridades municipales: el propio Xavier Nava Palacios, alcalde capitalino; y Edgar Jiménez Arcadia, titular de la Policía Municipal en San Luis Potosí.

Michel Hernández Piña también informó que la petición hecha, hace una semana, al secretario general de gobierno, para concretar una cita, no ha sido respondida, lo que considera un acto de omisión que afecta, en primera instancia, a las víctimas que han denunciado no estar recibiendo el servicio que el estado debiera garantizarles.

El activista consideró que debe haber un acto de mediación por parte del gobierno carrerista y aclaró que no se sugiere, en modo alguno, el uso de la fuerza para retirar a quienes se manifiestan para exigir atención, sino que haya acercamiento y mesas de trabajo que faciliten negociaciones y, finalmente, un acuerdo; sin que por ello, quienes reciben atención en la sede de Rayón, se sigan viendo afectados.

De no recibir respuesta, anticipó, el gobierno estatal sería acusado ante otras instancias a nivel nacional por incurrir en desacato y, sobre todo, por ignorar un caso que, a tres semanas, solo ha traído afectaciones a quienes ya han sido víctimas de la incidencia delictiva que azota a la entidad potosina.

También lee: Diputados reprueban a Pineda; lamentan que minimice feminicidios

#4 Tiempos

En nombre de la Iglesia, del IFSE y el espíritu santo | Apuntes de Jorge Saldaña

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APUNTES

Culto Público, hijos de la paja en el ojo ajeno:

“Al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios”

¿Qué hace el vocero de la iglesia, Tomás Cruz Perales, dando sermones de transparencia, cuando su iglesia y el Vaticano es una de las instituciones, primero más ricas, menos transparentes y menos democráticas del planeta?

El Vaticano como Estado, en realidad es pobre, sería la última economía del mundo si se mide por su nivel de ingresos, que de acuerdo al propio Estado Vaticano solo provienen de la venta de medallas, artículos para turistas y entradas a museos.

Por otro lado, su territorio y población es muy pequeña, por lo tanto para el nivel de ingresos, divididos entre tan pocas personas, tienen un Ingreso per cápita, de los más altos del mundo (hay poco más de 600 habitantes)

Los puristas me dirán que el Vaticano y la iglesia no tienen por qué dar cuentas a nadie (solo a Dios) porque no recibe ”recursos públicos” (aunque sí recibe donaciones millonarias principalmente de EEUU, Francia e Italia y que a ciencia cierta no se sabe el destino que se les da a cantidades multimillonarias).

Es cierto que construye hospitales, albergues, y universidades por todo el mundo, pero los números, el balance de sus ingresos jamás ha sido conocido.

Datos duros, plasmados en la Biblia son muy pocos: si acaso las 30 monedas de plata que recibió judas, y el denario que pagaba el propietario de una viña a sus trabajadores en la parábola conocida así, la de “los obreros de la viña”.

(Seguramente hay otras referencias económicas en las escrituras, pero de ahí en fuera, la institución humana, y por lo tanto imperfecta, llamada iglesia, jamás en su historia ha dado cuentas a nadie de sus números, no obstante que es de todos conocido que tiene una cantidad de recursos tan alta que ya quisieran muchas naciones)

Pero a ver, preguntemos:… ¿No son recursos públicos los que recibe la iglesia católica?

Todas las dádivas y donaciones vienen de sus feligreses, que de manera voluntaria -eso sí- aportan. Sin olvidar todo lo que cobran de manera “no tan voluntaria”, como actas bautismales, bodas, misas, amonestaciones, licencias y muchos “etcéteras”.

En todo caso no son recursos públicos técnicamente hablando, pero sí “del público”.

Lo más importante: ya sea con alcancías a los pies de un santo, en la canasta de las limosnas, o en los sobres del diezmo, todos esos recursos son “ingresos propios” o auto generados por la institución creada

, a solicitud expresa, por San Pedro.

Si la iglesia es así de opaca en el manejo de los recursos de sus “seguidores públicos”, ¿por qué entonces no propone el vocero potosino, en un acto de humildad, de transparencia y de dar al César lo que le corresponde, que el IFSE audite cada alcancía, diezmo y limosnas?

¿Qué se tiene que estar metiendo Cruz Perales con las demás instituciones cuando la propia tiene mucho que explicar, y no solo en temas económicos?

Ya nada más falta que la iglesia potosina también ayude al SAT y promueva auditorías a sus fieles seguidores…

Total, “el que nada debe, nada teme” y bajo esa lógica deberían de poner el ejemplo, y dejar de ver la paja en el ojo ajeno sin ver la viga en el propio.

De otra forma se comportan como fariseos, tomando posturas de tumbas blanqueadas.

Mire, Culto Público, que el que esto escribe reconoce que “peco de persignado” y soy temeroso del poder de Dios, no obstante y aunque me excomulgue la iglesia no puedo dejar de decir la verdad. No mentirás es mi octavo mandamiento.

La UASLP y el IFSE tienen su liturgia y mandamientos mundanos, cívicos y sin ninguna relación celestial, por lo tanto no se meta, señor vocero, en temas que no le incumben. Amén.

En otros temas, con la misma curiosidad, tenacidad, geometría analítica espacial, ciencia, cálculo y matemática con que se midió la asistencia a la Fenapo, se debería poner en tela de juicio los números de los costos de las obras que anuncian los gobiernos.

Es el caso del municipio bebé de Villa de Pozos, que presumió gastar 4 millones de pesos en 3 aulas de 6×8 metros cuadrados…

Precios por metro que solo en las zonas más lujosas de SLP se tienen.

Las aulas “inclusivas” que presume Pozos, que se sepa o se vea, no tienen tecnología acústica de primer nivel, ni sistemas en braille, ni grúas para la movilidad de personas con discapacidad. Tiene tres rampas y dos ventiladores.

Fue en la primaria José Mariano Jiménez, en Pozos, donde Teresa Rivera presumió la entrega de tres aulas “didácticas e inclusivas” de 6×8 metros, con una inversión de 4 millones de pesos. La cuenta no falla: 1.3 millones por aula, o casi 28 mil pesos el metro cuadrado. Ni los departamentos de Lomas cuestan tanto. La presidenta concejal presume “materiales de alta calidad” y rampas para hacerlo inclusivo, pero a ese precio uno esperaría butacas con calefacción, pizarras inteligentes o conexión satelital. La obra era necesaria, sí y va a beneficiar a medio millar de niños, pero la matemática es más clara que el discurso: el sobre precio es evidente.

Hasta la próxima.

Yo soy Jorge Saldaña.

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Ayuntamiento de SLP

“Andamos de pie”: comandante Villa continúa su labor pese a accidente

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El titular de la SSPC capitalina dijo que el responsable enfrenta un proceso judicial ante la Fiscalía de SLP; está concentrado en trabajar al frente de la corporación municipal

Por: Redacción

A casi dos meses de haber sido atropellado por un taxista en estado de ebriedad, Juan Antonio Villa Gutiérrez, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Ayuntamiento de San Luis Potosí (SSPCSLP), informó que continúa su recuperación física, mientras que el responsable enfrenta su proceso judicial luego de la denuncia interpuesta ante la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí.

Señaló que el conductor ya enfrenta un proceso legal y actualmente se encuentra en libertad, pero con la obligación de firmar cada 15 días como parte de las medidas cautelares. “El asunto ya está ante un juez. El taxista está bajo un proceso. Tengo entendido que ahorita están en la etapa de investigación”, explicó.

Villa Gutierrez aseguró estar de pie y comprometido con su labor,

luego de haber sido sometido a operaciones en ambas piernas, por lo que ahora desea dejar atrás ese episodio y concentrarse en las labores al frente de la corporación a su cargo.

Finalmente, Villa Gutiérrez agradeció la paciencia del alcalde Enrique Galindo Ceballos durante su ausencia de la SSPCSLP. Además, hizo un llamado a la responsabilidad tanto desde su posición como servidor público como desde la experiencia personal.

“Si lo veo como secretario, te puedo decir que nosotros estamos trabajando muy duro para que este tipo de cosas no sucedan. Si lo veo como ciudadano, obviamente me solidarizo con aquellas personas que de alguna manera han tenido un accidente de este tipo”.

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Destacadas

Desde 2023, SCT entregó expedientes de Metro Red a la FGESLP

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Araceli Martinez Acosta dijo que no se ha solicitado mayor información sobre irregularidades correspondientes a la administración pasada

Por: Redacción

Araceli Martínez Acosta, titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), confirmó que desde principios de 2023 la dependencia puso a disposición de la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP) todos los expedientes relacionados con la construcción y operación de la Metro Red en la administración anterior, señalada por un presunto desvío millonario de recursos.

Martínez Acosta detalló que en ese momento la FGE tuvo acceso completo a la documentación necesaria para integrar la carpeta de investigación, por lo que a la SCT no se le han solicitado nuevas pruebas o información adicional desde entonces.

“Ellos ya cuentan con todos los elementos y están trabajando en la integración de la carpeta”, aseguró la funcionaria, quien precisó que la Secretaría mantiene disposición para colaborar si se requiere más adelante.

La investigación sobre el uso de recursos en la entonces Metro Red continúa bajo la conducción de la Fiscalía, luego de denuncias sobre irregularidades en contratos y aplicación del presupuesto.

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Opinión

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