Ciudad
La asignación de obra en SLP: por dedazo y chueco
Ayuntamiento habría violado el artículo 94 de la Ley de Obras Públicas al otorgar contratos por más de 16 mdp, en la modalidad de asignación directa.
Por Redacción
De acuerdo a la información publicada por la propia administración municipal capitalina, el gobierno encabezado por Xavier Nava Palacios habría violado el artículo 94 de la Ley de Obras Públicas y el decreto 766, de obligatoria observación, al otorgar contratos por más de 16 millones de pesos, con cuatro constructores ligados al alcalde, obras por montos superiores a los que establece la ley en la modalidad de asignación directa.
Tras la publicación del artículo periodístico en que se consignó que en tres meses la administración no había licitado un solo metro cuadrado de obra pública, el gobierno municipal respondió con la publicación de una lista de más de 80 obras que actualmente ejecutan pero que, justificaron, no se licitaron o concursaron, sino que se asignaron a constructores de forma directa.
Son 80 obras que se encuentran actualmente en proceso dentro del territorio capitalino y cuentan en su conjunto con un techo financiero de 82 millones de pesos, de acuerdo a las declaraciones del propio alcalde.
Distribuida en un boletín informativo que envió la propia alcaldía, se consigna una entrevista del alcalde Nava Palacios en la que asegura que son “obras prioritarias” las que se están ejecutando y anunció que en la página de internet del municipio se encontraría el listado de la ubicación y monto de cada una de ellas.
Efectivamente, en su página de internet el municipio puso a disposición de los ciudadanos dicho listado, así como la modalidad en que fue asignada cada una de las obras. Las 80 inversiones coinciden en el mismo método: la adjudicación directa.
La Ley de Obras Públicas contempla esta figura de la asignación directa como una modalidad absolutamente legal para adjudicar a los constructores interesados la obra pública, siempre y cuando se ciña a los montos que determina el decreto del Ejecutivo del Estado para cada caso.
En San Luis Potosí, se encuentra vigente el decreto número 766, publicado en el Periódico Oficial del Estado el 14 de diciembre del año 2017, en el que se establecen dichos montos.
En la modalidad de adjudicación directa, los montos de la obra no podrán superar el millón 60 mil pesos más IVA, a partir de esta cantidad y hasta los 2 millones 980 mil pesos más se tendrá que usar la modalidad de “invitación restringida” y a partir de esa cantidad, toda la obra pública que implique mayores recursos tendrá que ser asignada a través de una licitación pública.
Acompañando al listado de obras, el municipio publicó también el decreto que lo inculpa, pues no consideraron que a simple vista, 27 de las obras anunciadas se exceden del monto legal para la adjudicación directa, si se considera a los montos publicados antes de sumarles el Impuesto al Valor Agregado.
La publicación municipal no fue precisa en informar si dichos montos contaban o no con el impuesto, por ello para fines periodísticos se consideró que dichos montos ya tienen IVA y por lo tanto son solamente cuatro las obras que se encuentran fuera de la ley.
La primera obra ilegal fue adjudicada a la constructora Quid SA de CV, a través del contrato MSLP-DOP-AD-32-2018, por un monto de 4 millones 628 mil 836 pesos, superando el tope legal de 3 millones 456 mil pesos, impuestos incluidos, que contempla la ley.

La tercera obra se la asignaron a la empresa Vialidades y Construcciones Torres SA de CV, también por exactamente 3 millones 903 mil 933 pesos y 49 centavos.
La última obra ilegal detectada corresponde a la asignada a Maquinaria y Rentas Potosinas SA de CV por 3 millones 903 mil 967 pesos y 71 centavos.
Esas cuatro obras, suman en su conjunto más de 16 millones de pesos, y llama la atención que las tres últimas fueron beneficiarias de prácticamente el mismo monto de 3 millones 903 mil 933 pesos con diferencia de centavos. Como si una obra de 11 millones se hubiera repartido a las empresas de las familias Muñiz Werge y Torres.
También lea: No hubo tiempo para licitar millones de pesos en obras, justifican navistas
Ayuntamiento de SLP
Botones de pánico en Zona Universitaria están activos: SSPC
El titular Juan Antonio Villa, informó que actualmente se encuentran activos más de 13 botones activos en la Zona Universitaria así como otra decena en algunas partes estratégicas del Centro Histórico como lo son los corredores estudiantiles
Por: Redacción
Juan Antonio Villa Gutiérrez, titular de la Secretaría de Seguridad Pública Ciudadana de la capital potosina aseguró en entrevista que desde el 2022 se trabaja en conjunto con la Federación Universitaria Potosina (FUP) y en días recientes se atendió la solicitud para rehabilitar y poner en funcionamiento los botones de pánico ubicados en los campus universitarios.
Villa Gutierrez informó ademas que los 13 botones de pánico ubicados en diferentes puntos de la zona universitaria están funcionando de manera correcta y que de los otros 10 botones instalados en la Zona Centro, algunos están recibiendo mantenimiento.
Además de esta herramienta, se cuenta con cámaras de vigilancia en dichas zonas que conectadas directamente al C4.
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Ciudad
SEGE ordena a escuelas permitir pants y ropa abrigadora en invierno
Torres Cedillo aclaró que el protocolo estatal autoriza cualquier prenda que proteja a los alumnos, tras el conflicto en la Ciriaco Cruz
Por: Cristian Betancourt
El titular de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado (SEGE), Juan Carlos Torres Cedillo, reiteró que ninguna escuela está autorizada a condicionar el uso de otra ropa diferente que no sea el uniforme deportivo.
El funcionario recordó que existe un protocolo que permite a los estudiantes asistir con pants, chamarras, sudaderas o cualquier prenda que les proteja del clima, sin que pueda ser motivo de sanciones o restricciones esto tras los hechos recientes sucedidos en la escuela Secundaria José Ciriaco Cruz: donde se reportó que los alumnos no podían usar uniforme deportivo.
Torres Cedillo informó que la SEGE ya tomó medidas respecto al caso de la secundaria Ciriaco Cruz, luego de comunicarse con el director del Sistema Educativo Estatal Regular (SEER) y advirtió que los directivos que incumplan la instrucción recibirán sanciones.
El secretario destacó que, hasta el momento no se han recibido más reportes de escuelas que limiten el uso de ropa abrigadora. También hizo un llamado a padres de familia y alumnos para que denuncien cualquier caso que les impide usar prendas para protegerse del frío.
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Ciudad
No hay huachicoleo en pozos públicos; Se vende agua ilegalmente de pozos privados: Galindo.
El alcalde señaló que algunos privados permiten entrar pipas para vender agua, lo cual es delito que no está dentro de sus facultades perseguir.
Por: Redacción
El alcalde de la capital, Enrique Galindo Ceballos, aclaró que en San Luis Potosí no existen pozos clandestinos en los términos en que se ha denunciado públicamente, sino una amplia red de pozos privados con concesión federal, cuyo número supera por mucho a los pozos públicos administrados por organismos operadores.
Galindo explicó que en la zona metropolitana —que incluye San Luis Potosí, Soledad, Villa de Pozos y Cerro de San Pedro— existen más de 1,200 concesiones de pozos privados, y de ese número, solo 140 pertenecen al sector público. “Eso representa apenas el 14% de toda el agua disponible”, señaló.
El alcalde subrayó que la confusión sobre el llamado huachicoleo del agua proviene de prácticas que se dan en estos pozos privados, que permiten la entrada de pipas para vender agua, lo cual constituye un delito, mismo que no corresponde a la autoridad municipal perseguirlo sino a las autoridades federales.
“Un hospital tiene pozo privado, hoteles tienen pozo privado, escuelas tienen pozo privado… Cuando ellos permiten que entren pipas para vender agua, están cometiendo un delito, sin embargo eso ya no corresponde a la autoridad municipal.
Galindo aclaró que el huachicol o sustracción clandestina de agua ocurre cuando el robo ocurre en pozos públicos o infraestructura pública para comercializar agua ilegalmente, lo cual sí es materia de investigación.
Finalmente, insistió en que perforar un pozo nuevo sin concesión no es algo que pueda ocurrir “de la nada”, pues implica trámites federales y supervisión de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).
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