#4 Tiempos
Justicia (transicional) | Columna de Víctor Meade C.
SIGAMOS DERECHO.
Quizás la definición más conocida de justicia es la que pronunció Ulpiano, jurisconsulto romano del siglo III. “La justicia es la perpetua y constante voluntad de dar a cada uno su derecho”, decía. Esta definición es en particular interesante, pues enlaza a la justicia con el concepto de derecho, distinta a las definiciones que le anteceden. Previo a Ulpiano, Cicerón ya delineaba la definición anterior afirmando que la justicia es “darle a cada quien lo suyo”. Varios siglos después de la definición dada por Ulpiano, Santo Tomás de Aquino precisó que la justicia no debe ser entendida como una serie de actos de voluntad, sino como un hábito firme. Por tanto, Aquino definió a la justicia como “el hábito según el cual uno, con constante y perpetua voluntad, da a cada cual su derecho”. Más cercano a nuestros días, en el siglo pasado, el abogado austriaco Hans Kelsen —cuyos aportes hoy son fundamentales para entender los sistemas jurídicos— optó por darle un giro al concepto de justicia y enlazarlo con la felicidad: “La justicia es la eterna aspiración del hombre a la felicidad en sociedad”.
Como todo concepto, complejo y con una serie de aristas que obligan a estudiarlo desde distintos ámbitos, la justicia es uno que en particular no ha logrado estricto consenso; hay tantas definiciones de justicia como personas.
Aunque resulte muchas veces difícil expresarlo en palabras, uno siempre tiene, al menos, una intuición infalible que nace en el estómago cuando algo no se considera justo.
Dada la amplitud y naturaleza del concepto, a la justicia no le han faltado apellidos. Para estudiar a la justicia, entonces, hay que estudiar también las distintas aplicaciones que esta puede tener. Por ejemplo, a la justicia distributiva, que tiene por objeto la repartición justa de los bienes entre los y las integrantes de una sociedad. Del mismo modo, en el plano nacional hace poco se estudió y trabajó en la justicia cotidiana, que esencialmente busca lograr que los conflictos del día a día y que requieren de una solución expedita no tengan que desahogarse mediante la tardada, costosa y para muchos inaccesible decisión de un tribunal, que además difícilmente pacifica de manera satisfactoria el conflicto para las partes involucradas.
La incontenible situación de violencia que se vive en el país y la presión generada por las organizaciones de la sociedad civil y colectivos de víctimas han colocado a la justicia transicional como tema urgente en la agenda pública.
En palabras de la Dra. Ana Laura Magaloni, la justicia transicional se trata de una serie de procesos de pacificación que permitan: i) conocer la verdad detrás de los fenómenos de violencia; ii) que haya mecanismos de reparación integral para las víctimas; iii) y que se establezcan instrumentos que garanticen la no repetición de estos fenómenos.
Hay que precisar que la justicia transicional no es un tema nuevo para este país. Después de la transición política del 2000, el gobierno de Fox intentó crear una Comisión de la Verdad, que finalmente fracasó y terminó siendo una “Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado”. ¿Los resultados? Un gasto de más de 300 millones de pesos y ni una sola sentencia condenatoria por los delitos cometidos durante la Guerra sucia de las décadas de los 60 y 70. Un segundo ejercicio inició en 2018, después de que un Tribunal Colegiado del Noveno Circuito (Tamaulipas) ordenó al Estado mexicano la creación de una Comisión de la Verdad para reponer la investigación del caso Ayotzinapa. La Comisión finalmente quedó integrada en 2019, luego de un decreto presidencial.
Vale la pena destacar que desde la academia se ha aportado significativamente a la discusión pública. Académicos y académicas del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) presentaron en 2018 una sólida propuesta de política pública en materia de justicia transicional (https://bit.ly/3BmYYnT). Dicha propuesta, según el análisis del CIDE, prácticamente no requiere de reformas al ordenamiento jurídico del país. Requiere constante voluntad, como decía Ulpiano.
Ahora las organizaciones de la sociedad civil y colectivos de víctimas se han sumado con propuestas, pero también con peticiones concretas al gobierno mexicano para que cumpla con los compromisos adoptados por López Obrador durante su campaña y plasmados en el Plan Nacional de Desarrollo.
La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), junto con Javier Sicilia, integrante del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad (MPJD), presentaron un escrito de derecho de petición a la Presidencia, a las secretarías de Hacienda y Gobernación y a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV). Dicha petición, fundada en el artículo 8 de la Constitución, solicita a las autoridades antes mencionadas que inicien las gestiones necesarias “para el establecimiento de un modelo de justicia transicional en México, conforme a lo establecido [en el Plan Nacional de Desarrollo]”.
La petición de la CMDPDH y el MPJD comienza haciendo un recuento del contexto de violencia que se ha vivido en el país desde hace prácticamente seis décadas. Del periodo 1965-2006 enfatiza en la política del Estado mexicano de “aniquilar al enemigo interno”. El Halconazo, las desapariciones forzadas en Guerrero, particularmente las de Atoyac —como la de Rosendo Radilla—, las matanzas de Aguas Blancas y Acteal, el intento de eliminación del EZLN y los feminicidios de Campo Algodonero, por nombrar algunos ejemplos.
El siguiente periodo de análisis de la petición corre de 2006 a 2021, iniciado por la mal llamada guerra contra el narcotráfico de Calderón. Dada su política de militarizar la seguridad pública, la violencia escaló por las atrocidades cometidas tanto por las organizaciones criminales como por los propios agentes del Estado.
La CMDPDH y el MPJD puntualizan que “de 2006 a 2021 se han registrado como desaparecidas a más de 85 mil personas”. Asimismo, detallan que “de 2006 a 2019, la FGR registró 13 560 investigaciones penales por el delito de tortura; a nivel estatal, los reportes de 27 de las 32 entidades del país suman 21 360 investigaciones”. Sobre las ejecuciones, “el INEGI reportó un total de 240 mil casos de homicidio, cuya gran mayoría fueron hombres de entre 30 y 44 años de edad y que murieron en la vía pública a causa de un arma de fuego. Sin embargo, de acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, solo durante los menos de tres años de la gestión del presidente López Obrador se han sumado más de 90 mil homicidios y feminicidios, de los cuales se estiman 10 feminicidios ocurridos por día”.
La evidencia habla por sí misma y es conocida —sufrida— por toda la ciudadanía. Los mecanismos ordinarios de impartición de justicia han dado ínfimos resultados a las víctimas: la petición de la CMDPDH y el MPJD detalla, por ejemplo, que la Fiscalía Especial en Investigación del Delito de Tortura “informó tener 4,655 expedientes en trámite desde la fecha de su creación en octubre de 2015 a 2019. De este total de expedientes sólo el 0.55% ha sido consignado o judicializado. En ese sentido, de 2006 a 2019, se dictaron únicamente 27 sentencias por tortura a nivel federal, de las cuales 18 fueron condenatorias y 9 absolutorias”.
Explicada la magnitud de las violaciones a derechos humanos, así como los casi absolutos índices de impunidad, la petición después profundiza en el marco teórico de la justicia transicional y su aplicabilidad en México.
Posteriormente, la petición observa los compromisos del Plan Nacional de Desarrollo y del Plan Nacional de Derechos Humanos, que, según diversos artículos de la Ley de Planeación, son obligatorios para las dependencias de la Administración Pública Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias. Por ese motivo, la petición dirigida a la Presidencia, a las secretarías de Hacienda y Gobernación y a la CEAV les solicita que se inicien las gestiones necesarias para la instauración de una Comisión de la Verdad, un Mecanismo Internacional contra la Impunidad y un Modelo de Reparación Integral Extraordinario para las víctimas. El derecho de petición, al estar consagrado en la Constitución, permite activar procedimientos jurídicos que lo garanticen, por lo que será necesario estar muy al pendiente de la respuesta que den las autoridades a dicha solicitud.
Como brevemente hemos discutido, el concepto de justicia está estrechamente enlazado con la aspiración a la felicidad de la vida en sociedad.
Está, también, íntimamente relacionado con el derecho y con el firme hábito de tener voluntad para garantizarla.
Dada nuestra realidad insostenible, la justicia debe entenderse también como urgente. Nuestro país requiere de mayor voluntad y de menos simulación; las cientos de miles de víctimas urgen de políticas de largo aliento que les aseguren verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición.
La propuesta completa de la CMDPDH y el MPJD, cuya lectura y difusión recomiendo ampliamente, puede consultarse aquí: http://cmdpdh.org/la-verdad-tras-la-consulta-popular/peticion/
Lee también: 47 años | Columna de Víctor Meade C.
El Cronopio
La cultura es la infraestructura viva de un país: Ángel Blanco | Columna de J.R. Martínez/Dr. Flash
EL CRONOPIO
Ángel Blanco, el músico méxico-canadiense de quien hemos tratado en varias ocasiones en esta columna; que se distingue por ser de los principales difusores de la música de Julián Carrillo, con énfasis en la de Sonido 13, intervino en la Casa de los Comunes del Parlamento Canadiense ante el Comité Permanente de Patrimonio Canadiense, bajo una invitación del mismo para disertar y proponer ideas para el desarrollo cultural de la región, enfatizando en su presentación que la cultura no es un elemento decorativo, sino la infraestructura viva de un país.
Blanco habló en el Parlamento desde la visión de los artistas que trabajan fuera de los grandes centros urbanos, donde existe talento, pero las oportunidades siguen siendo desiguales, en su calidad de artista independiente y en representación de la École de musique Alain-Caron, situada en Rivière-du-Loup, donde labora profesionalmente enseñando música; habló también desde la visión de un artista internacional que llva el nombre de Canadá al extranjero y de quien mantiene vivo el vínculo con sus raíces y herencias mexicana y estadounidense.
Sus planteamientos, dados en la Casa de los Comunes y dirigidos al contexto canadiense, son de aplicación general a nuestros pueblos latinoamericanos y en particular al mexicano, dado que subraya la infrarrepresentación de las tradiciones musicales indígenas en las instituciones educativas formales, la necesidad de integrar la innovación tecnológica en la educación musical, recordando que la tecnología no sustituye al arte; lo amplifica.
Su intervención nos hace reflexionar sobre el estado en México de la difusión y enseñanza de las tradiciones musicales autóctonas, mismas que no están integradas en la educación formal y que son también sistemas vivos de conocimiento que siguen evolucionando e influyendo en el presente. La música de los pueblos mesoamericanos estuvo muy desarrollada y se cultivaban formalmente y esas tradiciones no son solo el legado de esas grandes civilizaciones americanas. También nos hace reflexionar sobre las trascendentes contribuciones de músicos mexicanos y potosinos que suelen estar alejadas en los planes educativos nacionales.
La innovación a la que se refiere Ángel Blanco en su intervención, no sólo es tecnológica sino también conceptual, lo ejemplifica con modelos de integración entre tradición e innovación que ya se usan en algunos países han desarrollado políticas culturales que integran activamente las tradiciones locales en la educación, la creación contemporánea y la identidad nacional, demostrando que la tradición y la modernidad no son opuestas, sino profundamente interdependientes, como el caso de Burkina Faso.
En su intervención subraya que la música puede ser accesible, inclusiva y un motor de creatividad desde una edad temprana, incluso para las personas con discapacidad . Ejemplifica con herramientas tecnológicas usadas en el Reino Unido que tienen su fuerte relación con la aportación del músico mexicano Raúl Pavón Sarrelangue que creara en 1960 el Ominifón, uno de los primeros sistemas de sintetizador didáctico, que anticipó la idea de la tecnología musical como herramienta educativa y creativa.
Resaltó la importancia de la música microtonal para ampliar los planes de estudios, diversificar las herramientas pedagógicas y profundizar en la comprensión del sonido, para lo cual puso en la palestra las contribuciones de los músicos mexicanos Augusto Novaro con su Sistema Natural de Música, y de quien tratamos en su oportunidad en esta columna, así como del potosino Julián Carrillo y su Teoría del Sonido 13 como campo coherente de experimentación sonora de donde surge una corriente que va más allá de la experimentación para convertirse en una auténtica línea de pensamiento musical.
“Esta obra no debe considerarse una simple curiosidad aislada, sino una contribución significativa al lenguaje musical contemporáneo, con claras implicaciones para la educación, la investigación y la creación artística”.
Su intervención la remata recordando que el que el progreso colectivo no se mide únicamente bajo variables económicas. “Una sociedad fuerte no se sustenta únicamente en la economía sino también en la ciencia, el arte, el deporte y la filosofía: pilares esenciales de la formación humana. La próxima generación de artistas no solo necesita espacios; necesita un sistema conectado”
Felicitamos a Ángel Blanco por tan distinguida invitación en el Parlamento Canadiense y en la oportunidad para resaltar uno de los puntos esenciales para el desarrollo cultural y su integración en la educación, en particular lo relacionado con el caso mexicano.
También lee: El incansable escrutador del cielo, Enrique Chavira Navarrete | Columna de J.R. Martínez/Dr. Flash
#4 Tiempos
Hagamos Fan Fest, eso lo paga el pueblo | Columna de Haniel Valdés
Acento Ajeno
La clase política potosina parece estar de acuerdo en una sola cosa: es hora de pelearse. Sin embargo para coordinarse y ahorrar dinero público, para cumplir promesas de campaña o terminar las obras conjuntas, para dialogar como adultos o políticos maduros, serios, profesionales, en lugar de andar tirando piedras con cuanta pregunta lanzan mis colegas del gremio, para eso: “no señor, no tenemos tiempo”.
El Mundial de 2026 está dejando una imagen que resume buena parte de la relación entre el gobernador Ricardo Gallardo y el alcalde Enrique Galindo: dos Fan Fest en la misma ciudad, financiados con recursos públicos distintos, promovidos por gobiernos distintos y dirigidos exactamente al mismo público, los potosinos.
Por un lado, el Gobierno del Estado adquirió un paquete de derechos de transmisión para llevar los partidos a San Luis Potosí, Soledad, Ciudad Valles y Rioverde. Por otro, el Ayuntamiento capitalino firmó sus propios acuerdos para organizar transmisiones en Plaza del Carmen.
La pregunta es inevitable: ¿era realmente necesario dos fan fest en la capital del estado?
Porque más allá de los argumentos políticos o administrativos que cada autoridad pueda presentar, el resultado práctico fue que dos gobiernos sostenidos por los mismos contribuyentes terminaron desarrollando estructuras paralelas para ofrecer exactamente el mismo servicio: que los ciudadanos vieran partidos del Mundial en espacios públicos.
Pantallas, logística, promoción, personal operativo, actividades complementarias y derechos de transmisión. Todo por duplicado.
Hasta ahora, ninguna autoridad ha transparentado completamente cuánto costaron los derechos de transmisión en cada caso. Se especula que mientras el Ayuntamiento capitalino gastó unos 11 millones, el “tetrapack” estatal superó los 60 millones.
Estas cifras pueden o no ser ciertas, pero lo que sí se conoce es que tanto el Ayuntamiento como el Gobierno del Estado comprometieron millones de pesos en contratos relacionados con sus Fan Fest destinando recursos para un mismo esquema de transmisiones mundialistas, solo que en dos plazas distintas.
El problema no es que existan eventos para acercar el Mundial a la gente. Eso puede justificarse perfectamente. El problema es la ausencia de coordinación institucional.
¿Alguien analizó cuánto habría costado un solo gran Fan Fest respaldado por ambas administraciones?
¿Alguien calculó cuánto dinero público se habría ahorrado compartiendo infraestructura, producción y permisos?
¿Alguien explicó por qué era mejor tener dos proyectos compitiendo entre sí en lugar de uno complementario?
La impresión que queda es incómoda: la rivalidad política terminó pesando más que la eficiencia administrativa.
Mientras los discursos oficiales hablan de unidad, promoción turística y convivencia familiar, las decisiones muestran otra cosa. Muestran dos gobiernos empeñados en demostrar quién podía organizar el mejor evento, aunque eso implique gastar más recursos públicos de los necesarios.
Yo veo dos niños pequeños, organizando su cumpleaños y peleados por ver quien hace la fiesta más linda. ¿El problema? Como los niños son de la misma familia, el dinero sale de la misma bolsa y los invitados son exactamente los mismos “amiguitos”.
El Mundial dura unas semanas. Las consecuencias de gastar sin coordinación permanecen mucho más tiempo.
Porque el dinero utilizado para financiar proyectos paralelos no pertenece ni al gobernador ni al alcalde. Pertenece a los ciudadanos.
Y los ciudadanos tienen derecho a preguntarse si realmente era indispensable pagar dos veces por lo mismo.
También lee: Educar en el siglo veintiuno es un acto de fe, no solo de vocación | Columna de Haniel Valdés Velázquez
El Cronopio
El incansable escrutador del cielo, Enrique Chavira Navarrete | Columna de J.R. Martínez/Dr. Flash
EL CRONOPIO
El 5 de junio de 1925 nace en la Ciudad de México Enrique Chavira Navarrete, el incasable escrutador del cielo; personaje que representa el renacer de la astronomía mexicana moderna. Heredero de los pioneros mexicanos de la astronomía que formaron los establecimientos para el estudio de la disciplina, entre ellos los potosinos Valentín Gama y Rodolfo Jurado y, muy especialmente de Joaquín Gallo quien le enseñó a observar y dar seguimiento a cuerpos celestes en el Observatorio de Tacubaya donde ingresó Chavira a trabajar, para luego pasar, al entonces naciente, Observatorio Nacional de Tonantzintla en Puebla, siendo de los astrónomos que iniciaron actividades en aquel lugar en 1943.
Su labor sería pionera al llevar a la astronomía observacional y a explicar que sucede en los fenómenos celestes que fue un paso significativo de la astronomía para usos prácticos que se realizaba en México a la astronomía moderna en el país, con el uso de nuevos instrumentos con los que contaría el Observatorio de Tonantzintla, como la cámara Schmidt, convirtiéndose en uno de los grandes observadores del cielo. El Observatorio de Tonantzintla se convertiría en uno d ellos principales centros de astronomía a nivel mundial, donde se descubrieron una buena cantidad de objetos celestes, participando en ello Enrique Chavira.
En los setenta, cuando yo estudiaba física en San Luis, visitamos el INAOE que había asumido ese nombre a principios de los setenta al extenderse el observatorio de Tonantzintla a las áreas de electrónica y óptica que se agregaban a la de astrofísica, el Instituto Nacional de Astrofísica Óptica y Electrónica, conocimos a Enrique Chavira quien nos mostraba parte de la instrumentación telescópica que contaba esa institución, posteriormente al ir a continuar mis estudios a Puebla, fui compañero de la maestría en física de su hija Elsa Chavira, de quien ya hemos comentado en esta sección, y visité varias veces su casa además de encontrarlo seguido en el INAOE; entre las visitas a su casa, una de ellas de varios días pues estaba convaleciente y la familia de Elsa me albergó, descubrí que Enrique Chavira era un estudioso de las arqueología, y que había recopilado una buena colección de objetos prehispánicos propios de la región cholulteca donde estaba alojado el INAOE , mismos que estudiaba con ahínco.
Enrique Chavira es uno de los pilares de la astronomía observacional en México, que lo llevo a ser integrado como investigador en 1952 del Observatorio Astrofísico Nacional de Tonantzintla (OANTon), destacando en la identificación y clasificación de galaxias y estrellas azules gracias a su preparación en análisis espectral.
Entre sus descubrimientos observacionales se encuentran, el de una supernova en la región de Sagitario, el registro del quasar Ton256, que en el nombre lleva las siglas del observatorio de Tonantzintla, el objeto extragaláctico más lejano observado por la Cámara Schmidt de Tonantzintla y del Cometa Haro-Chavira en 1954 en la región del Toro. No es de extrañar que aparezca en el par de novelas de Elena Poniatowska que le dedicó la escritora al Observatorio de Tonantzintla donde trabajaba su esposo Guillermo Haro, compañero de Enrique Chavira.
A lo largo de más de cincuenta años contribuyó a la colección de más de 15 mil placas astrofotográficas del INAOE, sucesor del OANTON. La colección de placas astrofotográficas de la Cámara Schmidt de Tonantzintla que fue reconocida oficialmente en 2015 en el programa Memoria del Mundo de la UNESCO, cuestión que ya no pudo ser testigo Enrique Chavira Navarrete, pues su muerte ocurrió el 23 de noviembre del año 2000 en la Ciudad de Puebla donde radicó en todo ese tiempo.
Sus grandes descubrimientos y la intensa labor en pro de la astronomía mexicana le valieron diversas distinciones, diplomas, cédulas reales, medallas al mérito académico y el nombramiento de Investigador Emérito en el INAOE.
Enrique Chavira, el gran astrónomo observacional, pasa a la historia como uno de los pilares de la astronomía mexicana moderna.
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