octubre 17, 2026

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#4 Tiempos

Justicia (transicional) | Columna de Víctor Meade C.

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SIGAMOS DERECHO.

Quizás la definición más conocida de justicia es la que pronunció Ulpiano, jurisconsulto romano del siglo III. “La justicia es la perpetua y constante voluntad de dar a cada uno su derecho”, decía. Esta definición es en particular interesante, pues enlaza a la justicia con el concepto de derecho, distinta a las definiciones que le anteceden. Previo a Ulpiano, Cicerón ya delineaba la definición anterior afirmando que la justicia es “darle a cada quien lo suyo”. Varios siglos después de la definición dada por Ulpiano, Santo Tomás de Aquino precisó que la justicia no debe ser entendida como una serie de actos de voluntad, sino como un hábito firme. Por tanto, Aquino definió a la justicia como “el hábito según el cual uno, con constante y perpetua voluntad, da a cada cual su derecho”. Más cercano a nuestros días, en el siglo pasado, el abogado austriaco Hans Kelsen —cuyos aportes hoy son fundamentales para entender los sistemas jurídicos— optó por darle un giro al concepto de justicia y enlazarlo con la felicidad: “La justicia es la eterna aspiración del hombre a la felicidad en sociedad”.

Como todo concepto, complejo y con una serie de aristas que obligan a estudiarlo desde distintos ámbitos, la justicia es uno que en particular no ha logrado estricto consenso; hay tantas definiciones de justicia como personas.

Aunque resulte muchas veces difícil expresarlo en palabras, uno siempre tiene, al menos, una intuición infalible que nace en el estómago cuando algo no se considera justo.

Dada la amplitud y naturaleza del concepto, a la justicia no le han faltado apellidos. Para estudiar a la justicia, entonces, hay que estudiar también las distintas aplicaciones que esta puede tener. Por ejemplo, a la justicia distributiva, que tiene por objeto la repartición justa de los bienes entre los y las integrantes de una sociedad. Del mismo modo, en el plano nacional hace poco se estudió y trabajó en la justicia cotidiana, que esencialmente busca lograr que los conflictos del día a día y que requieren de una solución expedita no tengan que desahogarse mediante la tardada, costosa y para muchos inaccesible decisión de un tribunal, que además difícilmente pacifica de manera satisfactoria el conflicto para las partes involucradas.

La incontenible situación de violencia que se vive en el país y la presión generada por las organizaciones de la sociedad civil y colectivos de víctimas han colocado a la justicia transicional como tema urgente en la agenda pública.

En palabras de la Dra. Ana Laura Magaloni, la justicia transicional se trata de una serie de procesos de pacificación que permitan: i) conocer la verdad detrás de los fenómenos de violencia; ii) que haya mecanismos de reparación integral para las víctimas; iii) y que se establezcan instrumentos que garanticen la no repetición de estos fenómenos.

Hay que precisar que la justicia transicional no es un tema nuevo para este país. Después de la transición política del 2000, el gobierno de Fox intentó crear una Comisión de la Verdad, que finalmente fracasó y terminó siendo una “Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado”. ¿Los resultados? Un gasto de más de 300 millones de pesos y ni una sola sentencia condenatoria por los delitos cometidos durante la Guerra sucia de las décadas de los 60 y 70. Un segundo ejercicio inició en 2018, después de que un Tribunal Colegiado del Noveno Circuito (Tamaulipas) ordenó al Estado mexicano la creación de una Comisión de la Verdad para reponer la investigación del caso Ayotzinapa. La Comisión finalmente quedó integrada en 2019, luego de un decreto presidencial.

Vale la pena destacar que desde la academia se ha aportado significativamente a la discusión pública.

Académicos y académicas del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) presentaron en 2018 una sólida propuesta de política pública en materia de justicia transicional (https://bit.ly/3BmYYnT). Dicha propuesta, según el análisis del CIDE, prácticamente no requiere de reformas al ordenamiento jurídico del país. Requiere constante voluntad, como decía Ulpiano.

Ahora las organizaciones de la sociedad civil y colectivos de víctimas se han sumado con propuestas, pero también con peticiones concretas al gobierno mexicano para que cumpla con los compromisos adoptados por López Obrador durante su campaña y plasmados en el Plan Nacional de Desarrollo.

La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), junto con Javier Sicilia, integrante del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad (MPJD), presentaron un escrito de derecho de petición a la Presidencia, a las secretarías de Hacienda y Gobernación y a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV). Dicha petición, fundada en el artículo 8 de la Constitución, solicita a las autoridades antes mencionadas que inicien las gestiones necesarias “para el establecimiento de un modelo de justicia transicional en México, conforme a lo establecido [en el Plan Nacional de Desarrollo]”.

La petición de la CMDPDH y el MPJD comienza haciendo un recuento del contexto de violencia que se ha vivido en el país desde hace prácticamente seis décadas. Del periodo 1965-2006 enfatiza en la política del Estado mexicano de “aniquilar al enemigo interno”. El Halconazo, las desapariciones forzadas en Guerrero, particularmente las de Atoyac —como la de Rosendo Radilla—, las matanzas de Aguas Blancas y Acteal, el intento de eliminación del EZLN y los feminicidios de Campo Algodonero, por nombrar algunos ejemplos.

El siguiente periodo de análisis de la petición corre de 2006 a 2021, iniciado por la mal llamada guerra contra el narcotráfico de Calderón. Dada su política de militarizar la seguridad pública, la violencia escaló por las atrocidades cometidas tanto por las organizaciones criminales como por los propios agentes del Estado.

La CMDPDH y el MPJD puntualizan que “de 2006 a 2021 se han registrado como desaparecidas a más de 85 mil personas”. Asimismo, detallan que “de 2006 a 2019, la FGR registró 13 560 investigaciones penales por el delito de tortura; a nivel estatal, los reportes de 27 de las 32 entidades del país suman 21 360 investigaciones”. Sobre las ejecuciones, “el INEGI reportó un total de 240 mil casos de homicidio, cuya gran mayoría fueron hombres de entre 30 y 44 años de edad y que murieron en la vía pública a causa de un arma de fuego. Sin embargo, de acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, solo durante los menos de tres años de la gestión del presidente López Obrador se han sumado más de 90 mil homicidios y feminicidios, de los cuales se estiman 10 feminicidios ocurridos por día”.

La evidencia habla por sí misma y es conocida —sufrida— por toda la ciudadanía. Los mecanismos ordinarios de impartición de justicia han dado ínfimos resultados a las víctimas: la petición de la CMDPDH y el MPJD detalla, por ejemplo, que la Fiscalía Especial en Investigación del Delito de Tortura “informó tener 4,655 expedientes en trámite desde la fecha de su creación en octubre de 2015 a 2019. De este total de expedientes sólo el 0.55% ha sido consignado o judicializado. En ese sentido, de 2006 a 2019, se dictaron únicamente 27 sentencias por tortura a nivel federal, de las cuales 18 fueron condenatorias y 9 absolutorias”.

Explicada la magnitud de las violaciones a derechos humanos, así como los casi absolutos índices de impunidad, la petición después profundiza en el marco teórico de la justicia transicional y su aplicabilidad en México.

Posteriormente, la petición observa los compromisos del Plan Nacional de Desarrollo y del Plan Nacional de Derechos Humanos, que, según diversos artículos de la Ley de Planeación, son obligatorios para las dependencias de la Administración Pública Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias. Por ese motivo, la petición dirigida a la Presidencia, a las secretarías de Hacienda y Gobernación y a la CEAV les solicita que se inicien las gestiones necesarias para la instauración de una Comisión de la Verdad, un Mecanismo Internacional contra la Impunidad y un Modelo de Reparación Integral Extraordinario para las víctimas. El derecho de petición, al estar consagrado en la Constitución, permite activar procedimientos jurídicos que lo garanticen, por lo que será necesario estar muy al pendiente de la respuesta que den las autoridades a dicha solicitud.

Como brevemente hemos discutido, el concepto de justicia está estrechamente enlazado con la aspiración a la felicidad de la vida en sociedad.

Está, también, íntimamente relacionado con el derecho y con el firme hábito de tener voluntad para garantizarla.

Dada nuestra realidad insostenible, la justicia debe entenderse también como urgente. Nuestro país requiere de mayor voluntad y de menos simulación; las cientos de miles de víctimas urgen de políticas de largo aliento que les aseguren verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición.

La propuesta completa de la CMDPDH y el MPJD, cuya lectura y difusión recomiendo ampliamente, puede consultarse aquí: http://cmdpdh.org/la-verdad-tras-la-consulta-popular/peticion/

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Acento Ajeno

Ni Moisés dividió tanto el agua | Columna de Haniel Valdés

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Por: Haniel Valdés

Hoy escribo porque cometí un error. Fui de los periodistas que estuvimos en rueda de prensa con el alcalde de la capital, Enrique Galindo Ceballos, al terminar la Junta de Gobierno con Interapas. El miércoles pasado ofreció declaraciones a medios de prensa que sí acudimos a la cita nocturna y compartió los acuerdos tomados en dicha reunión.

Ahí está mi error: al parecer mis notas no fueron lo suficientemente claras. O quizás solo fue que varios medios salieron a llenar huecos que no había.

Lo interesante de ese encuentro es que se aprobó el plan de estímulos fiscales que se llevará al Congreso del Estado para su aprobación de cara a 2027, donde se aclaró además (y se insistió mucho en eso) que la tarifa de cobro del líquido se mantendría igual que en este año.

Al día siguiente muchos medios ya traían la nota de que aumentaría la tarifa y quién sabe cuántos inventos más de colegas que no estuvieron en la conferencia de prensa y que les pareció divertido el imaginar datos e informar a medias.

Pero lo que más me preocupa no es el ruido que generaron esas notas, sino la incoherencia que se vivió en dicha reunión por parte del síndico y el alcalde de Soledad, así como de Pascual Martínez.

Según informa Galindo, entre las decisiones tomadas, está la de revisar si es posible cumplir con la petición que hizo el gobernador de no cobrar el servicio a adultos mayores. Ni los participantes por Soledad, ni el titular de la CEA, votaron a favor de dicha propuesta. ¿No están de acuerdo con la idea de Gallardo? Es que la primera vez que el gobernador habló sobre el tema, fui muy cuidadoso y me fijé claramente que ambos, Pascual

y Navarro, estaban aplaudiendo esa iniciativa.

La CEA ya es habitual que no aporte a esas reuniones, según Galindo, el titular solo ha ido a tres y no votó en esta última, tampoco dio razones ni propuso algo. Sí, el organismo responsable de la política pública del agua en el Estado no tiene nada que aportar sobre el tema.

Según informó el presidente de la junta, Juan Manuel Navarro sí aportó algo, propuso un estímulo fiscal que también quedó dentro de los acuerdos que se enviaron al Congreso. Ahora, cuando tocó votar, Navarro se abstuvo de hacerlo, ¿no está de acuerdo con una idea que él mismo había planteado? ¿o algo lo hizo cambiar de opinión?

Lo cierto es que mientras la diputada Nancy Jeannine García, presidenta de la Comisión del Agua, llama a no politizar, todos lo continúan haciendo, lo hace el aquaman Gámez Macías, lo hace el alcalde capitalino, lo hace el gobernador del estado, lo hace el alcalde de Soledad y la CEA. Mientras hay cuentas sin pagar, tinacos sin llenar, conductoras sin reparar y rezos por hacer para que El Realito no vuelva a fallar.

“Entonces extendió Moisés su mano sobre el mar, y Jehová hizo que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche; y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas.” (Éxodo 14:21)

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El Cronopio

María Luisa Toranzo, pionera del cuento mexicano | Columna de J.R. Martínez/Dr. Flash

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EL CRONOPIO

Por: J.R. Martínez/Dr. Flash

En la antología de Liliana Pedroza sobre el cuento mexicano, A Golpe de Linternas, que en su tomo I dedica a las pioneras, se encuentra entre las antologadas la potosina María Luisa Toranzo, que dedicó parte de su vida a la escritura y que fuera figura cultural mexicana. Madre y abuela del filósofo Luis Villoro y el escritor Juan Villoro, respectivamente.

Parte de su obra literaria se recoge en libros como: Azahares, espinas y rosas; Meditaciones, Suegras; Esbozos; Tres Chiquillas; Cuadros de una exposición; Páginas viejas; Charlas con mi hija; Átomos tontos, entre otros. Libros que reflejan su formación en el campo potosino y la época que le tocó vivir, donde impera el existencialismo y la fenomenología, campos que experimentaría posteriormente su hijo Luis Villoro. En su libro de ensayos: Esbozos, que lleva como ensayo central: El dominio de sí mismo, Sophrosyne vs la Hybris, “el dominio de sí mismo” no es una negación de la vida o de los impulsos, sino la condición necesaria para la auténtica libertad. Sin el gobierno de uno mismo, el ser humano queda a merced de fuerzas externas o de impulsos ciegos, perdiendo su autonomía.

María Luisa Toranzo Jordana nació en San Luis Potosí el 13 de marzo de 1890, perteneciente a familia de hacendados, vivió su infancia en la Hacienda de Cerro Prieto en el altiplano potosino, rumbo a Zacatecas, fue hija natural y creció entre libros, estudiando idiomas y cultivando la música tocando el arpa y la mandolina. El movimiento revolucionario le llevó en la adolescencia a radicar en la Ciudad de México, donde la vida placentera se trastocaba y la famosa banda del automóvil gris hacía de las suyas, y que quedó registrada en una de las primeras películas realizadas en México, llamada justo La banda del automóvil gris de 1919 de Enrique Rosas, filmada en los lugares donde pertrecharan sus ataques. En la película aparece la casa Toranzo donde vivió María Luisa en México y donde aparece en escena acechada en el asalto a su casa por tan peculiar banda.

Los acechos no pararon para María Luisa y fue pretendida por un general revolucionario del que logró escapar partiendo a España e instalándose en Barcelona donde se casaría con el médico barcelonés Miguel Villoro Villoro, procreando a tres hijos, entre ellos al filósofo Luis Villoro. Quedaría viuda y al iniciar la guerra civil española regresa a México huyendo de nuevo de la violencia. Se instala por un tiempo en la Hacienda de Cerro Prieto y parte a la Ciudad de México para que sus hijos continuaran sus estudios de formación.

Su familia potosina de abolengo le propició una considerable fortuna que le permitió ir a Barcelona, su abuela paterna Genoveva Peña Santacruz que casó en segundas nupcias con Casimiro Toranzo Ortiz, había sido esposa de Pantaleón Ipiña Eguía, siendo madre de José Encarnación Ipiña Peña.

Su pensamiento que de cierta forma influyera en su hijo Luis Villoro lo destaca en su libro Esbozos: “El dominio de sí mismo sobre la soberbia debe de consistir, no sólo en dominarse ‘delante de la gente’ y en vuestras ‘relaciones sociales’ para que los demás ‘vean’ que sois humildes o sencillos, sino que este dominio sobre vosotros mismos y sobre vuestra soberbia debe ser de tal modo profundo, que no sea un dominio efímero, originado únicamente por el bien parecer; tampoco debe ser un dominio de autosugestión, que sin serlo, os haga creer que ya sois humildes; sino que este dominio de vosotros mismos sobre la soberbia, debe ser una especie de ‘cura’ si queréis lenta y suave, pero sí honda, minuciosa y profunda. El dominio de vosotros mismos debe ser como un cauterio que tienda a curar, aunque sea quemando; a cauterizar, aunque sea con dolor, la llaga de vuestra soberbia, el cáncer de vuestro orgullo”

María Luisa Toranzo fue una mujer de una cultura vasta que participó activamente en la vida intelectual mexicana, aportando una sensibilidad ética que complementaba el rigor lógico de la época. Su enfoque en el “dominio de sí” suele leerse como un puente entre la virtud antigua, la psicología moderna y la abierta espiritualidad. Su nieto Juan Villoro la describe como una mujer que intentaba descifrar los secretos de la convivencia humana.

María Luisa Toranzo Jordana murió en la Ciudad de México a los 78 años de edad, el 2 de abril de 1968.

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Acento Ajeno

Maestría en derechos humanos y la incómoda pregunta | Columna de Haniel Valdés

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Por: Haniel Valdés

La comunidad cubana en el exilio, en Estados Unidos y en México, ha escrito en estos días cartas y mensajes dirigidos a la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP). Cuestionan que Gabriela Fernández Álvarez, presentadora del programa oficialista “Con Filo”, haya sido admitida en la Maestría en Derechos Humanos de la UASLP y que hoy esté cursándola en esta ciudad.

Los hechos conocidos son pocos. Su nombre aparece en la lista de la generación 2026-2028. Está en San Luis Potosí. En 2025, durante una gira por España, sostuvo que en Cuba no hay presos políticos. Todo lo demás es una discusión de fondo, y es más incómoda de lo que parece.

“Con Filo” nació en 2021, tras las protestas del 11 de julio, como respuesta de la televisión estatal cubana. Sus defensores dicen que desmiente falsedades. Sus críticos, que en algún punto dejó de desmentir y empezó a ridiculizar a la oposición, dentro y fuera de la isla, y a señalar como “vendepatrias” a quien se fue. Muchos exiliados lo viven como algo personal, porque vieron su rostro en pantalla como blanco de burla por opinar distinto. Esa es la versión de ellos, y es la que han hecho llegar a la UASLP.

Hay una ironía que ellos señalan y que no puedo dejar pasar. Quien llamó traidor al que salió de Cuba pudo salir, viajar y dar charlas en Europa. Pocos cubanos tienen ese privilegio.

La pregunta para México

Aquí es donde el caso deja de ser solo cubano. La universidad pública mexicana, ¿puede negar un lugar por lo que una persona ha dicho en público? Mi respuesta es que no debería. Una maestría en derechos humanos que excluya por opinión traicionaría la materia que enseña. La libertad de expresión protege también a quien piensa lo contrario de lo que a uno le gustaría.

Pero esa respuesta no cierra el tema. Un posgrado no es una tribuna. El objetivo del programa es formar profesionistas críticos y comprometidos con la solución de problemas de derechos humanos, en lo local, en lo nacional y en lo internacional. Y de eso sí podemos preguntar, porque no es lo mismo defender el derecho de alguien a estudiar que ignorar lo que esa persona dijo en pantalla durante años.

Y en México la materia no es teórica. Este es un país con miles de personas desaparecidas, periodistas asesinados y presos que esperan sentencia durante años. Un aula de derechos humanos en San Luis Potosí no es un espacio neutro. Se habla de casos reales, con familias reales.

Lo que corresponde

A la UASLP le corresponde explicar cómo se evalúa a quien aspira a este posgrado y qué responde a las cartas que recibió. Hasta ahora no hay una postura pública de la universidad, y el silencio solo alimenta la sospecha. También corresponde buscar la versión de la estudiante, que no ha respondido a los señalamientos. A ella le corresponde algo más difícil: sentarse en una clase donde se discute lo que defendió negar y escuchar.

Defiendo que se quede. Si la maestría sirve para algo, es para que esas ideas se confronten con argumentos, casos y compañeros que vivieron lo que ella calificó de mentira. Pero defender su derecho a estar no me obliga a fingir que la pregunta no existe.

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