#4 Tiempos
Justicia (transicional) | Columna de Víctor Meade C.
SIGAMOS DERECHO.
Quizás la definición más conocida de justicia es la que pronunció Ulpiano, jurisconsulto romano del siglo III. “La justicia es la perpetua y constante voluntad de dar a cada uno su derecho”, decía. Esta definición es en particular interesante, pues enlaza a la justicia con el concepto de derecho, distinta a las definiciones que le anteceden. Previo a Ulpiano, Cicerón ya delineaba la definición anterior afirmando que la justicia es “darle a cada quien lo suyo”. Varios siglos después de la definición dada por Ulpiano, Santo Tomás de Aquino precisó que la justicia no debe ser entendida como una serie de actos de voluntad, sino como un hábito firme. Por tanto, Aquino definió a la justicia como “el hábito según el cual uno, con constante y perpetua voluntad, da a cada cual su derecho”. Más cercano a nuestros días, en el siglo pasado, el abogado austriaco Hans Kelsen —cuyos aportes hoy son fundamentales para entender los sistemas jurídicos— optó por darle un giro al concepto de justicia y enlazarlo con la felicidad: “La justicia es la eterna aspiración del hombre a la felicidad en sociedad”.
Como todo concepto, complejo y con una serie de aristas que obligan a estudiarlo desde distintos ámbitos, la justicia es uno que en particular no ha logrado estricto consenso; hay tantas definiciones de justicia como personas.
Aunque resulte muchas veces difícil expresarlo en palabras, uno siempre tiene, al menos, una intuición infalible que nace en el estómago cuando algo no se considera justo.
Dada la amplitud y naturaleza del concepto, a la justicia no le han faltado apellidos. Para estudiar a la justicia, entonces, hay que estudiar también las distintas aplicaciones que esta puede tener. Por ejemplo, a la justicia distributiva, que tiene por objeto la repartición justa de los bienes entre los y las integrantes de una sociedad. Del mismo modo, en el plano nacional hace poco se estudió y trabajó en la justicia cotidiana, que esencialmente busca lograr que los conflictos del día a día y que requieren de una solución expedita no tengan que desahogarse mediante la tardada, costosa y para muchos inaccesible decisión de un tribunal, que además difícilmente pacifica de manera satisfactoria el conflicto para las partes involucradas.
La incontenible situación de violencia que se vive en el país y la presión generada por las organizaciones de la sociedad civil y colectivos de víctimas han colocado a la justicia transicional como tema urgente en la agenda pública.
En palabras de la Dra. Ana Laura Magaloni, la justicia transicional se trata de una serie de procesos de pacificación que permitan: i) conocer la verdad detrás de los fenómenos de violencia; ii) que haya mecanismos de reparación integral para las víctimas; iii) y que se establezcan instrumentos que garanticen la no repetición de estos fenómenos.
Hay que precisar que la justicia transicional no es un tema nuevo para este país. Después de la transición política del 2000, el gobierno de Fox intentó crear una Comisión de la Verdad, que finalmente fracasó y terminó siendo una “Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado”. ¿Los resultados? Un gasto de más de 300 millones de pesos y ni una sola sentencia condenatoria por los delitos cometidos durante la Guerra sucia de las décadas de los 60 y 70. Un segundo ejercicio inició en 2018, después de que un Tribunal Colegiado del Noveno Circuito (Tamaulipas) ordenó al Estado mexicano la creación de una Comisión de la Verdad para reponer la investigación del caso Ayotzinapa. La Comisión finalmente quedó integrada en 2019, luego de un decreto presidencial.
Vale la pena destacar que desde la academia se ha aportado significativamente a la discusión pública. Académicos y académicas del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) presentaron en 2018 una sólida propuesta de política pública en materia de justicia transicional (https://bit.ly/3BmYYnT). Dicha propuesta, según el análisis del CIDE, prácticamente no requiere de reformas al ordenamiento jurídico del país. Requiere constante voluntad, como decía Ulpiano.
Ahora las organizaciones de la sociedad civil y colectivos de víctimas se han sumado con propuestas, pero también con peticiones concretas al gobierno mexicano para que cumpla con los compromisos adoptados por López Obrador durante su campaña y plasmados en el Plan Nacional de Desarrollo.
La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), junto con Javier Sicilia, integrante del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad (MPJD), presentaron un escrito de derecho de petición a la Presidencia, a las secretarías de Hacienda y Gobernación y a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV). Dicha petición, fundada en el artículo 8 de la Constitución, solicita a las autoridades antes mencionadas que inicien las gestiones necesarias “para el establecimiento de un modelo de justicia transicional en México, conforme a lo establecido [en el Plan Nacional de Desarrollo]”.
La petición de la CMDPDH y el MPJD comienza haciendo un recuento del contexto de violencia que se ha vivido en el país desde hace prácticamente seis décadas. Del periodo 1965-2006 enfatiza en la política del Estado mexicano de “aniquilar al enemigo interno”. El Halconazo, las desapariciones forzadas en Guerrero, particularmente las de Atoyac —como la de Rosendo Radilla—, las matanzas de Aguas Blancas y Acteal, el intento de eliminación del EZLN y los feminicidios de Campo Algodonero, por nombrar algunos ejemplos.
El siguiente periodo de análisis de la petición corre de 2006 a 2021, iniciado por la mal llamada guerra contra el narcotráfico de Calderón. Dada su política de militarizar la seguridad pública, la violencia escaló por las atrocidades cometidas tanto por las organizaciones criminales como por los propios agentes del Estado.
La CMDPDH y el MPJD puntualizan que “de 2006 a 2021 se han registrado como desaparecidas a más de 85 mil personas”. Asimismo, detallan que “de 2006 a 2019, la FGR registró 13 560 investigaciones penales por el delito de tortura; a nivel estatal, los reportes de 27 de las 32 entidades del país suman 21 360 investigaciones”. Sobre las ejecuciones, “el INEGI reportó un total de 240 mil casos de homicidio, cuya gran mayoría fueron hombres de entre 30 y 44 años de edad y que murieron en la vía pública a causa de un arma de fuego. Sin embargo, de acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, solo durante los menos de tres años de la gestión del presidente López Obrador se han sumado más de 90 mil homicidios y feminicidios, de los cuales se estiman 10 feminicidios ocurridos por día”.
La evidencia habla por sí misma y es conocida —sufrida— por toda la ciudadanía. Los mecanismos ordinarios de impartición de justicia han dado ínfimos resultados a las víctimas: la petición de la CMDPDH y el MPJD detalla, por ejemplo, que la Fiscalía Especial en Investigación del Delito de Tortura “informó tener 4,655 expedientes en trámite desde la fecha de su creación en octubre de 2015 a 2019. De este total de expedientes sólo el 0.55% ha sido consignado o judicializado. En ese sentido, de 2006 a 2019, se dictaron únicamente 27 sentencias por tortura a nivel federal, de las cuales 18 fueron condenatorias y 9 absolutorias”.
Explicada la magnitud de las violaciones a derechos humanos, así como los casi absolutos índices de impunidad, la petición después profundiza en el marco teórico de la justicia transicional y su aplicabilidad en México.
Posteriormente, la petición observa los compromisos del Plan Nacional de Desarrollo y del Plan Nacional de Derechos Humanos, que, según diversos artículos de la Ley de Planeación, son obligatorios para las dependencias de la Administración Pública Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias. Por ese motivo, la petición dirigida a la Presidencia, a las secretarías de Hacienda y Gobernación y a la CEAV les solicita que se inicien las gestiones necesarias para la instauración de una Comisión de la Verdad, un Mecanismo Internacional contra la Impunidad y un Modelo de Reparación Integral Extraordinario para las víctimas. El derecho de petición, al estar consagrado en la Constitución, permite activar procedimientos jurídicos que lo garanticen, por lo que será necesario estar muy al pendiente de la respuesta que den las autoridades a dicha solicitud.
Como brevemente hemos discutido, el concepto de justicia está estrechamente enlazado con la aspiración a la felicidad de la vida en sociedad.
Está, también, íntimamente relacionado con el derecho y con el firme hábito de tener voluntad para garantizarla.
Dada nuestra realidad insostenible, la justicia debe entenderse también como urgente. Nuestro país requiere de mayor voluntad y de menos simulación; las cientos de miles de víctimas urgen de políticas de largo aliento que les aseguren verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición.
La propuesta completa de la CMDPDH y el MPJD, cuya lectura y difusión recomiendo ampliamente, puede consultarse aquí: http://cmdpdh.org/la-verdad-tras-la-consulta-popular/peticion/
Lee también: 47 años | Columna de Víctor Meade C.
#4 Tiempos
La IA, periodismo, y la coartada perfecta | Apuntes de Jorge Saldaña
““Vivimos bajo tormentas de datos que no construyen verdad sino ruido”. La información, desanclada de la confianza, se vuelve atmósfera. Y en atmósfera turbia, cualquiera puede gritar “fuego” y llamar a los bomberos, o “deepfake” y zafarse de la comisión de un delito”
Por: Jorge Saldaña
Hay épocas en las que la tecnología acelera más rápido que la ley en una carrera en pista sinuosa, de esas con curvas tan cerradas que hasta el volante tiembla.
Estamos ahí. La inteligencia artificial (IA) ya es capaz de imitar una voz al grado de confundir a tu mamá, de injertar un rostro en un cuerpo ajeno con precisión perfecta, de producir un “comunicado oficial” con sellos y sintaxis idénticos a los originales. Qué peligroso.
No obstante, lo que de veras me quita el sueño (y eso que soy dormilón) no es solo lo que la IA puede fabricar, sino lo que su misma sombra puede desmentir, es decir, que lo verdadero sea tirado a la basura señalándolo a la ligera como “irreal”.
Dicho en pocas palabras: sí temo a la mentira hecha con IA, pero temo más que la IA se vuelva la coartada perfecta para negar la verdad. ¿Me explico?
Pienso en un audio que exhibe una extorsión, en una foto que capta a un político con un criminal, en un contrato auténtico que documenta un desvío.
Con la reforma aprobada en San Luis Potosí (con tan solo 10 días de análisis) que tipifica el “uso indebido” de IA para provocar alarma, alterar la paz social, o dañar la imagen de un tercero, creo que nos pone a todos, pero aún más a los que nos dedicamos al periodismo, en un altísimo riesgo de que la primera reacción del involucrado no sea la responder al fondo, sino señalar al mensajero: “Eso lo creó la IA”, y entonces deberá ser el reportero, y no el delincuente exhibido, el que deberá de demostrar que su evidencia no es sintética o artificial, o se va al bote.
Invertimos la carga de la prueba: del hecho al emisor; del culpable al periodista.
No exagero: Artículo 19 ya advirtió lagunas de precisión en conceptos como “alarma pública” o “paz social” (que son ambiguos y propensos a la interpretación) y un riesgo de discrecionalidad que podría alcanzar desde la crítica política hasta la edición creativa.
Es cierto, la iniciativa del diputado Héctor Serrano, incorpora exclusiones para fines periodísticos, académicos, artísticos y de parodia “siempre que no exista dolo y se indique expresamente ese carácter”. Bien intencionado, sí. ¿Suficiente? No, porque el campo de juego queda resbaladizo y no hay árbitro judicial ni peritos especialistas en el tema.
Las modificaciones al Código Penal producto de la iniciativa de regulación a la IA, no define con precisión cómo demostrar el dolo, qué es alarma y, sobre todo, quién y cómo lo acredita.
Byung-Chul Han lo dijo en su libro Infocracia, (que me gusta mucho citar): “vivimos bajo tormentas de datos que no construyen verdad sino ruido”. La información, desanclada de la confianza, se vuelve atmósfera. Y en atmósfera turbia, cualquiera puede gritar “fuego” y llamar a los bomberos, o “deepfake” y zafarse de la comisión de un delito.
Nuestro tiempo es el de la sospecha permanente, la duda como política de Estado.
El tema me recuerda a Orson Welles que lo anticipó en 1938 con La guerra de los mundos: una ficción radial que, contada como boletín, desató pánico.
Hoy no necesitamos actores; bastan modelos generativos, un par de clics y un algoritmo de difusión.
Imaginen —no es ciencia ficción— un boletín “verosímil” de la Sedena ordenando toque de queda; una “conferencia” de la presidenta aceptando una invasión o un “video” de un presunto homicida de un estudiante de Estomatología confesando un delito… (saben a lo que me refiero).
¿Qué tal que el homicida alega que el video que se filtró fue hecho con Inteligencia Artificial? ¿Se va a perseguir al medio que lo difundió? En una de esas, hasta el homicida sale libre…¿Ya me entiende, Culto Público a lo que me refiero, me preocupa, y me da comezón?
La IA escribe el guion; las redes, el miedo.
Ahora bien: San Luis Potosí ya legisló. ¿Hacía falta? Sí. Pero… ¿Así? ¿Tenemos la suficiente fortaleza académica, experiencia profesional y capacidades para fundamentar una legislación sobre esta materia que nos va ganando la carrera? ¿No será esto un acelerón en plena curva?
El que esto escribe, aprendiz de reportero, alcanza a ver al menos tres riesgos que no podemos ignorar:
1) La coartada perfecta del poderoso.
Frente a una investigación sólida, la respuesta fácil será: “es IA”. Si la norma deja ambigüedades, el periodista puede terminar litigando su autenticidad en vez de publicar, y esto puede generar un efecto inhibidor, una autocensura preventiva por miedo a ser acusado de crear “realidades sintéticas”.
2) La puerta trasera de la censura.
Cuando “alarma social” o “paz pública” no tienen parámetros verificables, cualquier pieza incómoda puede ser encuadrada como “desestabilizadora”. Hoy se promete que no; mañana basta un fiscal con prisas o un juez con miedo o a modo.
3) La prueba imposible.
En la práctica forense, demostrar que algo no fue generado por IA requiere peritajes especializados, sellos de procedencia, cadenas de custodia digitales. No los tenemos para temas como la IA ¿Quién los hará? ¿Con qué estándares? ¿Con qué independencia? Si no definimos eso, la balanza se inclina contra el informador.
Ante ello, creo que necesitamos definiciones más concretas, cerradas y taxativas, lo mismo que una “mente culpable” o como dicen los abogados una Mens rea probada, exigir dolo específico: intención de provocar alarma…me-di-ble y no de “sensación” de la misma.
Además, si alguien alega que una pieza es sintética o fabricada, que lo acredite con peritajes de laboratorios independientes (no “peritos de parte” -que además no hay en SLP- a modo).
Los periodistas también tenemos que tener garantías reales y no meramente declarativas.
Efectivamente hay una exclusión en la iniciativa aprobada para el ejercicio del periodismo, arte, academia y sátira, sin embargo, ¿quién garantiza que opere en los hechos, cuando alguien -como dije arriba- nada más porque sienta calor le llame a los bomberos…?
No se trata de negar el dilema —que es brutal y de múltiples aristas—, sino de evitar que la cura mate al paciente. Porque, paradójicamente, la IA que nos amenaza con fabricar mundos, también puede servir para validarlos.
A ver, para Usted mi Culto Público, le comparto dos escenarios de pesadilla y uno de esperanza:
Un “Falso con consecuencias reales”: Un “comunicado” apócrifo de Protección Civil que ordene evacuar colonias. Pánico, saqueos, accidentes. Nadie herido por la IA; todos por la estampida.
Un “Verdadero desmentido como falso”: Un video auténtico que documenta un abuso policial. Los responsables gritan “deepfake”, “IA”, un juez timorato concede medidas cautelares, y el reportero enfrenta proceso. La evidencia muere antes que el delito.
Uno de esperanza: que la norma haga lo que promete: perseguir mentiras sintéticas dañinas, proteger a víctimas (como las 400 estudiantes de Zacatecas) y blindar la crítica. Se puede, si se afina y lo hacemos de forma acompañada y profesional. No a la ligera.
La delgada línea entre vigilar y castigar —permítanme el guiño— no debería cruzarse hacia castigar al que vigila. La prensa, con sus errores y excesos que a veces tenemos (no me subo al púlpito ni tiro la primera piedra), sigue siendo el semáforo en una avenida oscura: si se apaga “por seguridad”, lo que viene no es orden, sino una carambola con trágicas consecuencias.
Cierro con una imagen. La IA es el Orson Welles de nuestros tiempos: puede narrar invasiones que no existen y desmentir revoluciones que sí ocurrieron. La diferencia será si, en San Luis, ponemos reglas claras, peritos que sepan, y un principio simple grabado en piedra: a la verdad no se le pone grillete; a la mentira, sí.
Insisto, si lo hacemos bien, con profesionalismo y sin miedo, quizá esta vez la radio hablando de marcianos no provoque pánico, sino lucidez.
Mañana será el diputado de Morena Carlos Arreola (qué casualidad) el que anuncie el desarrollo inmediato de foros con ciudadanos, académicos, especialistas, periodistas, abogados y otros grupos para discutir, plantear y afinar la iniciativa aprobada. Aunque lo convoque Arreola, ni modo, me apunto.
Nota: Esta columna no fue redactada con IA, sino con MIR (Mi Ignorancia Regular).
Hasta la próxima.
Yo soy Jorge Saldaña.
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#4 Tiempos
Francisco Gándara, primer ingeniero higromensor potosino | Columna de J.R. Martínez/Dr. Flash
EL CRONOPIO
En 1886 se titulaba de ingeniero en el Instituto Científico y Literario de San Luis Potosí un joven que aportaría al estudio y solución de problemas de sistemas hídricos en la población, así como contribuiría y sería testigo de uno de los acontecimientos científicos más importantes a nivel mundial y que impacta en la sociedad actual, la comunicación inalámbrica, el joven en cuestión Francisco de la Gándara.
Sobre este personaje ambientado en el San Luis potosí de 1886 escribí un artículo que puede consultarse en: San Luis Potosí en 1886, esplendor de la alta cultura potosina: https://www.researchgate.net/publication/394853478_San_Luis_Potosi_en_1886_esplendor_de_la_alta_cultura_potosina
En 1885 se abría en San Luis Potosí el Liceo Científico y Literario “José María Morelos”, fundado por los estudiantes del Instituto Científico y Literario que habían sido expulsados de este por el gobernador del estado. De esta forma el 23 de febrero de 1885 el Liceo abría sus puertas para que los estudiantes expulsados pudieran continuar sus estudios.
El director del Liceo y parte de sus profesores serían alumnos aventajados del Instituto que habían sido expulsados. Entre ellos se encontraba Francisco Gándara, alumno de excelencia del Instituto, en su momento ayudante de Francisco Estrada en algunos de sus experimentos y demostraciones en la cátedra de física. Este personaje tendría un papel importante y se convertiría en uno de los ingenieros egresados del Instituto Científico y Literario.
Los alumnos del Liceo que terminaban sus estudios superiores en esa institución, podían presentarse al Instituto Científico y Literario para examinarse en las materias que tenían pendientes en el Instituto después de cursarlas en el Liceo. Así, el 5 de septiembre de 1885 se examinaba en el Instituto Científico y Literario el alumno expulsado Francisco Gándara que era catedrático de física en el Liceo Morelos ; Gándara fue examinado en topografía y mecánica siendo calificado por el jurado con PB en ambas materias.
A fines de 1886 Francisco Gándara se titulaba como ingeniero topógrafo e higromensor en el Instituto Científico y Literario de San Luis Potosí y ofrecía sus servicios profesionales como tal en la cuarta calle del Apartado número 52, ahora calle de Francisco I. Madero.
Gándara con el tiempo se convertiría en un reconocido ingeniero experto en perforación de pozos y quien terminó la construcción de la Presa de San José.
En su época de estudiante de la cátedra de física, de 1881 a 1882, ayudó a Francisco Javier Estrada en sus experimentos de comunicación y fue testigo de los experimentos de comunicación inalámbrica que sería una de las aportaciones extraordinarias y de primicia mundial realizadas en ese año de 1886.
En 1897 Gándara recordaba, al anunciarse el descubrimiento de Marconi de la comunicación inalámbrica y que la prensa local y nacional promovía con loas a su autor, que dicho descubrimiento había sido realizado más de diez años antes por el potosino Francisco Javier Estrada en pleno centro de la ciudad de San Luis Potosí y en el edificio donde profesaba su cátedra de física. Para entonces, el olvido sobre la obra de Estrada y su persona, ya hacia acto de presencia, y sus motivos deben ser dignos de estudio.
Francisco Gándara, estudiante del curso de física que dictaba Estrada, narra, su reacción ante la noticia del experimento de Marconi, asegura que el tema fue para él, nada sorpresivo, pues él, al igual que sus condiscípulos, pudieron presenciar la comunicación telegráfica sin hilo conductor, tanto en el aire (en el espacio dice Gándara) como a través de la tierra (refiriéndose a la detección de temblores de tierra). Refiere Gándara que los experimentos con los más mínimos detalles quedaron consignados en los libros en que Estrada apuntaba el resultado de sus grandes estudios. Libro que infructuosamente, hasta el momento, hemos buscado y que representa un tesoro para la historia de la ciencia y para la historia de nuestra propia cultura.
Gracias a Francisco Gándara sabemos detalles de esos históricos experimentos de Estrada, al ser participa en ellos y registrarlos en su diario de experimentos.
“Al que esto escribe, discípulo del Sr. Estrada por aquellos años, cúpole en suerte ayudarle en la práctica de sus experiencias, para las cuales por la imposibilidad en que el sabio electricista se encontraba, necesitaba el concurso mecánico de alguien, y ¡cuántas veces me dejó sorprendido del resultado maravilloso de sus ideas que yo ejecutaba sin conciencia!
Yo mismo escribí de mi puño y letra la teoría del descubrimiento que hoy como de Marconi se presenta y asenté los experimentos que llevábamos a efecto con magníficos resultados, así como muchísimos de los frutos de la singular ilustración y gran saber del Sr. Estrada”.
Francisco Gándara (1897)
También lee: La incansable divulgadora del conocimiento, Ikram Antaki | Columna de J.R. Martínez/Dr. Flash
#4 Tiempos
Tomar chocolate y ponerse amarillos | Apuntes de Jorge Saldaña
APUNTES
Culto Público, hijos de “a mano y jugando”:
Cómo se los adelanté en exclusiva desde el jueves por la tarde (porque ya saben que los quiero) el trámite del pago del adeudo de gobierno a la UASLP sería realizado en cuestión de horas (dije entre 24 y 48) y que sería hoy lunes cuando se diera el anuncio oficial.
Pues así es. El propio rector, Alejandro Zermeño declaró el viernes que habría recibido una llamada de parte de las más altas esferas del gobierno estatal para avisarle que estaría por recibir el pago. (No es un pago que se haga en el cajero o desde el teléfono…) También confirmó, tanto él, como el secretario general de gobierno, Guadalupe Torres Sánchez, que se llevaría acabo una reunión entre el jefe del ejecutivo y el rector hoy, pero el pago era un hecho.
Tengo confirmada además la reunión que se llevará a cabo en las próximas horas y en privado, entre el gobernador Ricardo Gallardo y el rector Alejandro Zermeño en las oficinas del primero.
Pero, en esta mañanita de asueto les doy más novedades: Durante este fin de semana hubo negociaciones de último minuto, y es que previo a la transferencia, se planteó por ambas partes el tema de la construcción de los estacionamientos en la facultad de ciencias y la construcción de un gimnasio en la facultad del Hábitat.
Se puso en la mesa que el gobierno invirtiera 50 millones en ambas obras y entregase en recursos líquidos el resto, los otros 158 MDP.
Esta posibilidad puesta en la mesa fue analizada, sin embargo, tanto el gobierno del estado y sus asesores como la rectoría y su equipo, encontraron que se debían apegar al convenio con la federación, que no tiene contemplado los pagos en especie.
Por lo tanto, el gobierno d el estado cumplirá con su obligación pactada
en los términos estrictamente apegados al convenio y entiendo que será a través de un cheque de caja y certificado, (de los que no rebotan como los míos) que el gobernador entregue en mano al rector el documento esta mañana y se ponga fin a la larga y torcida historia de multi-capítulos.Asumo por la información que tengo a la mano que la entrega del cheque se llevará a cabo de manera privada (Gobernador y rector en solitario)
Lo que sí sé de cierto es que por ahí de la una “pe eme” se dará a conocer de manera pública y a medios de comunicación el anuncio en el que podría solo estar el gobernador o ambos personajes, eso todavía no lo tengo claro.
Del modo que sea faltan pocas horas para saberlo y les estaré informando.
Lo importante es que se cumple lo anunciado y se paga lo debido. La comunidad puede estar tranquila, los salarios, prestaciones y aguinaldos están asegurados. Los paros serán innecesarios.
En otras noticias, como seguramente ya lo saben para esta hora, está confirmada la detención del homicida del estudiante de estomatología y dos de sus tres cómplices.
Toda la información y el video (que obtuvo en exclusiva Plano Informativo y al que le reconozco todo el crédito por el material) la puede encontrar en nuestras redes y en nuestra página.
Todo concuerda con lo que les he ido contando, lo único que no me “cuadra” es el por qué bajaron del auto a Jorge Dávila y lo vuelven a subir en la parte trasera… eso sigue estando muy extraño.
En fin, les daré más información más tarde y agradezco su atención.
Yo soy Jorge Saldaña y les mando un abrazo a todos y todas.
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