agosto 23, 2025

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#4 Tiempos

Justicia (transicional) | Columna de Víctor Meade C.

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SIGAMOS DERECHO.

Quizás la definición más conocida de justicia es la que pronunció Ulpiano, jurisconsulto romano del siglo III. “La justicia es la perpetua y constante voluntad de dar a cada uno su derecho”, decía. Esta definición es en particular interesante, pues enlaza a la justicia con el concepto de derecho, distinta a las definiciones que le anteceden. Previo a Ulpiano, Cicerón ya delineaba la definición anterior afirmando que la justicia es “darle a cada quien lo suyo”. Varios siglos después de la definición dada por Ulpiano, Santo Tomás de Aquino precisó que la justicia no debe ser entendida como una serie de actos de voluntad, sino como un hábito firme. Por tanto, Aquino definió a la justicia como “el hábito según el cual uno, con constante y perpetua voluntad, da a cada cual su derecho”. Más cercano a nuestros días, en el siglo pasado, el abogado austriaco Hans Kelsen —cuyos aportes hoy son fundamentales para entender los sistemas jurídicos— optó por darle un giro al concepto de justicia y enlazarlo con la felicidad: “La justicia es la eterna aspiración del hombre a la felicidad en sociedad”.

Como todo concepto, complejo y con una serie de aristas que obligan a estudiarlo desde distintos ámbitos, la justicia es uno que en particular no ha logrado estricto consenso; hay tantas definiciones de justicia como personas.

Aunque resulte muchas veces difícil expresarlo en palabras, uno siempre tiene, al menos, una intuición infalible que nace en el estómago cuando algo no se considera justo.

Dada la amplitud y naturaleza del concepto, a la justicia no le han faltado apellidos. Para estudiar a la justicia, entonces, hay que estudiar también las distintas aplicaciones que esta puede tener. Por ejemplo, a la justicia distributiva, que tiene por objeto la repartición justa de los bienes entre los y las integrantes de una sociedad. Del mismo modo, en el plano nacional hace poco se estudió y trabajó en la justicia cotidiana, que esencialmente busca lograr que los conflictos del día a día y que requieren de una solución expedita no tengan que desahogarse mediante la tardada, costosa y para muchos inaccesible decisión de un tribunal, que además difícilmente pacifica de manera satisfactoria el conflicto para las partes involucradas.

La incontenible situación de violencia que se vive en el país y la presión generada por las organizaciones de la sociedad civil y colectivos de víctimas han colocado a la justicia transicional como tema urgente en la agenda pública.

En palabras de la Dra. Ana Laura Magaloni, la justicia transicional se trata de una serie de procesos de pacificación que permitan: i) conocer la verdad detrás de los fenómenos de violencia; ii) que haya mecanismos de reparación integral para las víctimas; iii) y que se establezcan instrumentos que garanticen la no repetición de estos fenómenos.

Hay que precisar que la justicia transicional no es un tema nuevo para este país. Después de la transición política del 2000, el gobierno de Fox intentó crear una Comisión de la Verdad, que finalmente fracasó y terminó siendo una “Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado”. ¿Los resultados? Un gasto de más de 300 millones de pesos y ni una sola sentencia condenatoria por los delitos cometidos durante la Guerra sucia de las décadas de los 60 y 70. Un segundo ejercicio inició en 2018, después de que un Tribunal Colegiado del Noveno Circuito (Tamaulipas) ordenó al Estado mexicano la creación de una Comisión de la Verdad para reponer la investigación del caso Ayotzinapa. La Comisión finalmente quedó integrada en 2019, luego de un decreto presidencial.

Vale la pena destacar que desde la academia se ha aportado significativamente a la discusión pública.

Académicos y académicas del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) presentaron en 2018 una sólida propuesta de política pública en materia de justicia transicional (https://bit.ly/3BmYYnT). Dicha propuesta, según el análisis del CIDE, prácticamente no requiere de reformas al ordenamiento jurídico del país. Requiere constante voluntad, como decía Ulpiano.

Ahora las organizaciones de la sociedad civil y colectivos de víctimas se han sumado con propuestas, pero también con peticiones concretas al gobierno mexicano para que cumpla con los compromisos adoptados por López Obrador durante su campaña y plasmados en el Plan Nacional de Desarrollo.

La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), junto con Javier Sicilia, integrante del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad (MPJD), presentaron un escrito de derecho de petición a la Presidencia, a las secretarías de Hacienda y Gobernación y a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV). Dicha petición, fundada en el artículo 8 de la Constitución, solicita a las autoridades antes mencionadas que inicien las gestiones necesarias “para el establecimiento de un modelo de justicia transicional en México, conforme a lo establecido [en el Plan Nacional de Desarrollo]”.

La petición de la CMDPDH y el MPJD comienza haciendo un recuento del contexto de violencia que se ha vivido en el país desde hace prácticamente seis décadas. Del periodo 1965-2006 enfatiza en la política del Estado mexicano de “aniquilar al enemigo interno”. El Halconazo, las desapariciones forzadas en Guerrero, particularmente las de Atoyac —como la de Rosendo Radilla—, las matanzas de Aguas Blancas y Acteal, el intento de eliminación del EZLN y los feminicidios de Campo Algodonero, por nombrar algunos ejemplos.

El siguiente periodo de análisis de la petición corre de 2006 a 2021, iniciado por la mal llamada guerra contra el narcotráfico de Calderón. Dada su política de militarizar la seguridad pública, la violencia escaló por las atrocidades cometidas tanto por las organizaciones criminales como por los propios agentes del Estado.

La CMDPDH y el MPJD puntualizan que “de 2006 a 2021 se han registrado como desaparecidas a más de 85 mil personas”. Asimismo, detallan que “de 2006 a 2019, la FGR registró 13 560 investigaciones penales por el delito de tortura; a nivel estatal, los reportes de 27 de las 32 entidades del país suman 21 360 investigaciones”. Sobre las ejecuciones, “el INEGI reportó un total de 240 mil casos de homicidio, cuya gran mayoría fueron hombres de entre 30 y 44 años de edad y que murieron en la vía pública a causa de un arma de fuego. Sin embargo, de acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, solo durante los menos de tres años de la gestión del presidente López Obrador se han sumado más de 90 mil homicidios y feminicidios, de los cuales se estiman 10 feminicidios ocurridos por día”.

La evidencia habla por sí misma y es conocida —sufrida— por toda la ciudadanía. Los mecanismos ordinarios de impartición de justicia han dado ínfimos resultados a las víctimas: la petición de la CMDPDH y el MPJD detalla, por ejemplo, que la Fiscalía Especial en Investigación del Delito de Tortura “informó tener 4,655 expedientes en trámite desde la fecha de su creación en octubre de 2015 a 2019. De este total de expedientes sólo el 0.55% ha sido consignado o judicializado. En ese sentido, de 2006 a 2019, se dictaron únicamente 27 sentencias por tortura a nivel federal, de las cuales 18 fueron condenatorias y 9 absolutorias”.

Explicada la magnitud de las violaciones a derechos humanos, así como los casi absolutos índices de impunidad, la petición después profundiza en el marco teórico de la justicia transicional y su aplicabilidad en México.

Posteriormente, la petición observa los compromisos del Plan Nacional de Desarrollo y del Plan Nacional de Derechos Humanos, que, según diversos artículos de la Ley de Planeación, son obligatorios para las dependencias de la Administración Pública Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias. Por ese motivo, la petición dirigida a la Presidencia, a las secretarías de Hacienda y Gobernación y a la CEAV les solicita que se inicien las gestiones necesarias para la instauración de una Comisión de la Verdad, un Mecanismo Internacional contra la Impunidad y un Modelo de Reparación Integral Extraordinario para las víctimas. El derecho de petición, al estar consagrado en la Constitución, permite activar procedimientos jurídicos que lo garanticen, por lo que será necesario estar muy al pendiente de la respuesta que den las autoridades a dicha solicitud.

Como brevemente hemos discutido, el concepto de justicia está estrechamente enlazado con la aspiración a la felicidad de la vida en sociedad.

Está, también, íntimamente relacionado con el derecho y con el firme hábito de tener voluntad para garantizarla.

Dada nuestra realidad insostenible, la justicia debe entenderse también como urgente. Nuestro país requiere de mayor voluntad y de menos simulación; las cientos de miles de víctimas urgen de políticas de largo aliento que les aseguren verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición.

La propuesta completa de la CMDPDH y el MPJD, cuya lectura y difusión recomiendo ampliamente, puede consultarse aquí: http://cmdpdh.org/la-verdad-tras-la-consulta-popular/peticion/

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#4 Tiempos

Clásico de la 57: pasión al filo del cuchillo | Columna de Arturo Mena “Nefrox”

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TESTEANDO

Hoy se juega en Querétaro el Clásico de la 57, un duelo que siempre viene cargado de tensión, orgullo y, por desgracia, un trasfondo que no se puede ignorar: la sombra de la violencia. Este enfrentamiento no es un simple partido de fútbol, es un espejo incómodo de lo que todavía está pendiente en nuestro balompié.

El recuerdo de la batalla campal entre Querétaro y Atlas sigue vivo. Esa tarde oscura, con imágenes que dieron la vuelta al mundo, dejó claro que la pasión puede convertirse en caos en cuestión de segundos. Y no fue un hecho aislado: en otras ocasiones también hemos visto enfrentamientos en las gradas del Alfonso Lastras, peleas que interrumpieron partidos, además de aquel episodio en Torreón en el que el sonido de las detonaciones generó un pánico colectivo que terminó por vaciar un estadio entero. Lo que debería ser fiesta, demasiadas veces se ha convertido en pesadilla.

El problema no es exclusivo de México. Apenas esta misma semana, en Argentina, un partido internacional quedó marcado por escenas dantescas: aficionados golpeados, perseguidos y obligados a escapar del propio lugar que debería haber sido su refugio. El encuentro tuvo que ser suspendido y la violencia dejó un saldo de heridos, detenidos y un continente entero preguntándose cómo es posible que sigamos repitiendo las mismas historias de siempre.

Con ese telón de fondo se juega hoy este Clásico de la 57. En la cancha, Gallos Blancos y Atlético de San Luis se disputan algo más que tres puntos: se juegan la credibilidad de una rivalidad que merece ser recordada por goles y no por golpes

. La exigencia es doble: para los equipos, que deben entregar un partido digno; y para las tribunas, que están obligadas a demostrar que se puede alentar sin cruzar la línea del salvajismo.

Porque la verdad es dura: si después de lo vivido en Querétaro hace unos años todavía no entendemos, si después de tantas escenas vergonzosas en México seguimos tolerando barras que se comportan como pandillas, entonces lo que pasó en Argentina podría repetirse aquí en cualquier momento.

El Clásico de la 57 debe ser una advertencia. Que la intensidad se quede en la cancha, que la rivalidad se mida en goles, que la pasión no vuelva a confundirse con barbarie. Si hoy la historia vuelve a torcerse hacia el lado equivocado, no habrá espacio para el asombro: sería simplemente la consecuencia de haber aprendido nada.

Este clásico es una puerta: o se abre para dejar pasar el fútbol en su forma más pura, o se entreabre para que se cuele de nuevo la violencia. Y lo que ocurra esta noche dirá mucho más de nosotros como país que de los once contra once que se atrevan a pisar la cancha.

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#4 Tiempos

La abogada y el diablo | Apuntes de Jorge Saldaña

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APUNTES

De no ser porque al empresario Miguel Maya Romero le fueron a ofrecer poner una de sus cafeterías al interior de lo que iba a convertirse en el centro comercial Santa Fe, en los terrenos que rentó la Universidad Autónoma de San Luis Potosí a la empresa VEM, e hizo público en sus medios el proyecto, a la UASLP le hubiera pasado de noche que le estaban por dar gato por liebre.

Se desató el infierno. Por algo a Miguel Maya Romero le dicen, los que lo quieren, “El diablo” (su WhatsApp es 666 y ya…bien raro).

Desde la muy humilde opinión de este aprendiz de reportero fueron dos errores fatales los que cometieron los promotores de Santa Fe: invitar a Maya solo a rentar un local, y no a invertir en el negocio completo.

El segundo error es haber entregado, al dueño de dos medios, el dossier, renders, planos, números y el “kit” completo del proyecto.

Hasta que estos materiales “cautiva inversionistas” fueron públicos en los medios miguelescos, la comunidad universitaria, sus más altos funcionarios y el Consejo Directivo, cayeron en cuenta que VEM les había vendido un unicornio que resultó ser un burro con brillantina.

Las especificaciones del Santa Fe publicadas estaban enfocadas al lucro, objetivo muy distante a lo que aprobó el Consejo Directivo Universitario por la confianza que le tienen al rector, Alejandro Zermeño Guerra.

Y es que con esa buena fe a la rectoría, nadie imaginó que el equipo jurídico de la Universidad resultara tan laxo, distraído e incompetente como para que en más de un año de haber firmado el contrato de arrendamiento (a precios muy inferiores a los del mercado, pero bueno…) no se hubiera dado cuenta que el unicornio rebuznaba.

En lugar de centro deportivo, canchas de pádel, gimnasio, pista para correr, estacionamientos para estudiantes y otras instalaciones dirigidas a la comunidad, se estaba gestando y vendiendo un centro comercial con tienda ancla, agencia de autos, restaurantes y cadenas comerciales.

Ante la presión social y mediática que provocó la discrepancia entre el proyecto original y el exhibido, el que tuvo que sacar el pecho y llevarse el desgaste fue el propio doctor Zermeño, que tuvo que pedir cuentas a su equipo jurídico encabezado por la abogada general de la universidad, Urenda Navarro Sánchez (a la que tengo el enorme gusto de no conocer).

En la revisión, el convenio resultó más poroso que un estropajo de Ixtle.

(Por cierto que el documento, al que solo Navarro Sánchez y muy pocos colaboradores de su oficina tenían acceso, casualmente se filtró a los mismos medios propiedad del villano de las pastorelas).

La filtración tuvo consecuencias. Por un lado, las enormes goteras jurídicas de la redacción del instrumento, urgieron a la Universidad cancelar el trato justificadamente acudiendo a las únicas condiciones que podrían protegerlos, que fueron el nulo avance de la obra y el agotamiento de los plazos.

En otras palabras, la falta de liquidez de los empresarios los salvaron; que si no, ya hubiera centro comercial, agencia de autos y café Chaires.

Por el otro lado, y ya circulando el convenio, se pudo saber que a la empresa VEM no le pidieron ni los requisitos más indispensables; no verificaron su experiencia (que no tiene) ni sus capacidades financieras (que tampoco tiene).

Con las cartas destapadas, el rector admitió que se sintió engañado (así lo declaró a éste medio y a otros). Pero… ¿engañado por quién?

¿Por la empresa? ¿O por su abogada general, que no cuidó a la institución, le escondió los detalles del poroso contrato y les generó un feroz enjambre jurídico en contra del que aún no salen?

Derivado de todos los yerros encontrados, se hizo inminente para la UASLP la cancelación del trato, provocando que Fabián Espinoza, el representante de la empresa al que se le cayó el negocio, denunciara penalmente al propio rector, a Miguel Maya y hasta a los periodistas de sus medios, asunto que hasta donde se sabe, sigue su curso.

Vamos dos a cero: Un contrato jurídicamente descuidado puso en el filo de la navaja a la institución, y provocó en reacción que denunciaran al líder de la comunidad universitaria, que sin necesidad, deberá defenderse por la vía penal (ojalá el rector contrate a un abogado o abogada externos… digo).

Tres a cero: En respuesta, la UASLP (léase la licenciada Navarro Sánchez) interpuso una tibia demanda mercantil (que no es lo mismo que una denuncia) en contra de la empresa. Sin embargo, la demanda la presentó la abogada hasta junio pasado. Es decir, meses después de la tormenta. Mientras tanto ni se ha recuperado el terreno, ni pueden hacer nada con él.

¿Estaría muy ocupada la abogada?

Quizás sí, promoviendo una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia, en contra del Instituto de Fiscalización Superior del Estado, contra el que debate la competencia de éste para auditar recursos propios de la UASLP.

Hace unos días, la controversia fue desechada por la SCJN por ser “notoriamente (no-to-ria-men-te) improcedente”. Cuatro-cero.

Por si se lo preguntaba, Culto Público, quien dió a conocer la promoción de la controversia, así como su penoso resultado, también fueron los medios propiedad de MMR, príncipe de las tinieblas.

(Yo creo que nadie les pasó el número de expediente en cuestión y le atinaron sus reporteros de pura suerte…)

Se le conoce al rector de la universidad, Alejandro Zermeño -y coincido- como un hombre íntegro, decente, bien intencionado, prudente, y capaz.

Lo que asombra es su paciencia y tolerancia con funcionarios como Urenda Navarro Sánchez, que si nos damos cuenta, es quien ha estado detrás de casi todos los conflictos que ha enfrentado la actual rectoría.

¿Cuándo terminará la goliza jurídica contra la institución? ¿No hay cambios? ¿Alguien tiene pacto con el diablo?

Hasta la próxima.

Yo soy Jorge Saldaña.

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#4 Tiempos

Salvador Gallardo Dávalos: médico, humanista y promotor cultural | Columna de J.R. Martínez/Dr. Flash

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EL CRONOPIO

 

Con la proyección del potosino Manuel José Othón como uno de los máximos poetas mexicanos, el movimiento literario en San Luis Potosí a principios del siglo XX fue intenso y de suma importancia; las escuelas literarias seguían siendo las reuniones entre los jóvenes interesados en la literatura y su formación profesional se complementaba con estudios profesionales en el Instituto Científico y Literario de San Luis Potosí, principalmente en la carrera de leyes donde confluirían un número importantes de hombres de letras que figuraron en el escenario nacional, con grande aplauso, por mencionar un par de esos personajes: Ramón López Velarde, Artemio de Valle Arizpe, entre muchos otros, como hemos tratado ya en anteriores entregas de esta columna de El Cronopio.

No solo en leyes se formaron esos literatos, en la preparatoria del Instituto donde coincidían todos ellos o la mayoría de ellos, serían las raíces que en otras carreras como la de medicina continuarían su gusto por la literatura, en especial la poesía, combinándola con su formación médica, como el fue el caso del rioverdense Salvador Gallardo Dávalos.

Salvador Gallardo Dávalos nació el 9 de julio de 1893 en Rioverde, San Luis Potosí, donde estudiaría sus primeras letras para luego ingresar a la preparatoria del Instituto Científico y Literario de San Luis Potosí, allí, en ese ambiente bohemio e intelectual que exponían un buen número de jóvenes interesados en la literatura despertó la vena poética de Salvador Gallardo que a la larga se convertiría en un prestigioso médico y excelente poeta que dejaría huella por su labor humanística y cultural en la región del bajío, principalmente en Aguascalientes donde contribuiría al desarrollo cultural de esa ciudad con su labor en la corresponsalía del Seminario de Cultura Mexicana de aquella ciudad.

Al salir de la preparatoria del Instituto Científico de San Luis, ingresó a estudiar medicina en el mismo Instituto potosino para posteriormente continuar sus estudios médicos en la Escuela Médico Militar de la Ciudad de México, siguiendo la huella de sus compañeros de estudio en el Instituto Científico y Literario de San Luis Potosí que también habían emigrado a estudiar en la capital, como Jesús Silva Herzog, compañero de estudios de preparatoria de Salvador Gallardo y además su primo.

El padre de Salvador Gallardo era médico y para entonces había desarrollado una importante labor en Rioverde, distinguiéndose como director del hospit al del pueblo que ahora lleva su nombre al igual que una de las calles de Rioverde. Salvador seguiría así la huella formativa de su padre.

Dejaría el ejército y seguiría su labor como médico y su labor dentro de la corriente estridentista de las letras como fueron sus comienzos literarios.

Con el apoyo de Silva Herzog que fuera subsecretario de Cultura en 1933, Salvador Gallardo ingresa como médico a la Secretaría de Educación en la Ciudad de México, antes de irse a radicar a Aguascalientes y realizar una intensa labor educativa y cultural como promotor cultural y catedrático de la Universidad Autónoma de Aguascalientes y de la Escuela Normal.

Su labor pública incluyó su participación en la Liga de Escritores y Artista Revolucionarios, miembro titular de la corresponsalía del Seminario de Cultura Mexicana en Aguascalientes, y fundador de la Asociación Cultural Aguascalentense, además de senador de la República por el estado de Aguascalientes.

Dentro de sus obras dedicadas a su tierra natal, se encuentra Cantos a San Luis Potosí publicada en 1942, con la que ganaría uno de los Juegos Florales de San Luis Potosí. 

Salvador Gallardo Dávalos moriría el 30 de octubre de 1981, dejando una importante huella en pro de la cultura de la provincia mexicana. Tras su muerte se estableció en 1982 el Premio Literario Salvador Gallardo Dávalos de la Casa de la Cultura de Aguascalientes, dejando un legado que continúa su descendencia, su hijo Salvador Gallardo Topete y su nieto poeta y filósofo Salvador Gallardo Cabrera.

De Salvador Gallardo un fragmento de “Canciones bajo la lluvia”

En las tardes invernales
la lluvia la luz tamiza
y cada rayo de irisa
como en danzas espectrales;
la brisa con sus puñales
nos espera en cada esquina,
y la lluvia es bailarina,
que en las tardes invernales,
-con sus velos de neblina-
danza “danza de puñetas”.

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Opinión

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