enero 8, 2026

Conecta con nosotros

#4 Tiempos

Justicia (transicional) | Columna de Víctor Meade C.

Publicado hace

el

SIGAMOS DERECHO.

Quizás la definición más conocida de justicia es la que pronunció Ulpiano, jurisconsulto romano del siglo III. “La justicia es la perpetua y constante voluntad de dar a cada uno su derecho”, decía. Esta definición es en particular interesante, pues enlaza a la justicia con el concepto de derecho, distinta a las definiciones que le anteceden. Previo a Ulpiano, Cicerón ya delineaba la definición anterior afirmando que la justicia es “darle a cada quien lo suyo”. Varios siglos después de la definición dada por Ulpiano, Santo Tomás de Aquino precisó que la justicia no debe ser entendida como una serie de actos de voluntad, sino como un hábito firme. Por tanto, Aquino definió a la justicia como “el hábito según el cual uno, con constante y perpetua voluntad, da a cada cual su derecho”. Más cercano a nuestros días, en el siglo pasado, el abogado austriaco Hans Kelsen —cuyos aportes hoy son fundamentales para entender los sistemas jurídicos— optó por darle un giro al concepto de justicia y enlazarlo con la felicidad: “La justicia es la eterna aspiración del hombre a la felicidad en sociedad”.

Como todo concepto, complejo y con una serie de aristas que obligan a estudiarlo desde distintos ámbitos, la justicia es uno que en particular no ha logrado estricto consenso; hay tantas definiciones de justicia como personas.

Aunque resulte muchas veces difícil expresarlo en palabras, uno siempre tiene, al menos, una intuición infalible que nace en el estómago cuando algo no se considera justo.

Dada la amplitud y naturaleza del concepto, a la justicia no le han faltado apellidos. Para estudiar a la justicia, entonces, hay que estudiar también las distintas aplicaciones que esta puede tener. Por ejemplo, a la justicia distributiva, que tiene por objeto la repartición justa de los bienes entre los y las integrantes de una sociedad. Del mismo modo, en el plano nacional hace poco se estudió y trabajó en la justicia cotidiana, que esencialmente busca lograr que los conflictos del día a día y que requieren de una solución expedita no tengan que desahogarse mediante la tardada, costosa y para muchos inaccesible decisión de un tribunal, que además difícilmente pacifica de manera satisfactoria el conflicto para las partes involucradas.

La incontenible situación de violencia que se vive en el país y la presión generada por las organizaciones de la sociedad civil y colectivos de víctimas han colocado a la justicia transicional como tema urgente en la agenda pública.

En palabras de la Dra. Ana Laura Magaloni, la justicia transicional se trata de una serie de procesos de pacificación que permitan: i) conocer la verdad detrás de los fenómenos de violencia; ii) que haya mecanismos de reparación integral para las víctimas; iii) y que se establezcan instrumentos que garanticen la no repetición de estos fenómenos.

Hay que precisar que la justicia transicional no es un tema nuevo para este país. Después de la transición política del 2000, el gobierno de Fox intentó crear una Comisión de la Verdad, que finalmente fracasó y terminó siendo una “Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado”. ¿Los resultados? Un gasto de más de 300 millones de pesos y ni una sola sentencia condenatoria por los delitos cometidos durante la Guerra sucia de las décadas de los 60 y 70. Un segundo ejercicio inició en 2018, después de que un Tribunal Colegiado del Noveno Circuito (Tamaulipas) ordenó al Estado mexicano la creación de una Comisión de la Verdad para reponer la investigación del caso Ayotzinapa. La Comisión finalmente quedó integrada en 2019, luego de un decreto presidencial.

Vale la pena destacar que desde la academia se ha aportado significativamente a la discusión pública.

Académicos y académicas del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) presentaron en 2018 una sólida propuesta de política pública en materia de justicia transicional (https://bit.ly/3BmYYnT). Dicha propuesta, según el análisis del CIDE, prácticamente no requiere de reformas al ordenamiento jurídico del país. Requiere constante voluntad, como decía Ulpiano.

Ahora las organizaciones de la sociedad civil y colectivos de víctimas se han sumado con propuestas, pero también con peticiones concretas al gobierno mexicano para que cumpla con los compromisos adoptados por López Obrador durante su campaña y plasmados en el Plan Nacional de Desarrollo.

La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), junto con Javier Sicilia, integrante del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad (MPJD), presentaron un escrito de derecho de petición a la Presidencia, a las secretarías de Hacienda y Gobernación y a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV). Dicha petición, fundada en el artículo 8 de la Constitución, solicita a las autoridades antes mencionadas que inicien las gestiones necesarias “para el establecimiento de un modelo de justicia transicional en México, conforme a lo establecido [en el Plan Nacional de Desarrollo]”.

La petición de la CMDPDH y el MPJD comienza haciendo un recuento del contexto de violencia que se ha vivido en el país desde hace prácticamente seis décadas. Del periodo 1965-2006 enfatiza en la política del Estado mexicano de “aniquilar al enemigo interno”. El Halconazo, las desapariciones forzadas en Guerrero, particularmente las de Atoyac —como la de Rosendo Radilla—, las matanzas de Aguas Blancas y Acteal, el intento de eliminación del EZLN y los feminicidios de Campo Algodonero, por nombrar algunos ejemplos.

El siguiente periodo de análisis de la petición corre de 2006 a 2021, iniciado por la mal llamada guerra contra el narcotráfico de Calderón. Dada su política de militarizar la seguridad pública, la violencia escaló por las atrocidades cometidas tanto por las organizaciones criminales como por los propios agentes del Estado.

La CMDPDH y el MPJD puntualizan que “de 2006 a 2021 se han registrado como desaparecidas a más de 85 mil personas”. Asimismo, detallan que “de 2006 a 2019, la FGR registró 13 560 investigaciones penales por el delito de tortura; a nivel estatal, los reportes de 27 de las 32 entidades del país suman 21 360 investigaciones”. Sobre las ejecuciones, “el INEGI reportó un total de 240 mil casos de homicidio, cuya gran mayoría fueron hombres de entre 30 y 44 años de edad y que murieron en la vía pública a causa de un arma de fuego. Sin embargo, de acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, solo durante los menos de tres años de la gestión del presidente López Obrador se han sumado más de 90 mil homicidios y feminicidios, de los cuales se estiman 10 feminicidios ocurridos por día”.

La evidencia habla por sí misma y es conocida —sufrida— por toda la ciudadanía. Los mecanismos ordinarios de impartición de justicia han dado ínfimos resultados a las víctimas: la petición de la CMDPDH y el MPJD detalla, por ejemplo, que la Fiscalía Especial en Investigación del Delito de Tortura “informó tener 4,655 expedientes en trámite desde la fecha de su creación en octubre de 2015 a 2019. De este total de expedientes sólo el 0.55% ha sido consignado o judicializado. En ese sentido, de 2006 a 2019, se dictaron únicamente 27 sentencias por tortura a nivel federal, de las cuales 18 fueron condenatorias y 9 absolutorias”.

Explicada la magnitud de las violaciones a derechos humanos, así como los casi absolutos índices de impunidad, la petición después profundiza en el marco teórico de la justicia transicional y su aplicabilidad en México.

Posteriormente, la petición observa los compromisos del Plan Nacional de Desarrollo y del Plan Nacional de Derechos Humanos, que, según diversos artículos de la Ley de Planeación, son obligatorios para las dependencias de la Administración Pública Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias. Por ese motivo, la petición dirigida a la Presidencia, a las secretarías de Hacienda y Gobernación y a la CEAV les solicita que se inicien las gestiones necesarias para la instauración de una Comisión de la Verdad, un Mecanismo Internacional contra la Impunidad y un Modelo de Reparación Integral Extraordinario para las víctimas. El derecho de petición, al estar consagrado en la Constitución, permite activar procedimientos jurídicos que lo garanticen, por lo que será necesario estar muy al pendiente de la respuesta que den las autoridades a dicha solicitud.

Como brevemente hemos discutido, el concepto de justicia está estrechamente enlazado con la aspiración a la felicidad de la vida en sociedad.

Está, también, íntimamente relacionado con el derecho y con el firme hábito de tener voluntad para garantizarla.

Dada nuestra realidad insostenible, la justicia debe entenderse también como urgente. Nuestro país requiere de mayor voluntad y de menos simulación; las cientos de miles de víctimas urgen de políticas de largo aliento que les aseguren verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición.

La propuesta completa de la CMDPDH y el MPJD, cuya lectura y difusión recomiendo ampliamente, puede consultarse aquí: http://cmdpdh.org/la-verdad-tras-la-consulta-popular/peticion/

Lee también: 47 años | Columna de Víctor Meade C.

#4 Tiempos

SLP no es grande… pero su problema de transporte sí | Columna de Ana G Silva

Publicado hace

el

Corredor Humanitario

 

Ya no es molestia. Ya no es inconformidad. Es hartazgo puro.

Y no, no voy a buscar una palabra más bonita, porque no la hay para describir lo denigrante que resulta usar el transporte público en San Luis Potosí.

Los camiones potosinos son, sin exagerar, de los más caros del Bajío. Hoy el pasaje cuesta 12.50 pesos y, aun así, el servicio es lento, viejo, sucio, impredecible y profundamente irrespetuoso con el usuario.

En Guadalajara, una de las ciudades más importantes del país, el transporte cuesta 8 pesos. En Querétaro, sí, puede llegar a 12 pesos, pero ahí el transporte sí sirve: pasa seguido, es relativamente puntual y no te condena a perder media vida esperando.

Aquí no.

En San Luis Potosí hay personas que esperan 20, 40 minutos o hasta una hora para que pase un camión. Una hora. Solo para subir. Eso no es un “detalle operativo”. Eso es trato indigno.

Aquí mismo, los potosinos repiten que atravesar la ciudad en coche toma 15 o 20 minutos. Pero gracias a un sistema de transporte público miserable, ese mismo trayecto se convierte en una hora con veinte, de los cuales 60 minutos son solo de espera.

En la Ciudad de México, con tráfico brutal y distancias enormes, puedes tardar dos horas en un traslado, sí, pero no esperas. El metro, el pesero, la combi pasan cada 4 o 5 minutos. La ciudad será un caos, pero el transporte no te abandona.

Aquí el usuario espera como si pidiera limosna.

Y por si fuera poco, muchas rutas dejan de operar a las 8 de la noche. Entonces la pregunta es obligada: ¿qué diablos pasa con quienes salen a las 8, 9 o 10 de la noche de trabajar?

Antes, el transporte público funcionaba al menos hasta las 10:30 pm. Hoy ya no. ¿La solución? Que el usuario pague Uber o taxi. Y eso no es ocasional: Es diario, es de lunes a viernes, de lunes a sábado. Para quien gana el salario mínimo —o apenas un poco más— esto es un golpe directo a la cartera.

Y aun así, todavía se atreven… Margarito Terán, líder de los transportistas, dice que 12.50 pesos no les alcanza, que no les “presta” para dar un buen servicio y que necesitan subir el pasaje a 15 pesos (aunque de todos modos se la pelan, porque legalmente no pueden aumentar la tarifa más allá de lo que marca el Índice Nacional de Precios al Consumidor, INPC)

.

Seamos serios. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes les ha señalado, año tras año, que circulan unidades con más de 10 años de antigüedad, algo que no debería permitirse en la zona metropolitana. Esto no empezó ayer. Pasó con Ricardo Gallardo, pasó con Juan Manuel Carreras y pasó antes.

Han sido omisos profesionales.

Prometen arreglar camiones. Prometen capacitar choferes. Prometen mejorar rutas. Y lo único constante es el mal servicio.

¿Quién no ha sufrido a un chofer grosero? ¿Quién no ha visto a uno hablando por teléfono, con la música a todo volumen, prepotente, echando carreritas con otro camión? ¿Quién no ha vivido eso de que se juntan dos unidades y una avanza a paso de tortuga, importándole poco o nada si el usuario lleva prisa?

Y luego está el clásico: acortar la ruta, aunque no sea su recorrido, porque “ya van tarde”. Y el usuario que se joda: se baja antes, camina, llega tarde, pierde tiempo y pierde dinero.

Eso no es transporte público. Eso es desprecio sistemático al usuario.

Por eso lo digo sin rodeos: si no pueden prestar un servicio digno, háganse a un lado.

Permitan que el Gobierno del Estado busque otra concesionaria que sí pueda, que sí quiera y que sí le alcance. Porque en otros estados ya quedó demostrado que con menos dinero se puede ofrecer un servicio muchísimo mejor.

Y ya ni siquiera es por el precio. Es por el tiempo robado, el maltrato, las unidades decrépitas, la falta total de respeto.

Basta de tratar al usuario como ciudadano de segunda.

Y ojalá —de verdad ojalá— que la secretaria Araceli Martínez Acosta se suba una semana, solo una, al transporte público para ir a trabajar. Que espere, que se desespere, que llegue tarde. A ver si así entiende la indignación diaria de miles de potosinos.

Porque el transporte público no es un favor. Es un derecho. Y en San Luis Potosí, hoy, ese derecho está secuestrado por la mediocridad.

También lee: ¿Y si un día dicen que ya no hay abortos… porque los escondieron todos? | Columna de Ana G Silva

Continuar leyendo

#4 Tiempos

Gabriel Macías un periodista y político potosino en los albores del siglo XX | Columna de J.R. Martínez/Dr. Flash

Publicado hace

el

EL CRONOPIO

 

Uno de los primeros periódicos que tuvo San Luis Potosí en los últimos años de la lucha armada en la revolución mexicana, fue el periódico Acción, un periódico para los hombres de acción, como rezaba su lema que fue creado por su director y propietario Gabriel Macías que iniciaba actividades en 1919 y permanecería un par de décadas informando a la sociedad potosina.

Gabriel Macías, periodista y político potosino fundó el periódico Acción y posteriormente la Revista Universal. Jugó un importante papel en la vida social potosina, pues impulsó la candidatura al gobierno de San Luis Potosí de Rafael Nieto Compeán que pasaría a la historia como un reformador de los derechos humanos al proponer la autonomía universitaria y el derecho al voto femenino, entre otras iniciativas de trascendencia.

Gabriel Macías participaría en estas iniciativas al ser diputado del congreso potosino en la XXVII Legislatura del Congreso del Estado de San Luis Potosí, legislando de septiembre de 1921 a septiembre de 1923. Esta legislatura, compuesta por 16 diputados, le tocaría debatir las iniciativas de autonomía universitaria y derecho al voto femenino, siendo ambas aprobadas, en primera instancia, aunque sufrirían obstáculos en su aplicación.

La XXVII legislatura estuvo integrada por: José D. Cervantes, Miguel Compeán, Santiago Rincón Gallardo, Herminio Y. Carreño, Gonzalo N. Santos, Tomás Estrada, Valentín Narváez, Pío Mendoza, José Santos Alonso, Alfredo E. Garza, José Fraga, Lorenzo Nieto, Lamberto Rocha, Manuel Rodríguez Martínez, Crescencio Rivera y Gabriel Macías.

Rafael Nieto fungía como Subsecretario de hacienda en 1919 y aceptaba la candidatura que era apoyada por varios políticos potosinos, entre ellos, Gabriel Macías y los partidos políticos Liberal Obrero, Liberal Reformista y el Reformista Independiente. Para el año de la publicación de la Revista Universal Gabriel Macías había dejado de ser diputado, aunque participaba en la vida política potosina. Creaba así la que puede considerarse la primera revista de divulgación del conocimiento donde cabían las disciplinas científicas y técnicas junto con las de carácter cultural, de interés social que reflejaba la vida cotidiana de principios del siglo XX a nivel mundial, con cierto énfasis en la norteamericana, al participar en los artículos de fondo periodistas estadounidenses.

El periódico Acción que iniciara actividades en 1919, se enfocó en vida política de Rafael Nieto apoyando su candidatura y su gestión, una vez que llegara a la gobernatura del estado, no sin conflictos electorales, pues llegó San Luis Potosí a tener dos gobernadores en funciones, hasta el día de su muerte en el extranjero mientras fungía representaciones diplomáticas. Del mismo modo, las páginas de Acción se vieron enriquecidas con extensos artículos políticos escritos por Rafael Nieto, donde desplegaba sus trabajos como estadista.

Mayores detalles sobre la orientación de La Revista Universal que aparecía como encarte en el periódico Acción, pueden consultar mi artículo: La Revista Universal, primera revista cultural y de corte científico en San Luis Potosí, en:

https://www.researchgate.net/publication/398346407_La_Revista_Universal_primera_revista_cultural_y_de_corte_cientifico_en_San_Luis_Potosi.

El periódico Acción, además de ser el medio de comunicación principal a inicios de la década de los veinte en San Luis Potosí, incorporó encartes a color por primera vez en la entidad, tanto en La Revista Universal, como en una sección cómica.

La novedosa característica de la revista fue la portada ilustrada a color, y en algunas partes de los interiores. Como publicación periódica vendría siendo la primera que aparecía con impresión a color en San Luis Potosí. Meses antes de su aparición, el periódico Acción sacaba a la luz otro suplemento dominical completamente a color, que denominaba como “sección cómica”, de al menos cuatro páginas, popularmente conocido como “monitos”. No sabemos si la infraestructura para impresión a color estaba en San Luis Potosí o era impresa en otro lugar. Revista Universal era de aparición semanal y se publicó al menos durante el año de 1925.

También lee: Gonzalo Celorio, su relación con San Luis Potosí | Columna de J.R. Martínez/Dr. Flash

Continuar leyendo

#4 Tiempos

Tiranos y los relatos que se creen | Apuntes de Jorge Saldaña

Publicado hace

el

Apuntes

 

Es un tirano, un loco, un dictador, un líder nocivo, un extremista peligroso.


Estoy hablando, Culto Público de Donald Trump, y estoy hablando también de Nicolás Maduro.

La diferencia no es moral. Es logística.

Le recomiendo leerlos bien, porque ambos encajan en los mismos adjetivos, la diferencia es que solo uno tiene portaaviones, agencias globales, jueces extraterritoriales y la vieja costumbre de decidir qué presidentes latinoamericanos sobran.

La de antier, con una gran diferencia.

La incursión de Estados Unidos en Venezuela para capturar a Nicolás Maduro no fue justicia. Fue injerencia.


Violó el derecho internacional, la Carta de la ONU y cualquier idea mínima de soberanía. Y no ocurrió por accidente ni por nobleza: ocurrió porque Washington puede.

Aquí conviene desmontar la mentira central.

Estados Unidos ya no interviene por ideologías.
No le importa el comunismo. No le interesa la izquierda. No le quita el sueño la democracia.

Interviene bajo una etiqueta mucho más rentable y flexible: narcoterrorismo, y eso, marca una nueva ruta en la historia de la intervención Yanki que se estrenó este 2026 en el siglo XXI.

Ese concepto es el comodín perfecto: mezcla crimen, miedo, drogas y guerra. Sirve para todo. No necesita pruebas concluyentes, solo enemigos útiles. Y permite lo que antes se hacía en nombre del “anticomunismo”, ahora con traje legal y discurso de seguridad.

Nada hay de romántico en esta historia. Trump no piensa en los venezolanos. No le importan sus libertades. No le duele su miseria.

Le importa el capital. El petróleo. El control.
Y demostrar que los tratados internacionales son papel mojado cuando estorban al negocio.

Venezuela no es una cruzada moral: es una reserva energética con presidente incómodo. Y esto tampoco es nuevo.

Cuba fue castigada no por dictadura, sino por desobedecer. Chile no cayó por autoritarismo, sino por atreverse a ganar elecciones. Nicaragua fue desgastada hasta pudrirse. Bolivia fue presionada hasta desfondarse. Brasil fue erosionado desde dentro. México es presionado sin necesidad de golpes.

El patrón es claro: la intervención no corrige, administra, no salva pueblos: reordena intereses.

Maduro, por supuesto, no es inocente, empobreció a su país, aplastó libertades y gobernó a fuerza de aparato.


Pero seamos adultos: el mayor mercado del narcotráfico no está en Caracas, está en Estados Unidos. (La mayoría de los venezolanos no tienen para un pan y sobreviven con 5 dólares a la semana, mucho menos tendrán para un “pase”).

El dinero pues, ni la droga, se quedan en Venezuela; viajan al norte. Pensar que la DEA y la CIA son espectadoras ingenuas es una broma histórica.

Aquí está el punto más incómodo —y más verdadero—:

Trump y Maduro se parecen más de lo que admiten:


Ambos se creen su propio relato. Ambos confunden poder con razón. Ambos creen que la realidad debe acomodarse a su discurso, no al revés.

Maduro se cree la resistencia. Trump se cree el sheriff del mundo.

Y cuando un imperio decide que puede capturar presidentes latinoamericanos sin consecuencias, el problema deja de ser Maduro.

Es el precedente. Es el mensaje. Es la advertencia.

Hoy fue Venezuela. Mañana será cualquiera que no obedezca.

Y no, no hay nada que celebrar. Ni para los venezolanos. Ni para América Latina. Ni para nadie que todavía crea que el derecho internacional sirve para algo más que decorar discursos.

A la gris y desdibujada Europa se la dividen Rusia, China y Estados Unidos (con su intervención a través de Palestina en contra de Irán por la misma razón que lo hace en Venezuela: petróleo)

En el continente americano, Trump juega a comerse el pastel él solo, con bravuconadas, aranceles, amenazas y ya vimos, con su propio relato y con su propia ley.

¿Quién es más tirano? Y más importante: ¿Quién es más sumiso? ¿El que reclama al tirano o el que le aplaude sus tiranías? (Acuérdense que los dos lo son)

 

BEMOLES.

Gracias y Ánimo Tocayo.

Muchos enviamos y recibimos buenos deseos estas fiestas que pasaron. En todos ellos se desea principalmente salud, no obstante hay quien aprovecha (o ignora) de verdad esos asuntos tan delicados, y pasados apenas unos días de los “buenos deseos”, regresa la mezquindad y el aprovechamiento de lo que sea, hasta lo más bajo, para sacar raja política. Que pena.

Desde este humilde espacio, agradezco las atenciones de mi tocayo, Jorge Daniel Hernández Delgadillo, hoy ex titular del Interapas. En otras administraciones no coincidimos, en otras sí, pero lo que nos mantiene en comunicación no son los sexenios sino la amistad.

Como todo un profesional, Hernández Delgadillo cumplió con su encomienda hasta que vio cristalizada la gestión con el legislativo para el ajuste inflacionario de las tarifas del agua así como la autorización de los descuentos, lo que le dará un alivio al organismo en materia de ingresos y de recuperación de cartera vencida, dos temas que mucha falta le hacían al Interapas del que llevó las riendas. (Ánimo tocayo)

 

¿Y el relevo?

Es muy fácil criticar (y divertido, lo admito) pero, ¿hay algún valiente que le quiera entrar a dirigir el Interapas? Por lo poco que sé, se prevé que por algún tiempo el organismo estará en manos de un encargado de despacho, entre tanto se busque un perfil, técnicamente preparado y administrativamente hábil para lo que viene, que es una posible y seguramente muy tormentosa desincorporación de Soledad y de Pozos del organismo.

El asunto es más fácil decirlo que hacerlo, pero en fin. Además de los actos administrativos que los cambios implican, el tema implica correr una cortesía política para el Palacio de Gobierno, y es que eso es hacer política, lo que les ha dado buenos resultados en las últimas fechas tanto al gobernador Gallardo como al alcalde capitalino, Galindo.

Llevando la fiesta en paz (en lo posible) hay proyectos de inversión en infraestructura para la capital por más de 800 millones de pesos, buena comunicación y un “desarme bilateral” de la guerra sucia (que ya era mucha). Además, será un buen año para las finanzas de los capitalinos, pues se esperan más de mil 300 mdp de recaudación solo del impuesto predial para este año.

De regreso al asunto técnico- administrativo de la gestión del agua, hay que saber que la mayoría de los pozos que surten a Soledad están en territorio potosino, pero las plantas tratadoras están del otro lado… el rompecabezas es como de 30 mil piezas, en tres pisos y en cuarta dimensión.

Además, las implicaciones, cortes, cobros y reclamos entre que las cosas se acomodan, van a resultar más incómodos que la enfermedad, más en un año preelectoral, pero pues ya veremos qué iguana traga más pinole y de qué lado (¿o cómo era?)

 

Corresponsal

El asunto de Venezuela no es menor, es histórico, es un parteaguas y es un episodio para nuestra generación. En La Orquesta no queremos perder detalle y es por eso que a partir de hoy contaremos con la colaboración de Nicole Remesar, periodista venezolana que hará de nuestra corresponsal mientras sabemos si logísticamente es posible trasladarnos para allá (¿Sabían que no hay vuelos?)

Mientras tanto les seguiremos informando.

 

Hasta la próxima.

Yo soy Jorge Saldaña.

También lee: “Yo no olvido al año viejo”

Continuar leyendo

Opinión

Pautas y Redes de México S.A. de C.V.
Miguel de Cervantes Saavedra 140
Col. Polanco CP 78220
San Luis Potosí, S.L.P.
Teléfono 444 2440971

EL EQUIPO:

Director General
Jorge Francisco Saldaña Hernández

Director Administrativo
Luis Antonio Martínez Rivera

Directora Editorial
Ana G. Silva

Periodistas

Diseño
Karlo Sayd Sauceda Ahumada

Productor
Fermin Saldaña Ocampo

 

 

 

Copyright ©, La Orquesta de Comunicaciones S.A. de C.V. Todos los Derechos Reservados