SIGAMOS DERECHO.

Quizás la definición más conocida de justicia es la que pronunció Ulpiano, jurisconsulto romano del siglo III. “La justicia es la perpetua y constante voluntad de dar a cada uno su derecho”, decía. Esta definición es en particular interesante, pues enlaza a la justicia con el concepto de derecho, distinta a las definiciones que le anteceden. Previo a Ulpiano, Cicerón ya delineaba la definición anterior afirmando que la justicia es “darle a cada quien lo suyo”. Varios siglos después de la definición dada por Ulpiano, Santo Tomás de Aquino precisó que la justicia no debe ser entendida como una serie de actos de voluntad, sino como un hábito firme. Por tanto, Aquino definió a la justicia como “el hábito según el cual uno, con constante y perpetua voluntad, da a cada cual su derecho”. Más cercano a nuestros días, en el siglo pasado, el abogado austriaco Hans Kelsen —cuyos aportes hoy son fundamentales para entender los sistemas jurídicos— optó por darle un giro al concepto de justicia y enlazarlo con la felicidad: “La justicia es la eterna aspiración del hombre a la felicidad en sociedad”.

Como todo concepto, complejo y con una serie de aristas que obligan a estudiarlo desde distintos ámbitos, la justicia es uno que en particular no ha logrado estricto consenso; hay tantas definiciones de justicia como personas.

Aunque resulte muchas veces difícil expresarlo en palabras, uno siempre tiene, al menos, una intuición infalible que nace en el estómago cuando algo no se considera justo.

Dada la amplitud y naturaleza del concepto, a la justicia no le han faltado apellidos. Para estudiar a la justicia, entonces, hay que estudiar también las distintas aplicaciones que esta puede tener. Por ejemplo, a la justicia distributiva, que tiene por objeto la repartición justa de los bienes entre los y las integrantes de una sociedad. Del mismo modo, en el plano nacional hace poco se estudió y trabajó en la justicia cotidiana, que esencialmente busca lograr que los conflictos del día a día y que requieren de una solución expedita no tengan que desahogarse mediante la tardada, costosa y para muchos inaccesible decisión de un tribunal, que además difícilmente pacifica de manera satisfactoria el conflicto para las partes involucradas.

La incontenible situación de violencia que se vive en el país y la presión generada por las organizaciones de la sociedad civil y colectivos de víctimas han colocado a la justicia transicional como tema urgente en la agenda pública.

En palabras de la Dra. Ana Laura Magaloni, la justicia transicional se trata de una serie de procesos de pacificación que permitan: i) conocer la verdad detrás de los fenómenos de violencia; ii) que haya mecanismos de reparación integral para las víctimas; iii) y que se establezcan instrumentos que garanticen la no repetición de estos fenómenos.

Hay que precisar que la justicia transicional no es un tema nuevo para este país. Después de la transición política del 2000, el gobierno de Fox intentó crear una Comisión de la Verdad, que finalmente fracasó y terminó siendo una “Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado”. ¿Los resultados? Un gasto de más de 300 millones de pesos y ni una sola sentencia condenatoria por los delitos cometidos durante la Guerra sucia de las décadas de los 60 y 70. Un segundo ejercicio inició en 2018, después de que un Tribunal Colegiado del Noveno Circuito (Tamaulipas) ordenó al Estado mexicano la creación de una Comisión de la Verdad para reponer la investigación del caso Ayotzinapa. La Comisión finalmente quedó integrada en 2019, luego de un decreto presidencial.

Vale la pena destacar que desde la academia se ha aportado significativamente a la discusión pública.

Ahora las organizaciones de la sociedad civil y colectivos de víctimas se han sumado con propuestas, pero también con peticiones concretas al gobierno mexicano para que cumpla con los compromisos adoptados por López Obrador durante su campaña y plasmados en el Plan Nacional de Desarrollo.

La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), junto con Javier Sicilia, integrante del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad (MPJD), presentaron un escrito de derecho de petición a la Presidencia, a las secretarías de Hacienda y Gobernación y a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV). Dicha petición, fundada en el artículo 8 de la Constitución, solicita a las autoridades antes mencionadas que inicien las gestiones necesarias “para el establecimiento de un modelo de justicia transicional en México, conforme a lo establecido [en el Plan Nacional de Desarrollo]”.

La petición de la CMDPDH y el MPJD comienza haciendo un recuento del contexto de violencia que se ha vivido en el país desde hace prácticamente seis décadas. Del periodo 1965-2006 enfatiza en la política del Estado mexicano de “aniquilar al enemigo interno”. El Halconazo, las desapariciones forzadas en Guerrero, particularmente las de Atoyac —como la de Rosendo Radilla—, las matanzas de Aguas Blancas y Acteal, el intento de eliminación del EZLN y los feminicidios de Campo Algodonero, por nombrar algunos ejemplos.

El siguiente periodo de análisis de la petición corre de 2006 a 2021, iniciado por la mal llamada guerra contra el narcotráfico de Calderón. Dada su política de militarizar la seguridad pública, la violencia escaló por las atrocidades cometidas tanto por las organizaciones criminales como por los propios agentes del Estado.

La CMDPDH y el MPJD puntualizan que “de 2006 a 2021 se han registrado como desaparecidas a más de 85 mil personas”. Asimismo, detallan que “de 2006 a 2019, la FGR registró 13 560 investigaciones penales por el delito de tortura; a nivel estatal, los reportes de 27 de las 32 entidades del país suman 21 360 investigaciones”. Sobre las ejecuciones, “el INEGI reportó un total de 240 mil casos de homicidio, cuya gran mayoría fueron hombres de entre 30 y 44 años de edad y que murieron en la vía pública a causa de un arma de fuego. Sin embargo, de acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, solo durante los menos de tres años de la gestión del presidente López Obrador se han sumado más de 90 mil homicidios y feminicidios, de los cuales se estiman 10 feminicidios ocurridos por día”.

La evidencia habla por sí misma y es conocida —sufrida— por toda la ciudadanía. Los mecanismos ordinarios de impartición de justicia han dado ínfimos resultados a las víctimas: la petición de la CMDPDH y el MPJD detalla, por ejemplo, que la Fiscalía Especial en Investigación del Delito de Tortura “informó tener 4,655 expedientes en trámite desde la fecha de su creación en octubre de 2015 a 2019. De este total de expedientes sólo el 0.55% ha sido consignado o judicializado. En ese sentido, de 2006 a 2019, se dictaron únicamente 27 sentencias por tortura a nivel federal, de las cuales 18 fueron condenatorias y 9 absolutorias”.

Explicada la magnitud de las violaciones a derechos humanos, así como los casi absolutos índices de impunidad, la petición después profundiza en el marco teórico de la justicia transicional y su aplicabilidad en México.

Posteriormente, la petición observa los compromisos del Plan Nacional de Desarrollo y del Plan Nacional de Derechos Humanos, que, según diversos artículos de la Ley de Planeación, son obligatorios para las dependencias de la Administración Pública Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias. Por ese motivo, la petición dirigida a la Presidencia, a las secretarías de Hacienda y Gobernación y a la CEAV les solicita que se inicien las gestiones necesarias para la instauración de una Comisión de la Verdad, un Mecanismo Internacional contra la Impunidad y un Modelo de Reparación Integral Extraordinario para las víctimas. El derecho de petición, al estar consagrado en la Constitución, permite activar procedimientos jurídicos que lo garanticen, por lo que será necesario estar muy al pendiente de la respuesta que den las autoridades a dicha solicitud.

Como brevemente hemos discutido, el concepto de justicia está estrechamente enlazado con la aspiración a la felicidad de la vida en sociedad.

Está, también, íntimamente relacionado con el derecho y con el firme hábito de tener voluntad para garantizarla.

Dada nuestra realidad insostenible, la justicia debe entenderse también como urgente. Nuestro país requiere de mayor voluntad y de menos simulación; las cientos de miles de víctimas urgen de políticas de largo aliento que les aseguren verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición.

La propuesta completa de la CMDPDH y el MPJD, cuya lectura y difusión recomiendo ampliamente, puede consultarse aquí: http://cmdpdh.org/la-verdad-tras-la-consulta-popular/peticion/

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