#4 Tiempos
Justicia (transicional) | Columna de Víctor Meade C.
SIGAMOS DERECHO.
Quizás la definición más conocida de justicia es la que pronunció Ulpiano, jurisconsulto romano del siglo III. “La justicia es la perpetua y constante voluntad de dar a cada uno su derecho”, decía. Esta definición es en particular interesante, pues enlaza a la justicia con el concepto de derecho, distinta a las definiciones que le anteceden. Previo a Ulpiano, Cicerón ya delineaba la definición anterior afirmando que la justicia es “darle a cada quien lo suyo”. Varios siglos después de la definición dada por Ulpiano, Santo Tomás de Aquino precisó que la justicia no debe ser entendida como una serie de actos de voluntad, sino como un hábito firme. Por tanto, Aquino definió a la justicia como “el hábito según el cual uno, con constante y perpetua voluntad, da a cada cual su derecho”. Más cercano a nuestros días, en el siglo pasado, el abogado austriaco Hans Kelsen —cuyos aportes hoy son fundamentales para entender los sistemas jurídicos— optó por darle un giro al concepto de justicia y enlazarlo con la felicidad: “La justicia es la eterna aspiración del hombre a la felicidad en sociedad”.
Como todo concepto, complejo y con una serie de aristas que obligan a estudiarlo desde distintos ámbitos, la justicia es uno que en particular no ha logrado estricto consenso; hay tantas definiciones de justicia como personas.
Aunque resulte muchas veces difícil expresarlo en palabras, uno siempre tiene, al menos, una intuición infalible que nace en el estómago cuando algo no se considera justo.
Dada la amplitud y naturaleza del concepto, a la justicia no le han faltado apellidos. Para estudiar a la justicia, entonces, hay que estudiar también las distintas aplicaciones que esta puede tener. Por ejemplo, a la justicia distributiva, que tiene por objeto la repartición justa de los bienes entre los y las integrantes de una sociedad. Del mismo modo, en el plano nacional hace poco se estudió y trabajó en la justicia cotidiana, que esencialmente busca lograr que los conflictos del día a día y que requieren de una solución expedita no tengan que desahogarse mediante la tardada, costosa y para muchos inaccesible decisión de un tribunal, que además difícilmente pacifica de manera satisfactoria el conflicto para las partes involucradas.
La incontenible situación de violencia que se vive en el país y la presión generada por las organizaciones de la sociedad civil y colectivos de víctimas han colocado a la justicia transicional como tema urgente en la agenda pública.
En palabras de la Dra. Ana Laura Magaloni, la justicia transicional se trata de una serie de procesos de pacificación que permitan: i) conocer la verdad detrás de los fenómenos de violencia; ii) que haya mecanismos de reparación integral para las víctimas; iii) y que se establezcan instrumentos que garanticen la no repetición de estos fenómenos.
Hay que precisar que la justicia transicional no es un tema nuevo para este país. Después de la transición política del 2000, el gobierno de Fox intentó crear una Comisión de la Verdad, que finalmente fracasó y terminó siendo una “Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado”. ¿Los resultados? Un gasto de más de 300 millones de pesos y ni una sola sentencia condenatoria por los delitos cometidos durante la Guerra sucia de las décadas de los 60 y 70. Un segundo ejercicio inició en 2018, después de que un Tribunal Colegiado del Noveno Circuito (Tamaulipas) ordenó al Estado mexicano la creación de una Comisión de la Verdad para reponer la investigación del caso Ayotzinapa. La Comisión finalmente quedó integrada en 2019, luego de un decreto presidencial.
Vale la pena destacar que desde la academia se ha aportado significativamente a la discusión pública. 
Ahora las organizaciones de la sociedad civil y colectivos de víctimas se han sumado con propuestas, pero también con peticiones concretas al gobierno mexicano para que cumpla con los compromisos adoptados por López Obrador durante su campaña y plasmados en el Plan Nacional de Desarrollo.
La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), junto con Javier Sicilia, integrante del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad (MPJD), presentaron un escrito de derecho de petición a la Presidencia, a las secretarías de Hacienda y Gobernación y a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV). Dicha petición, fundada en el artículo 8 de la Constitución, solicita a las autoridades antes mencionadas que inicien las gestiones necesarias “para el establecimiento de un modelo de justicia transicional en México, conforme a lo establecido [en el Plan Nacional de Desarrollo]”.
La petición de la CMDPDH y el MPJD comienza haciendo un recuento del contexto de violencia que se ha vivido en el país desde hace prácticamente seis décadas. Del periodo 1965-2006 enfatiza en la política del Estado mexicano de “aniquilar al enemigo interno”. El Halconazo, las desapariciones forzadas en Guerrero, particularmente las de Atoyac —como la de Rosendo Radilla—, las matanzas de Aguas Blancas y Acteal, el intento de eliminación del EZLN y los feminicidios de Campo Algodonero, por nombrar algunos ejemplos. 
El siguiente periodo de análisis de la petición corre de 2006 a 2021, iniciado por la mal llamada guerra contra el narcotráfico de Calderón. Dada su política de militarizar la seguridad pública, la violencia escaló por las atrocidades cometidas tanto por las organizaciones criminales como por los propios agentes del Estado.
La CMDPDH y el MPJD puntualizan que “de 2006 a 2021 se han registrado como desaparecidas a más de 85 mil personas”. Asimismo, detallan que “de 2006 a 2019, la FGR registró 13 560 investigaciones penales por el delito de tortura; a nivel estatal, los reportes de 27 de las 32 entidades del país suman 21 360 investigaciones”. Sobre las ejecuciones, “el INEGI reportó un total de 240 mil casos de homicidio, cuya gran mayoría fueron hombres de entre 30 y 44 años de edad y que murieron en la vía pública a causa de un arma de fuego. Sin embargo, de acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, solo durante los menos de tres años de la gestión del presidente López Obrador se han sumado más de 90 mil homicidios y feminicidios, de los cuales se estiman 10 feminicidios ocurridos por día”.
La evidencia habla por sí misma y es conocida —sufrida— por toda la ciudadanía. Los mecanismos ordinarios de impartición de justicia han dado ínfimos resultados a las víctimas: la petición de la CMDPDH y el MPJD detalla, por ejemplo, que la Fiscalía Especial en Investigación del Delito de Tortura “informó tener 4,655 expedientes en trámite desde la fecha de su creación en octubre de 2015 a 2019. De este total de expedientes sólo el 0.55% ha sido consignado o judicializado. En ese sentido, de 2006 a 2019, se dictaron únicamente 27 sentencias por tortura a nivel federal, de las cuales 18 fueron condenatorias y 9 absolutorias”.
Explicada la magnitud de las violaciones a derechos humanos, así como los casi absolutos índices de impunidad, la petición después profundiza en el marco teórico de la justicia transicional y su aplicabilidad en México.
Posteriormente, la petición observa los compromisos del Plan Nacional de Desarrollo y del Plan Nacional de Derechos Humanos, que, según diversos artículos de la Ley de Planeación, son obligatorios para las dependencias de la Administración Pública Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias. Por ese motivo, la petición dirigida a la Presidencia, a las secretarías de Hacienda y Gobernación y a la CEAV les solicita que se inicien las gestiones necesarias para la instauración de una Comisión de la Verdad, un Mecanismo Internacional contra la Impunidad y un Modelo de Reparación Integral Extraordinario para las víctimas. El derecho de petición, al estar consagrado en la Constitución, permite activar procedimientos jurídicos que lo garanticen, por lo que será necesario estar muy al pendiente de la respuesta que den las autoridades a dicha solicitud.
Como brevemente hemos discutido, el concepto de justicia está estrechamente enlazado con la aspiración a la felicidad de la vida en sociedad.
Está, también, íntimamente relacionado con el derecho y con el firme hábito de tener voluntad para garantizarla.
Dada nuestra realidad insostenible, la justicia debe entenderse también como urgente. Nuestro país requiere de mayor voluntad y de menos simulación; las cientos de miles de víctimas urgen de políticas de largo aliento que les aseguren verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición.
La propuesta completa de la CMDPDH y el MPJD, cuya lectura y difusión recomiendo ampliamente, puede consultarse aquí: http://cmdpdh.org/la-verdad-tras-la-consulta-popular/peticion/
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TESTEANDO
Aquella noche en el barrio de Gerli, en la provincia de Lanús en Buenos Aires, el aire parecía teñido de historia: me acerqué al portón del Club Atlético El Porvenir, en Blanco Encalada 400, rodeado de otras instituciones barriales que comparten el paisaje. Entrar al predio es respirar un siglo de pasión llevada por vecinos, familias y generaciones.
Me recibió el viejo estadio Gildo Francisco Ghersinich cuyo césped guarda las huellas de aquellos fundadores anarquistas de 1915 con sus tablones, su cemento y esa capacidad para aliviar el alma de casi 14,000 simpatizantes. Imaginar su fundación y primeros ascensos, las historias de lucha para conseguir una cancha propia y su gloria en la B intermedia y profesional es entender por qué El Porvenir no es solo un club: es un refugio.
Me tocó conocer a Fede, hincha de toda la vida que cuenta cómo resistieron desde el ascenso hasta el triunfo en la Primera D en mayo de 2023, pasando por aquella legendaria victoria en Copa Argentina frente a Lanús, un símbolo del ascenso que sueña con ser grande de nuevo. Esta es la magia del fútbol íntimo, el fútbol romántico de los clubes de barrio: esfuerzo colectivo, identidad barrial y orgullo poblado de relato y sudor.
Pero la visita también mostró grietas profundas: la dirigencia que encabeza Enrique Merelas (presidente por más de cuatro décadas) no esquiva el conflicto. El Porvenir enfrenta una crisis institucional que pone en riesgo todo ese legado comunitario. En febrero de 2025, la AFA suspendió la afiliación del club tras una denuncia presentada por el intendente Julián Álvarez ante Personas Jurídicas, acusando al municipio de intentar intervenir en la entidad. La intención habría sido deslindar el control sobre El Porvenir, excluyéndolo de todos los subsidios y dejando al Porve a su suerte.
La respuesta del club no fue tímida: se presentó una denuncia penal contra Álvarez por abuso de autoridad, discriminación, violencia institucional y filtración de información confidencial, denunciando marginación y persecución institucional. Las pintadas amenazantes aparecidas en los alrededores del estadio contra Merelas intensificaron la tensión, y la dirigencia llamó a socios y vecinos a defender su autonomía.
Afortunadamente, en marzo la AFA levantó la desafiliación preventiva: El Porvenir pudo volver a competir en la Primera C, debutando oficialmente el 18 de marzo ante Club Mercedes, tras semanas de incertidumbre. Pero aún pesa sobre el club un futuro incierto y una dirigencia cuestionada por aquellos que entienden que 44 años al frente de una institución no pueden justificarse con tradición si dejan estancamiento y despoblación de sueños.
En mi paso por la sede sentí esa contradicción: el club late con fuerza colectiva, con un barrio que lo respeta y lo habita, mientras que en los despachos internos se libra una batalla política que podría definir si El Porvenir se preserva como corazón barrial o se apaga por políticas ajenas.
Este club resume lo mejor y lo más complicado del fútbol argentino: su capacidad de emocionar desde lo modesto y lo comunitario, sin más hierro que la camiseta blanca y negra heredada del Sunderland argentino, y sin más ambición que resistir como espacio de encuentro. Pero también muestra cómo la política pretende apoderarse del alma de los clubes y puede quebrar ese romance que lo hace único.
Mi visita a Gerli me dejó el eco de cantos que nacen en gradas humildes y el pulso firme de gente que no se rinde. Ojalá los clubes de barrio, como El Porvenir, sigan siendo faros de pasión y memoria, y ojalá sus dirigentes internos y externos entiendan que la máxima autoridad no es el poder político, sino el cariño del socio y la voz del barrio.
Ojalá un día en México, entendiéramos un poco del fútbol de barrio.
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#4 Tiempos
Medio siglo del FIS-MAT, en honor a Mat. Silvia Sermeño | Columna de J.R. Martínez/Dr. Flash
EL CRONOPIO
En 1975 se realizó el primer Concurso Estatal de Física y Matemáticas para Escuelas Secundarias del Estado de San Luis Potosí, que ahora se conoce como Fis-Mat, el Concurso Regional Pauling de Física y Matemáticas que llega a estar conformado hasta por veintitrés concursos en las áreas de física, matemáticas, biología, química, astronomía, nanotecnología, ciencias naturales, ciencias del espacio, filosofía, donde participan estudiantes de primaria, secundaria y preparatoria. El Fis-Mat es el segundo concurso más antiguo del país y ha sido de cierta forma el conformador de los diversos concursos en México en las áreas en las que se enfoca, tales como las olimpiadas de física, matemáticas, química, etc.
El Fis-Mat es el único concurso de este tipo en el país y ha fincado toda una tradición. Con lo cual la edición 2025 del concurso marca cincuenta años de historia de uno de los concursos más importantes del país. Cada año el Fis-Mat es dedicado a un personaje relacionado con las áreas del conocimiento que abarca que haya destacado y contribuido al desarrollo de las mismas. Este año el concurso ha sido dedicado como un homenaje a la matemática Silvia Sermeño Lima por su papel desarrollado a lo largo de treinta años al desarrollo y enseñanza de las matemáticas en la Facultad de Ciencias de la UASLP, por lo que el Fis-Mat se ha denominado XLVI Concurso Regional “Pauling” de Física y Matemáticas “Silvia Elvira Sermeño Lima”.
El Fis-Mat nació como una iniciativa para alentar el estudio de disciplinas científicas en los jóvenes mexicanos con énfasis en los potosinos, apoyando su formación con actividades extraescolares y despertando vocaciones. Fue una iniciativa de los estudiantes de la antigua Escuela de Física y del dos veces galardonado con el Premio Nobel, el Dr. Linus Pauling, por lo que ahora asume su apellido y se dedicada a un personaje en especial como en esta ocasión es la Mat. Silvia Elvira Sermeño Lima.
Silvia Sermeño Lima estudió matemáticas en El Salvador su país natal y vino a México a continuar sus estudios y desarrollarse profesionalmente. En 1981 ingresó como profesora a la entonces Escuela de Física de la UASLP a colaborar en el desarrollo de la carrera de profesor de Matemáticas que acababa de iniciar actividades, así como encargarse de los cursos básicos formativos de las carreras de física y electrónica que existían en aquella época. Posteriormente se abrirían más opciones profesionales en el área de matemáticas y estaría participando en la formación de esas nuevas carreras de matemáticas.
Su labor en la ya Facultad de Ciencias fue intensa y estuvo a cargo de materias de matemáticas y formando a los jóvenes interesados en esta disciplina, en especial a quienes deseaban dedicarse a la enseñanza de las matemáticas en los diversos niveles educativos.
Su profesionalismo y dedicación en la educación y formación de matemáticos en San Luis Potosí fue determinante para consolidar este proceso que en la actualidad sigue siendo formador de matemáticos por la Facultad de Ciencias de la UASLP a nivel licenciatura y de posgrado en las áreas de educación matemática y matemáticas aplicadas.
Como un reconocimiento a su labor en la Facultad de Ciencias desde 1981 hasta el año 2009, cuando se jubiló como profesora de matemáticas se le han dedicado los trabajos del XLVI Concurso Regional “Pauling” de Física y Matemáticas, asignándole su nombre en este marco conmemorativo de medio siglo de existencia de tan importante concurso, donde se han dado cita estudiantes del nivel básico de diversos estados del país y que ha sembrado toda una tradición en nuestro estado.
Felicidades a la Mat. Silvia Elvira Sermeño Lima, y al Fís-Mat.
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LA VOLUTA
Trump está en el aparador internacional acusado -otra vez- de un escándalo sexual. Quiero aprovechar ese caso -y otros- para comentar que, cuando alguien ostenta una dosis de poder, algo en su interior se desata. ¿Por qué ese descontrol adquiere casi siempre un tinte sexual? ¿Por qué políticos, sacerdotes y artistas son recurrentemente acusados de sexualidad desbordada? Y, sobre todo: ¿por qué deberíamos vigilar especialmente el comportamiento sexual de quienes ostentan cargos públicos?
Vayamos a las civilizaciones clásicas, aquellas que asociamos con bacanales y hieródulas. ¿No prueban esas civilizaciones que el desenfreno sexual es una constante de la naturaleza humana? En efecto, pero hay una diferencia clave: aquel desenfreno era ritualizado y regulado. Si nos parece escandaloso solo es porque lo juzgamos con nuestra moral. El verdadero exceso ocurre cuando se transgreden las normas de la propia época: piense usted culta lectora de La Orquesta, en Calígula o Nerón, cuyas prácticas nefandas —que conocemos por Suetonio—escandalizaron incluso a sus contemporáneos.
Ante el riesgo del desenfreno, las primeras comunidades cristianas optaron por una solución radical: si el poder corrompe, mejor amputar la sexualidad de quienes lo ejercen. Así nació el celibato sacerdotal. Hoy sabemos que la estrategia clerical fracasó en incontables casos—como los “sobrinos” que eran hijos y las “amas de llaves” que eran concubinas—, pero reconozcamos que la intuición católica fue certera: lo reprimido se desata con el poder.
Freud nos ha gritado la respuesta que buscamos en su famoso libro El malestar de la cultura. La civilización exige reprimir nuestros deseos: trabajamos cuando queremos dormir, callamos cuando ansiamos gritar. Esas renuncias se acumulan en el inconsciente como energía latente. No hay ser humano—hombre o mujer— que escape a este control de la voluntad. Todos llevamos tigres agazapados en la psique
He aquí el problema: cuando alguien accede al poder —político, económico o social—, sus tigres hambrientos quedan en libertad. El brillo en los ojos del recién investido es la alegría de la fiera que siente la cercanía de sus presas. Trump es el ejemplo obvio, pero basta mirar alrededor para encontrar casos nacionales y locales —políticos, empresarios, artistas— que usaron su influencia para liberar demonios personales. Redes de niños y niñas, secretarias, alumnas, asistentes, clientas, chicos y chicas buscando fama y un largo etcétera.
¿Está mal ser un libertino? Me parece que no. Siempre y cuando los actos empleados no sean por medio del poder público o en contra de las leyes civiles.
Si exigimos declaraciones patrimoniales a los funcionarios, para garantizar que no se hinchen de dinero con el erario, quizá deberíamos pedir también “declaraciones mentales”. Porque todo poder libera a las bestias interiores.
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