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Justicia en SLP: “el peor escenario posible”; solo 1 de 10 delitos se resuelve
San Luis Potosí se encuentra entre los diez estados del país en donde hay menos posibilidades de que un delito sea resuelto
Por: El Saxofón
San Luis Potosí es uno de los estados donde hay menos probabilidades de que un delito que ha sido denunciado sea resuelto por las autoridades procuradoras de justicia, según “Cero Impunidad“, organismo de la sociedad civil que tiene por objetivo denunciar la impunidad y señalar a los responsables.
De acuerdo con el “Índice estatal de desempeño de las procuradurías y fiscalías 2019”, publicado por esta organización, en San Luis Potosí la probabilidad de que un delito denunciado sea esclarecido por las autoridades es de apenas 0.8 por ciento, inferior a la media nacional, que ya de por sí es bajísima, de apenas 1.3 por ciento.
La entidad potosina se ubica en el sexto lugar entre los estados donde la eficacia de las fiscalías deja mucho que desear, al dejar en la impunidad la mayor parte de los delitos que son denunciados ante el Ministerio Público por las víctimas.
Cero Impunidad explica que “Al conocer la cantidad de delitos que no se denuncian (la cifra negra) y la efectividad de resolución de asuntos que llegan a ser de conocimiento del Ministerio Público, se puede estimar la probabilidad de esclarecimiento del delito.
“Este indicador se calcula considerando la tasa de delitos que sí son denunciados e investigados (es decir, 100% menos la cifra negra), y la efectividad en la investigación.
Según los datos más recientes de la Envipe, a nivel nacional se estimó una cifra negra de 93.2% para esta edición del índice.
“Si, de las carpetas de investigación iniciadas, sólo el 19.4% se resuelve de forma efectiva, se tiene que en México la probabilidad de esclarecimiento de un delito, es decir, que se denuncie y se resuelva efectivamente, es de 1.3%.
“El año anterior esta probabilidad fue de 1.14%. El ligero incremento de este inquietante indicador, a pesar de que bajó la efectividad de la investigación en esta edición, se explica en virtud de que la cifra negra disminuyó de 93.7% a 93.2% entre las encuestas nacionales de 2017 y 2018.
“A nivel nacional, Baja California es la entidad donde existe una mayor probabilidad de esclarecimiento del delito, con 3.4%. La entidad retornó al grupo de estados que muestran una reducción de la cifra negra, por debajo de la media nacional.
“Le siguen Querétaro, Guanajuato (que encabezaba este indicador el año pasado, con una probabilidad de esclarecimiento de 4.25%), Campeche e Hidalgo, en los primeros lugares en este indicador.
“Por el contrario, en Guerrero la probabilidad de esclarecimiento es de apenas 0.2% (¡un delito esclarecido por cada 500 que se cometen en la entidad!)”, indica el estudio.
Guerrero es el estado con la mayor cifra negra del país, con 96.8% de delitos no denunciados. Además, es la entidad con una menor efectividad, de ahí que la probabilidad sea tan baja.
Entre los diez peores evaluados en este indicador también se ubican Tamaulipas, Jalisco, Chiapas, Quintana Roo, San Luis Potosí, Tabasco, Puebla y Aguascalientes.
Por lo que respecta a San Luis Potosí, se calcula que el estado tiene una cifra negra del 93.1 por ciento. Es decir, 9 cada diez delitos no se denuncian. Además, la efectividad del sistema penal acusatorio es de apenas 11.8 por ciento, también de las más bajas a nivel nacional.
San Luis Potosí también se ubica entre las entidades con menor efectividad en el cumplimiento de las órdenes de aprehensión giradas por los jueces.
Estas son: Tamaulipas, con apenas 24.6% de efectividad, seguida de Guerrero (35.3%), Ciudad de México (35.6%), San Luis Potosí (40.9%) y Chiapas (41.2%).
El estudio precisa que “Estas entidades, con excepción de la Ciudad de México, se colocaron en el fondo de la tabla en la efectividad de investigación, por lo que están en el peor escenario posible”.
A nivel nacional se calcula que hay una efectividad del 57.9 por ciento en el cumplimiento de las órdenes de aprehensión.
En el caso potosino, también hay un alto nivel de impunidad en el delito de homicidio doloso, del 94.5 por ciento, uno de los más altos del país, mientras que la media nacional es de 89.5 por ciento. Además, en la entidad, el 53.5 por ciento de las sentencias que se dictan son menores a los 3 años de prisión.
El Índice hace un análisis de ocho indicadores en cuatro categorías: estructura, operación, resultados y política criminal. Al mismo tiempo, identifica buenas prácticas y visibiliza áreas de mejora de los estados. Estos son algunos de los resultados de esta nueva edición:
A nivel nacional, la probabilidad de que se denuncie y esclarezca un delito es de 1.3%, ligeramente superior al 1.14% del Índice 2018.
Baja California es la entidad con mayor probabilidad de esclarecer un delito (3.4%), mientras que Guerrero es la de menor probabilidad (0.2%).
Denunciar un delito toma alrededor de 2 horas con 21 minutos, aunque esto varía considerablemente entre estados.
Chihuahua se mantiene en primer lugar del Índice por tercer año consecutivo, seguido de Yucatán y Querétaro, entidades que mejoraron su posición en comparación con el Índice 2018.
En último lugar está Tlaxcala, seguida de Veracruz y Chiapas. Las tres entidades perdieron lugares en comparación con el Índice 2018.
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Unicornio trasquilado | Apuntes de Jorge Saldaña
APUNTES
Culto Público: los animales mitológicos tienen algo en común: todos fueron creados para explicar un castigo. El dragón que arrasa pueblos por orgullo, la sirena que encanta para hundir barcos, el unicornio que se pierde por no saber dónde pisa
La UASLP, ese unicornio institucional que se cree intocable, y creyó invencible, acaba de descubrir que la política no cree en seres fantásticos. El Congreso, en lugar de domarlo y admirarlo con sabiduría, decidió arrancarle el rin colorido a tijeretazos.
Porque la UASLP cruzó por todo en este año: una crisis interna por una violación en una facultad, edificios tomados, manos externas metiendo ruido, paros, la ciudad paralizada y, por si algo faltaba, un adeudo estatal que se prolongó lo suficiente como para poner en terapia intensiva su estabilidad financiera.
Aun así, el unicornio resistió. Lo que no resistió —o no quiso resistir— fue la tentación de la soberbia.
La institución respondió al conflicto de los 206 millones adeudados con entereza (iba a poner con “gallardía” pero podría confundirse el apellido con el sustantivo) y ganó la batalla a costa del relato.
En todo el camino, no sumó aliados, sino enemigos: altivez frente al Congreso y constantes insinuaciones de pureza moral frente a la corrupción ajena, y un aislamiento que yo he descrito —con toda intención poética y política— como la isla de Cuba académica: orgullosa, autosuficiente en el discurso, y convencida de que todo aquel que no viva dentro de sus fronteras es un tonto, un corrupto o un vendido.
Hasta que llegó hoy la votación del Presupuesto 2026.
El Ejecutivo había propuesto 506 millones para la Máxima Casa de Estudios, con lo que podría comprometerse a firmar, la primera semana del año que viene, el convenio federal–estatal que permite a la Universidad respirar sin sobresaltos, sin embargo, la Comisión de Hacienda decidió otra cosa: ¿Cuáles 506 millones? 320 millones y un casi, casi “y di que te fue bien”.
Hace unas horas el Pleno del Congreso lo aprobó junto a todo el paquete económico enviado por el ejecutivo sin oposición (una abstención aislada no pinta).
En el caso UASLP, el recorte de 186 millones de pesos representa una estocada política que no requiere demasiada hermenéutica.
El unicornio sintió el golpe aunque se resistan a aceptarlo (nunca lo harán, acudirán al rol de víctimas del imperio…y puede que tengan razón).
Pero ojo, no es que nuestra Máxima Casa de Estudios no tenga argumentos —la autonomía universitaria merece respeto y la ciencia pública debería ser una prioridad del Estado— pero ¿Quién defendió a la Uni ante el tijeretazo presupuestal?
Hay que recordar que después de plantones cruzados, mensajes altaneros y una narrativa de “nosotros sí sabemos, ustedes solo firman”, la Universidad descubrió que las instituciones también pagan facturas… y que los diputados cobran sin contemplaciones los agravios.
Pero aquí es donde el análisis debe elevarse por encima del enojo y de los egos heridos: los diputados pueden sentirse agraviados, y con razón; pero legislar desde la víscera siempre dejará daños colaterales.
Y esos daños no los paga ni el rector, ni los legisladores, ni los pleitos entre poderes: los paga la comunidad estudiantil, docentes, investigadores, trabajadores… 30 mil personas que no tienen culpa de la coreografía de soberbias entre Rectoría y Congreso.
Lo del recorte oficializado a 25 votos a favor, no debería celebrarse por nadie. Ni por quienes sienten que “ya pusieron en su lugar” al unicornio. Ni por quienes creen que el recorte les permitirá instalar una narrativa de victimización heroica.
Porque a estas alturas, lo único claro es que todos se equivocaron.
La Universidad se equivocó al suponer que la autonomía es un blindaje moral absoluto, cuando en realidad es una responsabilidad que exige diálogo, transparencia y mesura política.
El Congreso se equivocó al responder con tijera en mano a un conflicto personal (ah esa bella y caprichosa condición humana) que debió resolverse con inteligencia institucional, diplomacia, dialogo y apertura, no con revancha presupuestal.
Y el Gobierno del Estado —quizá sin querer— empieza a asomarse a un precipicio propio: el de tropezar con la misma piedra del año pasado. Porque hoy tiene aprobados 320 millones, pero en enero la Federación enviará —como es regla— un convenio para firmar por más de 506 millones.
Si gobierno lo firma, vuelve a quedar descuadrado su propio presupuesto. Si no lo firma, abre un frente innecesario con la presidenta Claudia Sheinbaum, justo en un 2026 donde Morena y el Verde necesitan parecer aliados… aunque localmente anden del chongo.
Decirle que no a la presidenta, lo mismo en un convenio que en una reunión (como a la que convocó éste día al gobernador Gallardo) no es un tema simple.
Total que entre unos y otros olvidaron lo esencial: La educación pública es un asunto de Estado, no un concurso de a ver quién parpadea más rápido.
Y aquí es donde conviene recordar y aplicar esa cartulina que apareció en la Facultad de Medicina durante el intento de tumbar al rector, pero adecuada al legislativo “Los diputados pueden ser pendejos… pero son nuestros pendejos (y los únicos que tenemos)”. Tienen la facultad y la usaron.
La frase, además de brutal, encierra una pedagogía política: uno puede criticar con severidad a sus instituciones, pero defenderlas cuando están bajo ataque, y los diputados pues… también se defendieron.
Entre tanto, el gobernador podrá decir, con razón y facultades, que él envió la propuesta para la UASLP por los 506 millones necesarios.
Los diputados podrán decir, con razón y facultades, que al no recibir información financiera suficiente (y haberse sentido “ninguneados”-esa es la verdad-) los 320 millones son la cantidad correcta para la institución.
La Universidad podrá decir, con razón y facultades, que el convenio con la Federación requiere otra cifra y que los 320 millones significa cometer un mismo error dos veces. (Les dirá tontos e irresponsables nuevamente).
Y sin embargo, al menos para quien esto escribe, todas esas razones juntas no construyen un camino, sino un pantano.
Porque si este año la crisis por 206 millones puso a la UASLP al borde del colapso, ¿qué ocurrirá con un déficit similar el próximo año, cuando ya no haya un adeudo por corregir? ¿Quién pondrá la diferencia? ¿El Estado? ¿El Congreso? ¿La Federación? ¿Santa Clausula de las emergencias?
¿O la comunidad universitaria tendrá que aprender a vivir al filo del impago como si fuera parte del plan de estudios?
El unicornio, siendo mitológico, se está desdibujando por la realidad: la autonomía no sirve de nada si no hay presupuesto para pagar, otra vez, la nómina de tarde o temprano.
Para deshacer el nudo se necesita menos soberbia y más alianzas lo mismo que menos revancha y más perspectiva histórica.
El Gobierno por su parte necesita mirar dos veces el camino, no vaya a ser que tropiece con la misma piedra… y esta vez las implicaciones alcancen otras pistas.
Ni modo, por el momento no hay marcha atrás. El presupuesto está aprobado y no hay milagro navideño que pueda modificarlo.
La UASLP sobrevivirá. No hay duda. La pregunta es ¿Cómo? ¿Alcanzará la magia del Unicornio para que la federación ponga la diferencia localmente recortada?
Para rematar, Culto Público, en este pleito de instituciones agraviadas, realidades humanas y tableros confusos, el único que no ha dicho palabra es también el único que importa: el estudiante que solo quiere estudiar y no entender por qué la política mueve el piso bajo sus pies cada diciembre.
Pero no crean que por no hablar, no entienden, y por experiencia sabemos que cuando ellos hablan…hablan fuerte.
Hasta la próxima. Yo soy Jorge Saldaña.
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Sí se busca remover a todos los concejales de Villa de Pozos: Serrano
El legislador explicó que la remoción sería un procedimiento natural del Congreso, la presidenta Patricia Aradillas permanecería en el cargo
Por: Cristian Betancourt
El diputado local Héctor Serrano confirmó que existe la intención de remover a los concejales de Villa de Pozos, también precisó que este proceso se realizaría de la misma forma en que fueron designados, como la establece el marco legal y los transitorios aprobados.
En entrevista, Serrano explicó que la facultad de retirar a los integrantes del concejo municipal recae en el Congreso, el cual debe seguir el procedimiento formal a tráves de un acuerdo con la Junta de Coordinación Política (Jucopo)
y después someter la decisión a votación del Pleno.Serrano fue enfático al señalar que la presidenta Patricia Aradillas no está contemplada dentro de los cambios, pues la revisión se centra en 14 concejales.
Finalmente, el legislador reconoció que la agenda se encuentra “apretada”, pero reiteró su compromiso de informar con claridad la información.
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El IMSS SLP dejó expirar millones de pesos en medicamentos
Vacunas reetiquetadas. Tratamientos para cáncer, diálisis e hipertensión abandonados en un almacén del IMSS en la capital
Por: Redacción
En el almacén delegacional del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en San Luis Potosí —ubicado en Avenida de los Conventos 107— quedaron abandonados cientos de medicamentos y vacunas que nunca llegaron a los pacientes, pese a que muchos de ellos dependen de estos insumos para sobrevivir.
De acuerdo con Fuerza Informativa Azteca, documentos muestran que más de 30 millones de pesos en fármacos caducaron en este espacio sin haber sido distribuidos.
El caso más grave corresponde al medicamento Ribociclib, utilizado en el tratamiento de cáncer de mama: 196 piezas, valuadas en casi 5 millones de pesos, fueron dejadas vencer. A ello se suman 8 mil 400 piezas de Sevelamero, empleado para pacientes en diálisis, con un valor cercano a 9 millones de pesos, y 371 mil piezas de Irbesartán, recetado para la hipertensión arterial, cuyo costo asciende a 17 millones de pesos. Ninguno fue entregado a tiempo.
Personal del IMSS denunció que la problemática también afecta a las vacunas. Las cajas vacías regresan a los almacenes, donde —según los testimonios— se reetiquetan y rellenan con dosis caducadas o próximas a vencer , que luego se redistribuyen a unidades médicas sin una revisión minuciosa.
A esta situación se suma la polémica contratación, por adjudicación directa, de la empresa Medam, encargada de recolectar insumos caducos. Esta compañía fue clausurada previamente en Yucatán y Baja California Sur por el mal manejo de residuos biológicos y peligrosos. La Semarnat documentó que Medam vertía materiales contaminantes —incluidos medicamentos— que terminaron afectando ríos y mantos acuíferos.
El almacén, que debería ser el punto de distribución para todas las unidades del IMSS e IMSS-Bienestar en San Luis Potosí, se convirtió en un depósito donde tratamientos esenciales jamás llegaron a quienes los necesitaban, dejando a pacientes con cáncer, insuficiencia renal e hipertensión sin alternativas y evidencia de un grave desorden administrativo.
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