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Justicia en SLP: “el peor escenario posible”; solo 1 de 10 delitos se resuelve
San Luis Potosí se encuentra entre los diez estados del país en donde hay menos posibilidades de que un delito sea resuelto
Por: El Saxofón
San Luis Potosí es uno de los estados donde hay menos probabilidades de que un delito que ha sido denunciado sea resuelto por las autoridades procuradoras de justicia, según “Cero Impunidad“, organismo de la sociedad civil que tiene por objetivo denunciar la impunidad y señalar a los responsables.
De acuerdo con el “Índice estatal de desempeño de las procuradurías y fiscalías 2019”, publicado por esta organización, en San Luis Potosí la probabilidad de que un delito denunciado sea esclarecido por las autoridades es de apenas 0.8 por ciento, inferior a la media nacional, que ya de por sí es bajísima, de apenas 1.3 por ciento.
La entidad potosina se ubica en el sexto lugar entre los estados donde la eficacia de las fiscalías deja mucho que desear, al dejar en la impunidad la mayor parte de los delitos que son denunciados ante el Ministerio Público por las víctimas.
Cero Impunidad explica que “Al conocer la cantidad de delitos que no se denuncian (la cifra negra) y la efectividad de resolución de asuntos que llegan a ser de conocimiento del Ministerio Público, se puede estimar la probabilidad de esclarecimiento del delito.
“Este indicador se calcula considerando la tasa de delitos que sí son denunciados e investigados (es decir, 100% menos la cifra negra), y la efectividad en la investigación.
Según los datos más recientes de la Envipe, a nivel nacional se estimó una cifra negra de 93.2% para esta edición del índice.
“Si, de las carpetas de investigación iniciadas, sólo el 19.4% se resuelve de forma efectiva, se tiene que en México la probabilidad de esclarecimiento de un delito, es decir, que se denuncie y se resuelva efectivamente, es de 1.3%.
“El año anterior esta probabilidad fue de 1.14%. El ligero incremento de este inquietante indicador, a pesar de que bajó la efectividad de la investigación en esta edición, se explica en virtud de que la cifra negra disminuyó de 93.7% a 93.2% entre las encuestas nacionales de 2017 y 2018.
“A nivel nacional, Baja California es la entidad donde existe una mayor probabilidad de esclarecimiento del delito, con 3.4%. La entidad retornó al grupo de estados que muestran una reducción de la cifra negra, por debajo de la media nacional.
“Le siguen Querétaro, Guanajuato (que encabezaba este indicador el año pasado, con una probabilidad de esclarecimiento de 4.25%), Campeche e Hidalgo, en los primeros lugares en este indicador.
“Por el contrario, en Guerrero la probabilidad de esclarecimiento es de apenas 0.2% (¡un delito esclarecido por cada 500 que se cometen en la entidad!)”, indica el estudio.
Guerrero es el estado con la mayor cifra negra del país, con 96.8% de delitos no denunciados. Además, es la entidad con una menor efectividad, de ahí que la probabilidad sea tan baja.
Entre los diez peores evaluados en este indicador también se ubican Tamaulipas, Jalisco, Chiapas, Quintana Roo, San Luis Potosí, Tabasco, Puebla y Aguascalientes.
Por lo que respecta a San Luis Potosí, se calcula que el estado tiene una cifra negra del 93.1 por ciento. Es decir, 9 cada diez delitos no se denuncian. Además, la efectividad del sistema penal acusatorio es de apenas 11.8 por ciento, también de las más bajas a nivel nacional.
San Luis Potosí también se ubica entre las entidades con menor efectividad en el cumplimiento de las órdenes de aprehensión giradas por los jueces.
Estas son: Tamaulipas, con apenas 24.6% de efectividad, seguida de Guerrero (35.3%), Ciudad de México (35.6%), San Luis Potosí (40.9%) y Chiapas (41.2%).
El estudio precisa que “Estas entidades, con excepción de la Ciudad de México, se colocaron en el fondo de la tabla en la efectividad de investigación, por lo que están en el peor escenario posible”.
A nivel nacional se calcula que hay una efectividad del 57.9 por ciento en el cumplimiento de las órdenes de aprehensión.
En el caso potosino, también hay un alto nivel de impunidad en el delito de homicidio doloso, del 94.5 por ciento, uno de los más altos del país, mientras que la media nacional es de 89.5 por ciento. Además, en la entidad, el 53.5 por ciento de las sentencias que se dictan son menores a los 3 años de prisión.
El Índice hace un análisis de ocho indicadores en cuatro categorías: estructura, operación, resultados y política criminal. Al mismo tiempo, identifica buenas prácticas y visibiliza áreas de mejora de los estados. Estos son algunos de los resultados de esta nueva edición:
A nivel nacional, la probabilidad de que se denuncie y esclarezca un delito es de 1.3%, ligeramente superior al 1.14% del Índice 2018.
Baja California es la entidad con mayor probabilidad de esclarecer un delito (3.4%), mientras que Guerrero es la de menor probabilidad (0.2%).
Denunciar un delito toma alrededor de 2 horas con 21 minutos, aunque esto varía considerablemente entre estados.
Chihuahua se mantiene en primer lugar del Índice por tercer año consecutivo, seguido de Yucatán y Querétaro, entidades que mejoraron su posición en comparación con el Índice 2018.
En último lugar está Tlaxcala, seguida de Veracruz y Chiapas. Las tres entidades perdieron lugares en comparación con el Índice 2018.
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Benavente Duque dijo que el uso de pirotecnia y descuido en instalaciones eléctricas provocan mayores incidentes en la temporada decembrina
Por: Cristian Betancourt
Adolfo Benavente Duque, comandante del H. cuerpo de Bomberos, advirtió que el mes de diciembre será uno de los más complicados en materia de emergencia debido al incremento de siniestros que se registran en la zona metropolitana.
Benavente explicó que los incendios entre el 10 y 15 de diciembre suelen incrementarse entre 25% y 30%, principalmente por el uso de pirotecnia
Detalló que la corporación cerrará con entre 400 y 450 servicios atendidos mientras que noviembre concluyó con 385 emergencias.
Benavente Duque pidió a la población evitar en lo posible el uso de pirotecnia; comentó que en caso de utilizarla se debe encender en zonas sin vegetación.
Finalmente, llamó a extremar precauciones con instalaciones eléctricas, evitar sobrecargas y utilizar equipos adecuados.
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La titular de la Fiscalía confirma que el recurso busca anular procesos, pero reiteró el trabajo de la unidad especializada para denuncias genuinas
Por: Redacción
La titular de la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP), María Manuela García Cázares, reconoció que la acusación de tortura es un recurso frecuentemente utilizado por las defensas legales de los imputados, lo que en ocasiones busca retrasar el proceso judicial o generar una vía para evadir la justicia.
La Fiscal señaló que, si bien no se tienen cifras exactas de cuántos casos utilizan este argumento meramente como un “medio defensivo”, el fenómeno es conocido, ya que los imputados buscan aprovecharse de los protocolos de ley.
“Lo utilizan en algunas ocasiones como un medio defensivo… [como saben] que se ha efectuado el protocolo de Estambul, que lleva tiempo, exámenes psicológicos, exámenes médicos. Ello trae consigo un retraso en el proceso,” explicó García Cázares.
La estrategia posterior de algunos imputados es retractarse, argumentando que la acusación fue un intento de justificar supuestas violaciones. Sin embargo, la Fiscal enfatizó que, una vez presentada la denuncia, el Estado tiene la obligación ineludible de investigar
La titular de la FGESLP subrayó que la Fiscalía especializada en el tema ha desempeñado una labor significativa para atender las denuncias genuinas.
“Evidentemente que hay casos en los cuales son ciertos, se denuncian y esta fiscalía especializada, pues ha tenido una importante labor”, indicó la funcionaria.
García Cázares mencionó que las denuncias de tortura provienen de diversos cuerpos de seguridad: “Tenemos todo tipo de denuncias, de policías municipales, de de guardia, de de todo tipo.”
El procedimiento obliga a la Fiscalía a localizar a la víctima y realizar los exámenes respectivos sin posibilidad de desistimiento, asegurando que la investigación se realice de manera rigurosa, aunque esto pueda ser usado tácticamente por los imputados.
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Araceli Martínez indicó que su depedencia trabaja en una iniciativa con el Congreso para establecer sanciones penales por contratar transporte ilegal
Por: Redacción
Araceli Martínez Acosta, titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), anunció que este viernes iniciará la capacitación piloto para certificar a operadores del transporte de personal, particularmente aquellos que trabajan en la Zona Industrial, donde —reconoció— persisten accidentes derivados de jornadas laborales excesivas y falta de regulación.
Martínez señaló que muchas empresas prestan el servicio sin estar reguladas, se niegan al registro estatal y han mostrado resistencia histórica a cumplir la normativa. “Estamos prácticamente escribiendo las reglas que nunca han tenido”, afirmó.
La funcionaria reveló que hace 15 días se sostuvo una reunión con el parque Logistik II y la Unión de Usuarios, donde se advirtió directamente a los directores de Recursos Humanos: continuarán los aseguramientos de unidades sin autorización y habrá consecuencias legales
“Hay corresponsabilidad de los RH que contratan deliberadamente empresas sin permiso. Están poniendo en riesgo a su capital humano”, expresó.
La SCT ya comenzó el aseguramiento de camiones irregulares: solo este lunes se retuvieron tres unidades más. Aunque reconoció el impacto económico para las empresas, Martínez señaló que el riesgo a la vida pesa más que cualquier afectación en la producción
Además, adelantó que antes de finalizar el año se firmará un convenio de colaboración con empresas que se comprometan a contratar únicamente proveedores autorizados y certificados. Con esto se busca ampliar el padrón regulado y establecer tarifas mínimas y máximas que eviten que empresas foráneas compitan con costos bajos gracias a operadores sobreexplotados e incluso menores de edad.
Sobre la posibilidad de concesionar formalmente el transporte de personal, la funcionaria confirmó que es el siguiente paso:
“Ya existen empresarios potosinos con concesiones en esta modalidad; queremos fortalecer a los potosinos y dejar de depender de empresas de otros estados”, señaló.
Finalmente, Martínez informó que la SCT trabaja con el Congreso del Estado en una reforma legal para establecer responsabilidad penal para quienes contraten servicios irregulares que pongan en riesgo a su personal.
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