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Justicia en SLP: “el peor escenario posible”; solo 1 de 10 delitos se resuelve
San Luis Potosí se encuentra entre los diez estados del país en donde hay menos posibilidades de que un delito sea resuelto
Por: El Saxofón
San Luis Potosí es uno de los estados donde hay menos probabilidades de que un delito que ha sido denunciado sea resuelto por las autoridades procuradoras de justicia, según “Cero Impunidad“, organismo de la sociedad civil que tiene por objetivo denunciar la impunidad y señalar a los responsables.
De acuerdo con el “Índice estatal de desempeño de las procuradurías y fiscalías 2019”, publicado por esta organización, en San Luis Potosí la probabilidad de que un delito denunciado sea esclarecido por las autoridades es de apenas 0.8 por ciento, inferior a la media nacional, que ya de por sí es bajísima, de apenas 1.3 por ciento.
La entidad potosina se ubica en el sexto lugar entre los estados donde la eficacia de las fiscalías deja mucho que desear, al dejar en la impunidad la mayor parte de los delitos que son denunciados ante el Ministerio Público por las víctimas.
Cero Impunidad explica que “Al conocer la cantidad de delitos que no se denuncian (la cifra negra) y la efectividad de resolución de asuntos que llegan a ser de conocimiento del Ministerio Público, se puede estimar la probabilidad de esclarecimiento del delito.
“Este indicador se calcula considerando la tasa de delitos que sí son denunciados e investigados (es decir, 100% menos la cifra negra), y la efectividad en la investigación.
Según los datos más recientes de la Envipe, a nivel nacional se estimó una cifra negra de 93.2% para esta edición del índice.
“Si, de las carpetas de investigación iniciadas, sólo el 19.4% se resuelve de forma efectiva, se tiene que en México la probabilidad de esclarecimiento de un delito, es decir, que se denuncie y se resuelva efectivamente, es de 1.3%.
“El año anterior esta probabilidad fue de 1.14%. El ligero incremento de este inquietante indicador, a pesar de que bajó la efectividad de la investigación en esta edición, se explica en virtud de que la cifra negra disminuyó de 93.7% a 93.2% entre las encuestas nacionales de 2017 y 2018.
“A nivel nacional, Baja California es la entidad donde existe una mayor probabilidad de esclarecimiento del delito, con 3.4%. La entidad retornó al grupo de estados que muestran una reducción de la cifra negra, por debajo de la media nacional.
“Le siguen Querétaro, Guanajuato (que encabezaba este indicador el año pasado, con una probabilidad de esclarecimiento de 4.25%), Campeche e Hidalgo, en los primeros lugares en este indicador.
“Por el contrario, en Guerrero la probabilidad de esclarecimiento es de apenas 0.2% (¡un delito esclarecido por cada 500 que se cometen en la entidad!)”, indica el estudio.
Guerrero es el estado con la mayor cifra negra del país, con 96.8% de delitos no denunciados. Además, es la entidad con una menor efectividad, de ahí que la probabilidad sea tan baja.
Entre los diez peores evaluados en este indicador también se ubican Tamaulipas, Jalisco, Chiapas, Quintana Roo, San Luis Potosí, Tabasco, Puebla y Aguascalientes.
Por lo que respecta a San Luis Potosí, se calcula que el estado tiene una cifra negra del 93.1 por ciento. Es decir, 9 cada diez delitos no se denuncian. Además, la efectividad del sistema penal acusatorio es de apenas 11.8 por ciento, también de las más bajas a nivel nacional.
San Luis Potosí también se ubica entre las entidades con menor efectividad en el cumplimiento de las órdenes de aprehensión giradas por los jueces.
Estas son: Tamaulipas, con apenas 24.6% de efectividad, seguida de Guerrero (35.3%), Ciudad de México (35.6%), San Luis Potosí (40.9%) y Chiapas (41.2%).
El estudio precisa que “Estas entidades, con excepción de la Ciudad de México, se colocaron en el fondo de la tabla en la efectividad de investigación, por lo que están en el peor escenario posible”.
A nivel nacional se calcula que hay una efectividad del 57.9 por ciento en el cumplimiento de las órdenes de aprehensión.
En el caso potosino, también hay un alto nivel de impunidad en el delito de homicidio doloso, del 94.5 por ciento, uno de los más altos del país, mientras que la media nacional es de 89.5 por ciento. Además, en la entidad, el 53.5 por ciento de las sentencias que se dictan son menores a los 3 años de prisión.
El Índice hace un análisis de ocho indicadores en cuatro categorías: estructura, operación, resultados y política criminal. Al mismo tiempo, identifica buenas prácticas y visibiliza áreas de mejora de los estados. Estos son algunos de los resultados de esta nueva edición:
A nivel nacional, la probabilidad de que se denuncie y esclarezca un delito es de 1.3%, ligeramente superior al 1.14% del Índice 2018.
Baja California es la entidad con mayor probabilidad de esclarecer un delito (3.4%), mientras que Guerrero es la de menor probabilidad (0.2%).
Denunciar un delito toma alrededor de 2 horas con 21 minutos, aunque esto varía considerablemente entre estados.
Chihuahua se mantiene en primer lugar del Índice por tercer año consecutivo, seguido de Yucatán y Querétaro, entidades que mejoraron su posición en comparación con el Índice 2018.
En último lugar está Tlaxcala, seguida de Veracruz y Chiapas. Las tres entidades perdieron lugares en comparación con el Índice 2018.
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Aunque se han registrado actos de intimidación en zonas rurales, no se han reportado agresiones graves contra personal eclesiástico
Por: Redacción
El vocero de la Arquidiócesis de San Luis Potosí, Tomás Cruz Perales, informó que, hasta la fecha, no se han recibido reportes de atentados o hechos delictivos contra sacerdotes o personal de iglesias en el estado.
Sin embargo, señaló que en algunas zonas rurales, algunos sacerdotes han sido víctimas de actos de intimidación, en los que personas los detienen para cuestionarlos sobre sus actividades o su identidad, sin que estos incidentes hayan escalado a mayores agresiones.
Cruz Perales indicó que las regiones consideradas de mayor riesgo son aquellas que colindan con Zacatecas y ciertos puntos de la zona Huasteca, aunque recalcó que los casos mencionados no han pasado de simples encuentros intimidantes.
“La gente, en general, ha respetado al personal eclesiástico; no ha habido agresiones ni cuestionamientos mayores”, expresó el vocero.
Por su parte, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de San Luis Potosí, Jesús Juárez Hernández
El funcionario señaló que, cuando ocurre algún incidente de este tipo, es la propia Iglesia la que se comunica con las autoridades para solicitar apoyo. Además, precisó que no solo Zacatecas es considerado una zona de riesgo, sino también otros estados fronterizos como Nuevo León, Guanajuato y Veracruz, donde se ha detectado la presencia de fuerzas de seguridad debido a situaciones de riesgo.
“Los cuerpos de seguridad están en total disposición para atender cualquier situación que ponga en riesgo al personal eclesiástico o la comunidad”, concluyó Juárez Hernández.
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Aunque golpearon y quemaron viva a la perrita, los otros dos acusados buscan el mismo beneficio judicial
Por: Redacción
A casi seis meses del brutal ataque que sufrió Hope —una perrita rociada con gasolina y quemada viva en abril pasado—, la Asociación Protectora de Animales Huella Amiga A.C. informó que uno de los agresores logró su liberación tras ofrecer una “reparación del daño” de apenas dos mil 500 pesos por la cremación del animal y cuatro bultos de croquetas de 10 kilos.
El acuerdo fue aceptado por la jueza, pese a la oposición de la organización y de los tutores de Hope (antes llamada Greta). Además, se estableció que el responsable deberá acudir a terapia psicológica una vez al mes por seis meses y firmar de forma mensual para garantizar la “no repetición del delito”.
“Hicimos uso de la voz y manifestamos nuestra postura de no aceptar las propuestas, más sin embargo la juez no lo aceptó”, señaló la asociación en su publicación.
Respecto a los otros dos agresores, uno se presentó con defensa particular y el otro con abogado de oficio; ambos solicitaron también la suspensión del proceso, ofreciendo dividir el costo de la cremación, entregar seis bultos de croquetas en un lapso de seis meses y acudir a atención psicológica.
La jueza fijó la audiencia intermedia para el 5 de enero de 2026, aunque Huella Amiga advirtió que, antes de esa fecha, los acusados podrían volver a solicitar la suspensión del procedimiento y quedar en libertad total, “ya que la ley actual lo permite”.
“Seguiremos luchando para avanzar hasta donde la ley actual lo permita. Confíen en que no desistiremos”, reafirmó la asociación.
La organización recordó que en 2021 se aprobó en el Congreso de San Luis Potosí el aumento de la pena por maltrato animal hasta 5 años de cárcel, sin embargo, ninguna persona ha sido encarcelada por este delito en el estado.
Por ello, reiteraron el llamado a apoyar la iniciativa #LeyHope, que busca impedir que este tipo de agresores puedan evadir la cárcel mediante acuerdos económicos o “reparaciones del daño”.
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Dolores Robles asegura que habrá análisis puntual del presupuesto y equilibrio en la distribución de recursos
Por: Redacción
La diputada María Dolores Robles Chairez, presidenta de la Comisión de Hacienda del Estado, informó que el Ejecutivo estatal tiene hasta el 20 de noviembre para entregar al Congreso del Estado el paquete económico 2026, que incluye la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos.
La legisladora explicó que el Poder Legislativo se encuentra listo para iniciar el análisis del documento tan pronto como sea turnado, con el objetivo de aprobarlo en tiempo y forma antes del 15 de diciembre.
“Vamos a estar muy puntuales con las fechas. Normalmente se realizan entre tres y cuatro sesiones, aunque siempre hemos dicho que serán las reuniones necesarias para tener un buen análisis”, señaló Robles Chairez.
Sobre las áreas prioritarias a las que podría destinarse un mayor presupuesto, la diputada aseguró que todos los rubros son importantes, y que se buscará mantener un equilibrio entre los sectores conforme a las necesidades del estado.
Respecto al presupuesto propio del Congreso del Estado, Robles Chairez aclaró que ese tema corresponde inicialmente a la Junta de Coordinación Política (Jucopo) y posteriormente será considerado dentro del paquete general que enviará el Ejecutivo.
“Hasta el momento no hemos hablado de ese tema. El Congreso y el Poder Judicial hacen llegar sus propuestas al Ejecutivo, y será hasta entonces cuando conozcamos los montos planteados”, precisó.
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