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Justicia en SLP: “el peor escenario posible”; solo 1 de 10 delitos se resuelve
San Luis Potosí se encuentra entre los diez estados del país en donde hay menos posibilidades de que un delito sea resuelto
Por: El Saxofón
San Luis Potosí es uno de los estados donde hay menos probabilidades de que un delito que ha sido denunciado sea resuelto por las autoridades procuradoras de justicia, según “Cero Impunidad“, organismo de la sociedad civil que tiene por objetivo denunciar la impunidad y señalar a los responsables.
De acuerdo con el “Índice estatal de desempeño de las procuradurías y fiscalías 2019”, publicado por esta organización, en San Luis Potosí la probabilidad de que un delito denunciado sea esclarecido por las autoridades es de apenas 0.8 por ciento, inferior a la media nacional, que ya de por sí es bajísima, de apenas 1.3 por ciento.
La entidad potosina se ubica en el sexto lugar entre los estados donde la eficacia de las fiscalías deja mucho que desear, al dejar en la impunidad la mayor parte de los delitos que son denunciados ante el Ministerio Público por las víctimas.
Cero Impunidad explica que “Al conocer la cantidad de delitos que no se denuncian (la cifra negra) y la efectividad de resolución de asuntos que llegan a ser de conocimiento del Ministerio Público, se puede estimar la probabilidad de esclarecimiento del delito.
“Este indicador se calcula considerando la tasa de delitos que sí son denunciados e investigados (es decir, 100% menos la cifra negra), y la efectividad en la investigación.
Según los datos más recientes de la Envipe, a nivel nacional se estimó una cifra negra de 93.2% para esta edición del índice.
“Si, de las carpetas de investigación iniciadas, sólo el 19.4% se resuelve de forma efectiva, se tiene que en México la probabilidad de esclarecimiento de un delito, es decir, que se denuncie y se resuelva efectivamente, es de 1.3%.
“El año anterior esta probabilidad fue de 1.14%. El ligero incremento de este inquietante indicador, a pesar de que bajó la efectividad de la investigación en esta edición, se explica en virtud de que la cifra negra disminuyó de 93.7% a 93.2% entre las encuestas nacionales de 2017 y 2018.
“A nivel nacional, Baja California es la entidad donde existe una mayor probabilidad de esclarecimiento del delito, con 3.4%. La entidad retornó al grupo de estados que muestran una reducción de la cifra negra, por debajo de la media nacional.
“Le siguen Querétaro, Guanajuato (que encabezaba este indicador el año pasado, con una probabilidad de esclarecimiento de 4.25%), Campeche e Hidalgo, en los primeros lugares en este indicador.
“Por el contrario, en Guerrero la probabilidad de esclarecimiento es de apenas 0.2% (¡un delito esclarecido por cada 500 que se cometen en la entidad!)”, indica el estudio.
Guerrero es el estado con la mayor cifra negra del país, con 96.8% de delitos no denunciados. Además, es la entidad con una menor efectividad, de ahí que la probabilidad sea tan baja.
Entre los diez peores evaluados en este indicador también se ubican Tamaulipas, Jalisco, Chiapas, Quintana Roo, San Luis Potosí, Tabasco, Puebla y Aguascalientes.
Por lo que respecta a San Luis Potosí, se calcula que el estado tiene una cifra negra del 93.1 por ciento. Es decir, 9 cada diez delitos no se denuncian. Además, la efectividad del sistema penal acusatorio es de apenas 11.8 por ciento, también de las más bajas a nivel nacional.
San Luis Potosí también se ubica entre las entidades con menor efectividad en el cumplimiento de las órdenes de aprehensión giradas por los jueces.
Estas son: Tamaulipas, con apenas 24.6% de efectividad, seguida de Guerrero (35.3%), Ciudad de México (35.6%), San Luis Potosí (40.9%) y Chiapas (41.2%).
El estudio precisa que “Estas entidades, con excepción de la Ciudad de México, se colocaron en el fondo de la tabla en la efectividad de investigación, por lo que están en el peor escenario posible”.
A nivel nacional se calcula que hay una efectividad del 57.9 por ciento en el cumplimiento de las órdenes de aprehensión.
En el caso potosino, también hay un alto nivel de impunidad en el delito de homicidio doloso, del 94.5 por ciento, uno de los más altos del país, mientras que la media nacional es de 89.5 por ciento. Además, en la entidad, el 53.5 por ciento de las sentencias que se dictan son menores a los 3 años de prisión.
El Índice hace un análisis de ocho indicadores en cuatro categorías: estructura, operación, resultados y política criminal. Al mismo tiempo, identifica buenas prácticas y visibiliza áreas de mejora de los estados. Estos son algunos de los resultados de esta nueva edición:
A nivel nacional, la probabilidad de que se denuncie y esclarezca un delito es de 1.3%, ligeramente superior al 1.14% del Índice 2018.
Baja California es la entidad con mayor probabilidad de esclarecer un delito (3.4%), mientras que Guerrero es la de menor probabilidad (0.2%).
Denunciar un delito toma alrededor de 2 horas con 21 minutos, aunque esto varía considerablemente entre estados.
Chihuahua se mantiene en primer lugar del Índice por tercer año consecutivo, seguido de Yucatán y Querétaro, entidades que mejoraron su posición en comparación con el Índice 2018.
En último lugar está Tlaxcala, seguida de Veracruz y Chiapas. Las tres entidades perdieron lugares en comparación con el Índice 2018.
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SEP, ISSSTE y casas fantasma: el turbio historial de estafas de Norma Loredo
El fraude no solo se limitó al Gobierno Federal: la denominada “gobernadora indígena” de SLP cuenta con un historial de denuncias por estafar a potosinos
Por: Bernardo Vera
La Orquesta ha dado a conocer el fraude del que varios potosinos han sido víctimas, al ofrecerles una vacante en la Secretaría de Educación Pública (SEP) del Gobierno Federal, y del que supuestamente serían parte de una nueva dependencia conocida como “Subsecretaría de Auditoría y Control”.
La investigación arrojó el nombre de una persona identificada como Norma Judith Loredo Hernandez, quien de acuerdo a documentos, testimonios y otras pruebas, habría sido la encargada de operar este fraude contra alrededor de 500 personas en la entidad potosina , quienes tuvieron que pagar hasta 15 mil pesos para darse de alta en un sindicato fantasma.
Pero… ¿quién es Norma Judith Loredo Hernández?
Su nombre se ha relacionado con actividades públicas relacionadas con la cercanía a los sitios rurales o comunidades indígenas.
En agosto de 2022 fue electa como coordinadora estatal de la Unión Campesina Democrática (UCD) tras participar en la convocatoria en la que fue planilla única.
En el directorio de México Blanco (identificada como una asociación civil dedicada a atender condiciones de vulnerabilidad en el país) aparece como directora nacional de Estrategia para el fomento de Procuración de Fondos. Asociación que, según su sitio web, sustenta sus actividades mediante donaciones voluntarias.
Una búsqueda en redes sociales la identifica como Gobernadora Estatal Indígena de San Luis Potosí, agrupación perteneciente al Gobierno Nacional Originario Indigena y el Consejo Nacional Mexicano de Pueblos Originarios y Comunidades indígenas, lo que indicaría que se trata de un perfil público con carácter de cumplimiento de una función social y que goza de cierta reputación.
No obstante, fuentes cercanas a La Orquesta constataron que el nombramiento del Consejo Nacional Indígena y grupos de “gobernadores indígenas” son una organización de alcance nacional en la que participan personas que se autodenominan “indígenas”, sin serlo; desconocen la discusión y problemática acerca de los pueblos indígenas y solo emplean un disfraz folclorista para hacerse de recursos públicos y engañar.
El 14 de junio de este año, se denunció a Norma Loredo a través de redes sociales, por su participación en la oferta de viviendas, y en la que se identifica su antecedente con el modus operandi de la SEP, ahora en presunta complicidad con Julio Cesar Chavez Hernandez. Ahí mismo, alertan a la comunidad Teenek de la Huasteca, para hacer caso omiso en caso de sostener algún contacto con Norma Loredo.
El 13 de marzo de este año, otra publicación la identificaba como parte de la misma operación de plazas en la SEP, ahora en contubernio con dos personas y extendiendo operaciones en la zona Huasteca. Una de ellas de nombre Karyme Novoa Jonguitud, de Ciudad Valles, quien recluta a los supuestos aspirantes y recibiría los recursos que aportaban para su contratación. Otra de ellas, identificada como Soraya Arredondo, quien trabajaba junto a Norma Loredo en su despacho de la calle Mariano Ávila, en la capital potosina.
Desde febrero de 2024 su nombre aparece relacionado con la operación del mismo esquema de fraude, con presencia en la zona Centro y Huasteca de la entidad potosina. Ahí, presuntos enganchadores ofrecían sueldos desde los 25 hasta 50 mil pesos, y en los que se les solicitaron hasta seis mil pesos, para obtener un contrato de trabajo en puestos de inspectores y de promotores de proyectos en la SEP, así como otros cargos en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).
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Río Valles al límite; presas de SLP con buena captación
Ciudad
Alcalde de Soledad alista su primer informe de gobierno
Juan Manuel Navarro Muñiz destacó proyectos en infraestructura, educación y programas sociales
Por: Redacción
El alcalde de Soledad de Graciano Sánchez, Juan Manuel Navarro Muñiz, habló sobre su primer informe de gobierno. Aclaró que aún quedan obras públicas por concluir antes del informe, aunque consideró que, en general, el balance de su administración ha sido positivo.
Infraestructura urbana, educación y la ampliación de programas sociales serán los tres temas principales que destacará durante su mensaje.
Navarro Muñiz también mencionó que ha mantenido comunicación constante con su gabinete
, al cual evaluó de forma positiva, aunque advirtió que podrían realizarse algunos cambios en su equipo de trabajo con el fin de mejorar los resultados.Por último, agregó que aún quedan cerca de 50 calles por pavimentar antes de concluir el año fiscal.
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