enero 22, 2021

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#4 Tiempos

Juez y parte | Columna de Víctor Meade C.

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SIGAMOS DERECHO

 

En el marco de la transición democrática con la salida del PRI de la presidencia, la necesidad de contar con una herramienta independiente al Ejecutivo que garantizara el derecho de la ciudadanía a acceder a la información concerniente a la administración pública era urgente. En ese contexto, el 30 de abril del 2002 fue aprobada por el Congreso la Ley Federal de Transparencia y, a raíz de ello, fue creado en ese mismo año el Instituto Federal de Acceso a la Información. Años más tarde, en el 2007, se elevó a nivel constitucional —previsto en el artículo 6— el derecho fundamental que todas y todos tenemos al acceso a la información pública.

De esta manera, las y los mexicanos tenemos el derecho de hacer una solicitud de información a cualquier organización pública o privada que reciba, genere o administre recursos de la Federación — por ejemplo, un centro público de investigación, la CFE, Pemex, la Secretaría de Salud, gobiernos municipales, estatales e incluso la Presidencia. En los casos en los que estos organismos no proporcionen la información en tiempo y forma al solicitante, el INAI (antes IFAI) tiene la facultad de obligar a que sean entregados los documentos solicitados. De igual forma, en el caso de que la información solicitada haya sido clasificada por el organismo correspondiente, el Instituto puede requerir su desclasificación si así lo determina.

Gracias a este instrumento facilitador de la rendición de cuentas, la sociedad civil ha conseguido acceder a documentos y datos que destaparon casos de gran interés público como la Estafa Maestra, la Casa Blanca de Peña, desvíos de cientos millones de pesos del Ejército, OHL, Odebrecht, entre muchos otros. Queda muy claro: el papel del INAI es importantísimo para nuestro sistema democrático y para la construcción de un Estado de Derecho.

Ahora, la transparencia no se lleva bien con el poder cuando este se ejerce de manera indebida. En el 2003, cuando era Jefe de Gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel se opuso enérgicamente a la creación de la Ley y del Instituto: dijo que le salía muy caro a las finanzas públicas, lo cual contrasta perfectamente con las millonadas que pagó en publicidad a prensa y televisoras durante su jefatura y que, por cierto, no transparentó.

Desde entonces se ha dedicado a golpetear y cuestionar la utilidad de este organismo constitucionalmente autónomo que, si bien no es perfecto, su importancia es indiscutible y su reforzamiento es imperativo. En semanas recientes mencionó desde su tribuna matutina que está configurando una reforma a la Constitución para que la Secretaría de la Función Pública absorba al INAI, alegando —de nueva cuenta— que le sale muy caro al país y que “ha sido un florero”. Claro, todo esto mientras que el 2019 fue el año en que más solicitudes de información recibió (513) la Oficina de la Presidencia por parte del Instituto.

Pensemos en un par de casos concretos. Primero: la Función Pública determinó inhabilitar por diez años a Lozoya por mentir en su declaración patrimonial; a solicitud de un particular, el Instituto pidió a la SFP los expedientes pero estos fueron reservados por un año. Segundo: la SFP determinó que la Comisión Nacional del Deporte, dirigida por Ana Gabriela Guevara, desvió más de 50 mdp a través de un fideicomiso; los expedientes fueron reservados por dos años pero, a solicitud de un particular, el INAI ordenó que se publicaran.

¿Existe o no existe un conflicto de interés?

Hay que decirlo claro: el INAI no debe pertenecer a la SFP ni a ninguna otra. Debe permanecer autónomo.

Las Secretarías responden directamente al Ejecutivo. Si las facultades que tiene el Instituto fueran asumidas por el Ejecutivo, estas podrían ser utilizadas con una agenda política — imaginemos, contra un gobernador de oposición. Es por este motivo que existen órganos constitucionalmente autónomos, independientes a los ciclos políticos.

El INAI no es el único que bajo la amenaza del presidente: tiene pensado, entre otros, incorporar al Instituto Federal de Telecomunicaciones a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Alega que el IFT no ha servido para nada, pero quizás olvida que desde su creación en 2013, el costo de la telefonía se ha reducido casi a la mitad. Olvida, también, que México está comprometido en el T-MEC a contar con un órgano autónomo que regule esta materia en específico.

Los órganos constitucionalmente autónomos toman decisiones técnicas y no políticas. No son producto del periodo neoliberal; son producto de un proceso de democratización. A su vez, decir que nos salen muy caro, mientras se derrocha en refinerías y aeropuertos inviables, es un despropósito.

Que se investiguen y sancionen los excesos y deficiencias. No hacerlo y pretender pasarle estas tareas al Ejecutivo es por demás irresponsable y perezoso. Eliminar la autonomía de estos órganos y unificarlos en el Ejecutivo atenta directamente contra la división de poderes. Significaría regresar al priismo rancio de hace varias décadas, donde la Secretaría de Gobernación organizaba las elecciones y la CNDH no existía. Significaría ser juez y parte.

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#4 Tiempos

El potosino pionero en trasplantes de riñón | Columna de J.R. Martínez/Dr. Flash

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EL CRONOPIO.

En 1963 se realizó en México el primer trasplante de órgano en Latinoamérica, en el Hospital General del Centro Médico Nacional, donde participaron los doctores Federico Ortiz, Gilberto Flores dirigidos por el matehualense Manuel Quijano Narezo. En aquel año en el mes de octubre practicaban un trasplante de riñón escribiendo una de las importantes páginas en la historia de la medicina en el país.

Manuel Quijano Narezo, a su vez, daba nueva gloria a la medicina potosina y el particular a la cirugía. A pesar de haberse formado en la Universidad Nacional Autónoma de México, sus caminos por la medicina inician en San Luis al continuar la tradición médica de la familia Quijano que ha escrito una rica historia en la medicina en San Luis Potosí desde el siglo XIX. En particular recibió una influencia directa de su tío José María Quijano Ramos y de cierta forma continuó esa inclinación familiar por la medicina, que también siguieron el hijo y el nieto de Quijano Ramos, los potosinos Fernando Quijano Pitman y Fernando Quijano Orvañanos.

De niño vino a vivir de Matehuala a San Luis Potosí, trasladándose posteriormente a la ciudad de México donde realizó sus estudios básicos y de formación en medicina, donde se tituló en 1943 en la UNAM, para continuar su residencia en cirugía en el Hospital General de México. En pleno auge de la Segunda Guerra Mundial, va a Estados Unidos a continuar su formación y posteriormente a Francia. En su estancia en Norteamérica a través de las conferencias del doctor Francis D. Moore aprendió el pensamiento del médico científico que orientaría su futura vida profesional en México.

En 1947 regresa a México incorporándose al Hospital de Enfermedades de la Nutrición, donde se practicaba un sistema insólito en el país, desplegando una intensa actividad académica y formativa, lo que le permitió a Quijano Narezo participar en las biopsias de hígado, testículo o riñón, que se hacían por primera vez en el país. Esta escuela quirúrgica y de logística administrativa le permitirían a Quijano imprimir su estilo en la medicina social de esa época.

En 1962 ingresa al Hospital General del Centro Médico Nacional siendo su director en 1963. Esa institución que dejó en 1971 al ser removido de la dirección se convirtió en uno de los primeros hospitales donde se estableció, en 1963, un sistema organizado de enseñanza de la cirugía general.

Quijano Narezo ha sido uno de los pilares de la cirugía en México, donde destaca la realización del primer trasplante de riñón en el país y Latinoamérica.

Su vida académica incluye además su participación como profesor y funcionario en la UNAM donde figuró como miembro de la Junta de Gobierno. Participó además internacionalmente como Director de Asuntos Internacionales de la entonces Secretaría de Salubridad y Asistencia; Consejero Científico de la Delegación de México ante la UNESCO; Presidente del Consejo Ejecutivo de la Organización Mundial de la Salud; Vicepresidente del Comité Ejecutivo de la Organización Panamericana para la Salud; Presidente del Consejo Ejecutivo de la Organización Mundial de la Salud y Miembro de la Junta Internacional de Fiscalización de los Estupefacientes de la Organización de las Naciones Unidas.

Su importante obra médica lo convierte en uno de los médicos mexicanos más importantes de los últimos años, llenando de orgullo a la ciencia médica potosina de donde nacen sus raíces. Nació en 1919 en Matehuala, y murió en la ciudad de México en 2017.

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#4 Tiempos

El derecho de las comunidades indígenas a las telecomunicaciones | Columna de Víctor Meade C.

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SIGAMOS DERECHO. 

En medio de la aparentemente interminable oleada de malas noticias y despropósitos políticos de las semanas recientes, me permito utilizar este espacio para compartir con usted una buena. Primeramente, un poco de contexto.

El Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) estima que el 90% de las personas indígenas del país cuentan con algún tipo de cobertura telefónica, sin embargo, tanto la oferta como la calidad de este servicio se ve limitado, en buena medida, por una serie de factores. Por un lado, las condiciones geográficas de varias comunidades dificultan la instalación de la infraestructura necesaria. Por otro, los servicios proveídos por las grandes compañías de telefonía ofrecen costos que son inaccesibles para las comunidades. Al mismo tiempo, se estima que hay más de 13 millones de personas sin acceso a internet porque no hay quien les pueda ofrecer ese servicio.

Ahora bien, les cuento. Con el objetivo de atender estas desigualdades y reducir la brecha en el acceso a las comunicaciones, la asociación civil Telecomunicaciones Indígenas Comunitarias (TIC A.C.) obtuvo del IFT dos concesiones: una para usar y aprovechar bandas de frecuencia del espectro radioeléctrico sin fines de lucro para uso social indígena en diversos municipios de Oaxaca, Veracruz, Chiapas, Guerrero y Puebla; y otra para prestar servicios de telecomunicaciones y radiodifusión sin fines de lucro con propósitos culturales, científicos y educativos en los mismos municipios de la concesión anterior.

Sin embargo, el IFT impuso un recargo a TIC A.C. por no haber realizado el pago de derechos correspondiente al uso del espectro radioeléctrico en los ejercicios fiscales de 2016 y 2017
— todo esto con fundamento en los artículos 239 (establece la obligación al pago de derechos) y 244-B (especifica las condiciones del pago y la cuota aplicable) de la Ley Federal de Derechos (LFD) vigente en 2016. Ante esto, TIC A.C. presentó un amparo para ser excluido del pago de estos derechos y, después de un complicado proceso legal llevado por la Clínica de Interés Público del CIDE, el caso fue turnado a la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que determinara la constitucionalidad de dichos artículos.

Así, el proyecto de sentencia realizado por la ponencia del Ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena se pregunta si existe un derecho constitucional de los pueblos y comunidades indígenas a acciones afirmativas en la operación de los medios de comunicación. Aquí abro un pequeño paréntesis para definir, en términos generales, este concepto clave: las acciones afirmativas son políticas que dan a un determinado grupo social, étnico o minoritario un trato preferencial en el acceso o distribución a causa de ciertos recursos o servicios, con el objeto de mejorar la calidad de vida de grupos desfavorecidos. 

En el estudio de fondo, el proyecto argumenta que los artículos 2, 6 y 28 de la Constitución, así como diversos preceptos de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo configuran una obligación constitucional del Estado a prever medidas diferenciadas para el acceso de los pueblos y comunidades indígenas a los medios de comunicación. Así pues, el siguiente paso es determinar si el legislador estableció un tratamiento diferenciado en favor del grupo vulnerable respecto del cual debe existir una acción afirmativa.

Después de analizar la norma impugnada, el proyecto concluye que el legislador no reconoció la situación de exclusión de pueblos y comunidades indígenas, ignorando el hecho de que, al no poder tener fines de lucro, el cobro de los derechos de uso del espectro radioeléctrico constituye una barrera al acceso de los medios de comunicación por parte de estas comunidades.

A la luz de lo anterior, este proyecto de sentencia fue aprobado por la Primera Sala de la SCJN el pasado miércoles por unanimidad, señalando la inconstitucionalidad del artículo 239 de la LFD de 2016 y reconociendo el derecho de las comunidades indígenas a tener acciones diferenciadas que les permitan acceder y administrar sus propios medios de comunicación. De esta manera, TIC A.C. y las comunidades indígenas con las que trabaja podrán seguir ampliando las redes de telecomunicaciones de costos accesibles que ahora les permiten, por nombrar un par de ejemplos, fomentar de manera importante la economía local y comunicarse con otras comunidades en caso de una eventualidad.

Una buena noticia de este tipo —en momentos en los que el panorama nacional es tan incierto— es solo un recordatorio más de que las causas justas deben ser perseguidas, aunque sea un camino cuesta arriba.

Entre tanta incertidumbre, más sociedad civil organizándose para conseguir el reconocimiento de sus derechos; más centros públicos de investigación y academia trabajando por beneficios tangibles para la sociedad; más acceso y más autogestión para las telecomunicaciones indígenas; más buenas noticias.

 

 

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#4 Tiempos

A demostrar | Columna de Arturo Mena “Nefrox”

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Arrancamos

América en la jornada 1 fue un rival complicado, San Luis viene de uno de los peores torneos se su existencia y América estrenaba entrenador y jugaba en casa. Aún así, el partido que planteó San Luis en esa difícil visita al Estadio Azteca, fue muy interesante y casi resulta en un valioso empate. Al final la jerarquía de los de Coapa terminó con el 2-1 final.

Hoy San Luis visita Aguascalientes, un partido de jornada dos donde ambos equipo sufrieron derrotas al arranque del torneo. Necaxa busca recuperar un poco de lo perdido ante Mazatlán, mientras que San Luis sale como nueva víctima dados los resultados recientes entre ambos equipos.

Hoy San Luis necesita demostrar que el buen futbol que mostró por momentos en el partido anterior, no son casualidad, debe demostrar orden y conjunción, y buscar corregir esos trágicos errores que le costaron puntos en el Azteca.

Pero maticemos las cosas, no estamos diciendo que San Luis merece ganar en esta jornada, ni que es mejor equipo que Necaxa, de hecho, ambos equipos rondan más la mediocridad que el buen futbol, digamos que es un duelo de los malos. Pero, es justo aquí, justo contra estos rivales, donde San Luis debe demostrar, donde debe buscar sumar para poco a poco alejarse de los últimos lugares. San Luis no es un equipo para ser campeón, San Luis es un equipo de mera sobrevivencia.

Esperemos al partido, ojalá que el marcador sea justo para lo que veamos en la cancha, pero sobre todo, que los aficionados que hoy estarán en la tribuna de estadio, se cuiden. Vamos a darle, y que veamos un buen futbol.

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