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Ilegal, paso de Marcelina Oviedo como Oficial Mayor del Congreso: ASE
Esta situación podría acarrear responsabilidades hasta de tipo penal tanto para los diputados que le otorgaron el encargo, como para la propia exfuncionaria
Por Redacción
Fue hasta el viernes 8 de marzo, un día después de su destitución como Oficial Mayor del Congreso de San Luis Potosí, que la Auditoría Superior del Estado confirmó que la extitular, Marcelina Oviedo Oviedo, jamás cumplió con el perfil para desempeñar dicho encargo, lo que hace en automático ilegal su paso y nombramiento.
Esta situación podría acarrear responsabilidades hasta de tipo penal tanto para los diputados que le otorgaron el encargo, como para la propia exfuncionaria que lo ejerció a sabiendas de no cumplir con los requisitos para hacerlo.
A través del oficio 1063/2019, a cuya copia tuvo acceso este medio, la Auditoría Superior del Estado confirmó que Marcelina Oviedo Oviedo, con estudios de ingeniería agrónoma fitotecnista, no cumple con los requisitos previstos por la ley para ocupar el cargo de oficial mayor del Congreso local.
La opinión de la entidad auditora se generó a petición expresa de los legisladores que acudieron a la ASE para que fuera ésta la que resolviera si la currícula profesional de Marcelina Oviedo Oviedo era compatible con los requisitos legales, y aunque la ASE respondió hasta un día después de que la ahora exfuncionaria fuera retirada de su cargo, bastaría dicha opinión para fincar responsabilidades administrativas y hasta penales en su contra.
El código penal de la Federación, contempla castigos de uno a tres años de cárcel para quien se le configure y compruebe la usurpación de funciones, y establece a la letra:
“El que ilegítimamente ejerciere actos propios de una autoridad o funcionario público atribuyéndose carácter oficial, será castigado con la pena de prisión de uno a tres años”
La acción típica del delito de usurpación de funciones viene descrita como el que ilegítimamente ejerciere actos propios de una autoridad o funcionario público atribuyéndose carácter oficial.
Cabe recordar que, en su momento, la exfuncionaria alegó que dentro de la currícula de su carrera, cursó materias socio administrativas que podrían solventar lo requerido por la ley, sin embargo, dicha defensa quedó rebasada por la opinión oficial de la Auditoría.
Finalmente el Pleno del Congreso del Estado decidió retirar del cargo de oficial mayor a Marcelina Oviedo por haber perdido la confianza en la exfuncionaria y por la falta de capacidad para desempeñar sus funciones.
Al cierre de la edición se supo de al menos un par de procedimientos en contra de la funcionaria, uno marcado como el 02/2019 en la contraloría interna de la propia Legislatura y un segundo proceso penal interpuesto en la Fiscalía del Estado por un particular.
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Los cierres se deben a incumplimiento de medidas de seguridad y falta de permisos. Este fin de semana se clausuró un establecimiento tras un ataque armado
Por: Redacción
En lo que va del año, la Coordinación Estatal de Protección Civil ha clausurado alrededor de 16 centros nocturnos por incumplir con las medidas de seguridad establecidas, informó su titular, Mauricio Ordaz Flores.
El funcionario detalló que tan solo este fin de semana fue cerrado un establecimiento en la capital potosina donde se registró un incidente en donde murieron dos personas, mismo que no contaba con los permisos correspondientes por parte del Gobierno del Estado.
Señaló que los operativos de revisión se mantienen de manera constante, principalmente durante fines de semana, con el objetivo de verificar que bares y centros nocturnos cumplan con las condiciones necesarias para operar de forma segura.
Ordaz Flores reconoció que no siempre es posible detectar irregularidades en el momento en que ocurren los hechos; sin embargo, aseguró que la dependencia mantiene vigilancia permanente para prevenir riesgos y salvaguardar a la población.
Finalmente, reiteró que Protección Civil continuará aplicando medidas contra los establecimientos que no cumplan con la normativa, priorizando la seguridad de quienes acuden a estos espacios.
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El gobernador indicó que se prioriza protección de la Huasteca, pero se mantiene coordinación con la Federación
Por: Redacción
Ricardo Gallardo Cardona, gobernador de San Luis Potosí, afirmó que actualmente no existe ningún proyecto autorizado, en exploración o en desarrollo relacionado con el fracking en el estado, particularmente en la región Huasteca, donde el tema ha generado preocupación social.
El mandatario estatal explicó que cualquier iniciativa de este tipo requeriría un proceso prolongado que incluiría al menos un año de estudios técnicos y otro más de exploración,
“No hay nada autorizado, no hay nada visto, no hay nada explorado”, puntualizó.
G allardo Cardona subrayó que, más allá de una postura de rechazo, su administración priorizará la protección del medio ambiente en la Huasteca potosina
“Vamos a cuidar la Huasteca”, aseguró, al tiempo que indicó que se mantendrá coordinación con el Gobierno Federal ante cualquier eventual planteamiento en materia energética.
El gobernador también consideró que, en caso de que el fracking se desarrolle en el país, es más probable que ocurra en otras zonas como el Golfo de México, donde —dijo— existen estudios avanzados desde hace varios años.
Finalmente, insistió en que no hay condiciones actuales para que esta técnica de extracción se implemente en San Luis Potosí, por lo que llamó a la población a no generar alarma ante un escenario que, aseguró, no está en puerta.
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Galindo Ceballos dice que no existe alternativa institucional y que el municipio solo revisa condiciones mínimas
Por: Redacción
Enrique Galindo Ceballos, alcalde de San Luis Potosí, reconoció que existe un vacío institucional en torno al funcionamiento de los llamados anexos o centros de rehabilitación, al señalar que actualmente no hay otra opción formal para atender a personas con problemas de adicciones.
“El fondo de los anexos es que no hay otra alternativa”, declaró el presidente municipal al ser cuestionado sobre estos espacios.
Galindo sostuvo que, ante la falta de una respuesta institucional más amplia, el Ayuntamiento únicamente interviene para revisar condiciones básicas de operación, aunque aclaró que varias de esas tareas no corresponden legalmente al municipio.
“O sea, no hay una alternativa institucional para atender a estas personas”. El edil explicó que las acciones municipales se concentran en supervisar aspectos mínimos como medidas de seguridad y condiciones sanitarias dentro de estos establecimientos.
“Lo que hacemos nosotros es darles condición, es decir, protección civil, sanidad, que no son nuestras facultades”. Añadió que el objetivo de estas revisiones es permitir que los centros operen bajo ciertos parámetros y evitar riesgos para las personas internadas.
Galindo aseguró que hasta el momento estos espacios se mantienen bajo observación de la autoridad municipal y sin situaciones fuera de control. “Seguimos revisando. No se salen de control”, afirmó.
Las declaraciones del alcalde se dan en medio del debate recurrente sobre la regulación de anexos en la capital potosina, donde distintas instancias han señalado la necesidad de una supervisión más estricta y modelos públicos de atención a las adicciones.
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