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Hospital Central tiene un rezago del 100% en cirugías
La Secretaría de Salud en SLP reconoció que las operaciones son reprogramadas hasta en cinco ocasiones a los pacientes de la capital
Por: Itzel Márquez
Daniel Acosta, titular de la dependencia habló sobre la situación en el nosocomio y las medidas que está tomando en el mismo.
El Hospital Central “Ignacio Morones Prieto”, el centro de salud más importante de San Luis Potosí, se encuentra rebasado en 100% en cuanto su capacidad para realizar procedimiento quirúrgicos, así lo reconoció Daniel Acosta Díaz de León, secretario de Salud en el gobierno de Ricardo Gallardo, lo que ha provocado la constante reprogramación de cirugías para pacientes en diversas áreas.
Acosta Díaz de León explicó los motivos por los cuales se ha producido esta situaciones, entre los que mencionó que el hospital normalmente tiene 250 camas y otras 100 en urgencias, lo cual da un total de 350 lugares, pero ahora con la construcción de las nuevas instalaciones, se encuentra contraído el espacio para dar un total de entre 180 y 190 camas; a esto se suma la pandemia de covid-19, lo cual obligó a cerrar consulta externa y tomando en cuenta que las cirugías electivas se programan ahí, se agravó el problema.
El secretario recalcó que antes de esta situación ya había una cantidad importante de pacientes cuyas cirugías se retrasaron, algunos ya se operaron en otro sitio, otros más por urgencias y área a la que se le ha dado prioridad, por lo cual, una persona puede ser reprogramada entre dos y cinco veces.
Otro factor que suma a este rezago es que el Hospital de Soledad, que es el principal apoyo para remitir a pacientes del Central; fue reconvertido hace año y medio, en hospital covid. En este 2021, se pretendía que las instalaciones del municipio de Soledad pasara a ser híbridas, pero la tercera ola de contagios lo obligó a permanecer como un centro de atención contra el coron avirus.
“Cuando viene alguna persona desde lejos tratamos de no regresarla, pero si es alguien de la capital y con posibilidad de volver a venir, lo “sacrificamos” para dar prioridad a personas del interior y para atender las urgencias”, aceptó Daniel Acosta.
En cuanto a las estrategias que seguirá la dependencia para atender este problema, el funcionario dijo que, se espera que a fin de año el Hospital de Soledad sea reconvertido a híbrido, para que siga atendiendo pacientes covid y que otra parte sea para pacientes con cualquier otro padecimiento, lo cual ayudaría a liberar un poco al Hospital Central.
Otra estrategia mencionada por Daniel Acosta, propuesta por el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), es que los fines de semana se lleven a cabo jornadas especiales de operaciones, en las cuales acudirían médicos especialistas en diversas áreas exclusivamente para cubrir este requerimiento: “esto resolvería el problema, pero solo de lo más urgente, lo electivo seguiría siendo un problema”.
Una medida para reducir el retraso en cirugías mencionado por el secretario de Salud es abrir los hospitales de Valles, Matehuala y Rioverde, para que sean un filtro y no lleguen tantos pacientes al Hospital Central.
Daniel Acosta apuntó que se espera que la nueva área del Hospital Central entre en funciones en aproximadamente seis meses, pues el primer paso de entregar todos los documentos necesarios a la Secretaría de Hacienda ya está cubierto, después es necesario esperar 20 días para la autorización, de ahí pasa al Insabi para el proceso de licitación, mismo que puede durar tres o cuatro meses, posteriormente se debe considerar el tiempo en el que llegará el equipo técnico.
Finalmente, vale recordar que al inicio de su sexenio, el gobernador Ricardo Gallardo afirmó que su antecesor, Juan Manuel Carreras, gastaba miles de pesos al mes para simular que las nuevas área ya estaban en funcionamiento.
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Rodrigo Lecourtois insiste en revisar los recursos propios de la universidad que encabeza Alejandro Zermeño y advierte que negarse podría tener consecuencias legales tarde o temprano
Por: Jorge Saldaña
El auditor superior Rodrigo Lecourtois afirma que la autonomía universitaria no impide la fiscalización del dinero autogenerado. Advierte que la estrategia jurídica encabezada por la rectoría de Alejandro Zermeño Guerra ha sido derrotada en tribunales y que, si la negativa persiste, podrían venir consecuencias legales
El titular del Instituto de Fiscalización Superior del Estado (IFSE), Rodrigo Lecourtois, reiteró que la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) está obligada a permitir la revisión de sus recursos autogenerados, y advirtió que la estrategia jurídica con la que la rectoría encabezada por Alejandro Zermeño Guerra ha intentado evitar las auditorías ha sido sistemáticamente derrotada en tribunales.
En entrevista, Lecourtois sostuvo que la negativa de la universidad a abrir sus cuentas bajo el argumento de la autonomía universitaria no tiene sustento legal, pues la Constitución establece que todo recurso público debe ser fiscalizado.
El auditor recordó que desde principios de 2026 el IFSE solicitó formalmente la revisión de estos fondos, petición que —según dijo— la universidad prácticamente ignoró.
“Nos mandaron al chori”, dijo entonces Lecourtois, utilizando una expresión coloquial para describir que la solicitud fue desestimada por la rectoría.
Meses después, el conflicto permanece sin resolverse y con un historial jurídico que, según el propio auditor, no favorece a la universidad.
De acuerdo con lo expuesto por el titular del IFSE, cada recurso legal promovido por la defensa jurídica de la UASLP para frenar la auditoría ha sido rechazado por las instancias correspondientes, lo que debilita el argumento central de la rectoría encabezada por Zermeño: que revisar los recursos propios violaría la autonomía universitaria.
Lecourtois sostuvo que la autonomía protege la vida académica y administrativa de la universidad, pero no puede convertirse en un escudo para impedir la fiscalización de dinero público.
En ese contexto, advirtió que si la universidad mantiene su postura de negarse a la revisión, las consecuencias podrían escalar al terreno jurídico.
“La fiscalización no es opcional”, señaló.
El funcionario explicó que el IFSE está obligado por ley a revisar todos los recursos que ejerzan las instituciones públicas, incluidos aquellos que las universidades generan a través de cuotas, servicios, proyectos o convenios.
La disputa entre el IFSE y la UASLP, encabezada por el rector Alejandro Zermeño Guerra, lleva ya varios años en tribunales y se ha convertido en uno de los debates más delicados sobre los límites entre la autonomía universitaria y la rendición de cuentas.
Mientras la rectoría ha insistido en que auditar estos recursos vulneraría la autonomía institucional, el órgano fiscalizador dirigido por Rodrigo Lecourtois sostiene que la transparencia es una obligación constitucional.
Hasta ahora, sin embargo, el conflicto mantiene un matiz incómodo para ambas partes: la universidad ha perdido sus batallas legales, pero el IFSE aún no ha logrado abrir completamente las cuentas que busca revisar.
Por ello, Lecourtois insistió en que la salida más razonable sería que la universidad permita la revisión.
De lo contrario, advirtió, la presión jurídica podría incrementarse.
En otras palabras, el auditor dejó abierta una posibilidad incómoda para la rectoría de Zermeño: que el tema deje de ser una discusión administrativa y termine escalando a responsabilidades legales.
Y en ese escenario, la pregunta que queda en el aire es simple: si este año la universidad volverá a “mandar al chori” al órgano fiscalizador… o si finalmente abrirá sus cuentas.
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El gobernador Ricardo Gallardo detalló que el sistema ferroviario tendría alrededor de 900 kilómetros de recorrido
Por: Redacción
Ricardo Gallardo Cardona, gobernador de San Luis Potosí, informó que el proyecto del tren de pasajeros que conectará a la entidad con Querétaro y Saltillo contempla varias estaciones dentro del territorio potosino, incluida una posible terminal en la capital.
El mandatario estatal explicó que la propuesta fue revisada durante una reunión con Néstor Núñez López, titular de la Unidad de Vinculación Institucional y Patrimonio de la
“Ya tuvimos acceso a todo el proyecto. Contempla estaciones en San Luis Potosí capital y estamos revisando si el Museo del Ferrocarril puede convertirse en una gran estación en La Alameda”, explicó.
El gobernador señaló que la intención es que el tren llegue a la zona de La Alameda, lo que permitiría recuperar el valor histórico d el sistema ferroviario en la ciudad.
De acuerdo con el planteamiento presentado, las estaciones en territorio potosino incluirían Ahualulco, Moctezuma, Venado, Charcas y Real de Catorce, antes de continuar su trayecto hacia Saltillo.
Gallardo Cardona detalló que los nuevos tramos ferroviarios se construirían de manera paralela a las vías existentes, con el objetivo de agilizar los procesos de liberación de derecho de vía y facilitar la ejecución del proyecto.
El sistema ferroviario tendría una extensión aproximada de 900 kilómetros en total, considerando las rutas Querétaro–San Luis Potosí y San Luis Potosí–Saltillo.
En el caso del tramo hacia Querétaro, también se contemplan estaciones en Villa de Reyes y Santa María del Río, antes de llegar a la capital potosina.
El mandatario calificó el plan como “un proyecto muy ambicioso” y adelantó que la intención del gobierno federal es que las obras arranquen este mismo año.
Además, aseguró que el servicio tendría tarifas competitivas: “El costo será muy accesible, a nivel de autobús o incluso más barato”, afirmó.
Finalmente, destacó que el tren de pasajeros ayudaría a reducir la carga de tránsito en la carretera 57, especialmente en el traslado de pasajeros entre estados del Bajío y el norte del país.
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Activistas señalaron que habitantes de Rioverde y Ciudad Valles deben trasladarse hasta la capital para recibir atención
Por: Redacción
A un año de que el aborto fuera despenalizado en San Luis Potosí, integrantes de la Colectiva ILE señalaron que, aunque el derecho ya está reconocido en la ley, el acceso real al servicio aún enfrenta diversos obstáculos en el sistema de salud.
De acuerdo con Quadratín, Nuria, integrante del colectivo, explicó que actualmente las principales instituciones que brindan la interrupción legal del embarazo de manera gratuita son IMSS Bienestar, IMSS e ISSSTE. Sin embargo, advirtió que muchas mujeres todavía desconocen dónde pueden acudir o cuál es el procedimiento para solicitar el servicio.
También señaló que una parte importante de las solicitudes proviene de municipios como Rioverde y Ciudad Valles, cuyos habitantes deben trasladarse hasta la capital potosina para recibir atención, lo que implica gastos de transporte y otras barreras económicas que dificultan el acceso
Otro de los problemas detectados dentro de los hospitales es la objeción de conciencia por parte de personal médico, la cual, afirmó, en muchos casos no se encuentra debidamente justificada y termina funcionando como una barrera para acceder al servicio.
Finalmente, la activista recordó que aún está pendiente una reforma para homologar la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, con el objetivo de que la negación del servicio de interrupción legal del embarazo pueda ser reconocida como violencia institucional.
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