Por: Redacción

La directora General del Centro de Justicia para las Mujeres (CJM), Julieta Méndez Salas, informó que se enfrentan situaciones adversas por la pandemia del covid-19, que exacerba la vulnerabilidad de las personas para convertirse en víctimas de trata de personas, por lo que es muy importante concientizar sobre la situación de las personas y proporcionar protección a sus derechos humanos.

Las modalidades en que se presenta son a través de la explotación sexual, trabajo forzado, mendicidad infantil o extracción de órganos, entre otros.

La funcionaria agregó que este tipo de delitos los padecen muchas personas todos los días, en su mayoría mujeres y niñas, y la cifra de los delitos que se denuncian no representa la verdadera problemática, ya que muchas de las víctimas son engañadas y no son conscientes que lo viven.

Recordó que en San Luis Potosí, en 2018 el Gobierno del Estado emitió la Ley para Prevenir, Sancionar y Erradicar los delitos en materia de trata de personas y para la protección y asistencia a las víctimas de estos delitos para el Estado de San Luis Potosí.

En 2019, se emitió el Protocolo general de actuación para las Dependencias y Entidades de la Administración Pública que atiende a niñas, niños y adolescentes y el Protocolo para proteger y asistir a víctimas de trata de personas en el estado.

Méndez Salas reiteró que se han hecho esfuerzos permanentes para capacitar al personal de las instituciones sobre este delito, garantizar que se investigue y se sancione a los responsables; también se cuenta con espacios especializados para la defensa gratuita de las mujeres y las niñas  víctimas de violencia de género, a través de la Procuraduría para la Protección de Niñas Niños y Adolescentes, y la Red Estatal de Centros de Justicia para Mujeres

La titular del CJM dijo que la intervención de las áreas de atención a la violencia en el estado, son fundamentales para detectar este tipo de delitos que con frecuencia se manifiesta a través de diferentes formas de violencia, por ello lo más importante es garantizar la intervención institucional, ya que es la vía que asegura su acceso a la justicia pero no solo de quien denuncia, sino para todas las mujeres, ya que previene que más personas sean vulneradas y que se sancione adecuadamente por las áreas de procuración de justicia a los responsables.

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