Destacadas
Gallardo anticipa posible desfalco millonario en el penal de La Pila
El fraude lo cometería el concesionario de la cocina, pues cobra alimentos a sobre costo, el saqueo a las finanzas estatales sería de 70 millones
Por: Redacción
Ricardo Gallardo Cardona, gobernador de San Luis Potosí, estuvo este martes en el Centro Estatal de Reinserción Social (Cereso), conocido como el penal de La Pila, sobre el que advirtió existen irregularidades como el servicio de comida que podrían implicar un desfalco de 70 millones de pesos.
Gallardo conversó con internos e internas del centro, quienes contaron las condiciones de abandono en las que viven.
El mandatario detalló que servicio de comida “se convirtió en un negocio mediante el cual se habría cometido una desviación de unos 70 millones de pesos en colusión entre la empresa concesionaria y las autoridades carcelarias del sexenio que concluyó. La comida es de muy baja calidad, los insumos no reúnen los requisitos mínimos de calidad y están en su mayoría a punto de la descomposición, son adquiridos a muy bajo costo y se reportaban con un sobreprecio”.
Ricardo Gallardo estuvo en el área de personas privadas de su libertad que tienen padecimientos mentales, el taller de carpintería, donde los reos laboran y producen diversos productos; el área de cocina; el almacén de insumos alimentarios y el almacén de materias primas.
Después, se trasladó a las secciones de hombres y mujeres, se le expusieron diversas anom alías en sus procesos de sentencia y que han causado la violación a sus derechos humanos, jurídicos y procesales.
El mandatario estatal instruyó al personal encargado de los penales a crear una brigada jurídica con la que iniciarán un análisis a profundidad sobre el estatus procesal de los que consideran que se han cometido injusticias en su contra que les impiden obtener su libertad.
El gobernador afirmó que se reunirá con la presidenta del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, Olga Regina García López, para solicitar la colaboración en el avance y revisión en la determinación de sentencias.
El titular del Ejecutivo en el Estado, acordó con el Director del Instituto Potosino del Deporte (Inpode), quien participó en el recorrido, Edmundo Ríos Medrano Jáuregui, a impulsar la sana convivencia, instalaciones deportivas dignas, atraer llevar formativas y de recreación, y realizar torneos de fútbol y básquetbol todos los días como parte de la readaptación social.
Al Secretario del Trabajo y Previsión Social (STPS), Néstor Garza Álvarez, le urgió promover la generación de empleos y la comercialización de los productos elaborados por los reos, además de anunciar la creación de un taller para fabricación de mochilas, que serán parte de los programas sociales que integran el Plan de 100 Días.
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Ciudad
Incendios aumentan hasta un 30% en diciembre: Bomberos
Benavente Duque dijo que el uso de pirotecnia y descuido en instalaciones eléctricas provocan mayores incidentes en la temporada decembrina
Por: Cristian Betancourt
Adolfo Benavente Duque, comandante del H. cuerpo de Bomberos, advirtió que el mes de diciembre será uno de los más complicados en materia de emergencia debido al incremento de siniestros que se registran en la zona metropolitana.
Benavente explicó que los incendios entre el 10 y 15 de diciembre suelen incrementarse entre 25% y 30%, principalmente por el uso de pirotecnia
y aumento de incendio en pastizales.Detalló que la corporación cerrará con entre 400 y 450 servicios atendidos mientras que noviembre concluyó con 385 emergencias.
Benavente Duque pidió a la población evitar en lo posible el uso de pirotecnia; comentó que en caso de utilizarla se debe encender en zonas sin vegetación.
Finalmente, llamó a extremar precauciones con instalaciones eléctricas, evitar sobrecargas y utilizar equipos adecuados.
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Acusan que imputados simulan tortura para justificar delitos
La titular de la Fiscalía confirma que el recurso busca anular procesos, pero reiteró el trabajo de la unidad especializada para denuncias genuinas
Por: Redacción
La titular de la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP), María Manuela García Cázares, reconoció que la acusación de tortura es un recurso frecuentemente utilizado por las defensas legales de los imputados, lo que en ocasiones busca retrasar el proceso judicial o generar una vía para evadir la justicia.
La Fiscal señaló que, si bien no se tienen cifras exactas de cuántos casos utilizan este argumento meramente como un “medio defensivo”, el fenómeno es conocido, ya que los imputados buscan aprovecharse de los protocolos de ley.
“Lo utilizan en algunas ocasiones como un medio defensivo… [como saben] que se ha efectuado el protocolo de Estambul, que lleva tiempo, exámenes psicológicos, exámenes médicos. Ello trae consigo un retraso en el proceso,” explicó García Cázares.
La estrategia posterior de algunos imputados es retractarse, argumentando que la acusación fue un intento de justificar supuestas violaciones. Sin embargo, la Fiscal enfatizó que, una vez presentada la denuncia, el Estado tiene la obligación ineludible de investigar , lo que impide que la parte acusadora simplemente se desista.
La titular de la FGESLP subrayó que la Fiscalía especializada en el tema ha desempeñado una labor significativa para atender las denuncias genuinas.
“Evidentemente que hay casos en los cuales son ciertos, se denuncian y esta fiscalía especializada, pues ha tenido una importante labor”, indicó la funcionaria.
García Cázares mencionó que las denuncias de tortura provienen de diversos cuerpos de seguridad: “Tenemos todo tipo de denuncias, de policías municipales, de de guardia, de de todo tipo.”
El procedimiento obliga a la Fiscalía a localizar a la víctima y realizar los exámenes respectivos sin posibilidad de desistimiento, asegurando que la investigación se realice de manera rigurosa, aunque esto pueda ser usado tácticamente por los imputados.
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SCT endurece regulación al transporte de personal industrial
Araceli Martínez indicó que su depedencia trabaja en una iniciativa con el Congreso para establecer sanciones penales por contratar transporte ilegal
Por: Redacción
Araceli Martínez Acosta, titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), anunció que este viernes iniciará la capacitación piloto para certificar a operadores del transporte de personal, particularmente aquellos que trabajan en la Zona Industrial, donde —reconoció— persisten accidentes derivados de jornadas laborales excesivas y falta de regulación.
Martínez señaló que muchas empresas prestan el servicio sin estar reguladas, se niegan al registro estatal y han mostrado resistencia histórica a cumplir la normativa. “Estamos prácticamente escribiendo las reglas que nunca han tenido”, afirmó.
La funcionaria reveló que hace 15 días se sostuvo una reunión con el parque Logistik II y la Unión de Usuarios, donde se advirtió directamente a los directores de Recursos Humanos: continuarán los aseguramientos de unidades sin autorización y habrá consecuencias legales .
“Hay corresponsabilidad de los RH que contratan deliberadamente empresas sin permiso. Están poniendo en riesgo a su capital humano”, expresó.
La SCT ya comenzó el aseguramiento de camiones irregulares: solo este lunes se retuvieron tres unidades más. Aunque reconoció el impacto económico para las empresas, Martínez señaló que el riesgo a la vida pesa más que cualquier afectación en la producción .
Además, adelantó que antes de finalizar el año se firmará un convenio de colaboración con empresas que se comprometan a contratar únicamente proveedores autorizados y certificados. Con esto se busca ampliar el padrón regulado y establecer tarifas mínimas y máximas que eviten que empresas foráneas compitan con costos bajos gracias a operadores sobreexplotados e incluso menores de edad.
Sobre la posibilidad de concesionar formalmente el transporte de personal, la funcionaria confirmó que es el siguiente paso:
“Ya existen empresarios potosinos con concesiones en esta modalidad; queremos fortalecer a los potosinos y dejar de depender de empresas de otros estados”, señaló.
Finalmente, Martínez informó que la SCT trabaja con el Congreso del Estado en una reforma legal para establecer responsabilidad penal para quienes contraten servicios irregulares que pongan en riesgo a su personal.
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