El fallecido había recibido ayuda oficial un día antes; autoridades mantienen abierta la investigación

Por: Redacción

El secretario general de Gobierno de San Luis Potosí, J. Guadalupe Torres Sánchez, informó que el cuerpo sin vida de una persona —aún sin identificar— fue localizado este lunes en la zona limítrofe entre San Luis Potosí y Veracruz. De acuerdo con el funcionario, el caso sigue bajo investigación, ya que no se ha determinado oficialmente la causa de muerte.

En palabras del secretario, se presume que podría tratarse de una posible congestión alcohólica, ya que la persona fue vista con vida un día antes y, según se sabe, recibió despensa y ayuda directamente por parte de las autoridades.

Torres Sánchez también reconoció las labores de rescate

y apoyo realizadas por diversas dependencias estatales, entre ellas la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC), la Guardia Civil Estatal y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Finalmente, destacó que, gracias al trabajo coordinado entre estas instituciones, San Luis Potosí no ha registrado el mismo número de personas desaparecidas o fallecidas que otros estados del país con afectaciones similares por lluvias e inundaciones.

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El secretario de gobierno destacó coordinación estatal ante inundaciones en la Huasteca; Más de mil setecientas personas han sido evacuadas

Por: Redacción

El secretario general de Gobierno del Estado de San Luis Potosí, J. Guadalupe Torres Sánchez, habló sobre las recientes lluvias e inundaciones registradas en las últimas semanas en la Huasteca Potosina. Informó que, hasta el momento, no se reportan personas desaparecidas ni fallecidas, a diferencia de lo ocurrido en otros estados de la República con afectaciones similares.

El funcionario señaló que las autoridades estatales continúan supervisando los rescates y evacuaciones, además del reconocimiento de zonas afectadas y la entrega de apoyos a las comunidades.

“Ayer se entregaron despensas, víveres, medicamentos y, sobre todo, electrodomésticos como refrigeradores, estufas, parrillas, así como herramientas para desazolvar viviendas”, detalló Torres Sánchez.

El secretario reconoció el trabajo de todas las dependencias involucradas, especialmente a la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) y a su titular, Mauricio Ordaz, así como a la Guardia Civil Estatal y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Asimismo, informó que se han instalado módulos de atención médica permanente para atender a las personas afectadas por las lluvias.

Según informó el secretario general de Gobierno, hasta el momento se han entregado más de 32 mil despensas y víveres

a las comunidades afectadas por las lluvias. Además, se han distribuido más de 11 mil paquetes de limpieza, y se ha iniciado la rehabilitación de aproximadamente 5 mil viviendas dañadas por las inundaciones. En cuanto a la atención directa a la población, se ha evacuado a más de mil setecientas personas, pertenecientes a 40 familias que fueron trasladadas a lugares seguros ante el riesgo que representaban sus viviendas.

Torres Sánchez hizo un llamado a la ciudadanía para que, en caso de necesitarlo, acudan a solicitar apoyo al gobierno estatal.

Finalmente, mencionó que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, podría visitar esta semana las zonas afectadas en San Luis Potosí, aunque aún no se ha confirmado la fecha exacta de su visita.

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Solo tres particulares han sido vinculados al proceso por la operación del antro; ningún funcionario ha sido llamado a declarar

Por: Redacción

A más de un año de la tragedia ocurrida el 7 de junio de 2024 en el antro “Rich”, ubicado en Plaza Alttus, los padres de las víctimas exigieron a la Fiscalía General del Estado (FGE) ampliar las investigaciones para incluir a los servidores públicos que, por acción u omisión, permitieron las condiciones que derivaron en el siniestro.

Hasta ahora, la carpeta de investigación de la FGE solo contempla a tres personas relacionadas con la propiedad y operación del establecimiento. Sin embargo, las familias sostienen que el caso no puede limitarse a los particulares, pues también existen responsabilidades de las autoridades que otorgaron permisos o fallaron en la supervisión de medidas de seguridad y protección civil.

“No se trata únicamente de un negocio que operaba fuera de la ley, sino de una cadena de omisiones de funcionarios que tenían la obligación de vigilar y prevenir. Exigimos que la Fiscalía actúe con firmeza contra todos los responsables, sin excepción”, señalaron los padres en un documento entregado a la autoridad estatal.

Los familiares recordaron que la Contraloría Interna Municipal ya determinó responsabilidades de varios funcionarios por falta de supervisión y control

, resolución que forma parte del expediente ministerial.

“Estos hechos no pudieron ocurrir sin la intervención activa o la omisión de autoridades municipales y estatales. Ignorar esta realidad sería negar los antecedentes del caso”, advirtieron.

A un año y cuatro meses del inicio de la investigación, ningún funcionario ha sido llamado a declarar, lo que, según los familiares, refleja un preocupante estancamiento y envía un mensaje de impunidad: “El homicidio se persigue de oficio; no puede haber silencio”, subrayaron.

Los padres insistieron en que la Fiscalía tiene la obligación de continuar las investigaciones hasta deslindar responsabilidades, tanto de los empresarios como de los funcionarios públicos involucrados.

“Queremos creer que la Fiscalía comparte nuestro interés en que la justicia sea completa y no parcial. La sociedad merece saber que nadie está por encima de la ley. El silencio de las autoridades no puede convertirse en cómplice”, concluye el comunicado.

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