Conductoras de InDrive y arzobispado de SLP piden a la autoridad que no revictimizar a la conductora desaparecida desde el 6 de enero

Por: Redacción

María Manuela García Cazares, titular de la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP), declaró el pasado 10 de enero ante medios de comunicación que existían tres líneas de investigación ante la desaparición de Daniela Martell, conductora de transporte de alquiler por aplicación y reportada como desaparecida desde el pasado 6 de enero de 2025.

Las líneas de investigación existentes, según la propia fiscal, son la relacionada con su ex pareja, otra con su ex amasio –o amante– y una más relacionada con la venta de droga.

Esta última sospecha de la autoridad generó reacciones contra la FGESLP, por parte de diversos sectores de la sociedad. Uno de ellos, por parte de conductoras de la plataforma InDrive, quienes este sábado fijaron un posicionamiento en contra de las declaraciones de García Cazares, al exigir la no revictimización de Daniela Martell, y que realicen su trabajo para localizarla lo más pronto posible.

“Es inaceptable que se revictimice a la familia. Sus hijos, con quienes mantenía contacto constante, aseguran que Daniela no desapareció por andar de fiesta, como se quiere insinuar

Las conductoras de la plataforma manifestaron su apoyo a la familia de Daniela y pidieron una explicación por las declaraciones que relacionan a la conductora con la venta de drogas; mientras que respecto a otra de las líneas de investigación que involucran a su exesposo, mencionan que fue quien interpuso la denuncia y ha colaborado en su búsqueda.

Por su parte, Jorge Alberto Cavazos Arizpe, arzobispo de San Luis Potosí, coincidió en reprobar las declaraciones revictimizantes contra Daniela Martell, pues se estaría difamando a la persona afectada.

Al mismo tiempo, precisó que la Iglesia Católica de San Luis Potosí externa su solidaridad con las familias de desaparecidos pues representa un dolor gravísimo para los allegados.

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La presidenta del Ceepac indicó que no se deben otorgar menos de 172.5 millones de pesos, pues es un proceso electoral inédito

Por: Redacción

Paloma Blanco López, consejera presidenta del Consejo Estatal Electoral de y de Participación Ciudadana (Ceepac), comentó que el recurso para la elección de jueces y magistrados este 2025 en San Luis Potosí no deberá ser menor a 172.5 millones de pesos, pues consideró que este proceso electoral es algo “inédito”, que se enfrenta a varios retos durante su desarrollo.

Luego de esto, Ricardo Gallardo Cardona, gobernador del estado indicó que ya se analiza el presupuesto por parte de su gabinete. Agregó que dentro de esta revisión se involucrará el Congreso local y Guadalupe Torres Sánchez,

“Estará trabajando con la presidenta del Ceepac, para determinar el monto que se va a ocupar para la elección, será con base al número de casillas que se van a colocar y algunos otros aspectos técnicos que se tomarán en cuenta”.

El mandatario estatal destacó que solo se otorgará el dinero que cueste la elección. Añadió que los comités de cada poder (ejecutivo, legislativo y judicial) serán integrados este lunes 13 de enero.

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Antonio Villa indicó que muchas personas en situación de calle suelen moverse mucho entre estados

Por: Redacción

Juan Antonio de Jesús Villa Gutiérrez, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), dio a conocer que el padrón de personas en situación de calle es una cuestión que debe ser analizada, pues debe enfocarse a aquellos que ya identifica la ciudadanía.

El secretario de Seguridad destacó que los indigentes suelen moverse entre entidades y no suelen estar en un lugar fijo, por lo que será importante enfocarse a aquellos que están en la ciudad de forma permanente: “A veces ya hasta los bautizan con algún nombre, la misma población y es importante poder atenderlos”.

Al cuestionarlo sobre qué tan frecuente la policía municipal atiende situaciones en la que se ven involucradas estas personas, Villa Gutiérrez respondió que no es tan común. Detalló que algunos ciudadanos ya no denuncian al darse cuenta que se trata de indigentes.

“Las intervenciones que hemos hecho es en cuanto a que estas personas no cometan algún delito o no generen alguna situación: como algún incendio, que sí hemos detectado y que hemos detenido personas, pero la idea es que no”.

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