noviembre 21, 2024

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Exdiputados “desaparecieron” documentos sobre fiesta fake en la ASE

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La Fiscalía General del Estado requirió documentación al Congreso del Estado sobre la investigación de una fiesta fake en la ASE donde se habrían desviado más de 700 mil pesos, pero “extrañamente” una de las actas no se encontró

Por: Redacción

Marite Hernández Correa, presidenta de la Comisión de Vigilancia del Congreso del Estado, informó que por parte de la Fiscalía General del Estado se solicitó la entrega de copias fotostáticas certificadas de las actas 10 y 14 de dicha comisión, correspondientes a la LXI Legislatura, en relación a los hechos denunciados como peculado, fraude, falsificación de documentos en general y uso de objeto o documento falso o alterado.

La congresista indicó que estas actas tratan sobre un presunto evento navideño realizado por la Auditoría Superior del Estado en 2016, donde se habrían desviado 743 mil pesos.

Explicó que el acta 10 corresponde al 3 de marzo de 2017, fue ya localizada y enviada a la Fiscalía General del Estado, como se solicitó; sin embargo, la correspondiente al acta 14 del 2 de mayo de 2017 está incompleta, y no pudo ser localizada en los archivos del Congreso del Estado, por lo cual se informó de esta situación a la Fiscalía y se dio vista a la Contraloría Interna del Congreso del Estado para que realice lo conducente de acuerdo a la ley.

Cabe recordar que entre los integrantes de la Comisión de Vigilancia vigente hasta este momento, se encontraban ahora exdiputados como Óscar Bautista Villegas, Martha Orta Rodríguez, Josefina Salazar Báez o Jorge Luis Díaz Salinas.

“Es precisamente por esta situación que está aduciéndose de ilícitos de peculado, fraude, falsificación que tiene que ver con este caso tan sonado de una cena navideña en la Auditoría en el 2016, tiene que ver con eso, pero no queremos profundizar hasta no tener debidamente los documentos en mano y estos se van a remitir a la Fiscalía; la Comisión de Vigilancia tiene toda la apertura, si nos solicitan algún tipo de información, tenemos que coadyuvar apoyando a todas las autoridades remitiendo los documentos, los oficios que ellos nos requieran”, apuntó.

Agregó que, de acuerdo con los documentos encontrados, el Acta 10 trata el asunto 3458 donde hace referencia, “el Congreso del Estado aprobó por unanimidad solicitarle a la Comisión de Vigilancia realice investigación exhaustiva que concluya con informe que presente al pleno sobre procedencia, legalidad, justificación y destino final de recursos económicos erogados por la Auditoría Superior del Estado por concepto de gastos navideños en diciembre de 2016, cuyo monto ascendería a 743 mil pesos”.

Al respecto, el diputado Edgardo Hernández indicó que se actuará conforme a derecho, “y si es necesario realizar, después del procedimiento interno por parte del Contralor, una carpeta de investigación por omisión, por la pérdida, por el faltante de la propia acta, se integrará y se castigará conforme a derecho hasta sus últimas consecuencias; es un tema de la Legislatura pasada, hay que dejarlo en claro, no es de la nuestra y por lo tanto el hecho de que se desaparezcan documentos es inadmisible, esto no puede pasar, lo tenemos que dejar recalcado que se actúe conforme a derecho, que aparezcan y si no que se castigue a los responsables porque tiene que haber un resguardo y quien preserve estos documentos”.

Finalmente, Hernández Correa señaló que cuando se recibieron los archivos correspondientes a la Comisión de Vigilancia en el proceso de entrega-recepción, no se entregaron de manera clasificada “y se nos entregaron cajas completas de información y en este proceso hemos estado también en la propia organización de los documentos, porque se nos entregaron cajas sin clasificar de acuerdo a la Ley de Archivo y es el trabajo de la Comisión que hemos realizado en este tiempo”.

Responsabilidad del estado prevenir y desarticular violencia de género: diputada

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Le niegan amparo a Tekmol por huachicoleo

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El ex diputado y candidato a la gubernatura no cumplía con los requisitos para otorgarle la protección, por tanto se permitirá continuar la investigación en su contra

Por: Redacción

El Juzgado Sexto de Distrito en San Luis Potosí negó la suspensión definitiva solicitada por José Luis Romero Calzada, exdiputado local y ex candidato político, conocido por múltiples acusaciones de corrupción, enriquecimiento ilícito, delitos fiscales y otros crímenes.

De acuerdo con Ciudadanos Observando, la solicitud de amparo 735/2024 buscaba detener acciones legales de diversas autoridades que lo investigan, pero el juez determinó que no cumplía con los requisitos para otorgar la protección, permitiendo que las investigaciones y procesos judiciales sigan adelante.

Esta decisión representa un revés significativo para Romero Calzada, apodado “Tekmol”, quien ha sido denunciado penalmente por delitos graves, como desvío de recursos públicos, evasión fiscal, lavado de dinero y robo de combustible.

A lo largo de los años, ha intentado evadir la justicia mediante diversas estrategias legales,

pero los procesos continúan avanzando. Además, ha buscado insistentemente regresar a la política mediante nuevos cargos públicos, presumiblemente para obtener fuero e impunidad, pero sus esfuerzos no han prosperado debido al rechazo ciudadano y su polémica reputación.

El fallo judicial subraya la prioridad de esclarecer actos de corrupción y proteger el interés público. A pesar de que Romero Calzada se presenta como víctima de persecución política, las pruebas en su contra y su historial de acciones ilegales lo colocan como un símbolo de los esquemas corruptos que han afectado al estado.

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Diputados federales del PAN exigen a FGR investigación contra Sánchez Zumaya

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Exigen que se investigue la corrupción entre el huachicolero y lavador de dinero Gerardo Sánchez Zumaya y PEMEX

Por: Redacción

El Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) exigió en la Sesión Ordinaria de la Cámara de Diputados de este jueves que se investigue la corrupción entre el huachicolero y lavador de dinero Gerardo Sánchez Zumaya y PEMEX.

Con portada en mano del diario Reforma, que en su edición del martes pasado revela los nexos de Morena con Sánchez Zumaya, diputadas y diputados panistas exigieron a la Fiscalía General de la República (FGR) investigar la denuncia presentada en el Estado de Tabasco contra dicho personaje, quien de la noche a la mañana se enriqueció con el presunto lavado de dinero por más de 15 mil millones de pesos a través de una red de empresas factureras.

En su intervención en tribuna, la diputada Paulina Rubio Fernández exigió a la Fiscalía General de la República que se investigue a PEMEX y PETROGESA

, empresa de Gerardo Sánchez Zumaya.

“Hoy sabemos que Pemex se convirtió en caja grande de Morena y que han hecho millonarios a empresarios de 30 años (de edad) en San Luis Potosí, curiosamente íntimos amigos de los liderazgos de Morena y hoy le incrementan más dinero a PEMEX para seguir ordeñándola”, acusó.

Mientras la diputada denunciaba estos hechos sobre Sánchez Zumaya, al que también se le señala como extractor de gasolina en los Estados de Tabasco y Veracruz, toda la fracción parlamentaria del PAN se sumó a su reclamo y exigió que se investigue al facturero y huachicolero potosino.

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FGR cierra oficialmente investigación contra Gallardo

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El caso fue archivado al no encontrar pruebas suficientes; además de señalar inconsistencias en el informe presentado por la UIF 

Por: Redacción

La Fiscalía General de la República (FGR) cerró oficialmente la carpeta de investigación en contra de Ricardo Gallardo Cardona, gobernador de San Luis Potosí.

La FGR decidió no proceder penalmente contra el gobernador y otros implicados en una investigación por desvío de recursos y contratos irregulares con empresas vinculadas a su entorno familiar.

La carpeta FED/SEIDF/UEIDFF-SLP/0001100/2020, presentada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en 2020, que señalaba transferencias ilícitas en contratos entre 2013 y 2017, fue archivada al no encontrar pruebas suficientes; además, señalaron inconsistencias en los informes presentados por la UIF y falta de evidencia directa que vincule a los implicados con actos ilícitos.

El caso había sido reactivado en septiembre de 2024, señalaba presuntas irregularidades en contratos millonarios otorgados a las empresas Clínica Wong y Grupo Axioma Kusuri, durante los gobiernos de Ricardo Gallardo Juárez y Ricardo Gallardo Cardona en Soledad de Graciano Sánchez y la capital de San Luis Potosí.

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