Alejandro Zermeño respondió al cuestionamiento del diputado Héctor Serrano no con datos sobre las pensiones privilegiadas, sino que con tono de superioridad desestimó su crítica por “no ser universitario ni potosino” y le recuerda que la nueva ley que topa pensiones no puede aplicarse de forma retroactiva

Por: Redacción

Alejandro Zermeño Guerra, rector de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, respondió con tono irónico a los señalamientos del diputado Héctor Serrano Cortés sobre el sistema de pensiones de la institución, minimizando sus críticas y defendiendo la legalidad de los beneficios otorgados en el pasado.

“Hay que tomar las cosas de quien viene”, soltó el rector, al referirse al legislador, de quien incluso puso en duda su vínculo con la entidad y con la propia universidad. “Que yo sepa, él no ha ingresado a nuestra universidad… es más, creo que no es ni potosino”, agregó.

Las declaraciones surgen luego de que Serrano Cortés cuestionara que la universidad no deba quedar fuera de la reforma nacional en materia de pensiones, al advertir que la autonomía universitaria no puede ser utilizada para evadir obligaciones en el manejo de recursos públicos.

Sin embargo, Zermeño Guerra defendió el modelo vigente en la UASLP, asegurando que su sistema de pensiones ha sido reconocido por la Secretaría de Educación Pública

Además, subrayó que la universidad ha realizado cuatro modificaciones a su esquema de pensiones en los últimos años, y que desde 2021 o 2022 estos beneficios ya cuentan con topes, lo que —dijo— demuestra una evolución en su regulación.

En su respuesta, el rector también recurrió a un argumento legal para justificar las pensiones otorgadas en el pasado, incluyendo aquellas que han sido señaladas como elevadas.

“No soy abogado, probablemente esta persona que usted dice sí sea abogado muy versado en esto, pero yo no, pero entiendo que las leyes no son retroactivas… lo que están recibiendo los rectores en su momento era lo correcto”, expresó.

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La máxima casa de estudios del estado recibirá su presupuesto 2026 en pagos mensuales y contará con un recurso adicional al cierre del año

Por: Redacción

Ariana García Vidal, titular de la Secretaría de Finanzas (Sefin), informó que el Gobierno del Estado ya tiene definido el esquema de financiamiento para la Universidad Autónoma de San Luis Potosí durante este 2026, el cual contempla tanto el presupuesto ordinario como una ampliación de recursos hacia el cierre del año.

Explicó que el presupuesto aprobado por el Congreso local se distribuirá en doceavas, es decir, en pagos mensuales iguales a lo largo del año, como parte del funcionamiento regular del gasto público.

“Lo que autoriza el Congreso se entrega en doceavas, que son 12 meses de pagos iguales”, detalló.

En este sentido, indicó que el monto base aprobado ronda los 300 millones de pesos, los cuales se ministran mensualmente a la institución educativa.

Además, García Vidal señaló que, tras gestiones realizadas con la Federación y con el respaldo del gobernador Ricardo Gallardo Cardona, se logró un incremento cercano al 3% respecto al convenio anterior, lo que representa una bolsa adicional aproximada de 216 millones de pesos

Este recurso extraordinario será entregado durante el último trimestre del año, con el objetivo de apoyar a la universidad en compromisos financieros más elevados, como el pago de prestaciones de fin de año.

“El recurso adicional se va a aplicar en el último trimestre para apoyar en temas como aguinaldos, donde los montos son más fuertes”, explicó.

La funcionaria agregó que este esquema fue acordado directamente con el rector Alejandro Zermeño Guerra, con quien —aseguró— existe coordinación y consenso sobre la forma en que se entregarán los recursos.

Asimismo, destacó que, a diferencia del año anterior, en esta ocasión se logró una mejor coordinación con la Federación, particularmente con la Secretaría de Educación Pública, para garantizar la participación conjunta en el financiamiento de la universidad.

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Movimiento Ciudadano mantendrá su postura de acelerar la implementación de la jornada de 40 horas, al considerar que el contexto laboral actual exige medidas más inmediatas

Por: Redacción

El diputado local de Movimiento Ciudadano, Marco Gama Basarte, cuestionó el modelo planteado para la reducción de la jornada laboral en México, al considerar que llevar el esquema de 40 horas semanales hasta el año 2030 es una medida tardía y con impacto limitado para los trabajadores.

El legislador reconoció que la propuesta representa un avance en materia de derechos laborales; sin embargo, advirtió que dista de lo que su partido ha impulsado, que es una implementación inmediata acompañada de dos días de descanso obligatorios por semana.

“Qué bueno que ya se establecieron las 40 horas, aunque sea hasta el 2030, pero es un avance”, expresó, al tiempo que señaló que el esquema aprobado contempla una aplicación gradual que reduciría la jornada de forma paulatina —alrededor de dos horas cada cierto periodo—, lo que, en su opinión, retrasa los beneficios reales para la clase trabajadora.

Gama Basarte insistió en que el planteamiento actual no garantiza de forma efectiva una mejora inmediata en la calidad de vida de los trabajadores, particularmente en lo relacionado con el descanso, al no consolidar desde ahora un modelo claro de dos días libres por semana.

Para Movimiento Ciudadano, explicó, la reducción de la jornada laboral no solo debe centrarse en disminuir horas, sino en replantear el equilibrio entre trabajo y vida personal, donde el descanso digno sea un eje central.

El diputado sostuvo que la gradualidad propuesta diluye el impacto de la reforma y deja en segundo plano la urgencia de atender las condiciones laborales actuales, por lo que adelantó que su bancada continuará impulsando que la jornada de 40 horas se aplique en el corto plazo y con un esquema completo que incluya dos días de descanso.

En ese sentido, reiteró que, aunque el cambio aprobado puede considerarse un paso inicial, aún queda pendiente una discusión de fondo para garantizar que la reforma responda verdaderamente a las necesidades de los trabajadores en San Luis Potosí y en el país.

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