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En su 1er año, los “nuevos” diputados duplicaron el gasto en autos en SLP
En promedio, los diputados de la actual Legislatura han gastado 3 mil 264 pesos diarios para reparar y asegurar los autos en los que se trasladan
Por: Redacción
En el primer año de la LVII Legislatura, el gasto en los vehículos al servicio de todos los funcionarios públicos que trabajan en el Congreso del Estado de San Luis Potosí se ha duplicado, si se compara con el último año de la Legislatura predecesora.
Según el listado de cheques publicado en el apartado de Transparencia, en el sitio oficial del Poder Legislativo estatal, en los últimos doce meses, los diputados han gastado $753 mil 457 pesos, mientras que en el mismo período anterior se gastaron 308 mil 785 pesos.
Entre los servicios que se han amortizado con casi tres cuartos de millón de pesos se encuentran pagos de deducible a la empresa Seguros El Potosí, mismos que podrían deberse a incidentes viales en que los vehículos han estado involucrados al estar en uso.
Junio del 2018 ha sido el mes en que menor cantidad de recursos se han destinado a dicho rubro, pues se hallaron pagos por un total de 6 mil 701 pesos; mientras que, en mayo del 2019, el Congreso potosino gastó 109 mil 407 pesos.
De hecho, entre abril y mayo de este año se registraron los gastos más elevados, según el listado, para servicio mayor en algunos vehículos, además de hojalatería, pintura y cambio de refacciones.
En su mayoría, los pagos corresponden a servicios prestados para los 27 vehículos Cruze que se le asignan a cada diputado; sin embargo, no se detalla el nombre del responsable en la lista ni se encontró documentación que pudiera indicar qué diputado está a cargo de cada auto.
En promedio, mantener, reparar, refaccionar y asegurar los automóviles en que se desplazan, tanto los diputados como el personal a su cargo, costó 3 mil 264 pesos diarios en el primer año de la nueva Legislatura 
Los autos han enfrentado desde accidentes y hasta balaceras
En su año de arranque, los diputados potosinos se han visto involucrados en hechos que, de manera colateral, han significado daños severos o desgaste a los vehículos oficiales… y no necesariamente todas durante su labor legislativa.
En febrero de este año, el diputado Pedro César Carrizales Becerra fue interceptado por hombres armados mientras viajaba por el boulevard Río Santiago y aunque afortunadamente no hubo lesiones qué lamentar, el vehículo recibió varios impactos de arma de fuego.
Cuatro meses más tarde, también el diputado Carrizales Becerra se vio involucrado en un escándalo producto de su intervención en el proceso electoral que por esas fechas se desarrolló en la ciudad de Aguascalientes.
Aunque nunca lo admitió, existen videos en los que puede apreciarse que viajó a esa ciudad utilizando el Cruze blanco que el Congreso le asignó, pese a que la diligencia nada tenía que ver con su labor legislativa.
Recientemente, por último, el diputado Rubén Guajardo estuvo involucrado en un grave accidente automovilístico mientras se trasladaba de la ciudad de San Luis Potosí al municipio de Real de Catorce, donde se llevó a cabo una sesión solemne.
Dicho percance, por fortuna, no significó sino lesiones para uno de sus asesores –quien se reportó fuera de peligro- y daños materiales para el vehículo oficial, mismos que todavía no han sido cuantificados.
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Rodrigo Lecourtois insiste en revisar los recursos propios de la universidad que encabeza Alejandro Zermeño y advierte que negarse podría tener consecuencias legales tarde o temprano
Por: Jorge Saldaña
El auditor superior Rodrigo Lecourtois afirma que la autonomía universitaria no impide la fiscalización del dinero autogenerado. Advierte que la estrategia jurídica encabezada por la rectoría de Alejandro Zermeño Guerra ha sido derrotada en tribunales y que, si la negativa persiste, podrían venir consecuencias legales
El titular del Instituto de Fiscalización Superior del Estado (IFSE), Rodrigo Lecourtois, reiteró que la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) está obligada a permitir la revisión de sus recursos autogenerados, y advirtió que la estrategia jurídica con la que la rectoría encabezada por Alejandro Zermeño Guerra ha intentado evitar las auditorías ha sido sistemáticamente derrotada en tribunales.
En entrevista, Lecourtois sostuvo que la negativa de la universidad a abrir sus cuentas bajo el argumento de la autonomía universitaria no tiene sustento legal, pues la Constitución establece que todo recurso público debe ser fiscalizado.
El auditor recordó que desde principios de 2026 el IFSE solicitó formalmente la revisión de estos fondos, petición que —según dijo— la universidad prácticamente ignoró.
“Nos mandaron al chori”, dijo entonces Lecourtois, utilizando una expresión coloquial para describir que la solicitud fue desestimada por la rectoría.
Meses después, el conflicto permanece sin resolverse y con un historial jurídico que, según el propio auditor, no favorece a la universidad.
De acuerdo con lo expuesto por el titular del IFSE, cada recurso legal promovido por la defensa jurídica de la UASLP para frenar la auditoría ha sido rechazado por las instancias correspondientes, lo que debilita el argumento central de la rectoría encabezada por Zermeño: que revisar los recursos propios violaría la autonomía universitaria.
Lecourtois sostuvo que la autonomía protege la vida académica y administrativa de la universidad, pero no puede convertirse en un escudo para impedir la fiscalización de dinero público.
En ese contexto, advirtió que si la universidad mantiene su postura de negarse a la revisión, las consecuencias podrían escalar al terreno jurídico.
“La fiscalización no es opcional”, señaló.
El funcionario explicó que el IFSE está obligado por ley a revisar todos los recursos que ejerzan las instituciones públicas, incluidos aquellos que las universidades generan a través de cuotas, servicios, proyectos o convenios.
La disputa entre el IFSE y la UASLP, encabezada por el rector Alejandro Zermeño Guerra, lleva ya varios años en tribunales y se ha convertido en uno de los debates más delicados sobre los límites entre la autonomía universitaria y la rendición de cuentas.
Mientras la rectoría ha insistido en que auditar estos recursos vulneraría la autonomía institucional, el órgano fiscalizador dirigido por Rodrigo Lecourtois sostiene que la transparencia es una obligación constitucional.
Hasta ahora, sin embargo, el conflicto mantiene un matiz incómodo para ambas partes: la universidad ha perdido sus batallas legales, pero el IFSE aún no ha logrado abrir completamente las cuentas que busca revisar.
Por ello, Lecourtois insistió en que la salida más razonable sería que la universidad permita la revisión.
De lo contrario, advirtió, la presión jurídica podría incrementarse.
En otras palabras, el auditor dejó abierta una posibilidad incómoda para la rectoría de Zermeño: que el tema deje de ser una discusión administrativa y termine escalando a responsabilidades legales.
Y en ese escenario, la pregunta que queda en el aire es simple: si este año la universidad volverá a “mandar al chori” al órgano fiscalizador… o si finalmente abrirá sus cuentas.
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El gobernador Ricardo Gallardo detalló que el sistema ferroviario tendría alrededor de 900 kilómetros de recorrido
Por: Redacción
Ricardo Gallardo Cardona, gobernador de San Luis Potosí, informó que el proyecto del tren de pasajeros que conectará a la entidad con Querétaro y Saltillo contempla varias estaciones dentro del territorio potosino, incluida una posible terminal en la capital.
El mandatario estatal explicó que la propuesta fue revisada durante una reunión con Néstor Núñez López, titular de la Unidad de Vinculación Institucional y Patrimonio de la
“Ya tuvimos acceso a todo el proyecto. Contempla estaciones en San Luis Potosí capital y estamos revisando si el Museo del Ferrocarril puede convertirse en una gran estación en La Alameda”, explicó.
El gobernador señaló que la intención es que el tren llegue a la zona de La Alameda, lo que permitiría recuperar el valor histórico d el sistema ferroviario en la ciudad.
De acuerdo con el planteamiento presentado, las estaciones en territorio potosino incluirían Ahualulco, Moctezuma, Venado, Charcas y Real de Catorce, antes de continuar su trayecto hacia Saltillo.
Gallardo Cardona detalló que los nuevos tramos ferroviarios se construirían de manera paralela a las vías existentes, con el objetivo de agilizar los procesos de liberación de derecho de vía y facilitar la ejecución del proyecto.
El sistema ferroviario tendría una extensión aproximada de 900 kilómetros en total, considerando las rutas Querétaro–San Luis Potosí y San Luis Potosí–Saltillo.
En el caso del tramo hacia Querétaro, también se contemplan estaciones en Villa de Reyes y Santa María del Río, antes de llegar a la capital potosina.
El mandatario calificó el plan como “un proyecto muy ambicioso” y adelantó que la intención del gobierno federal es que las obras arranquen este mismo año.
Además, aseguró que el servicio tendría tarifas competitivas: “El costo será muy accesible, a nivel de autobús o incluso más barato”, afirmó.
Finalmente, destacó que el tren de pasajeros ayudaría a reducir la carga de tránsito en la carretera 57, especialmente en el traslado de pasajeros entre estados del Bajío y el norte del país.
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Activistas señalaron que habitantes de Rioverde y Ciudad Valles deben trasladarse hasta la capital para recibir atención
Por: Redacción
A un año de que el aborto fuera despenalizado en San Luis Potosí, integrantes de la Colectiva ILE señalaron que, aunque el derecho ya está reconocido en la ley, el acceso real al servicio aún enfrenta diversos obstáculos en el sistema de salud.
De acuerdo con Quadratín, Nuria, integrante del colectivo, explicó que actualmente las principales instituciones que brindan la interrupción legal del embarazo de manera gratuita son IMSS Bienestar, IMSS e ISSSTE. Sin embargo, advirtió que muchas mujeres todavía desconocen dónde pueden acudir o cuál es el procedimiento para solicitar el servicio.
También señaló que una parte importante de las solicitudes proviene de municipios como Rioverde y Ciudad Valles, cuyos habitantes deben trasladarse hasta la capital potosina para recibir atención, lo que implica gastos de transporte y otras barreras económicas que dificultan el acceso
Otro de los problemas detectados dentro de los hospitales es la objeción de conciencia por parte de personal médico, la cual, afirmó, en muchos casos no se encuentra debidamente justificada y termina funcionando como una barrera para acceder al servicio.
Finalmente, la activista recordó que aún está pendiente una reforma para homologar la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, con el objetivo de que la negación del servicio de interrupción legal del embarazo pueda ser reconocida como violencia institucional.
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