Congreso del Estado
Se establece como principio de la planeación estatal y municipal a la protección a la familia
Esto, a través de la aplicación de políticas, programas y acciones gubernamentales: Rubén Guajardo
Por: Redacción
A propuesta del diputado Rubén Guajardo Barrera, el pleno del Congreso del Estado aprobó modificaciones a diversos artículos de la Ley de Planeación del Estado y Municipios y de Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de San Luis Potosí, para establecer como principio de la planeación estatal y municipal, la protección de la organización, fortalecimiento y desarrollo de la familia.
Esta reforma a la Ley de Planeación del Estado, establece como principio de la planeación estatal y municipal, la protección de la organización, fortalecimiento y desarrollo de la familia, basado en los principios constitucionales, permitiendo que se lleve a cabo una protección especial por parte de todas las autoridades en el ámbito estatal y municipal, con la finalidad de mejorar los aspectos económicos y sociales.
Por ello, la reforma le otorga al ejecutivo a través de la Secretaría de Desarrollo Social y Regional, la facultad para diseñe y coordine políticas y programas para la protección y fortalecimiento de la familia, encaminadas a mejorar sus condiciones de vida, fomentando la participación de la sociedad y el gobierno, generando condiciones de vida digna para toda la población; y a los titulares de los ayuntamientos, la facultad para que diseñen y coordinen políticas y programas con el mismo fin, con base en la Ley de Planeación.
Se establece en la exposición de motivos del dictamen, que la Carta Magna de nuestro país otorga una alta prioridad al reconocimiento y a la observación de los derechos humanos, que son una condición fundamental para el desarrollo de los individuos en todos los sentidos.
En términos sociales, el escenario donde se dan una serie de desenvolvimientos claves en la vida de las personas es la familia.
Por tanto, y como otros aspectos regulados constitucionalmente, se trata de una obligación, crear las condiciones para cumplir este mandato, por ello la importancia de que se observe en la legislación estatal, y en la realización esquemática en forma de políticas, programas y acciones a favor de la familia, conducidas por los órdenes estatal y municipal.
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Congreso del Estado
Diputados de SLP exhortan a Federación a destinar más recursos contra el gusano barrenador
La propuesta impulsada por la diputada Frinné Azuara busca: Más recursos para SENASICA, transparencia sobre el gasto ejercido, recuperar el estatus sanitario y reactivar exportaciones de ganado hacia Estados Unidos
Por: Redacción
A propuesta de la diputada Frinné Azuara Yarzábal, el Pleno del Congreso del Estado aprobó el Punto de Acuerdo para exhorta a diversas autoridades federales a que lleven a cabo acciones de contención, prevención, vigilancia y control del gusano barrenador.
El Punto de Acuerdo exhorta a la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión para que, en el ejercicio de sus facultades presupuestales, realice una revisión profunda y, en su caso, una ampliación urgente al presupuesto del SENASICA para el ejercicio fiscal 2026, que permita revertir los recortes aplicados y dotar a la institución de los recursos humanos y materiales necesarios para hacer frente a esta y futuras contingencias sanitarias.
A la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER) y al Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA) ambas del Gobierno Federal para que informen detalladamente a esta Soberanía sobre el presupuesto ejercido en los últimos cinco años para la campaña contra el gusano barrenador, las acciones concretas realizadas en San Luis Potosí, y el plan a corto, mediano y largo plazo para recuperar el estatus sanitario que permita la reapertura del mercado estadounidense.
Y a la Secretaría de Relaciones Exteriores a gestionar, en coordinación con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER), un acuerdo sanitario de emergencia con el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) que permita restablecer la certificación de zonas libres de gusano barrenador y reactive las exportaciones de ganado mexicano a la brevedad posible.
En su exposición de motivos, se indica que esta situación que ya está dejando huella en el campo mexicano, particularmente en regiones como San Luis Potosí, donde la presencia del gusano barrenador ha dejado de ser un aviso técnico para convertirse en un problema económico y social concreto.
Por otro lado, el acceso al mercado estadounidense no es un lujo para la ganadería nacional; es el eje que sostiene la viabilidad de miles de ranchos, la cadena de insumos, el empleo rural y el dinamismo de municipios enteros. Si no se interviene con coordinación y recursos reales, el costo de la inacción se multiplicará con creces
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La reforma plantea que la elección de magistraturas de circuito, juezas y jueces de distrito se realice conforme a la división territorial de los circuitos judiciales
Por: Redacción
El Congreso del Estado de San Luis Potosí aprobó por mayoría la minuta de reforma constitucional federal en materia de Poder Judicial, con la que se aplaza de 2027 a 2028 la elección de magistrados, jueces y demás personas juzgadoras del país.
La propuesta, enviada por el Senado de la República, busca otorgar un mayor periodo para la implementación de la reforma judicial, permitiendo la consolidación de los cambios administrativos, presupuestales y operativos necesarios para la organización de los procesos electorales judiciales.
Además del aplazamiento, la minuta incorpora modificaciones para fortalecer la operación de los Comités de Evaluación de los tres Poderes, homologar criterios de selección de aspirantes, reducir el número de candidaturas y simplificar el diseño de las boletas electorales.
Entre los cambios también se contempla garantizar la paridad de género desde las etapas iniciales del proceso, ordenar la elección por circuitos y especialidades judiciales, así como establecer reglas para cubrir vacantes, licencias y renuncias dentro del Poder Judicial.
La reforma plantea que la elección de magistraturas de circuito, juezas y jueces de distrito se realice conforme a la división territorial de los circuitos judiciales y no únicamente bajo criterios poblacionales
Asimismo, se propone que el Instituto Nacional Electoral (INE) sea el encargado de definir los distritos judiciales necesarios para cada circuito y realizar la asignación aleatoria de candidaturas, garantizando criterios de paridad y representación.
Las boletas electorales deberán identificar el Poder que postula a cada aspirante, señalar cuando se trate de personas juzgadoras en funciones y distinguir las especialidades judiciales correspondientes.
Durante la discusión del dictamen participaron las diputadas Frinné Azuara Yarzábal y Sara Rocha Medina, así como los diputados Carlos Artemio Arreola Mallol y Marco Antonio Gama Basarte.
Tras su aprobación por el Congreso potosino, la minuta será remitida al Senado de la República para continuar con el procedimiento constitucional correspondiente.
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José Roberto García explicó que cada una de las solicitudes será revisada de manera puntual para garantizar el cumplimiento de los requisitos
Por: Redacción
La Comisión Primera de Hacienda y Desarrollo Municipal del Congreso del Estado dio cuenta de seis solicitudes presentadas por ayuntamientos que buscan obtener la aprobación para acceder a un crédito simple y financiamiento ante el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras), con el propósito de destinar los recursos a obras de infraestructura básica y fortalecimiento de los servicios públicos.
Los expedientes que actualmente se encuentran bajo análisis corresponden a los municipios de Tampacán, San Ciro de Acosta, Rayón, Tamasopo, Santa Catarina y Vanegas.
El diputado José Roberto García Castillo, presidente de la Comisión Primera de Hacienda y Desarrollo Municipal, explicó que cada una de las solicitudes será revisada de manera puntual para garantizar el cumplimiento de los requisitos legales y asegurar que los recursos económicos obtenidos, se orienten exclusivamente a proyectos que generen un beneficio directo para la población.
El legislador señaló que se deberá cumplir estrictamente el marco jurídico aplicable en materia de disciplina financiera, deuda pública y coordinación fiscal.
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