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En pobreza laboral, el 40% de los potosinos
A cuatro de cada diez habitantes del estado no les alcanza el sueldo para vivir; SLP es una de las 10 entidades con más población con ingresos por debajo de la canasta básica
Por: El Saxofón
San Luis Potosí es una de las 10 entidades del país con mayor porcentaje de la población cuyo ingreso laboral es inferior al costo de la canasta básica, de acuerdo con datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), al cierre de 2018.
En el cuarto trimestre de 2018, la población potosina con ingresos inferiores al costo de la canasta básica tuvo una disminución marginal de 0.3 por ciento, pero aún así, el 46.4 por ciento de los potosinos no cuentan con los ingresos suficientes para adquirir los productos de la canasta básica.
Este porcentaje de población en pobreza laboral, es superior al promedio nacional, que al cierre del año pasado, se ubicó en 39.8 por ciento.
Según el Coneval, en México: “El ingreso laboral per cápita real tuvo una disminución trimestral de 1.2 por ciento entre el tercer y el cuarto trimestre de 2018, al pasar de $1,738.78 a $1,717.90 pesos mensuales. De manera anual se observa una disminución de 2.9% entre el cuarto trimestre de 2017 y el cuarto trimestre de 2018. El ingreso laboral per cápita real en el cuarto trimestre de 2018 es menor al observado en los primeros tres trimestres del año, pero superior al observado en cada trimestre de 2017.
“En 15 de las 32 entidades federativas aumentó el porcentaje de población que no puede adquirir la canasta alimentaria con su ingreso laboral. Destacan los estados de Chiapas, Jalisco y Veracruz con aumentos de 2.5, 2.2 y 2.1 puntos porcentuales entre el tercer y cuarto trimestre de 2018, respectivamente. En contraste, en el mismo periodo, los tres estados con mayores reducciones en el porcentaje de población que no puede adquirir la canasta alimentaria con su ingreso laboral fueron: Guerrero (2.5%), Sinaloa (1.7%) y Durango (1.4%)”.
“Como consecuencia de la reducción en el poder adquisitivo del ingreso laboral y de un mayor crecimiento en los precios rurales y urbanos, la población con un ingreso laboral inferior a la Línea de Pobreza Extrema por Ingresos (canasta alimentaria), aumentó de 39.3% a 39.8% entre el tercer y el cuarto trimestre de 2018”.
“En ese periodo, la Línea de Pobreza Extrema por Ingresos (costo de la canasta alimentaria), mostró en zonas rurales un aumento mayor al observado en el trimestre pasado (2.2% comparado con 2.1% del trimestre anterior), mientras que el incremento fue menor en las zonas urbanas (1.5% comparado con 2.2% en el trimestre anterior)”.
En el cuarto trimestre de 2018, el ingreso laboral real promedio de la población ocupada a nivel nacional se ubicó en $4 mil 39 pesos con 87 centavos. Los hombres ocupados reportaron un ingreso mensual de $4 mil 410.05 pesos, mientras que el ingreso de las mujeres ocupadas fue de $3 mil 457.31 pesos.
El Coneval explica que “con la publicación trimestral de las variables relacionadas con el Índice de Tendencia Laboral de la Pobreza (ITLP), el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) genera información para observar la evolución del poder adquisitivo del ingreso laboral de los hogares y, con base en este, analizar si aumenta o disminuye el porcentaje de la población cuyos ingresos laborales son insuficientes para adquirir la canasta alimentaria”.
“Para calcular el ITLP, el Coneval utiliza, desde el 2010, la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), que realiza el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Si el ingreso laboral aumenta más que el valor de la canasta alimentaria, el poder adquisitivo del hogar mejora y el ITLP tiende a bajar. De forma inversa, si el precio de los alimentos de la canasta alimentaria aumenta más que el ingreso laboral, el poder adquisitivo disminuye, por lo que el ITLP tiende a subir”.
“Además del ITLP, el Coneval publica a partir del tercer trimestre de 2017 el porcentaje de la población con ingreso laboral inferior al costo de la canasta alimentaria, es decir, el porcentaje de la población que aun si hiciera uso de todo el ingreso laboral disponible en el hogar no podría adquirir los bienes de la canasta alimentaria”.
¿Qué es la canasta básica?
La Canasta básica son un grupo de alimentos en cantidades suficientes para satisfacer las necesidades de alimentación y nutrición de una familia.
Los productos que integran la canasta básica son determinados por varias instituciones, como Profeco, Inegi, Coneval, y Segalmex (antes Diconsa).
En este caso, la Coneval establece dos posibles canastas básicas: la canasta alimentaria Rural, que tiene un costo total de mil 103 pesos mensuales, 36.77 pesos diarios.
Los productos que incluye, divididos en grupos, son:
Trigo: Pasta para sopa; Galletas dulces; Pan blanco; Pan de dulce.
Arroz: arroz en grano.
Carne de res y ternera: bistec, aguayón, cuete, paloma, pierna. Cocido o retazo con hueso, y molida.
Carne de pollo: pierna, muslo y pechuga con hueso, carne de pollo y pollo entero o en piezas.
Pescados frescos: pescado entero.
Leche: de vaca, pasteurizada, entera, light y leche bronca.
Quesos: fresco.
Huevos: de gallina.
Aceites: aceite vegetal.
Tubérculos crudos o frescos: papa.
Verduras y legumbres frescas: cebolla, chile y jitomate.
Leguminosas: frijol.
Frutas frescas: limón, manzana, perón, naranja y plátano tabasco.
Azúcar y mieles: azúcar.
Alimentos preparados para consumir en casa: pollo rostizado.
Bebidas no alcohólicas: agua embotellada, refrescos de cola y de sabores.
Otros: alimentos y bebidas consumidas fuera del hogar y otros alimentos preparados.
La canasta alimentaria urbana, contiene los mismos alimentos de arriba, y suma otros más, los cuales son: pan para sándwich y hamburguesas; Otros cereales (cereal de Maíz, de trigo, de arroz, de avena); Carne de cerdo, (costilla, chuleta), Carnes procesadas (chorizo, jamón, longaniza), Otros derivados de la leche (yogur), otras bebidas no alcohólicas como jugos y néctares envasados.
Esta tiene un costo de mil 554.12 pesos, con cifras al 1 de febrero de este año.
La Coneval plantea además, una canasta básica no alimentaria, que incluye otros productos y servicios: Transporte público; Limpieza y cuidados de la casa; Cuidados personales; Educación, cultura y recreación; Comunicaciones y servicios para vehículos; Vivienda y servicios de conservación; Prendas de vestir, calzado y accesorios; Cristalería, blancos y utensilios domésticos; Cuidados de la salud; Enseres domésticos y mantenimiento de la vivienda; Artículos de esparcimiento; Otros gastos.
En el ámbito rural esta tiene un costo de 899.95 pesos, mientras que en las áreas urbanas se estima que satisfacer todas estas necesidades requiere una inversión de 1 mil 541.43 pesos.
De tal suerte que la suma mínima necesaria que requieren las personas de las zonas rurales y las comunidades para estar en la línea de la pobreza por ingresos, es de 2 mil 002 pesos con 96 centavos.
Mientras que en el ámbito urbano esta misma línea se ubica en 3 mil 095 pesos con 54 centavos. Quien no consiga esa cantidad y no satisfaga estas necesidades puede considerarse en situación de pobreza y en tal situación están, según el Coneval, casi cinco de cada diez potosinos.
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La magistrada presidenta del STJE dice que el Congreso apenas verá la declaratoria en septiembre, mientras Matehuala funciona como piloto
Por: Haniel Valdés Velázquez
Ante la pregunta sobre el avance en la implementación de los juicios orales en materia civil y familiar, la magistrada presidenta del Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE), Lourdes Anahí Zarazúa Martínez, reconoció que el Congreso del Estado se encuentra en receso y que el Poder Judicial espera hasta septiembre para definir lo relacionado con la declaratoria de entrada en vigor del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares.
Zarazúa explicó que la reforma tiene una dimensión “impresionante” —mayor, dijo, a la que en su momento representó la materia penal— y adelantó que el Poder Judicial evalúa una implementación paulatina, además de insta lar mesas de trabajo sobre temas pendientes, entre ellos la relación con los notarios y la armonización del Código Familiar y el Código Civil del estado.
Detalló que desde hace un año el Poder Judicial realiza pruebas piloto, pensadas inicialmente para arrancar en Matehuala, “precisamente porque hay muchos temas que ver.”
Entre los pendientes que enumeró están la construcción de salas orales, la toma de protesta de dos jueces ya electos en materia oral que “no han tomado precisamente cargo,” y la certificación del personal.
Consultada sobre si San Luis Potosí llegará a tiempo al plazo federal del 1 de abril de 2027, Zarazúa respondió enumerando el trabajo en curso, sin precisar una fecha de conclusión.
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Lunes 17 de agosto de 2026
Culto Público, hijos del domingo en la noche me acordé de la cartulina:
El Poder Judicial potosino amaneció con dos relojes atrasados.
Uno dice que hoy no puede con lo que tiene y el otro tiene alarma para el 1 de abril de 2027.
Esa alarma es de las que no se pueden ni detener ni “*dame otros 5 minutitos”*
EL PODER JUDICIAL TIENE 227 DÍAS. PARA LO QUE NO HIZO EN 4 AÑOS Y 500 NOCHES.
Este es el tema del día y es investigación de La Orquesta.
El Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares fue publicado en junio de 2023 y fijó el 1 de abril de 2027 como fecha máxima para que opere la nueva justicia civil y familiar.
No es sugerencia. No hay prórroga.
Tampoco se trata de cambiar formatos y ponerle nueva portada a los expedientes.
La reforma exige juicios orales, salas equipadas, expedientes electrónicos, videoconferencias, conectividad y personal capacitado.
El problema es el calendario.
Si la infraestructura depende del presupuesto 2027, al Poder Judicial podrían quedarle enero, febrero y marzo para hacer lo que sabía desde hace casi cuatro años que tendría que hacer.
Y la ley entra en vigor aunque San Luis no esté listo.
Una demanda presentada el 2 de abril tendrá que procesarse con las nuevas reglas.
Es una escena bastante extraordinaria: el Poder Judicial podría terminar incumpliendo una ley porque el propio Poder Judicial no construyó a tiempo las condiciones para cumplirla.
Y no está preparando el nuevo sistema desde una cancha vacía:
Jorge Chessal calcula que la Fiscalía podría acumular 23 o 24 mil carpetas este año y advierte que la llegada de nuevos juzgadores no ha resuelto la saturación. (Pulso trae de 8 este certero apunte de el prestigiado abogado Jorge -quebonitonombre- Chessal)
LA SENTENCIA QUE LLEVA DOS AÑOS ESPERANDO A SER DESCUBIERTA
Este es otro hallazgo documental de Pulso.
Sonia Mendoza, titular de Segam, sostiene que todavía espera una resolución definitiva para determinar quién debe retirar el lirio acuático de la presa San José.
El problema es que la resolución existe.
El Segundo Tribunal Colegiado resolvió desde el 31 de enero de 2024 y vinculó al gobernador, Segam, CEA e Interapas.
Puede haber actuaciones pendientes para cumplir la sentencia. Eso merece explicación.
Lo que no está pendiente es la sentencia.
SALVITA: LA EXIGENCIA SALE A LA CALLE
Este es tema de seguimiento.
Estudiantes de la UASLP marcharán el miércoles 19 de agosto a las 14:00 horas, desde Criminología hasta la Fiscalía, para exigir justicia por el asesinato de Gabriel Salvador Martínez Flores.
Las autoridades hablan de presuntos responsables identificados.
Los estudiantes están pidiendo el siguiente verbo: detenidos.
ELECTORAL POTOSINO | TRES PUEDEN SER MULTITUD
El Heraldo de México coloca hoy a San Luis en la conversación nacional con dos datos que juntos hacen ruido.
Morena encabeza las preferencias como partido, pero Ruth González aparece adelante en los careos personales. Al mismo tiempo, se plantea la posibilidad de que Morena, PVEM y PT compitan separados en 2027.
Abusados: encuesta no es resultado y escenario no es candidatura.
La alianza en SLP a la gubernatura desde hace mucho parece lejana, el nombre de la candidata Verde muy conocido y un As bajo la manga que se asoma o se sospecha para jugada clave de último minuto.
BARRIDO NACIONAL | ANDY NO PUEDE IR A DISNEY
…y quizá pronto a ningún otro lado.
La cancelación de la visa estadounidense de Andrés Manuel López Beltrán se comió buena parte de la conversación nacional.
La Embajada de Estados Unidos
Ahí apareció el vacío perfecto para que cada quien meta lo suyo.
La oposición intenta relacionar el episodio con investigaciones y posibles irregularidades; del otro lado se presenta como persecución política contra el hijo del expresidente. Y en medio ya comenzó la inevitable especulación sobre qué significa todo esto para su futuro dentro de Morena.
Es curioso: Andy pasa en cuestión de días de dirigente cuestionado a víctima geopolítica y de ahí a posible activo electoral.
—Disculpe, ¿me dijo que la nieve la quería de limón, verdad?—
CONVERSACIÓN DE COLUMNAS
Adriana Ochoa publicó ayer su columna de lectura obligada para todo aquel que se diga interesado en el tema público, “La Cábala” con una entrega titulada En azul craquelado.
Su lectura más filosa para esta semana: reducir las precampañas a 20 días beneficia especialmente a quienes lleguen con estructura, territorio y candidatura prácticamente resueltos.
La campaña formal se hizo más corta.
La campaña real, evidentemente, no.
La conversación local coincide además en otro asunto: cambiar personas no necesariamente cambia instituciones.
El Poder Judicial ya tiene nuevos juzgadores, pero conserva el cuello de botella en impartir justicia porque los juzgadores nuevos no dan una…
LOS 3 HALLAZGOS
1. EL PLAZO QUE NO SE MUEVE. El nuevo sistema civil y familiar deberá operar el 1 de abril de 2027 aunque el Poder Judicial potosino no esté materialmente preparado.
2. LA SENTENCIA QUE SÍ EXISTE. Segam habla de una resolución pendiente sobre el lirio cuando existe una ejecutoria desde enero de 2024.
3. EL AGUA QUE SE VA ANTES DE LA CAJA. BBVA Research calcula que los organismos operadores de SLP cobran apenas 4.1 de cada diez litros suministrados. Antes de discutir solamente de dónde traer más agua, convendría saber qué estamos haciendo con la que ya tenemos.
LAS DE 8
Pulso: insuficiente la llegada de nuevos juzgadores ante la carga del sistema de justicia.
Plano Informativo: saturación de litigaciones, el lastre del sistema judicial.
Dos portadas y la investigación de La Orquesta terminan diciendo “eso es elefante”: el problema judicial ya no es solamente quién juzga, sino con qué sistema va a hacerlo y el reloj sigue su marcha.
MAÑANERA
La educación media superior marcó buena parte de la conferencia presidencial. Claudia Sheinbaum anunció una ampliación de espacios y modalidades para facilitar el ingreso de jóvenes al bachillerato.
San Luis Potosí no fue tema específico.
¿QUÉ PREGUNTARÍA HOY?
1. Según los números, el Verde gana solo, pero ¿Qué perdería ganando solo?
INDICADORES ÚTILES: 1) EL REALITO: SI FUNCIONA
2) “ECHAR LAVADORAS” ES LA RESPUESTA DEL 94.7% DE LA POBLACIÓN A LA PREGUNTA ¿QUÉ HICISTE EL DOMINGO?
También lee: A tiempo y marcando el ritmo – Dirige Jorge Saldaña (Viernes 14 de agosto de 2026)
De no lograrlo, el Poder Judicial quedaría en una grave falta a un ordenamiento federal
Por: Haniel Valdés Velázquez
El decreto que obliga a juicios orales en materia civil y familiar fue publicado desde 2023 y fija el 1 de abril de 2027 como plazo máximo e inaplazable. El calendario presupuestal estatal deja al Poder Judicial potosino apenas tres meses, entre enero y marzo, para construir la infraestructura que la ley exige.
El Poder Judicial de San Luis Potosí enfrenta una carrera contra el tiempo que fue advertida desde hace casi cuatro años: el decreto que crea el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 7 de junio de 2023, fija el 1 de abril de 2027 como fecha límite —automática, sin posibilidad de prórroga— para que la nueva justicia civil y familiar, basada en juicios orales, entre en vigor en el estado. El problema es aritmético: por el propio calendario presupuestal estatal, el recurso para construirla no llega antes de enero de 2027.
El Artículo Segundo Transitorio del decreto no deja margen de interpretación. Establece que la aplicación del Código entrará en vigor en cada entidad mediante declaratoria del Congreso local, previa solicitud del propio Poder Judicial estatal, pero fija que dicho trámite no podrá exceder el 1 de abril de 2027. Y añade un candado adicional: si no se emite la declaratoria correspondiente, la entrada en vigor será automática en todo el territorio nacional, sin que la fecha límite se mueva. No hay escenario en el que San Luis Potosí quede exento del plazo.
Lo que exige el nuevo Código no es un ajuste de formularios. Obliga a que los procesos civiles y familiares se desarrollen en audiencias orales —salvo excepciones fundadas—, incorpora la justicia digital (videoconferencia, expedientes electrónicos) y crea figuras procesales completamente nuevas, como el Juicio Ordinario Civil Oral, el Ejecutivo Civil Oral y el Hipotecario Oral. Se traduce en salas equipadas, conectividad y personal capacitado en todo el estado, no en un memorando administrativo.
Ahí es donde se cruza con el calendario del dinero. Por mandato constitucional, el Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE) formula anualmente su propio presupuesto y lo remite al Poder Ejecutivo para que lo incorpore al Presupuesto de Egresos estatal; no lo negocia directamente con el Congreso.
La magistrada presidenta del STJE, Lourdes Anahí Zarazúa Martínez, confirmó que la propuesta de presupuesto para 2027 debe quedar aprobada por los tres órganos internos del Poder Judicial
De ahí, el proceso sigue un patrón que se ha repetido en los últimos tres ejercicios fiscales: el Ejecutivo tiene hasta finales de noviembre para entregar el paquete económico completo —Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos— al Congreso del Estado. La Comisión de Hacienda lo revisa en tres o cuatro sesiones y el Pleno lo aprueba, según el historial reciente, entre mediados y finales de diciembre. El presupuesto para 2025, por ejemplo, se publicó en el Periódico Oficial hasta el 26 de diciembre de 2024. Bajo ese mismo calendario, el dinero para 2027 no estaría disponible antes del 1 de enero de ese año.
Ahí queda planteado el dilema: entre que el recurso llega y el tope legal del 1 de abril, el Poder Judicial tendría apenas tres meses para construir salas orales, instalar sistemas digitales y capacitar personal en los distritos judiciales del estado. Y en las prioridades de gasto que la propia magistrada presidenta ha hecho públicas para el presupuesto 2027 —edificios y personal— no aparece mencionada de manera explícita esta infraestructura específica que exige el Código Nacional.
El antecedente no juega a favor del Poder Judicial potosino. En enero de este año, la propia institución reconoció que la no renovación de contratos de personal respondió a “cuestiones meramente presupuestarias”, derivadas de la necesidad de ajustar el gasto. Es decir: la insuficiencia de recursos no es una hipótesis alarmista para 2027, es una condición que el propio Poder Judicial ha admitido enfrentar en el presente.
El escenario de riesgo es concreto. Si el 2 de abril de 2027 se presenta una demanda bajo el nuevo Código exigiendo su desahogo en juicio oral y en sala oral, y esa infraestructura no está lista, el Poder Judicial del Estado quedaría en los hechos incumpliendo una ley federal de la que tuvo aviso desde junio de 2023.
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