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En pobreza laboral, el 40% de los potosinos
A cuatro de cada diez habitantes del estado no les alcanza el sueldo para vivir; SLP es una de las 10 entidades con más población con ingresos por debajo de la canasta básica
Por: El Saxofón
San Luis Potosí es una de las 10 entidades del país con mayor porcentaje de la población cuyo ingreso laboral es inferior al costo de la canasta básica, de acuerdo con datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), al cierre de 2018.
En el cuarto trimestre de 2018, la población potosina con ingresos inferiores al costo de la canasta básica tuvo una disminución marginal de 0.3 por ciento, pero aún así, el 46.4 por ciento de los potosinos no cuentan con los ingresos suficientes para adquirir los productos de la canasta básica.
Este porcentaje de población en pobreza laboral, es superior al promedio nacional, que al cierre del año pasado, se ubicó en 39.8 por ciento.
Según el Coneval, en México: “El ingreso laboral per cápita real tuvo una disminución trimestral de 1.2 por ciento entre el tercer y el cuarto trimestre de 2018, al pasar de $1,738.78 a $1,717.90 pesos mensuales. De manera anual se observa una disminución de 2.9% entre el cuarto trimestre de 2017 y el cuarto trimestre de 2018. El ingreso laboral per cápita real en el cuarto trimestre de 2018 es menor al observado en los primeros tres trimestres del año, pero superior al observado en cada trimestre de 2017.
“En 15 de las 32 entidades federativas aumentó el porcentaje de población que no puede adquirir la canasta alimentaria con su ingreso laboral. Destacan los estados de Chiapas, Jalisco y Veracruz con aumentos de 2.5, 2.2 y 2.1 puntos porcentuales entre el tercer y cuarto trimestre de 2018, respectivamente. En contraste, en el mismo periodo, los tres estados con mayores reducciones en el porcentaje de población que no puede adquirir la canasta alimentaria con su ingreso laboral fueron: Guerrero (2.5%), Sinaloa (1.7%) y Durango (1.4%)”.
“Como consecuencia de la reducción en el poder adquisitivo del ingreso laboral y de un mayor crecimiento en los precios rurales y urbanos, la población con un ingreso laboral inferior a la Línea de Pobreza Extrema por Ingresos (canasta alimentaria), aumentó de 39.3% a 39.8% entre el tercer y el cuarto trimestre de 2018”.
“En ese periodo, la Línea de Pobreza Extrema por Ingresos (costo de la canasta alimentaria), mostró en zonas rurales un aumento mayor al observado en el trimestre pasado (2.2% comparado con 2.1% del trimestre anterior), mientras que el incremento fue menor en las zonas urbanas (1.5% comparado con 2.2% en el trimestre anterior)”.
En el cuarto trimestre de 2018, el ingreso laboral real promedio de la población ocupada a nivel nacional se ubicó en $4 mil 39 pesos con 87 centavos. Los hombres ocupados reportaron un ingreso mensual de $4 mil 410.05 pesos, mientras que el ingreso de las mujeres ocupadas fue de $3 mil 457.31 pesos.
El Coneval explica que “con la publicación trimestral de las variables relacionadas con el Índice de Tendencia Laboral de la Pobreza (ITLP), el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) genera información para observar la evolución del poder adquisitivo del ingreso laboral de los hogares y, con base en este, analizar si aumenta o disminuye el porcentaje de la población cuyos ingresos laborales son insuficientes para adquirir la canasta alimentaria”.
“Para calcular el ITLP, el Coneval utiliza, desde el 2010, la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), que realiza el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Si el ingreso laboral aumenta más que el valor de la canasta alimentaria, el poder adquisitivo del hogar mejora y el ITLP tiende a bajar. De forma inversa, si el precio de los alimentos de la canasta alimentaria aumenta más que el ingreso laboral, el poder adquisitivo disminuye, por lo que el ITLP tiende a subir”.
“Además del ITLP, el Coneval publica a partir del tercer trimestre de 2017 el porcentaje de la población con ingreso laboral inferior al costo de la canasta alimentaria, es decir, el porcentaje de la población que aun si hiciera uso de todo el ingreso laboral disponible en el hogar no podría adquirir los bienes de la canasta alimentaria”.
¿Qué es la canasta básica?
La Canasta básica son un grupo de alimentos en cantidades suficientes para satisfacer las necesidades de alimentación y nutrición de una familia.
Los productos que integran la canasta básica son determinados por varias instituciones, como Profeco, Inegi, Coneval, y Segalmex (antes Diconsa).
En este caso, la Coneval establece dos posibles canastas básicas: la canasta alimentaria Rural, que tiene un costo total de mil 103 pesos mensuales, 36.77 pesos diarios.
Los productos que incluye, divididos en grupos, son:
Trigo: Pasta para sopa; Galletas dulces; Pan blanco; Pan de dulce.
Arroz: arroz en grano.
Carne de res y ternera: bistec, aguayón, cuete, paloma, pierna. Cocido o retazo con hueso, y molida.
Carne de pollo: pierna, muslo y pechuga con hueso, carne de pollo y pollo entero o en piezas.
Pescados frescos: pescado entero.
Leche: de vaca, pasteurizada, entera, light y leche bronca.
Quesos: fresco.
Huevos: de gallina.
Aceites: aceite vegetal.
Tubérculos crudos o frescos: papa.
Verduras y legumbres frescas: cebolla, chile y jitomate.
Leguminosas: frijol.
Frutas frescas: limón, manzana, perón, naranja y plátano tabasco.
Azúcar y mieles: azúcar.
Alimentos preparados para consumir en casa: pollo rostizado.
Bebidas no alcohólicas: agua embotellada, refrescos de cola y de sabores.
Otros: alimentos y bebidas consumidas fuera del hogar y otros alimentos preparados.
La canasta alimentaria urbana, contiene los mismos alimentos de arriba, y suma otros más, los cuales son: pan para sándwich y hamburguesas; Otros cereales (cereal de Maíz, de trigo, de arroz, de avena); Carne de cerdo, (costilla, chuleta), Carnes procesadas (chorizo, jamón, longaniza), Otros derivados de la leche (yogur), otras bebidas no alcohólicas como jugos y néctares envasados.
Esta tiene un costo de mil 554.12 pesos, con cifras al 1 de febrero de este año.
La Coneval plantea además, una canasta básica no alimentaria, que incluye otros productos y servicios: Transporte público; Limpieza y cuidados de la casa; Cuidados personales; Educación, cultura y recreación; Comunicaciones y servicios para vehículos; Vivienda y servicios de conservación; Prendas de vestir, calzado y accesorios; Cristalería, blancos y utensilios domésticos; Cuidados de la salud; Enseres domésticos y mantenimiento de la vivienda; Artículos de esparcimiento; Otros gastos.
En el ámbito rural esta tiene un costo de 899.95 pesos, mientras que en las áreas urbanas se estima que satisfacer todas estas necesidades requiere una inversión de 1 mil 541.43 pesos.
De tal suerte que la suma mínima necesaria que requieren las personas de las zonas rurales y las comunidades para estar en la línea de la pobreza por ingresos, es de 2 mil 002 pesos con 96 centavos.
Mientras que en el ámbito urbano esta misma línea se ubica en 3 mil 095 pesos con 54 centavos. Quien no consiga esa cantidad y no satisfaga estas necesidades puede considerarse en situación de pobreza y en tal situación están, según el Coneval, casi cinco de cada diez potosinos.
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Gallardo fortalece seguridad, movilidad y apoyo en Valles
El gobernador realizó la mesa regional de seguridad, entregó apoyos a ganaderos, escrituras a familias y tarjetas de transporte gratuito a jóvenes
Por: Redacción
En una intensa gira de trabajo por Ciudad Valles, el gobernador de San Luis Potosí Ricardo Gallardo Cardona, revisó la estrategia integral de seguridad con alcaldesas y alcaldes de la Huasteca, además de entregar apoyos a productores agropecuarios por 20 millones de pesos, escrituras a 140 familias y más de mil tarjetas de transporte gratuito para la juventud, fortaleciendo la economía familiar, el desarrollo regional y una movilidad sin límites.
Durante la Mesa de Seguridad el Jefe de Gobierno Estatal dio seguimiento a las estrategias que se implementan, exhortó a los alcaldes de El Naranjo, Tamasopo y Ciudad Valles a dignificar los salarios de las y los policías municipales, y anunció un operativo especial junto con la Fiscalía Gen eral del Estado para prevenir el delito de extorsión.
Posteriormente en un evento con familias y productores, el gobernador Ricardo Gallardo entregó tractores, equipos e implementos agropecuarios con inversión de 20 millones de pesos para diversos municipios de la huasteca, además de escrituras a 140 familias vallenses que por más de 20 años habían solicitado regularizarse de las colonias: Hermosa Provincia, Montecillos, Luis Donaldo Colosio, Balcones, Troncones, La Corriente y Cañitas, con el programa “Tu Casa, Tu Apoyo”.
En una gran fiesta con cientos de jóvenes de la región que agradecieron por los apoyos que antes la herencia maldita les negaba, Ricardo Gallardo entregó mil tarjetas del programa “Mi Pase”, que otorga 40 viajes gratuitos al mes a alumnas y alumnos de nivel medio superior y superior, eliminando barreras económicas, que representa un importante apoyo a la economía familiar y que se suma al Sistema de transporte gratuito y eléctrico MetroRed que ya funciona con dos líneas en Valles.
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#4 Tiempos
¿Y si un día dicen que ya no hay abortos… porque los escondieron todos? | Columna de Ana G Silva
CORREDOR HUMANITARIO
Imaginemos que dentro de unos años, alguien desde el poder diga: “En San Luis Potosí ya ni se practican abortos, ¿para qué mantenerlo legal?” Esa frase, tan simplona como peligrosa, podría ser suficiente para justificar que se dé marcha atrás a un derecho conquistado a pulso. Y lo más grave es que, si revisamos los datos oficiales, el argumento ya estaría servido.
Porque según los Servicios de Salud del Estado, desde que se despenalizó el aborto hasta las 12 semanas de gestación, 132 mujeres han interrumpido su embarazo en San Luis Potosí. Pero —y aquí está la trampa— ninguna lo hizo por decisión propia. De acuerdo con las cifras, las 132 interrupciones fueron por motivos médicos. Cero voluntarias. Cero por libre elección.
Entonces, ¿qué nos están diciendo? ¿Que en todo un estado, con más de dos millones de mujeres, ni una sola decidió interrumpir su embarazo de forma voluntaria? ¿O que los hospitales y las instituciones están borrando esos datos, diluyéndolos entre diagnósticos clínicos para esconder una realidad incómoda?
Hace un año, San Luis Potosí celebraba lo que parecía un triunfo de la razón sobre el prejuicio: la despenalización del aborto. Hoy, ese avance empieza a parecerse a una mentira institucional. Porque si las cifras se maquillan, si la objeción de conciencia se convierte en excusa y si las mujeres siguen siendo rechazadas en hospitales, entonces el derecho a decidir se está convirtiendo en una simulación.
De los 107 puestos médicos en hospitales habilitados para practicar la ILE, uno de cada tres profesionales es objetor de conciencia. En Ciudad Valles, por ejemplo, 10 de 17 médicos y enfermeros se niegan a realizar el procedimiento. ¿Y qué pasa con las mujeres que viven en la Huasteca o en el Altiplano, donde no hay alternativas cercanas? ¿Qué pasa si una mujer llega al hospital de Valles, con doce semanas cumplidas, y le dicen que nadie puede atenderla porque todos son objetores ? Lo que pasa es que su derecho desaparece.
La colectiva ILE San Luis Potosí ha documentado estos casos, las negativas, la opacidad y la simulación. Han sido ellas —y muchas otras colectivas— quienes han tenido que acompañar a mujeres que, en teoría, ya no deberían estar suplicando por un derecho reconocido por la ley.
Y entonces hay que decirlo con claridad: un derecho que no se garantiza, es un derecho abolido en silencio. La resistencia institucional existe, y es tan sutil como efectiva: se disfraza de papeleo, de moral médica, de estadísticas convenientes. Pero su consecuencia es brutal: mujeres obligadas a continuar embarazos que no desean, porque el Estado decide mirar hacia otro lado.
San Luis Potosí tiene una ley que reconoce el derecho a decidir, pero no una estructura que lo haga realidad. Y si las autoridades siguen escondiendo las decisiones de las mujeres tras diagnósticos médicos, no solo están borrando datos: están borrando voces.
A un año de la despenalización, el aborto en San Luis Potosí sigue siendo un privilegio y no una garantía. Y si no se exige transparencia y acceso real, pronto podrían decirnos —con una sonrisa burocrática— que aquí ya nadie aborta. Y entonces, el silencio sería la excusa perfecta para volver atrás.
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Crece la población en penales de SLP, pero sin audiencias ni sentencias
El Poder Judicial reconoció que muchos internos en SLP no han tenido audiencia; se buscará acelerar procesos mediante juicios abreviados
Por: Redacción
Lourdes Anahí Zarazúa Martínez, presidenta del Poder Judicial del Estado, reconoció que aunque los centros penitenciarios de San Luis Potosí registran un aumento constante en su población, gran parte de las personas privadas de la libertad aún no han tenido audiencia ni sentencia, debido a la saturación del sistema judicial.
Durante una entrevista, Zarazúa explicó que el incremento de internos no refleja necesariamente un avance en la impartición de justicia, si no el inicio de procedimientos que podrían tardar meses o incluso años en resolverse.
“Si la Fiscalía lo toma como un logro, significa que apenas se aprendiera; estamos apenas al inicio del procedimiento”, señaló.
La magistrada reconoció que los juzgados enfrentan una sobrecarga de audiencias orales, lo que ha generado retrasos significativos.
“Estamos saturados en cuanto a audiencias. Tenemos que buscar soluciones para que se lleven de manera más ágil y no se pospongan por cuestiones propias del juzgado”, afirmó.
El rezago judicial no solo ralentiza los procesos, sino que agrava la situación en los penales, donde crece el número de personas que permanecen en prisión preventiva sin que su caso avance. Este fenómeno contrasta con las recomendaciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que insta a los países a reducir el número de reclusos sin sentencia.
Ante esta situación, la presidenta del Poder Judicial anunció que se busca impulsar procedimientos abreviados y mejorar la calendarización de audiencias para desahogar los casos más antiguos.
“Habrá que hacerlo en todos aquellos que se puedan abreviar, siempre atendiendo la naturaleza del delito y las condiciones del proceso”, puntualizó.
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