noviembre 3, 2026

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En pobreza laboral, el 40% de los potosinos

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A cuatro de cada diez habitantes del estado no les alcanza el sueldo para vivir; SLP es una de las 10 entidades con más población con ingresos por debajo de la canasta básica

Por: El Saxofón

San Luis Potosí es una de las 10 entidades del país con mayor porcentaje de la población cuyo ingreso laboral es inferior al costo de la canasta básica, de acuerdo con datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), al cierre de 2018.

En el cuarto trimestre de 2018, la población potosina con ingresos inferiores al costo de la canasta básica tuvo una disminución marginal de 0.3 por ciento, pero aún así, el 46.4 por ciento de los potosinos no cuentan con los ingresos suficientes para adquirir los productos de la canasta básica.

Este porcentaje de población en pobreza laboral, es superior al promedio nacional, que al cierre del año pasado, se ubicó en 39.8 por ciento.

Según el Coneval, en México: “El ingreso laboral per cápita real tuvo una disminución trimestral de 1.2 por ciento entre el tercer y el cuarto trimestre de 2018, al pasar de $1,738.78 a $1,717.90 pesos mensuales. De manera anual se observa una disminución de 2.9% entre el cuarto trimestre de 2017 y el cuarto trimestre de 2018. El ingreso laboral per cápita real en el cuarto trimestre de 2018 es menor al observado en los primeros tres trimestres del año, pero superior al observado en cada trimestre de 2017.

“En 15 de las 32 entidades federativas aumentó el porcentaje de población que no puede adquirir la canasta alimentaria con su ingreso laboral. Destacan los estados de Chiapas, Jalisco y Veracruz con aumentos de 2.5, 2.2 y 2.1 puntos porcentuales entre el tercer y cuarto trimestre de 2018, respectivamente. En contraste, en el mismo periodo, los tres estados con mayores reducciones en el porcentaje de población que no puede adquirir la canasta alimentaria con su ingreso laboral fueron: Guerrero (2.5%), Sinaloa (1.7%) y Durango (1.4%)”.

“Como consecuencia de la reducción en el poder adquisitivo del ingreso laboral y de un mayor crecimiento en los precios rurales y urbanos, la población con un ingreso laboral inferior a la Línea de Pobreza Extrema por Ingresos (canasta alimentaria), aumentó de 39.3% a 39.8% entre el tercer y el cuarto trimestre de 2018”.

“En ese periodo, la Línea de Pobreza Extrema por Ingresos (costo de la canasta alimentaria), mostró en zonas rurales un aumento mayor al observado en el trimestre pasado (2.2% comparado con 2.1% del trimestre anterior), mientras que el incremento fue menor en las zonas urbanas (1.5% comparado con 2.2% en el trimestre anterior)”.

En el cuarto trimestre de 2018, el ingreso laboral real promedio de la población ocupada a nivel nacional se ubicó en $4 mil 39 pesos con 87 centavos. Los hombres ocupados reportaron un ingreso mensual de $4 mil 410.05 pesos, mientras que el ingreso de las mujeres ocupadas fue de $3 mil 457.31 pesos.

El Coneval explica que “con la publicación trimestral de las variables relacionadas con el Índice de Tendencia Laboral de la Pobreza (ITLP), el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) genera información para observar la evolución del poder adquisitivo del ingreso laboral de los hogares y, con base en este, analizar si aumenta o disminuye el porcentaje de la población cuyos ingresos laborales son insuficientes para adquirir la canasta alimentaria”.

“Para calcular el ITLP, el Coneval utiliza, desde el 2010, la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), que realiza el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Si el ingreso laboral aumenta más que el valor de la canasta alimentaria, el poder adquisitivo del hogar mejora y el ITLP tiende a bajar. De forma inversa, si el precio de los alimentos de la canasta alimentaria aumenta más que el ingreso laboral, el poder adquisitivo disminuye, por lo que el ITLP tiende a subir”.

“Además del ITLP, el Coneval publica a partir del tercer trimestre de 2017 el porcentaje de la población con ingreso laboral inferior al costo de la canasta alimentaria, es decir, el porcentaje de la población que aun si hiciera uso de todo el ingreso laboral disponible en el hogar no podría adquirir los bienes de la canasta alimentaria”.

 

¿Qué es la canasta básica?

La Canasta básica son un grupo de alimentos en cantidades suficientes para satisfacer las necesidades de alimentación y nutrición de una familia.

Los productos que integran la canasta básica son determinados por varias instituciones, como Profeco, Inegi, Coneval, y Segalmex (antes Diconsa).

En este caso, la Coneval establece dos posibles canastas básicas: la canasta alimentaria Rural, que tiene un costo total de mil 103 pesos mensuales, 36.77 pesos diarios.

Los productos que incluye, divididos en grupos, son:

Trigo: Pasta para sopa; Galletas dulces; Pan blanco; Pan de dulce.

Arroz: arroz en grano.

Carne de res y ternera: bistec, aguayón, cuete, paloma, pierna. Cocido o retazo con hueso, y molida.

Carne de pollo: pierna, muslo y pechuga con hueso, carne de pollo y pollo entero o en piezas.

Pescados frescos: pescado entero.

Leche: de vaca, pasteurizada, entera, light y leche bronca.

Quesos: fresco.

Huevos: de gallina.

Aceites: aceite vegetal.

Tubérculos crudos o frescos: papa.

Verduras y legumbres frescas: cebolla, chile y jitomate.

Leguminosas: frijol.

Frutas frescas: limón, manzana, perón, naranja y plátano tabasco.

Azúcar y mieles: azúcar.

Alimentos preparados para consumir en casa: pollo rostizado.

Bebidas no alcohólicas: agua embotellada, refrescos de cola y de sabores.

Otros: alimentos y bebidas consumidas fuera del hogar y otros alimentos preparados.

La canasta alimentaria urbana, contiene los mismos alimentos de arriba, y suma otros más, los cuales son: pan para sándwich y hamburguesas; Otros cereales (cereal de Maíz, de trigo, de arroz, de avena); Carne de cerdo, (costilla, chuleta), Carnes procesadas (chorizo, jamón, longaniza), Otros derivados de la leche (yogur), otras bebidas no alcohólicas como jugos y néctares envasados.

Esta tiene un costo de mil 554.12 pesos, con cifras al 1 de febrero de este año.

La Coneval plantea además, una canasta básica no alimentaria, que incluye otros productos y servicios: Transporte público; Limpieza y cuidados de la casa; Cuidados personales; Educación, cultura y recreación; Comunicaciones y servicios para vehículos; Vivienda y servicios de conservación; Prendas de vestir, calzado y accesorios; Cristalería, blancos y utensilios domésticos; Cuidados de la salud; Enseres domésticos y mantenimiento de la vivienda; Artículos de esparcimiento; Otros gastos.

En el ámbito rural esta tiene un costo de 899.95 pesos, mientras que en las áreas urbanas se estima que satisfacer todas estas necesidades requiere una inversión de 1 mil 541.43 pesos.

De tal suerte que la suma mínima necesaria que requieren las personas de las zonas rurales y las comunidades para estar en la línea de la pobreza por ingresos, es de 2 mil 002 pesos con 96 centavos.

Mientras que en el ámbito urbano esta misma línea se ubica en 3 mil 095 pesos con 54 centavos. Quien no consiga esa cantidad y no satisfaga estas necesidades puede considerarse en situación de pobreza y en tal situación están, según el Coneval, casi cinco de cada diez potosinos.

 

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Alcalde de San Vicente Tancuayalab, presuntamente captado disparando al aire

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Varios medios difundieron imágenes en las que el presidente municipal aparecería accionando un arma de fuego en la vía pública

Por: Redacción

Imágenes difundidas en redes sociales por varios medios de comunicación muestran, presuntamente, al presidente municipal de San Vicente Tancuayalab, Gilberto González Zumaya, realizando detonaciones de arma de fuego al aire durante un supuesto festejo en la vía pública.

En el video, la persona señalada como el edil acciona el arma en un sitio donde se encuentran habitantes. Disparar al aire implica un riesgo para quienes están cerca, pues el proyectil puede caer y causar lesiones.

El hecho se suma al contexto de seguridad que atraviesa el municipio. El 21 de octubre, la Guardia Civil Estatal detuvo a dos hombres que se identificaron como policías municipales, Pascual “N”, de 43 años, y Nicasio “N”, de 56. Se les imputa portación de arma sin licencia, una pistola calibre 9 milímetros

con 15 cartuchos, y presunto “halconeo”, es decir, vigilancia de los recorridos de los agentes estatales. De acuerdo con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), uno de ellos estaba contratado formalmente y el otro no; ambos quedaron a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR).

Dos días antes, el 19 de octubre, el gobernador Ricardo Gallardo Cardona informó que la Fiscalía General del Estado y la FGR investigan la actividad de grupos criminales en Tanquián de Escobedo y San Vicente Tancuayalab. El 26 de octubre, la SSPC señaló que ambos municipios se encontraban en calma, con presencia de las corporaciones de seguridad y del Ejército.

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Ciudad

Ayuntamiento contrata 100% de obra con constructores potosinos, dijo Galindo

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Dijo que el dinero se queda en la economía local y que las obras tienen garantía de tres años

Por: Redacción

Enrique Galindo Ceballos, alcalde de San Luis Potosí, informó que en el segundo periodo de su gobierno el 100 por ciento de la obra pública del Ayuntamiento se contrata con constructores potosinos, y que en los cinco años el promedio fue de entre 96 y 98 por ciento. El resto corresponde a obra muy especializada que se contrata fuera.

Explicó que el dinero se queda en el estado, porque la mano de obra, los directores de obra y los materiales son potosinos, y que en algunas colonias se contrató a personal de la propia colonia. Añadió que una parte pequeña de cada contrato se destina al DIF Municipal.

Dijo que en cinco años el Ayuntamiento ha realizado más de 240 obras y que ninguna constructora le ha fallado. Indicó que pidió a los constructores una garantía de 36 meses, cuando la ley obliga a año y medio, y que aceptaron. Como ejemplo, mencionó que el constructor de la avenida Chapultepec, que se deslava por las bajadas de agua, la sigue reparando mientras dure la garantía.

Al plantearle la contratación de empresas foráneas por el gobierno estatal, respondió que cada gobernante tiene sus propios criterios y que no quiere opinar sobre su motivación. Afirmó que él lo hace por San Luis Potosí, porque la obra pública es un detonador económico y el dinero que se invierte en el estado “derrama tres o cuatro veces”, además de dar empleo.

Recordó que obras como el distribuidor Juárez y las de la avenida Salvador Nava las hicieron constructores potosinos, y que ingenieros de la UASLP construyen en el mundo, entre ellos en un túnel de Santiago de Chile. “¿Por qué traer gente de fuera si aquí tenemos capacidad técnica, experiencia, compromiso?”, cuestionó.

Galindo opinó que quien llegue a la alcaldía debe mantener esta política: “Claro que debe seguir como política pública”, dijo.

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Costó a potosinos 66 mil pesos cada solicitud a la CEGAIP

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El organismo además reportó que en 2024 ninguno de los 254 entes obligados mereció recibir sanción alguna

Con un presupuesto de 25.9 millones en 2024 a la CEGAIP en SLP apenas le alcanzó para atender 392 solicitudes (poco más de una al día)

Por: Ana G Silva

Cada solicitud de información que recibió en 2024 el organismo garante de transparencia de San Luis Potosí equivale a cerca de 66 mil pesos de su presupuesto. En todo el año, no impuso una sola sanción por incumplimientos.

La Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública (CEGAIP) ejerció 25.9 millones de pesos durante 2024 y recibió 392 solicitudes de acceso a la información y protección de datos personales. Así lo reporta el Censo Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales Estatal (CNTAIPPDPE) 2025 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), publicado el 28 de octubre.

Al dividir el presupuesto ejercido entre las solicitudes recibidas, cada una equivale a 66 mil 71 pesos. Es una proporción: el presupuesto también cubre la resolución de recursos de revisión, la vigilancia de las instituciones obligadas y la capacitación, tareas cuyo costo el censo no desglosa.

Ese mismo año, la CEGAIP tenía bajo su vigilancia a 254 sujetos obligados: dependencias, ayuntamientos, organismos y otros entes que reciben recursos públicos. Reportó no haber sancionado a ninguno por incumplir sus obligaciones de transparencia.

Solo cinco entidades aplicaron sanciones en 2024: Hidalgo, Nuevo León, Nayarit, Aguascalientes y Sinaloa. Entre todas sumaron 349, de las cuales 305 fueron económicas y 44 administrativas, y Hidalgo concentró 41.5 por ciento. En 2022, los organismos garantes del país habían impuesto 1 mil 494.

Más caro por solicitud en otros estados

La proporción no es exclusiva de San Luis Potosí. El organismo del Estado de México ejerció 240.8 millones de pesos y recibió 1 mil 498 solicitudes, alrededor de 160 mil pesos por cada una. En la Ciudad de México, con 153.8 millones y 1 mil 754 solicitudes, fueron unos 87 mil pesos.

En conjunto, los organismos garantes estatales ejercieron 1 mil 506 millones de pesos y recibieron 13 mil 173 solicitudes en 2024, en promedio unos 114 mil pesos por solicitud.

Lo que el censo no mide

El informe no indica cuántas respuestas a solicitudes en San Luis Potosí fueron declaraciones de inexistencia, es decir, cuando la institución responde que “no cuenta con la información”. Tampoco dice cuántas fueron negativas ni cuántos recursos de revisión se presentaron contra ellas.

A escala nacional, 90.6 por ciento de las solicitudes que respondieron los organismos garantes se atendió en el plazo legal. El censo no ofrece ese dato por entidad.

Las cifras retratan el último año completo del modelo anterior. La reforma constitucional publicada en diciembre de 2024 eliminó al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) y a los organismos garantes locales, entre ellos la CEGAIP.

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