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En pobreza laboral, el 40% de los potosinos
A cuatro de cada diez habitantes del estado no les alcanza el sueldo para vivir; SLP es una de las 10 entidades con más población con ingresos por debajo de la canasta básica
Por: El Saxofón
San Luis Potosí es una de las 10 entidades del país con mayor porcentaje de la población cuyo ingreso laboral es inferior al costo de la canasta básica, de acuerdo con datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), al cierre de 2018.
En el cuarto trimestre de 2018, la población potosina con ingresos inferiores al costo de la canasta básica tuvo una disminución marginal de 0.3 por ciento, pero aún así, el 46.4 por ciento de los potosinos no cuentan con los ingresos suficientes para adquirir los productos de la canasta básica.
Este porcentaje de población en pobreza laboral, es superior al promedio nacional, que al cierre del año pasado, se ubicó en 39.8 por ciento.
Según el Coneval, en México: “El ingreso laboral per cápita real tuvo una disminución trimestral de 1.2 por ciento entre el tercer y el cuarto trimestre de 2018, al pasar de $1,738.78 a $1,717.90 pesos mensuales. De manera anual se observa una disminución de 2.9% entre el cuarto trimestre de 2017 y el cuarto trimestre de 2018. El ingreso laboral per cápita real en el cuarto trimestre de 2018 es menor al observado en los primeros tres trimestres del año, pero superior al observado en cada trimestre de 2017.
“En 15 de las 32 entidades federativas aumentó el porcentaje de población que no puede adquirir la canasta alimentaria con su ingreso laboral. Destacan los estados de Chiapas, Jalisco y Veracruz con aumentos de 2.5, 2.2 y 2.1 puntos porcentuales entre el tercer y cuarto trimestre de 2018, respectivamente. En contraste, en el mismo periodo, los tres estados con mayores reducciones en el porcentaje de población que no puede adquirir la canasta alimentaria con su ingreso laboral fueron: Guerrero (2.5%), Sinaloa (1.7%) y Durango (1.4%)”.
“Como consecuencia de la reducción en el poder adquisitivo del ingreso laboral y de un mayor crecimiento en los precios rurales y urbanos, la población con un ingreso laboral inferior a la Línea de Pobreza Extrema por Ingresos (canasta alimentaria), aumentó de 39.3% a 39.8% entre el tercer y el cuarto trimestre de 2018”.
“En ese periodo, la Línea de Pobreza Extrema por Ingresos (costo de la canasta alimentaria), mostró en zonas rurales un aumento mayor al observado en el trimestre pasado (2.2% comparado con 2.1% del trimestre anterior), mientras que el incremento fue menor en las zonas urbanas (1.5% comparado con 2.2% en el trimestre anterior)”.
En el cuarto trimestre de 2018, el ingreso laboral real promedio de la población ocupada a nivel nacional se ubicó en $4 mil 39 pesos con 87 centavos. Los hombres ocupados reportaron un ingreso mensual de $4 mil 410.05 pesos, mientras que el ingreso de las mujeres ocupadas fue de $3 mil 457.31 pesos.
El Coneval explica que “con la publicación trimestral de las variables relacionadas con el Índice de Tendencia Laboral de la Pobreza (ITLP), el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) genera información para observar la evolución del poder adquisitivo del ingreso laboral de los hogares y, con base en este, analizar si aumenta o disminuye el porcentaje de la población cuyos ingresos laborales son insuficientes para adquirir la canasta alimentaria”.
“Para calcular el ITLP, el Coneval utiliza, desde el 2010, la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), que realiza el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Si el ingreso laboral aumenta más que el valor de la canasta alimentaria, el poder adquisitivo del hogar mejora y el ITLP tiende a bajar. De forma inversa, si el precio de los alimentos de la canasta alimentaria aumenta más que el ingreso laboral, el poder adquisitivo disminuye, por lo que el ITLP tiende a subir”.
“Además del ITLP, el Coneval publica a partir del tercer trimestre de 2017 el porcentaje de la población con ingreso laboral inferior al costo de la canasta alimentaria, es decir, el porcentaje de la población que aun si hiciera uso de todo el ingreso laboral disponible en el hogar no podría adquirir los bienes de la canasta alimentaria”.
¿Qué es la canasta básica?
La Canasta básica son un grupo de alimentos en cantidades suficientes para satisfacer las necesidades de alimentación y nutrición de una familia.
Los productos que integran la canasta básica son determinados por varias instituciones, como Profeco, Inegi, Coneval, y Segalmex (antes Diconsa).
En este caso, la Coneval establece dos posibles canastas básicas: la canasta alimentaria Rural, que tiene un costo total de mil 103 pesos mensuales, 36.77 pesos diarios.
Los productos que incluye, divididos en grupos, son:
Trigo: Pasta para sopa; Galletas dulces; Pan blanco; Pan de dulce.
Arroz: arroz en grano.
Carne de res y ternera: bistec, aguayón, cuete, paloma, pierna. Cocido o retazo con hueso, y molida.
Carne de pollo: pierna, muslo y pechuga con hueso, carne de pollo y pollo entero o en piezas.
Pescados frescos: pescado entero.
Leche: de vaca, pasteurizada, entera, light y leche bronca.
Quesos: fresco.
Huevos: de gallina.
Aceites: aceite vegetal.
Tubérculos crudos o frescos: papa.
Verduras y legumbres frescas: cebolla, chile y jitomate.
Leguminosas: frijol.
Frutas frescas: limón, manzana, perón, naranja y plátano tabasco.
Azúcar y mieles: azúcar.
Alimentos preparados para consumir en casa: pollo rostizado.
Bebidas no alcohólicas: agua embotellada, refrescos de cola y de sabores.
Otros: alimentos y bebidas consumidas fuera del hogar y otros alimentos preparados.
La canasta alimentaria urbana, contiene los mismos alimentos de arriba, y suma otros más, los cuales son: pan para sándwich y hamburguesas; Otros cereales (cereal de Maíz, de trigo, de arroz, de avena); Carne de cerdo, (costilla, chuleta), Carnes procesadas (chorizo, jamón, longaniza), Otros derivados de la leche (yogur), otras bebidas no alcohólicas como jugos y néctares envasados.
Esta tiene un costo de mil 554.12 pesos, con cifras al 1 de febrero de este año.
La Coneval plantea además, una canasta básica no alimentaria, que incluye otros productos y servicios: Transporte público; Limpieza y cuidados de la casa; Cuidados personales; Educación, cultura y recreación; Comunicaciones y servicios para vehículos; Vivienda y servicios de conservación; Prendas de vestir, calzado y accesorios; Cristalería, blancos y utensilios domésticos; Cuidados de la salud; Enseres domésticos y mantenimiento de la vivienda; Artículos de esparcimiento; Otros gastos.
En el ámbito rural esta tiene un costo de 899.95 pesos, mientras que en las áreas urbanas se estima que satisfacer todas estas necesidades requiere una inversión de 1 mil 541.43 pesos.
De tal suerte que la suma mínima necesaria que requieren las personas de las zonas rurales y las comunidades para estar en la línea de la pobreza por ingresos, es de 2 mil 002 pesos con 96 centavos.
Mientras que en el ámbito urbano esta misma línea se ubica en 3 mil 095 pesos con 54 centavos. Quien no consiga esa cantidad y no satisfaga estas necesidades puede considerarse en situación de pobreza y en tal situación están, según el Coneval, casi cinco de cada diez potosinos.
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Ricardo Gallardo dijo que en más de 12 municipios hay solo cuatro elementos por turno
Por: Redacción
Nueve municipios de San Luis Potosí todavía no han querido elevar el sueldo de sus policías municipales, informó el gobernador Ricardo Gallardo Cardona, quien agregó que más de 12 municipios tienen apenas siete u ocho elementos divididos en dos turnos.
“Tienen cuatro policías por turno. Uno lo trae el alcalde, otro lo trae la puerta de la presidencia y dos están en la plaza principal con el lleva-lleva. Entonces, prácticamente tienen cero seguridad municipal”, dijo.
Sobre las sanciones a esos ayuntamientos, Gallardo remitió al Congreso del Estado.
La reforma constitucional publicada el 16 de abril de 2026 fija un salario mínimo de 14 mil pesos para los policías de los 59 municipios. El plazo para cumplirla venció el 31 de agosto.
Desde el 1 de septiembre, el Instituto de Fiscalización Superior del Estado (IFSE), la Secretaría Ejecutiva de Seguridad Pública y la Secretaría de Finanzas llevan el procedimiento administrativo contra los ayuntamientos que no homologaron los sueldos. Las sanciones van de la amonestación a la inhabilitación
El 2 de octubre, Gallardo habló de una lista de “más o menos 10” alcaldes que podrían ser inhabilitados. El 23 de octubre, el diputado Cuauhtli Badillo Moreno, presidente de la Comisión de Seguridad Pública del Congreso, dijo que prefiere concientizar a los alcaldes antes que sancionarlos.
Ese mismo día, Jesús Juárez Hernández, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del Estado, dijo que en algunas supervisiones a corporaciones municipales “no hay a quien supervisar” y que “tres o cuatro elementos durante un turno para un municipio, pues son muy pocos”.
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Además, cada negocio potosino pagó más por la delincuencia, mientras en el país ese costo bajó
Por: Ana G Silva
Nueve de cada cien negocios de San Luis Potosí sufrieron al menos un robo o asalto de bienes o dinero durante 2025, una proporción 50 por ciento mayor que la del promedio nacional, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización de Empresas (ENVE) 2026 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
La tasa estatal fue de 898 unidades económicas víctimas de ese delito por cada 10 mil, contra 597 en el país. Con esa cifra, San Luis Potosí ocupó el quinto lugar nacional, solo detrás de Chihuahua, Campeche, Querétaro y Aguascalientes.
En total, la encuesta estimó 15 mil 777 robos o asaltos de bienes o dinero contra negocios potosinos en el año. Es una tasa de mil 410 por cada 10 mil unidades económicas, frente a 885 a nivel nacional.
Si se cuentan todos los delitos, 31 mil 814 de los casi 112 mil negocios del estado fueron víctimas de al menos uno. Es 28.4 por ciento, por encima del 25.9 por ciento nacional.
Más caro que hace dos años
La delincuencia también le salió más cara a cada negocio. El costo promedio del delito por unidad económica en San Luis Potosí aumentó 6 por ciento entre 2023 y 2025, mientras que en el país bajó 18.2 por ciento.
San Luis Potosí fue uno de los 12 estados donde ese costo creció. El INEGI ubicó al estado en el rango medio, de entre 40 mil 986 y 61 mil 983 pesos
Pequeñas y grandes, las más expuestas
La brecha con el resto del país es mayor en las empresas pequeñas y grandes. En las pequeñas, 5 mil 596 de cada 10 mil fueron víctimas de algún delito, contra 4 mil 154 a nivel nacional: 35 por ciento más.
En las grandes, la tasa fue de 6 mil 68 por cada 10 mil, frente a 4 mil 840 en el país. Según las estimaciones del INEGI, el delito más frecuente entre estas empresas fue el robo de mercancía en tránsito, con 29 por ciento de sus casos.
Ese delito está en el centro de las protestas del transporte de carga. En octubre, transportistas potosinos se sumaron al paro nacional para exigir seguridad en la carretera federal 57. La Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar) ubicó tramos de riesgo cerca de Santa María del Río, La Pila y El Huizache.
En las microempresas, que son la gran mayoría de los negocios, la tasa fue de 2 mil 704 por cada 10 mil, apenas arriba de la nacional de 2 mil 507. Por sector, el comercio fue el más golpeado: 3 mil 475 de cada 10 mil comercios sufrieron algún delito, contra 3 mil 49 en el país.
El robo hormiga, de mercancía en pequeñas cantidades, alcanzó a mil 108 de cada 10 mil negocios potosinos, contra 954 en el promedio nacional.
También lee: La carretera 57, entre las exigencias de seguridad de transportistas en SLP
La Conagua en San Luis Potosí clausuró tres de los cuatro pozos de José Luis Romero Calzada, “Tecmol”, en Salinas de Hidalgo y anunció sanciones. El agua que sale de esa propiedad abastece su hotel Canto de Sal
Por: Redacción
La Comisión Nacional del Agua (Conagua) clausuró tres de los cuatro pozos que José Luis Romero Calzada, “Tecmol”, tiene en Salinas de Hidalgo, y abrió procedimientos administrativos que concluirán en sanciones.
Así lo informó el delegado federal en San Luis Potosí, Darío Fernando González Castillo.
“No puede robarle el agua a la gente, y menos en el altiplano”, dijo el funcionario.
El delegado no aludió al político del Partido Verde, pero confirmó que los pozos están en predios de la familia Romero Calzada y el agua que extraen abastece el hotel Canto de Sal, propiedad que él ha reconocido como propia de manera pública.
El nombre del hotel es también su coartada: en Salinas hay sequía y en Canto de Sal hay alberca.
Los pozos operaban sin la concesión correspondiente, según la dependencia. En estos casos la sanción reactiva es la clausura inmediata de la fuente de agua.
El pozo de la discordia
El del Rancho La Estancia del Carmen no es un pozo cualquiera: abasteció al municipio por más de 30 años. El Ayuntamiento lo operaba con un convenio privado de usufructo firmado el 3 de abril de 2008 por 28.06 metros cuadrados. En 2012, la Quinta Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado avaló una servidumbre legal de paso: los propietarios debían permitir el ingreso de personal municipal para operar y dar mantenimiento a la fuente, de 8:00 a 18:00 horas, porque se usaba “para el servicio de la comunidad”.
En noviembre de 2018, Romero Calzada tramitó ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) el cambio de uso de un pozo agrícola para proveer de agua a su hotel Canto de Sal. El hotel abrió y opera desde entonces. Ese mismo año, habitantes de Salinas denunciaron que la población se quedó en sequía después de que el pozo saliera de las manos del municipio.
El exalcalde Teódulo Contreras Martínez (2007-2009), señalado en su momento por la venta del pozo, ha negado el hecho: el expediente del juicio civil acredita que el Ayuntamiento seguía operando la fuente años después de su gestión.
Las cifras de la dependencia
González Castillo dijo que en lo que va del año la delegación ha realizado alrededor de mil 600 inspecciones
Añadió que desde diciembre de 2024 no se ha otorgado ningún nuevo título de concesión en los acuíferos de San Luis, Salinas, Matehuala y Vanegas, y que está en curso un proceso para regularizar concesiones vencidas entre 2009 y 2026, con plazo al 4 de julio de 2027.
También reconoció los límites de la vigilancia: “No tengo el personal para estar revisando todo a nivel estatal”. La dependencia actúa sobre todo por denuncias ciudadanas.
Más allá de Salinas
En la misma entrevista, el delegado informó que en Ciudad Fernández, El Jabalí y la Media Luna se clausuraron tres pozos clandestinos y se detuvo la extracción de material de la cuenca del río. Sobre la Media Luna dijo que el agua se mantiene, pero que el daño está en el ecosistema, con “una petrificación impresionante” en el piso y raíces expuestas: esa parte corresponde a la SEGAM, la Semarnat y la Profepa.
Sobre las presas de jale de las mineras, sostuvo que la dependencia sancionó, clausuró y multó a una empresa que pagó y realiza obra civil para desviar el agua de lluvia, pero que el manejo de los depósitos corresponde “sobre todo” a la Profepa, a la que ya envió oficios.
Qué sigue
Los procedimientos administrativos abiertos en Salinas definirán el monto de las sanciones y si la clausura de los tres pozos se mantiene. Sigue vigente la servidumbre que obliga a los propietarios del Rancho La Estancia del Carmen a permitir el acceso del Ayuntamiento al pozo. Y el proceso federal de regularización de concesiones vence en julio de 2027.
Al ser cuestionado al respecto en Ciudad Valles, Romero Calzada huyó de la prensa.
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