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En marzo, todas las víctimas de delitos sexuales en SLP fueron niños
Según un estudio del DIF, 8.9 por ciento de los casos registrados en ese sistema fueron casos de abuso sexual
Por: El Saxofón
Durante el pasado mes de marzo, en San Luis Potosí, nueve hombres fueron detenidos, vinculados a proceso o sentenciados por los delitos de abuso sexual y violación. Los nueve casos tienen un común denominador: las víctimas son menores de edad.
El abuso sexual infantil es un problema casi invisible en México y por ende en San Luis Potosí. Las estadísticas oficiales de incidencia delictiva contemplan los delitos de abuso sexual, violación, y violación equiparada, sin embargo, no establecen ni la edad ni el sexo de las víctimas, dos variables que serían reveladoras para identificar un problema que se hace evidente de otras formas.
Quien revisa la prensa todos los días, y se encuentra con los reportes de la detención, vinculación a proceso o sentencia de presuntos violadores, podrá comprobar que buena parte de las víctimas son niñas, niños y adolescentes, en algunos casos incluso con alguna discapacidad. Sin embargo, las autoridades no han sistematizado la información sobre las víctimas ni se ha homologado en el país este delito.
Otra característica se suma a la ya de por sí alarmante vulnerabilidad de las víctimas, dada su condición de menores: la mayoría de los agresores provenían de su círculo cercano, incluso del propio núcleo familiar.
Recientemente, el Diagnóstico sobre la situación del abuso sexual infantil en un contexto de violencia hacia la infancia en México realizado por la organización mexicana Alumbra perteneciente a Early Institute, reveló que San Luis Potosí es uno de los estados con más proporción de casos de abuso sexual infantil.
“A nivel nacional, el abuso sexual representó el 3.8% de los casos de maltrato recibidos por el Sistema DIF. Los estados que recibieron mayor proporción de casos de abuso sexual fueron Tamaulipas (12.2%), Querétaro y Quintana Roo (9.7% ambos), Hidalgo (9.1%), San Luis Potosí (8.9%), Baja California Sur (8.7%)”, especifica el diagnóstico.
En materia de delitos sexuales, en los tiempos que corren, la opinión pública se ha concentrado en las denuncias públicas de acoso sexual que realizan mujeres mayores de edad, sobre todo en redes sociales. Sin embargo, mientras este problema adquiere visibilidad, una realidad no menos terrible se esconde tras la falta de información: el abuso sexual y la violación de niñas, niños y adolescentes, estos sí, totalmente indefensos ante sus agresores dada su condición de menores de edad.
En 2018, la Fiscalía General del Estado (FGE) recibió denuncias de 420 víctimas de abuso sexual, 487 de Violación simple y 40 de violación equiparada, sin embargo, hasta ahí llega la información. Se desconocen los perfiles de las víctimas, fundamentalmente edad y sexo, dos datos que no violan la confidencialidad en la que deben mantenerse los datos personales de las víctimas pero que sí aportarían mucho para prevenir el problema y adoptar medidas para su combate frontal.
Entre los principales hallazgos del diagnóstico destacan:
En México no hay una fuente clara centrada en la medición del Abuso Sexual Infantil (ASI), tampoco existen datos sistematizados para generar indicadores sobre este tipo de violencia y delito. En tanto, el presente estudio se enfocó en analizar la información disponible del ASI en ambas dimensiones.
Durante 2015, se encontró que de los un millón 750 mil 790 casos de hospitalizaciones de personas menores de 18 años de edad, 309 egresos estuvieron relacionadas a ASI, de esos casos el 87.7%, fueron niñas.
Tlaxcala y Querétaro fueron los estados que concentraron la mayor cantidad de casos de egresos hospitalarios relacionados con el ASI. En Querétaro, la totalidad de los 74 egresos de menores atendidos por abuso sexual en hospitales, fueron niñas.
Las muertes de menores de edad por agresión sexual, maltrato, negligencia y abandono en conjunto, sumaron 22 en 2014, 25 en 2015 y 19 en 2016, siendo el maltrato lo más común entre estas causas.
En general, los datos de mortalidad por estas causas reflejan que los integrantes del grupo de edad de 5 años o menos, son los más vulnerables.
En 2017, los estados con las tasas más elevadas de abuso sexual en México fueron Chihuahua (31.3), Baja California (31), Baja California Sur (28.6), Jalisco (28.6), Colima (24.6) y Morelos (23), mientras que la nacional fue de (12.8) El diagnóstico plantea la pregunta de si los estados en donde se detecta mayor incidencia del delito de abuso sexual, son los que tienen el mayor problema de abuso sexual infantil en particular, podría suponerse que sí, pero es necesario ahondar en las fuentes para confirmar dicha hipótesis.
Se advierte una omisión grave en la base de datos sobre incidencia de delitos sexuales ya que no existe referencia a si el delito fue cometido contra un menor o contra un adulto.
Algunos casos
El 1 de marzo se informó la detención de un sujeto acusado de abusar sexualmente de un menor de edad que además padece discapacidad motora. El agresor tenía cercanía con la víctima, pues era novio de su hermana, por lo que “aprovechaba los momentos en que el menor se quedaba solo para llegar a la vivienda y ya en el interior, se metía a la recámara del joven, que no podía defenderse debido a la discapacidad motora y mental que presentaba, para abusar sexualmente de él”.
Los menores de edad están indefensos ante los depredadores sexuales.
El 9 de marzo, agentes de la Policía Investigadora, capturaron a un hombre de 29 años de edad en cumplimiento de un mandamiento judicial en su contra, como probable responsable del delito de violación específica en contra de una menor de edad.
El día 26 de diciembre del 2017 dicho sujeto ingresó a la vivienda de la víctima en la comunidad Estación Ventura, de Soledad de Graciano Sánchez, aprovechándose del parentesco que tenía con el padre de esta.
La menor se encontraba con otra de sus hermanas y el sujeto presumiblemente abusó sexualmente de ella, amenazándola con hacerle daño también a su hermana y a su madre si contaba lo que había ocurrido, por lo que la víctima decidió callar.
Sin embargo, la madre de la menor notó un cambio en su comportamiento y al platicar con la niña supo lo que el sobrino de su esposo le había hecho, por lo que acudió a denunciar lo sucedido y a pedir a las autoridades de la Fiscalía que se investigara y se sancionara al presunto agresor sexual.
Los agentes iniciaron las investigaciones y aportaron los datos de prueba sobre la presunta responsabilidad de Ángel “N”, con lo que se obtuvo la orden de aprehensión en su contra por el delito de violación específica.
En otro caso, un adulto mayor de 70 años de edad fue detenido por agentes investigadores de la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP), con base en una orden de aprehensión por el delito de violación agravada en contra de su nieta, una joven con discapacidad, en el municipio de Charcas.
También el pasado marzo, la Fiscalía, a través de la Policía Investigadora, cumplimentó una orden de aprehensión en contra de un hombre de 33 años de edad, por su probable responsabilidad en el delito de violación en agravio de dos menores, a quienes además dejó embarazadas en Aquismón. En este caso, el agresor ya varios años abusando de las víctimas.
En este mismo municipio huasteco, un sujeto acusado de haber violado a sus tres hijas menores de edad de 14, 13 y 8 años, de las cuales dos resultaron embarazadas, fue vinculado a proceso al quedar demostrada su presunta responsabilidad en dichos ilícitos.
De acuerdo con un estudio del Consejo Ciudadano de la Ciudad de México, los principales agresores sexuales de los niños son familiares, luego maestros y después sacerdotes: en 30 por ciento abuelos o padrastros; 13 por ciento, tíos; 11 por ciento, padres biológicos; 10, primos; 8, vecinos; 7, maestros, y 3 por ciento, hermanos”.
En 2014, San Luis Potosí registró 6 mil 367 víctimas de delitos sexuales, según la Encuesta de Cohesión Social para la Prevención de la Violencia y la Delincuencia (Ecopred, 2014), realizada por el INEGI. De estos, en 2 mil 679 casos, los delitos fueron perpetrados por conocidos de las víctimas.
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Entre los sistemas sin corrección hay uno de la SEP que funciona con PHP de 2004
Por: Redacción
Al menos 8,600 servicios web en México funcionan con versiones de PHP que ya no recibirán ninguna corrección de seguridad, en plena ola de ataques por PHP2Shell, la falla que el 26 de octubre la Agencia de Ciberseguridad y Seguridad de Infraestructura de Estados Unidos (CISA) confirmó como explotada activamente.
El conteo, hecho con el buscador Shodan el 22 de octubre y publicado por Ignacio Gómez Villaseñor en una columna invitada de Milenio, ubica entre esos sistemas uno de la Secretaría de Educación Pública (SEP) que corre con PHP 4.3, de 2004, y otro de la Secretaría de Gobernación (Segob) con PHP 5.2, de 2007. Ninguna de las dos versiones recibe actualizaciones desde hace más de 15 años.
De 39,661 servicios con PHP detectados en el país, cerca de uno de cada cinco usa una versión sin parche posible. Al filtrar solo dominios gob.mx aparecieron 550 servicios de gobierno; de una muestra de 20 revisados uno por uno, 19 eran vulnerables.
Qué es PHP2Shell
PHP es el lenguaje de programación con el que funcionan WordPress, tiendas en línea y buena parte de los portales de gobierno. Según W3Techs, lo usa el 70.2% de los sitios web cuyo lenguaje se conoce.
Las fallas CVE-2026-109618 y CVE-2026-109619, apodadas PHP2Shell, están en el propio PHP y no en una página en particular. Basta con que el servidor acepte recibir archivos, como viene configurado de fábrica, para que un atacante pueda tomar el control del equipo sin usuario ni contraseña. El equipo de PHP las calificó con 9.2 de 10 en gravedad.
La falla también permite leer fragmentos de la memoria del servidor, donde se guardan contraseñas, claves de acceso y certificados. Actualizar cierra la puerta, pero no recupera lo que ya pudo salir.
Cinco días de octubre
Amazon registró el primer intento de ataque el 17 de octubre, cuatro días antes de que la falla fuera pública. El 20 se filtraron los detalles y PHP tuvo que adelantar su corrección, que publicó el 21 de octubre a las 8:00, hora del centro de México, para las versiones 8.2 a 8.5.
Ese mismo día, la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) y la CISA pidieron parchar o desconectar los servidores de inmediato. En Países Bajos, ministerios, hospitales y medios apagaron sus sitios por precaución.
El 24 de octubre, un investigador de Perplexity confirmó la ejecución remota de código en servidores trampa. El 26, la CISA agregó ambas fallas a su catálogo de vulnerabilidades explotadas y dio plazo al 29 de octubre para que las agencias federales de Estados Unidos las corrijan. La firma Censys estimó más de 32.5 millones de servicios PHP en el mundo con versiones afectadas.
Una tercera falla, sin parche
El 23 de octubre, PHP divulgó una nueva vulnerabilidad, CVE-2026-115560, que también permite ejecutar código a distancia y que las actualizaciones del 21 no corrigen. Para esta no hay parche: PHP recomendó como medida temporal desactivar la función que reporta el avance de carga de archivos.
Al 26 de octubre no se había reportado su explotación, de acuerdo con la firma SOC Prime.
Gobierno y universidades, los más expuestos
La revisión publicada en Milenio encontró que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) tenía un servidor ya actualizado mientras otros de la misma dependencia seguían sin parche.
La institución con más servicios PHP del país es la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), con 820. Entre todas las universidades públicas de la lista suman más de 1,800, con versiones sin soporte como la 7.0 y la 8.1.
Colombia hizo un ejercicio parecido: su equipo de respuesta, Colcert, contó 8,699 servicios con PHP expuestos. Según la misma columna, en México no hay registro de una alerta equivalente de la autoridad.
Víctor Ruiz, fundador de la firma de ciberseguridad SILIKN, advirtió a Milenio que vienen ataques “sumamente fuertes” contra quienes no actualicen. “Será caótico, te lo puedo asegurar”, dijo.
Ruiz señaló que estas fallas “no distinguen recursos presupuestales”, por lo que una secretaría estatal y un ayuntamiento pequeño quedan igual de expuestos, y que “la ausencia de alertas no descarta una intrusión”.
La firma Sansec concluyó el 22 de octubre que un ataque masivo es menos probable de lo previsto, porque requiere conocer bien el servidor. Las pruebas de ataque que circulan funcionan sobre todo contra servidores Apache con PHP 8, el tipo más común.
Una empresa potosina, en un sitio de filtraciones
El grupo de ransomware Krybit publicó el 26 de octubre a Grupo Euro (grupoeuro.com.mx) en su sitio de filtraciones, según el rastreador Breachsense, que la clasifica en el sector energía. De acuerdo con publicaciones especializadas en ciberseguridad difundidas en redes sociales, se trata del grupo potosino de las gasolineras Gasomax, Importadora Euro y franquicias de Burger King.
El portal ransomware.live contabiliza 331 contraseñas expuestas vinculadas a la empresa, 70 de ellas críticas, y cita a la firma Hudson Rock, que registra a un empleado y cuatro usuarios infectados con programas que roban credenciales. Krybit se atribuye el ataque sin que hasta ahora la empresa lo haya confirmado, y no hay evidencia pública de que el caso esté ligado a PHP2Shell.
Krybit opera desde marzo de 2026 con un esquema de doble extorsión: roba información, cifra los archivos y amenaza con publicar los datos si no se paga. Sus exigencias van de 40 mil a 100 mil dólares, según la firma Halcyon. Breachsense le cuenta 165 víctimas, nueve de ellas en México.
En agosto, el Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE) descartó un hackeo a sus sistemas tras la difusión en redes de información del Poder Judicial. En septiembre, la magistrada presidenta Lourdes Anahí Zarazúa Martínez dijo que la auditoría externa apuntaba más a una filtración que a una intrusión.
Argentina: datos de 172 mil estudiantes
Un actor en un foro de la dark web publicó muestras de una base de datos que dice provenir del Sistema Integral de Información Digital Educativa (SINIDE), del Ministerio de Educación de Argentina, con registros de unos 172 mil estudiantes.
Según el actor, cada registro tiene más de 80 campos —nombre, número de Documento Nacional de Identidad (DNI), domicilio, desempeño escolar y datos socioeconómicos—, además de información de unas 1,100 escuelas, 953 directores y credenciales de 21 cuentas de consultores. Afirmó que los datos estaban accesibles sin autenticación.
Analistas que siguen el caso advirtieron que la mayoría de los afectados probablemente son menores de edad, y que sus datos de identidad, hogar y escuela pueden usarse para fraudes y extorsiones dirigidas a sus familias.
La afirmación no está verificada y llegó horas después de otra contra la plataforma Moodle del mismo ministerio. En septiembre, el grupo N0n se atribuyó un ataque a la dependencia, y en julio de 2025 se ofrecieron a la venta 287 mil documentos del ministerio con DNI, correos y domicilios.
La corrección para PHP2Shell ya existe, pero cada institución tiene que instalarla en todos sus servidores y, si estuvo expuesta, cambiar contraseñas y claves y revisar sus registros hacia atrás. Para el usuario común no hay nada que hacer en su teléfono o computadora: la falla vive en los servidores, no en los dispositivos.
Con información de Milenio, CISA, Breachsense, Halcyon, SOC Prime y ransomware.live.
También lee: Auditoría descarta hackeo al Poder Judicial, pero no filtración
La CEA dijo que busca cobrar con los mecanismos del contrato, mientras el Estado paga unos 6 millones al mes
Por: Redacción
La operadora de El Realito tiene adeudos por unos 200 millones de pesos por incumplimientos del contrato, que están en controversia, dijo Pascual Martínez Sánchez, titular de la Comisión Estatal del Agua (CEA).
Explicó que cada vez que hay una falla se aplican multas y esa parte se resta a la empresa en el pago: «nosotros le restamos y no se le paga esa parte».
Dijo que, conforme al contrato, el Gobierno del Estado paga alrededor de 6 millones de pesos al mes por el servicio. Cuando el sistema funciona, otra tarifa depende de la cantidad de agua que llega a la capital.
Sobre los 200 millones, dijo que la CEA busca «el mecanismo propio del contrato» para cobrarlos, pues es dinero que la empresa tendría que pagar. Agregó que la CEA trabaja en un diagnóstico que incluye parte del sistema administrativo del contrato.
La concesión federal del agua está a nombre del Gobierno del Estado. Una administración anterior delegó la operación en una empresa española mediante contrato, explicó en septiembre Darío Fernando González Castillo, director de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) en San Luis Potosí, dependencia que acompaña jurídicamente a la CEA para explorar una rescisión o una mediación.
En septiembre se dio a conocer que Banobras y Conagua analizan rescindir el contrato. El acueducto acumula 76 fallas desde 2021, que suman 295 días sin agua a la zona metropolitana, según el Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado (Interapas).
También lee: Interapas no paga saneamiento desde 2018, dijo titular de la CEA
Imágenes de distintas convivencias y un video difundido en 2024 por el propio exaspirante a la gubernatura documentan la presencia de Juan de Jesús Salazar en su entorno social; las revelaciones surgen en medio de investigaciones y señalamientos sobre contratos millonarios con Pemex y una presunta red de facturación irregular
Por: Jorge Saldaña
La reciente detención de Juan de Jesús Salazar, alias “Wiwa”, señalado por las autoridades como presunto líder criminal en la Huasteca potosina y buscado por homicidio calificado, ha puesto bajo escrutinio sus relaciones sociales con el empresario Gerardo Sánchez Zumaya, quien hasta septiembre pasado aspiraba a la gubernatura de San Luis Potosí.
Fotografías de distintas convivencias muestran encuentros entre Salazar y personas del entorno empresarial y político de Sánchez Zumaya. Entre las imágenes difundidas destaca una en la que el ahora detenido aparece abrazado con el diputado federal panista David Azuara Zúñiga.
Los registros gráficos adquieren relevancia tras la captura de Salazar, de 35 años, a quien las autoridades estatales atribuyen presuntas actividades delictivas en la región Huasteca y quien, según información de inteligencia, se desenvolvía públicamente bajo un perfil empresarial.
La presencia de “Wiwa” en estas reuniones no se limita a un solo evento. Existen fotografías correspondientes a diferentes convivencias y un video específico de una celebración familiar difundido desde las redes sociales del propio Sánchez Zumaya.
Uno de esos registros corresponde a la ostentosa boda de Eduardo Isaac Sánchez Zúñiga, medio hermano de Gerardo Sánchez Zumaya, celebrada en abril de 2024 en la Antigua Nave Lewis del Parque Fundidora, en Monterrey.
En el video de la fiesta, difundido por el propio exaspirante a la gubernatura, aparece Salazar entre los asistentes. La celebración alcanzó notoriedad por las presentaciones de agrupaciones y artistas como Gerardo Ortiz, Gabito Ballesteros, Los Recoditos y La Sonora Dinamita.
Contratos millonarios, factureras y cuentas bloqueadas
La difusión de las fotografías ocurre cuando Gerardo Sánchez Zumaya enfrenta cuestionamientos por sus relaciones empresariales y financieras, particularmente por operaciones relacionadas con Petróleos Mexicanos (Pemex) y empresas señaladas en investigaciones periodísticas por presuntas irregularidades de facturación.
En noviembre de 2024, una investigación de Reforma dio a conocer señalamientos sobre operaciones y transacciones por más de 15 mil millones de pesos entre 2022 y 2024 en una presunta red de empresas relacionadas con el sector petrolero y vinculadas con el empresario potosino.
Más recientemente, otra investigación del mismo diario reveló que Pemex y el Instituto Mexicano del Petróleo pagaron durante 2025 facturas superiores a 2 mil 800 millones de pesos a empresas señaladas como parte de una red relacionada con Sánchez Zumaya.
Entre las compañías mencionadas en esos reportes figuran Grupo Mineral & Logistic, Safnat y Diazol, cuyas operaciones, domicilios fiscales y movimientos financieros han sido objeto de cuestionamientos.
Los señalamientos alcanzan también a familiares y personas relacionadas con el entramado empresarial investigado, entre ellos al novio de la boda del 2024, medio hermano del ex aspirante y socio de Mineral & Logistic que inyectó un aumento de capital por 400 millones de pesos sin explicar su procedencia.
En paralelo, empresas y particulares vinculados con esa presunta red han promovido recursos judiciales contra el bloqueo de cuentas bancarias dispuesto por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
El dirigente nacional del Partido del Trabajo, Alberto Anaya
Sánchez Zumaya anunció el 24 de septiembre su retiro de las aspiraciones a la gubernatura de San Luis Potosí, luego de buscar espacios políticos en Morena y el PT atribuyendo su retiro a la atención a “motivos familiares”.
Aunque las investigaciones periodísticas han documentado las presuntas irregularidades, hasta ahora no existe una sentencia judicial conocida que acredite responsabilidad penal de Gerardo Sánchez Zumaya aunque al mismo tiempo se sabe que salió del país.
Los Azuara Zúñiga
La aparición del diputado federal David Azuara Zúñiga en una fotografía junto a Salazar amplía la dimensión política de los encuentros documentados.
En esa imagen, el legislador panista aparece abrazado con quien posteriormente fue detenido y señalado como presunto líder criminal en la Huasteca potosina.
La fotografía no constituye evidencia de participación del diputado en actividades delictivas, sin embargo, sí demuestran la relación estrecha entre Salazar, GSZ, círculos empresariales y políticos panistas de SLP.
La captura que volvió relevantes las fotografías
Juan de Jesús Salazar fue detenido en San Luis Potosí después de una serie de hechos violentos registrados en Tanquián de Escobedo, incluidos enfrentamientos ocurridos entre la noche del 17 y la madrugada del 18 de octubre, tras el asesinato de un elemento federal.
El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana estatal, Jesús Juárez Hernández, informó que, de acuerdo con información de inteligencia, Salazar presuntamente había llegado desde Veracruz para involucrarse en actividades delictivas en la región.
Las autoridades señalaron que era buscado por homicidio calificado y que mantenía una apariencia empresarial en su vida pública.
Por su parte, el gobernador Ricardo Gallardo Cardona advirtió que algunos presuntos líderes criminales buscan integrarse a la sociedad potosina presentándose como empresarios, instalándose en zonas residenciales de alta plusvalía y participando en círculos sociales de alto perfil.
La captura de “Wiwa” y las fotografías de sus encuentros con Sánchez Zumaya y Azuara Zúñiga plantean nuevas preguntas sobre las relaciones sociales del detenido.
La documentación gráfica coloca esas relaciones en el centro de la atención pública, mientras continúan los cuestionamientos sobre las operaciones financieras de las empresas vinculadas con Sánchez Zumaya y el alcance de las investigaciones correspondientes.
También lee: Enfrentamientos armados en Tanquián; mencionan a grupo ligado a Sánchez Zumaya
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