Autoridades ambientales detectan intento de traslado ilegal de especies protegidas a través de una empresa de paquetería

Por Redacción 

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) aseguró un total de 73 biznagas piedra y dos ejemplares de fauna silvestre sin vida, durante una inspección realizada en una empresa de paquetería ubicada en San Luis Potosí

El operativo se originó a partir de dos reportes realizados por la empresa Estafeta, que alertó sobre el contenido sospechoso de dos paquetes distintos, enviados en días consecutivos.

El primer caso, registrado el 16 de julio, involucró un paquete que contenía una caja de cartón con decenas de plantas protegidas, específicamente 73 ejemplares de biznaga piedra, sin documentos que acreditaran su origen legal. Debido a ello, las autoridades procedieron a su aseguramiento, conforme a la legislación ambiental vigente.

Esta especie está clasificada como en peligro de extinción de acuerdo con la NOM-059-SEMARNAT-2010 y forma parte del Apéndice I de la CITES, que regula el comercio internacional de especies amenazadas. Los ejemplares fueron trasladados al Jardín Botánico de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí

Al día siguiente, el 17 de julio, se recibió otro aviso sobre un segundo paquete que contenía dos recipientes de plástico. En su interior se hallaron una araña del género Acanthophrynus y un escorpión Diplocentrus aff mexicanus, ambos ya sin vida. Como en el caso anterior, no se presentaron documentos de procedencia legal, lo que llevó también a su aseguramiento oficial.

Los dos ejemplares fueron entregados a la Facultad de Derecho de la UASLP, específicamente al área de Criminalística, donde serán identificados y conservados con fines académicos.

La Profepa informó que dará seguimiento al caso mediante el procedimiento administrativo correspondiente, incluyendo el emplazamiento a las personas cuyos nombres aparecen en las etiquetas de envío, hasta emitir una resolución conforme a la ley.

También lee: Parque Morales se riega con agua no potable para cuidar el medio ambiente

La Fiscalía de SLP informó que se dictó esta sentencia por el atentado a ex regidor de Valles en 2020; se trata del mismo homicida de César Galindo, ocurrido en 2021

Por: Redacción

En 2021 se dio a conocer que Julio César Galindo Pérez, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) de San Luis Potosí, fue baleado por sujetos desconocidos y más tarde perdió la vida en un hospital.

Este 24 de julio, se dio a conocer que un juez penal en San Luis Potosí dictó sentencia condenatoria de 26 años de prisión contra el individuo hallado culpable del homicidio de Julio César Galindo Pérez, quien se desempeñaba como líder empresarial y expresidente de Coparmex en la entidad.

El crimen, ocurrido en 2021, conmocionó al sector empresarial y a la sociedad potosina. Tras una investigación por parte de las autoridades estatales, se logró la identificación, captura y proceso judicial del implicado

La Fiscalía General del Estado confirmó la resolución judicial y detalló que, además de la pena privativa de libertad, el sentenciado deberá cubrir la reparación del daño a los familiares de la víctima, conforme a lo establecido por la ley.

El caso representa uno de los fallos más relevantes en materia de justicia para líderes del sector privado en San Luis Potosí, y marca un precedente en la lucha contra los crímenes de alto impacto en la entidad.

También lee: Raúl Trejo fue declarado culpable por el homicidio de Julio Galindo

El secretario de Seguridad Estatal descartó construir nuevos penales; hay acciones para dignificar la  reinserción social y evitar el hacinamiento

Por: Redacción

El titular de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana del Estado de San Luis Potosí (SSPCE), Jesús Juárez Hernández, informó que, derivado del incremento en las detenciones por narcomenudeo en la entidad, la dependencia a su cargo trabaja en estrategias para evitar una sobrepoblación en los centros penitenciarios.

Entre estas acciones, explicó, se contemplan programas de preliberación para los denominados “primo-delincuentes” (personas que cometen un delito por primera vez), así como la modificación de medidas cautelares por suspensiones condicionales del proceso. Además, se llevan a cabo mejoras en infraestructura, como el fortalecimiento de servicios básicos (alimentación, áreas médicas y estancias especializadas).

Juárez Hernández subrayó que estas acciones buscan garantizar un proceso de reinserción social correcto, positivo y productivo.

Ante la pregunta sobre si sería necesaria la construcción de un nuevo centro penitenciario, el funcionario descartó esta opción, argumentando que también es un tema de derechos humanos, ya que cualquier traslado debe ser revisado por el Poder Judicial del Estado

“A través del área de infraestructura se realizan diseños para mejorar las instalaciones. Cada mes se nos entregan nuevas estancias para albergar a más personas privadas de su libertad. Tenemos áreas especializadas como el geriátrico, donde se atiende a personas de la tercera edad”, señaló.

Asimismo, informó que existen zonas especiales para personas inimputables, es decir, aquellas que tienen problemas de salud mental y están bajo proceso legal. También se cuenta con un área médica que permite garantizar condiciones adecuadas para seguir su proceso judicial.

Finalmente, aclaró que en las áreas mencionadas no existe sobrepoblación y que la alimentación está garantizada y supervisada por personal capacitado.

También lee: Niegan presencia de infantes en penal de Xolol