diciembre 3, 2025

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El juicio contra Alejandro N. se reanudó hoy

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El ex titular de la Procuraduría de la Defensa de las Personas Adultas Mayores, Gestión y Participación Social está acusado de violación agravada contra un menor de edad

Por: Redacción

Este lunes 4 de julio se llevará a cabo las audiencias en contra de Alejandro N., ex titular de la Procuraduría de la Defensa de las Personas Adultas Mayores, Gestión y Participación Social (PDPAM), acusado de violación agravada contra un menor de edad.

Las audiencias serán presidida por tres jueces: Francisco Pablo Alvarado Silva, Carlos Alberto Álvarez Hernández y Javier Pérez Contreras, debido a la relevancia, complejidad y el impacto social del tema.

De acuerdo con el Consejo de la Judicatura se señaló que: “Para determinar el impacto social, se tomará en consideración el efecto emocional o simbólico que produce el hecho delictuoso cuando existan manifestaciones objetivas de la sociedad o de un grupo que revelan la importancia e indignación del hecho delictuoso acontecido”.

El Consejo de la Judicatura señaló como criterio de relevancia diversos delitos, incluido el de abuso sexual calificado cuando recae en persona menor de 18 años de edad o que por su condición no tiene la capacidad de comprender el significado del hecho o, que no tiene capacidad para resistirlo, así como los delitos relacionados con servidores públicos.

Hoy se cumple un mes de que la víctima alcanzó la mayoría de edad. No se sabe que el DIF haya facilitado que la CEEAV, como nueva representación de la víctima, pudiera argumentar a favor de ésta el deficiente proceso de autonomía que vivió, en gran parte por omisiones de las propias autoridades.

El caso en contra de Alejandro N. inició el 8 de octubre del 2019, cuando un menor de edad denunció que desde hacía más de un año, el imputado era traído, al menos tres veces por semana desde el refugio donde se encontraba albergado, a pasar la tarde en las oficinas del entonces funcionario en donde presuntamente realizaba actos sexuales en su contra.

Alejandro “N” llevó a cabo su primera audiencia el 29 de octubre de 2019 donde se determinó su situación jurídica, y por el peso de las pruebas, físicas, médicas y de compatibilidad de ADN se le vinculó a proceso y se dio a conocer que enfrentaría dos nuevas órdenes de aprehensión.

Luego de casi dos años de proceso, el 2 de junio de 2022 se llevó a cabo el juicio oral por los cargos penales que pesan en su contra, sin embargo, debido a que no fue posible desahogar en su totalidad los testimonios por parte de los testigos de la víctima, y en cuidado de los derechos de la misma, el juez difirió la fecha y se fijó para este 4 de julio.

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Ciudad

Incendios aumentan hasta un 30% en diciembre: Bomberos

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Benavente Duque dijo que el uso de pirotecnia y descuido en instalaciones eléctricas provocan mayores incidentes en la temporada decembrina

Por: Cristian Betancourt

Adolfo Benavente Duque, comandante del H. cuerpo de Bomberos, advirtió que el mes de diciembre será uno de los más complicados en materia de emergencia debido al incremento de siniestros que se registran en la zona metropolitana.

Benavente explicó que los incendios entre el 10 y 15 de diciembre suelen incrementarse entre 25% y 30%, principalmente por el uso de pirotecnia

y aumento de incendio en pastizales.

Detalló que la corporación cerrará con entre 400 y 450 servicios atendidos mientras que noviembre concluyó con 385 emergencias.

Benavente Duque pidió a la población evitar en lo posible el uso de pirotecnia; comentó que en caso de utilizarla se debe encender en zonas sin vegetación.

Finalmente, llamó a extremar precauciones con instalaciones eléctricas, evitar sobrecargas y utilizar equipos adecuados.

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Acusan que imputados simulan tortura para justificar delitos

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La titular de la Fiscalía confirma que el recurso busca anular procesos, pero reiteró el trabajo de la unidad especializada para denuncias genuinas 

Por: Redacción

La titular de la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP), María Manuela García Cázares, reconoció que la acusación de tortura es un recurso frecuentemente utilizado por las defensas legales de los imputados, lo que en ocasiones busca retrasar el proceso judicial o generar una vía para evadir la justicia.

La Fiscal señaló que, si bien no se tienen cifras exactas de cuántos casos utilizan este argumento meramente como un “medio defensivo”, el fenómeno es conocido, ya que los imputados buscan aprovecharse de los protocolos de ley.

“Lo utilizan en algunas ocasiones como un medio defensivo… [como saben] que se ha efectuado el protocolo de Estambul, que lleva tiempo, exámenes psicológicos, exámenes médicos. Ello trae consigo un retraso en el proceso,” explicó García Cázares.

La estrategia posterior de algunos imputados es retractarse, argumentando que la acusación fue un intento de justificar supuestas violaciones. Sin embargo, la Fiscal enfatizó que, una vez presentada la denuncia, el Estado tiene la obligación ineludible de investigar

, lo que impide que la parte acusadora simplemente se desista.

La titular de la FGESLP subrayó que la Fiscalía especializada en el tema ha desempeñado una labor significativa para atender las denuncias genuinas.

“Evidentemente que hay casos en los cuales son ciertos, se denuncian y esta fiscalía especializada, pues ha tenido una importante labor”, indicó la funcionaria.

García Cázares mencionó que las denuncias de tortura provienen de diversos cuerpos de seguridad: “Tenemos todo tipo de denuncias, de policías municipales, de de guardia, de de todo tipo.”

El procedimiento obliga a la Fiscalía a localizar a la víctima y realizar los exámenes respectivos sin posibilidad de desistimiento, asegurando que la investigación se realice de manera rigurosa, aunque esto pueda ser usado tácticamente por los imputados.

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SCT endurece regulación al transporte de personal industrial

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Araceli Martínez indicó que su depedencia trabaja en una iniciativa con el Congreso para establecer sanciones penales por contratar transporte ilegal

Por: Redacción

Araceli Martínez Acosta, titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), anunció que este viernes iniciará la capacitación piloto para certificar a operadores del transporte de personal, particularmente aquellos que trabajan en la Zona Industrial, donde —reconoció— persisten accidentes derivados de jornadas laborales excesivas y falta de regulación.

Martínez señaló que muchas empresas prestan el servicio sin estar reguladas, se niegan al registro estatal y han mostrado resistencia histórica a cumplir la normativa. “Estamos prácticamente escribiendo las reglas que nunca han tenido”, afirmó.

La funcionaria reveló que hace 15 días se sostuvo una reunión con el parque Logistik II y la Unión de Usuarios, donde se advirtió directamente a los directores de Recursos Humanos: continuarán los aseguramientos de unidades sin autorización y habrá consecuencias legales

.

“Hay corresponsabilidad de los RH que contratan deliberadamente empresas sin permiso. Están poniendo en riesgo a su capital humano”, expresó.

La SCT ya comenzó el aseguramiento de camiones irregulares: solo este lunes se retuvieron tres unidades más. Aunque reconoció el impacto económico para las empresas, Martínez señaló que el riesgo a la vida pesa más que cualquier afectación en la producción

.

Además, adelantó que antes de finalizar el año se firmará un convenio de colaboración con empresas que se comprometan a contratar únicamente proveedores autorizados y certificados. Con esto se busca ampliar el padrón regulado y establecer tarifas mínimas y máximas que eviten que empresas foráneas compitan con costos bajos gracias a operadores sobreexplotados e incluso menores de edad.

Sobre la posibilidad de concesionar formalmente el transporte de personal, la funcionaria confirmó que es el siguiente paso:
“Ya existen empresarios potosinos con concesiones en esta modalidad; queremos fortalecer a los potosinos y dejar de depender de empresas de otros estados”, señaló.

Finalmente, Martínez informó que la SCT trabaja con el Congreso del Estado en una reforma legal para establecer responsabilidad penal para quienes contraten servicios irregulares que pongan en riesgo a su personal.

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