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El círculo se cierra sobre Juan Manuel Carreras
Las detenciones de varios de sus ex funcionarios hacen preguntarse si el ex gobernador acabará por enfrentar a la justicia
Por: Ana G Silva
El martes, fue detenido Miguel Ángel N., ex secretario de Salud durante el gobierno de Juan Manuel Carreras, quien se encuentra señalado de los probables delitos de uso abusivo de la función pública y asociación delictuosa, por lo que se suma a la lista de funcionarios de la pasada administración que enfrentan un proceso penal por desvío millonario de recursos, entre los que encuentran Jaime N., ex secretario de Seguridad Pública, y Mónica N., ex titular de la Secretaría de Salud y ex candidata a gobernadora por Morena, por lo que el círculo parece cerrarse sobre el ex gobernador. A continuación hacemos un repaso por las acusaciones que han llevado a los funcionarios del ex mandatario a la cárcel:
Miguel Ángel N. podría estar involucrado en el desvío de 32 millones de pesos, durante su gestión desde febrero del año 2021 hasta la culminación de su encomienda.
Mónica N., ex secretaria de Salud de San Luis Potosí y ex candidata de Morena a la gubernatura, fue detenida en el Estado de México el 12 de abril por una presunta compra irregular de 22.4 millones de pesos que debieron ser utilizados para el combate a la pandemia de covid-19, pero acabaron en manos de una empresa regiomontana dedicada a la venta de insecticidas.
La Auditoría Superior del Estado (ASE) detectó la compra hecha por la Secretaría de Salud, mediante asignación directa, a la empresa Public Health Supply and Equipment de México. El movimiento corresponde a la adquisición de 193 tambos de insecticida para el control del dengue en la Huasteca potosina, no obstante, esos recursos estaban etiquetados para la adquisición de insumos contra la pandemia.
Además de la ex titular de los Servicios de Salud, otras tres personas fueron capturadas por dicha operación, por lo que, de resultar responsables, también habrían cometido el delito de asociación delictuosa. Mónica N. pasaría 27 años en la cárcel en caso de demostrarse su culpabilidad.
La organización Ciudadanos Observando indicó que los cargos a Mónica N. solo es la punta del iceberg, ya que hay pruebas del desvío de recursos por más de 800 millones de pesos.
José Luis Ruiz Contreras, fiscal general del estado, informó que el caso de Miguel Ángel N. no se encuentra relacionado con el que se le imputa a la ex funcionaria Mónica N, antecesora del detenido, ya que ocurrieron bajo distintas circunstancias y durante la época en la que cada uno de ellos estuvieron al fr ente de esa Secretaría.
“Es otra diversa adquisición por diverso monto. En el caso de Mónica N. se reclama 22 millones 400 mil pesos, y en el caso del doctor el montó de la reparación del daño oscila en 31 millones y fracción ; son montos diferentes, son adquisiciones diferentes, en diversa época y en otras circunstancias”, afirmó. Además, agregó que la empresa y personal de la misma, que ya se encuentra vinculado a proceso por el otro caso similar, también estaría involucrado en la investigación del ex funcionario.
Otra aprehensión fue la de Jaime N. quien fue detenido el pasado 11 de febrero por la probable comisión de los delitos de ejercicio abusivo de las funciones públicas, ejercicio ilícito de las funciones públicas y uso ilícito de las atribuciones y facultades.
Ruiz Contreras afirmó que la detención del ex secretario de Seguridad podría significar una condena de más de 12 años, ya que se habrían desviado aproximadamente 4 millones de pesos.
De acuerdo con el fiscal, el ex funcionario rentó un inmueble a nombre de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado para oficinas públicas, sin embargo este inmueble tuvo usos personales y pese a ello fue pagado con dinero del erario durante todo el sexenio en su periodo como secretario.
Estos no serían los únicos casos de ex funcionarios que pudieran estar involucrados en hechos de corrupción de la pasada administración estatal, pues próximamente podrían ser aprehendidos quienes estuvieron implicados en el proyecto del metrobús; también se debe recordar que el 14 de marzo Daniel Pedroza Gaitán, ex secretario de Finanzas, supuestamente solicitó un amparo contra posibles órdenes de aprehensión por presuntos desvíos de recursos durante la campaña de su hermano Octavio Pedroza a la gubernatura del estado, luego que las autoridades estatales presentaron una denuncia en su contra.
Recientemente la Dirección General del Colegio de Bachilleres de San Luis Potosí presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) por el desvío de más de 160 millones de pesos correspondientes al pago del Impuesto Sobre la Renta (ISR) al interior de la institución en la pasada administración estatal encabezada por Juan Manuel Carreras.
Parece difícil creer que Carreras López no estaba al tanto de todas estas situaciones, más si se considera que las irregularidades se cometieron en dos áreas prioritarias, como la salud y la seguridad, mientras que la otra ocurrió en Educación, donde él había sido antes secretario.
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Gallardo y Harfuch de la mano en estrategia de seguridad
Ricardo Gallardo y Omar García Harfuch acordaron más presencia operativa en carreteras, zonas estratégicas y puntos prioritarios del Estado
Por: Redacción
El gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, destacó que con esta coordinación se busca mantener a San Luis Potosí como uno de los estados más seguros del país, durante la reunión de trabajo que sostuvo con el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno de México, Omar García Harfuch, en la que acordaron ampliar los operativos conjuntos en el Estado, con mayor presencia en carreteras principales, caminos estatales y zonas estratégicas, además de más fuerzas de reacción de la Guardia Nacional, Defensa, corporaciones estatales y fiscalías.
Durante el encuentro, el mandatario Estatal destacó que la coordinación con la Federación es la ruta correcta para mantener a San Luis Potosí a la baja en delitos de alto impacto, preservar la paz social y garantizar mayor seguridad para las familias potosinas en las cuatro regiones del Estado.
Ricardo Gallardo Cardona señaló que San Luis Potosí mantiene comunicación directa con las autoridades federales para dar seguimiento a operativos, objetivos prioritarios y acciones de vigilancia
, con especial atención en zonas de alta movilidad, crecimiento económico, actividad carretera y puntos donde se requiere presencia institucional permanente.El gobernador afirmó que el trabajo conjunto con Omar García Harfuch y las instituciones federales confirma que San Luis Potosí avanza con una estrategia seria, operativa y de resultados, basada en inteligencia, coordinación y capacidad de reacción para proteger a la ciudadanía.
Finalmente, Gallardo Cardona reiteró que su Gobierno continuará trabajando de la mano con la Federación para ampliar la presencia de seguridad, mejorar la respuesta institucional y mantener la disminución de delitos de alto impacto en beneficio de las familias potosinas.
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TEESLP advierte: las campañas de 2027 llegarán sin reglas para el uso de IA
Dennise Porras advirtió que la legislación electoral no contempla disposiciones sobre el uso de inteligencia artificial en campañas políticas
Por: Redacción
La elección de 2027 en San Luis Potosí llegará sin un marco jurídico que regule el uso de inteligencia artificial en las campañas políticas. Así lo advirtió Dennise Porras Guerrero, magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Estado de San Luis Potosí (TEESLP).
“No hay un marco jurídico ni robusto ni débil, porque simplemente no existe”, afirmó Porras Guerrero a Pulso. La magistrada señaló que la legislación electoral vigente no contempla disposiciones sobre inteligencia artificial aplicada a las campañas, ni sobre el metaverso, los avatares o los contenidos generados mediante estas herramientas.
Ante ese vacío, el Tribunal deberá resolver las controversias que se presenten durante el proceso electoral con base en los criterios jurisdiccionales existentes y los precedentes que emita la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), conforme lleguen las denuncias o medios de impugnación.
Porras Guerrero sostuvo que la ausencia de regulación no implica restringir derechos como la libertad de expresión , pero sí evidencia la necesidad de contar con reglas que otorguen certeza jurídica frente al uso de nuevas tecnologías. Ignorar el fenómeno, subrayó, “no es una opción”, dado el crecimiento del entorno digital en los procesos electorales.
El reto tecnológico se suma a una presión operativa que el propio Tribunal ya había reconocido. En junio, la magistrada presidenta informó a que el TEESLP buscará elevar su presupuesto de 32.5 a cerca de 45 millones de pesos para el próximo ejercicio fiscal, ante la necesidad de reforzar su plantilla —actualmente reducida— y contratar personal eventual para la carga electoral. “Estamos a contrarreloj”, reconoció entonces.
Las reformas político-electorales prevén además que el proceso local de 2027 arranque el 15 de noviembre, lo que acorta los tiempos de preparación.
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Sedesore verifica entregas para frenar duplicidad de “Tekmol”
Sedesore reiteró que los programas deben entregarse directamente a los beneficiarios, sin intermediarios
Por: Redacción
La Secretaría de Desarrollo Social y Regional (Sedesore) dijo que da seguimiento a las denuncias de duplicidad en la entrega de despensas en Ciudad Valles y que verifica cada entrega para evitar que los apoyos se repliquen. “Ese tema lo revisamos: la intención de las entregas es verificar toda la entrega y que no se puedan duplicar todos los espacios”, afirmó María del Rosario Martínez Galarza, titular de la dependencia. Los señalamientos apuntan a José Luis Romero Calzada, conocido como “El Tekmol”, quien en video se ha atribuido la entrega de despensas de programas estatales en ese municipio.
El Tribunal Electoral del Estado de San Luis Potosí cuenta con diez días hábiles, a partir de finales de junio, para iniciar procedimientos contra Romero Calzada y otros dos integrantes del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Gabriela Martínez Lárraga y David Medina Avendaño, luego de una denuncia presentada por el Partido Revolucionario Institucional (PRI). César González García, presidente del Comité Directivo Municipal del PRI en Ciudad Valles, dijo que el equipo jurídico del partido seguirá aportando evidencia para fortalecer la denuncia.
Días antes, el secretario general del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional (PAN), Carlos Enrique Dahud Uresti, había exigido que se investigue la entrega de despensas por parte de personajes políticos que no son funcionarios estatales, entre ellos Romero Calzada y el diputado federal Óscar Bautista Villegas. “No sabemos si se las entrega el DIF o la Sedesore; está documentado y vemos que le llegan tráileres de este tipo”, declaró Dahud Uresti sobre el caso de Ciudad Valles.
No es la primera vez que Romero Calzada es señalado por repartir apoyos sociales atribuidos al gobierno estatal. En julio de 2025, tras difundir en redes sociales que recibiría 15 mil despensas mensuales del programa de Seguridad Alimentaria para distribuirlas él mismo, Sedesore emitió un comunicado en el que aclaró que los apoyos se entregan de manera directa a los beneficiarios, sin intermediarios, y que quien se ostente como “enlace” en la distribución incurre en faltas a la ley.
Un año después, con una denuncia electoral en curso, Sedesore sostiene la misma línea: verificar cada entrega para blindarla de duplicidad, aunque hasta ahora no ha señalado directamente a Romero Calzada ni precisado qué medidas tomará frente a la denuncia que ya tiene el Tribunal Electoral.
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