enero 14, 2026

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El círculo se cierra sobre Juan Manuel Carreras

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Las detenciones de varios de sus ex funcionarios hacen preguntarse si el ex gobernador acabará por enfrentar a la justicia

Por: Ana G Silva

El martes, fue detenido Miguel Ángel N., ex secretario de Salud durante el gobierno de Juan Manuel Carreras, quien se encuentra señalado de los probables delitos de uso abusivo de la función pública y asociación delictuosa, por lo que se suma a la lista de funcionarios de la pasada administración que enfrentan un proceso penal por desvío millonario de recursos, entre los que encuentran Jaime N., ex secretario de Seguridad Pública, y Mónica N., ex titular de la Secretaría de Salud y ex candidata a gobernadora por Morena, por lo que el círculo parece cerrarse sobre el ex gobernador. A continuación hacemos un repaso por las acusaciones que han llevado a los funcionarios del ex mandatario a la cárcel:

Miguel Ángel N. podría estar involucrado en el desvío de 32 millones de pesos, durante su gestión desde febrero del año 2021 hasta la culminación de su encomienda.

Mónica N., ex secretaria de Salud de San Luis Potosí y ex candidata de Morena a la gubernatura, fue detenida en el Estado de México el 12 de abril por una presunta compra irregular de 22.4 millones de pesos que debieron ser utilizados para el combate a la pandemia de covid-19, pero acabaron en manos de una empresa regiomontana dedicada a la venta de insecticidas.

La Auditoría Superior del Estado (ASE) detectó la compra hecha por la Secretaría de Salud, mediante asignación directa, a la empresa Public Health Supply and Equipment de México. El movimiento corresponde a la adquisición de 193 tambos de insecticida para el control del dengue en la Huasteca potosina, no obstante, esos recursos estaban etiquetados para la adquisición de insumos contra la pandemia.

Además de la ex titular de los Servicios de Salud, otras tres personas fueron capturadas por dicha operación, por lo que, de resultar responsables, también habrían cometido el delito de asociación delictuosa. Mónica N. pasaría 27 años en la cárcel en caso de demostrarse su culpabilidad.

La organización Ciudadanos Observando indicó que los cargos a Mónica N. solo es la punta del iceberg, ya que hay pruebas del desvío de recursos por más de 800 millones de pesos.

José Luis Ruiz Contreras, fiscal general del estado, informó que el caso de Miguel Ángel N. no se encuentra relacionado con el que se le imputa a la ex funcionaria Mónica N, antecesora del detenido, ya que ocurrieron bajo distintas circunstancias y durante la época en la que cada uno de ellos estuvieron al fr ente de esa Secretaría.

“Es otra diversa adquisición por diverso monto. En el caso de Mónica N. se reclama 22 millones 400 mil pesos, y en el caso del doctor el montó de la reparación del daño oscila en 31 millones y fracción

; son montos diferentes, son adquisiciones diferentes, en diversa época y en otras circunstancias”, afirmó. Además, agregó que la empresa y personal de la misma, que ya se encuentra vinculado a proceso por el otro caso similar, también estaría involucrado en la investigación del ex funcionario.

Otra aprehensión fue la de Jaime N. quien fue detenido el pasado 11 de febrero por la probable comisión de los delitos de ejercicio abusivo de las funciones públicas, ejercicio ilícito de las funciones públicas y uso ilícito de las atribuciones y facultades.

Ruiz Contreras afirmó que la detención del ex secretario de Seguridad podría significar una condena de más de 12 años, ya que se habrían desviado aproximadamente 4 millones de pesos.

De acuerdo con el fiscal, el ex funcionario rentó un inmueble a nombre de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado para oficinas públicas, sin embargo este inmueble tuvo usos personales y pese a ello fue pagado con dinero del erario durante todo el sexenio en su periodo como secretario.

Estos no serían los únicos casos de ex funcionarios que pudieran estar involucrados en hechos de corrupción de la pasada administración estatal, pues próximamente podrían ser aprehendidos quienes estuvieron implicados en el proyecto del metrobús; también se debe recordar que el 14 de marzo Daniel Pedroza Gaitán, ex secretario de Finanzas, supuestamente solicitó un amparo contra posibles órdenes de aprehensión por presuntos desvíos de recursos durante la campaña de su hermano Octavio Pedroza a la gubernatura del estado, luego que las autoridades estatales presentaron una denuncia en su contra.

Recientemente la Dirección General del Colegio de Bachilleres de San Luis Potosí presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) por el desvío de más de 160 millones de pesos correspondientes al pago del Impuesto Sobre la Renta (ISR) al interior de la institución en la pasada administración estatal encabezada por Juan Manuel Carreras.

Parece difícil creer que Carreras López no estaba al tanto de todas estas situaciones, más si se considera que las irregularidades se cometieron en dos áreas prioritarias, como la salud y la seguridad, mientras que la otra ocurrió en Educación, donde él había sido antes secretario.

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Diputados reaccionan al veto a la Ley Gobernadora

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La propuesta se frenó el lunes por la noche después de que el gobernador Ricardo Gallardo ejerciera su derecho de veto

Por: Redacción

Después de que la noche del lunes, Ricardo Gallardo Cardona, gobernador de San Luis Potosí, ejerciera su derecho de veto de la llamada “Ley Gobernadora”, los funcionarios públicos han empezado a reaccionar ante el decreto.

Aranza Puente Bustindui, diputada local por el PAN, dijo estar a favor de la ley al promover la alternancia de género en los puestos políticos, pero puntualizó que la estarán revisando a fondo en los próximos días para re alizar los ajustes necesarios.

Puente Bustindui había sido de las pocas diputadas de oposición que votó a favor de la ley, y en su momento levantó la mano para representar al Partido Acción Nacional en las próximas elecciones para la gubernatura.

Por su parte, Héctor Serrano Cortés, presidente de la Comisión de Gobernación del Congreso del Estado, señaló que la iniciativa se sigue analizando, pero que el Partido Verde no necesita ninguna ley especial para ganar las elecciones.

Mientras que la legisladora por el Partido del Trabajo, Leticia Vázquez Hernández, presidenta de la Comisión Primera de Justicia del Congreso del Estado, señaló que el veto permitirá una revisión profunda sobre su constitucionalidad.

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Red Metro seguirá siendo gratuita en 2026 y ampliará su horario

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Ricardo Gallardo también anunció más apoyos para madres solteras y personas cuidadoras en el tema de transporte público

Por: Redacción

Ricardo Gallardo Cardona, gobernador de San Luis Potosí, aseguró que el Gobierno del Estado reforzará los apoyos al transporte público para evitar que un eventual ajuste tarifario afecte a los sectores más vulnerables de la población, al tiempo que confirmó la permanencia de la Red Metro totalmente gratuita durante todo 2026.

En referencia a lo señalado por la titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), Araceli Martínez Acosta, el mandatario estatal indicó que madres solteras, personas cuidadoras y otros sectores prioritarios recibirán mayores apoyos, lo que les permitirá acceder al transporte de manera gratuita.

Gallardo Cardona anunció además la apertura de dos nuevas líneas de Red Metro en San Luis Potosí, como parte de la estrategia para ampliar la cobertura y mejorar la movilidad en la zona metropolitana. Reiteró que este sistema de transporte no tendrá costo alguno durante este año.

Uno de los anuncios más relevantes fue la ampliación del horario de operación de la Red Metro, que ahora funcionará hasta las 22:00 horas, con el objetivo de facilitar los traslados nocturnos de trabajadores, estudiantes y familias.

En el mismo tema, el gobernador recordó que recientemente se concretó la renovación de 100 unidades de transporte público, y subrayó que la meta de su administración es renovar la totalidad del parque vehicular, para ofrecer un servicio más seguro, digno y eficiente para las y los potosinos.

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Trump declara que Estados Unidos no requiere del T-MEC

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La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que quienes más defienden al TMEC son los empresarios norteamericanos

Por: Roberto Mendoza

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que su administración no necesita el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) para cumplir sus objetivos económicos. 

Durante un recorrido por la planta de Ford en Dearborn, Michigan, el mandatario calificó el acuerdo como irrelevante y señaló que la prioridad de su gestión es la fabricación local de vehículos, prescindiendo de las unidades ensambladas en México. 

Estas declaraciones se dan previo a la revisión programada del pacto comercial establecida en el artículo 34.7 del tratado, cuya sesión formal está prevista para el mes de julio de 2026.

​El Center for Strategic and International Studies (CSIS) señala en su análisis técnico que la postura de la Casa Blanca busca obtener concesiones en defensa continental, control migratorio y reducción del tráfico de fentanilo

a cambio de renovar el pacto hasta 2042. 

El reporte indica que el gobierno estadounidense evalúa sustituir el esquema trilateral por marcos comerciales bilaterales, lo que facilitaría la aplicación de aranceles a productos que no cumplan con las nuevas reglas de origen o que resulten de procesos de deslocalización industrial. 

Esta estrategia operativa utiliza la revisión de 2026 como un mecanismo de presión para modificar los flujos de inversión en la región de América del Norte.

​La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, sostuvo que su administración no planea retirarse del acuerdo y que el proceso actual es una revisión técnica ordinaria para dar certidumbre a las exportaciones.

Esta mañana la presidenta, en la mañanera aseguró que quienes más defienden al TMEC son los empresarios norteamericanos, incluso qué las tres economías están muy interrelacionados. 

La postura oficial mexicana subraya que el marco legal vigente es fundamental para la estabilidad económica regional, pese a que el flujo comercial enfrenta actualmente aranceles del 25 por ciento en productos no certificados.

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