enero 26, 2026

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El círculo se cierra sobre Juan Manuel Carreras

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Las detenciones de varios de sus ex funcionarios hacen preguntarse si el ex gobernador acabará por enfrentar a la justicia

Por: Ana G Silva

El martes, fue detenido Miguel Ángel N., ex secretario de Salud durante el gobierno de Juan Manuel Carreras, quien se encuentra señalado de los probables delitos de uso abusivo de la función pública y asociación delictuosa, por lo que se suma a la lista de funcionarios de la pasada administración que enfrentan un proceso penal por desvío millonario de recursos, entre los que encuentran Jaime N., ex secretario de Seguridad Pública, y Mónica N., ex titular de la Secretaría de Salud y ex candidata a gobernadora por Morena, por lo que el círculo parece cerrarse sobre el ex gobernador. A continuación hacemos un repaso por las acusaciones que han llevado a los funcionarios del ex mandatario a la cárcel:

Miguel Ángel N. podría estar involucrado en el desvío de 32 millones de pesos, durante su gestión desde febrero del año 2021 hasta la culminación de su encomienda.

Mónica N., ex secretaria de Salud de San Luis Potosí y ex candidata de Morena a la gubernatura, fue detenida en el Estado de México el 12 de abril por una presunta compra irregular de 22.4 millones de pesos que debieron ser utilizados para el combate a la pandemia de covid-19, pero acabaron en manos de una empresa regiomontana dedicada a la venta de insecticidas.

La Auditoría Superior del Estado (ASE) detectó la compra hecha por la Secretaría de Salud, mediante asignación directa, a la empresa Public Health Supply and Equipment de México. El movimiento corresponde a la adquisición de 193 tambos de insecticida para el control del dengue en la Huasteca potosina, no obstante, esos recursos estaban etiquetados para la adquisición de insumos contra la pandemia.

Además de la ex titular de los Servicios de Salud, otras tres personas fueron capturadas por dicha operación, por lo que, de resultar responsables, también habrían cometido el delito de asociación delictuosa. Mónica N. pasaría 27 años en la cárcel en caso de demostrarse su culpabilidad.

La organización Ciudadanos Observando indicó que los cargos a Mónica N. solo es la punta del iceberg, ya que hay pruebas del desvío de recursos por más de 800 millones de pesos.

José Luis Ruiz Contreras, fiscal general del estado, informó que el caso de Miguel Ángel N. no se encuentra relacionado con el que se le imputa a la ex funcionaria Mónica N, antecesora del detenido, ya que ocurrieron bajo distintas circunstancias y durante la época en la que cada uno de ellos estuvieron al fr ente de esa Secretaría.

“Es otra diversa adquisición por diverso monto. En el caso de Mónica N. se reclama 22 millones 400 mil pesos, y en el caso del doctor el montó de la reparación del daño oscila en 31 millones y fracción

; son montos diferentes, son adquisiciones diferentes, en diversa época y en otras circunstancias”, afirmó. Además, agregó que la empresa y personal de la misma, que ya se encuentra vinculado a proceso por el otro caso similar, también estaría involucrado en la investigación del ex funcionario.

Otra aprehensión fue la de Jaime N. quien fue detenido el pasado 11 de febrero por la probable comisión de los delitos de ejercicio abusivo de las funciones públicas, ejercicio ilícito de las funciones públicas y uso ilícito de las atribuciones y facultades.

Ruiz Contreras afirmó que la detención del ex secretario de Seguridad podría significar una condena de más de 12 años, ya que se habrían desviado aproximadamente 4 millones de pesos.

De acuerdo con el fiscal, el ex funcionario rentó un inmueble a nombre de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado para oficinas públicas, sin embargo este inmueble tuvo usos personales y pese a ello fue pagado con dinero del erario durante todo el sexenio en su periodo como secretario.

Estos no serían los únicos casos de ex funcionarios que pudieran estar involucrados en hechos de corrupción de la pasada administración estatal, pues próximamente podrían ser aprehendidos quienes estuvieron implicados en el proyecto del metrobús; también se debe recordar que el 14 de marzo Daniel Pedroza Gaitán, ex secretario de Finanzas, supuestamente solicitó un amparo contra posibles órdenes de aprehensión por presuntos desvíos de recursos durante la campaña de su hermano Octavio Pedroza a la gubernatura del estado, luego que las autoridades estatales presentaron una denuncia en su contra.

Recientemente la Dirección General del Colegio de Bachilleres de San Luis Potosí presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) por el desvío de más de 160 millones de pesos correspondientes al pago del Impuesto Sobre la Renta (ISR) al interior de la institución en la pasada administración estatal encabezada por Juan Manuel Carreras.

Parece difícil creer que Carreras López no estaba al tanto de todas estas situaciones, más si se considera que las irregularidades se cometieron en dos áreas prioritarias, como la salud y la seguridad, mientras que la otra ocurrió en Educación, donde él había sido antes secretario.

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Caso Rich: ya son ocho las víctimas que otorgaron el perdón

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Cuatro víctimas —incluidas las familias de los jóvenes fallecidos— mantienen su postura de seguir en juicio

Por: Redacción

La audiencia intermedia del caso Rich continúa prolongándose, luego de que ocho de las 12 víctimas han otorgado el perdón legal a los imputados, a cambio de una reparación del daño, informó la autoridad judicial.

De acuerdo con El Sol de San Luis, el pasado viernes 23 de enero se llevó a cabo una nueva audiencia relacionada con el caso ocurrido el 7 de junio de 2024, cuando la ruptura de un barandal de vidrio templado provocó la caída de una docena de jóvenes desde el segundo piso de la plaza Alttus, en la zona poniente de la capital potosina. El hecho dejó como saldo dos jóvenes fallecidos y al menos diez personas lesionadas.

Durante la diligencia más reciente, tres víctimas que sufrieron lesiones de diversa consideración otorgaron el perdón a Nancy, Francisco y Ulises, quienes permanecen detenidos como presuntos responsables del accidente. Con ello, suman ocho víctimas que han accedido a un acuerdo reparatorio.

De acuerdo con la información presentada en audiencia, los acuerdos de reparación del daño alcanzados hasta el momento superan un millón 600 mil pesos

, con montos variables según la gravedad de las lesiones sufridas por cada víctima.

Sin embargo, cuatro víctimas mantienen su postura de continuar con el proceso judicial. Se trata de dos personas que resultaron gravemente lesionadas y que presentan secuelas permanentes, así como de las familias de Manuel Alejandro y Rodrigo, los dos jóvenes que perdieron la vida en el incidente.

Estas víctimas, además, sostienen una demanda ante el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa contra funcionarios municipales y estatales, a quienes consideran corresponsables del accidente, al señalar que el establecimiento operaba de manera irregular.

Tras la suspensión derivada del otorgamiento de nuevos perdones, se determinó que la audiencia intermedia continuará el próximo 20 de febrero, mientras las partes analizan posibles acuerdos y la situación jurídica de los imputados sigue en revisión.

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Ciudad

Reportan caída de árbol en Uresti

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El incidente ya fue atendido por personal de Protección Civil Municipal, y no se registraron personas lesionadas

Por: Redacción

Elementos del Área Operativa de la Dirección Municipal de Protección Civil atendieron la caída de un árbol registrada en la calle de Uresti, en el Centro Histórico de la ciudad, derivada de las ráfagas de viento provocadas por el paso del frente frío número 30.

El incidente ocasionó daños materiales a un vehículo estacionado; sin embargo, no se reportaron personas lesionadas. Las labores de atención y retiro se realizaron de manera oportuna, permitiendo restablecer las condiciones de seguridad en el primer cuadro de la ciudad.

Protección Civil lanzó un llamado a la población a seguir las recomendaciones emitidas por las autoridades y evitar exponerse a los fuertes vientos, priorizando en todo momento la prevención.

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Estrategia de guerra 2026 de EE. UU. prevé operaciones contra cárteles en el extranjero

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La nueva Estrategia de Defensa Nacional 2026 formaliza la intervención armada contra grupos narcoterroristas en territorio internacional

Por: Roberto Mendoza

El Departamento de Guerra de Estados Unidos publicó su Estrategia de Defensa Nacional (NDS), la cual faculta el despliegue de fuerzas armadas para combatir organizaciones criminales transnacionales en el extranjero.

Esta disposición técnica responde a la orden ejecutiva del 5 de septiembre de 2025 que restituyó la denominación de “Guerra” a la dependencia, un término utilizado originalmente entre 1789 y 1947.

El documento establece que la seguridad nacional ahora incluye la neutralización de amenazas externas que afecten la integridad fronteriza y la estabilidad regional.

​La operatividad de este plan se sustenta en la clasificación oficial de los cárteles de la droga como entidades narcoterroristas

, categoría que habilita el uso de activos militares y operaciones especiales de carácter unilateral.

La estrategia proyecta un gasto de 1.5 billones de dólares para el ciclo fiscal 2027, destinados al desarrollo del sistema antimisiles “Domo Dorado” y la modernización de la base industrial de defensa.

Los lineamientos operativos transfieren funciones de vigilancia fronteriza, anteriormente civiles, al mando militar para asegurar el sellado de los límites territoriales bajo criterios de defensa propia.

​La versión oficial de la entidad justifica estas medidas como una transición hacia una postura de victoria ofensiva frente a riesgos no convencionales y la influencia de potencias extracontinentales en el hemisferio.

El marco legal se basa en el denominado “Corolario Trump” a la Doctrina Monroe, el cual prioriza el interés nacional sobre los acuerdos multilaterales previos.

La consecuencia administrativa inmediata es la integración de la inteligencia militar en la persecución de delitos transfronterizos, lo que permite la intervención en cualquier nación donde se identifique la presencia de los grupos designados como terroristas.

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