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El círculo se cierra sobre Juan Manuel Carreras
Las detenciones de varios de sus ex funcionarios hacen preguntarse si el ex gobernador acabará por enfrentar a la justicia
Por: Ana G Silva
El martes, fue detenido Miguel Ángel N., ex secretario de Salud durante el gobierno de Juan Manuel Carreras, quien se encuentra señalado de los probables delitos de uso abusivo de la función pública y asociación delictuosa, por lo que se suma a la lista de funcionarios de la pasada administración que enfrentan un proceso penal por desvío millonario de recursos, entre los que encuentran Jaime N., ex secretario de Seguridad Pública, y Mónica N., ex titular de la Secretaría de Salud y ex candidata a gobernadora por Morena, por lo que el círculo parece cerrarse sobre el ex gobernador. A continuación hacemos un repaso por las acusaciones que han llevado a los funcionarios del ex mandatario a la cárcel:
Miguel Ángel N. podría estar involucrado en el desvío de 32 millones de pesos, durante su gestión desde febrero del año 2021 hasta la culminación de su encomienda.
Mónica N., ex secretaria de Salud de San Luis Potosí y ex candidata de Morena a la gubernatura, fue detenida en el Estado de México el 12 de abril por una presunta compra irregular de 22.4 millones de pesos que debieron ser utilizados para el combate a la pandemia de covid-19, pero acabaron en manos de una empresa regiomontana dedicada a la venta de insecticidas.
La Auditoría Superior del Estado (ASE) detectó la compra hecha por la Secretaría de Salud, mediante asignación directa, a la empresa Public Health Supply and Equipment de México. El movimiento corresponde a la adquisición de 193 tambos de insecticida para el control del dengue en la Huasteca potosina, no obstante, esos recursos estaban etiquetados para la adquisición de insumos contra la pandemia.
Además de la ex titular de los Servicios de Salud, otras tres personas fueron capturadas por dicha operación, por lo que, de resultar responsables, también habrían cometido el delito de asociación delictuosa. Mónica N. pasaría 27 años en la cárcel en caso de demostrarse su culpabilidad.
La organización Ciudadanos Observando indicó que los cargos a Mónica N. solo es la punta del iceberg, ya que hay pruebas del desvío de recursos por más de 800 millones de pesos.
José Luis Ruiz Contreras, fiscal general del estado, informó que el caso de Miguel Ángel N. no se encuentra relacionado con el que se le imputa a la ex funcionaria Mónica N, antecesora del detenido, ya que ocurrieron bajo distintas circunstancias y durante la época en la que cada uno de ellos estuvieron al fr ente de esa Secretaría.
“Es otra diversa adquisición por diverso monto. En el caso de Mónica N. se reclama 22 millones 400 mil pesos, y en el caso del doctor el montó de la reparación del daño oscila en 31 millones y fracción ; son montos diferentes, son adquisiciones diferentes, en diversa época y en otras circunstancias”, afirmó. Además, agregó que la empresa y personal de la misma, que ya se encuentra vinculado a proceso por el otro caso similar, también estaría involucrado en la investigación del ex funcionario.
Otra aprehensión fue la de Jaime N. quien fue detenido el pasado 11 de febrero por la probable comisión de los delitos de ejercicio abusivo de las funciones públicas, ejercicio ilícito de las funciones públicas y uso ilícito de las atribuciones y facultades.
Ruiz Contreras afirmó que la detención del ex secretario de Seguridad podría significar una condena de más de 12 años, ya que se habrían desviado aproximadamente 4 millones de pesos.
De acuerdo con el fiscal, el ex funcionario rentó un inmueble a nombre de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado para oficinas públicas, sin embargo este inmueble tuvo usos personales y pese a ello fue pagado con dinero del erario durante todo el sexenio en su periodo como secretario.
Estos no serían los únicos casos de ex funcionarios que pudieran estar involucrados en hechos de corrupción de la pasada administración estatal, pues próximamente podrían ser aprehendidos quienes estuvieron implicados en el proyecto del metrobús; también se debe recordar que el 14 de marzo Daniel Pedroza Gaitán, ex secretario de Finanzas, supuestamente solicitó un amparo contra posibles órdenes de aprehensión por presuntos desvíos de recursos durante la campaña de su hermano Octavio Pedroza a la gubernatura del estado, luego que las autoridades estatales presentaron una denuncia en su contra.
Recientemente la Dirección General del Colegio de Bachilleres de San Luis Potosí presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) por el desvío de más de 160 millones de pesos correspondientes al pago del Impuesto Sobre la Renta (ISR) al interior de la institución en la pasada administración estatal encabezada por Juan Manuel Carreras.
Parece difícil creer que Carreras López no estaba al tanto de todas estas situaciones, más si se considera que las irregularidades se cometieron en dos áreas prioritarias, como la salud y la seguridad, mientras que la otra ocurrió en Educación, donde él había sido antes secretario.
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Denuncian falta de agua y clima de hostigamiento en oficinas del IMSS
En redes sociales también surgieron denuncias de presuntas represalias laborales
Por: Redacción
Trabajadores de la Subdelegación Oriente del IMSS en San Luis Potosí denunciaron en redes sociales que desde el pasado lunes permanecen sin servicio de agua potable en las oficinas administrativas ubicadas sobre avenida Universidad, en la colonia El Paseo, situación que ha provocado afectaciones en las condiciones laborales y el funcionamiento básico del inmueble.
De acuerdo con testimonios enviados por empleados, la falta de agua dejó fuera de servicio los sanitarios y obligó al personal a continuar sus actividades en condiciones complicadas mientras la administración buscaba resolver el problema.
“Hola buen día, se les informa que no se cuenta con agua en la subdelegación, los baños estarán fuera de servicio, estamos checando para que se restablezca el servicio pronto”, señala uno de los mensajes internos difundidos entre trabajadores.
Según las denuncias, inicialmente se habló de un posible problema administrativo relacionado con el pago del servicio, aunque posteriormente comenzó a circular entre el personal la versión de que existiría una falla en las bombas del sistema hidráulico.
Trabajadores señalaron que, pese a la falta de agua, personal sindicalizado y de confianza continuó laborando dentro de las instalaciones.
Los empleados indicaron además que durante la mañana del martes se gestionó el envío de una pipa para abastecer temporalmente la cisterna y restablecer parcialmente las operaciones del inmueble.
La subdelegación estaría bajo la responsabilidad de Nereyda Covarrubias Rubio, según mencionaron los denunciantes. Paralelamente, en redes sociales comenzaron a difundirse mensajes de inconformidad por presuntas represalias contra trabajadores que denuncian situaciones internas dentro del IMSS.
Uno de los testimonios publicados corresponde a la enfermera especialista Leticia Ávila González, quien aseguró haber sido rescindida laboralmente tras denunciar públicamente presuntos actos de violencia, acoso y hostigamiento dentro de la institución.
“Es lamentable que el sindicato no defienda a sus trabajadores… no sigan permitiendo que se vulneren sus derechos”, escribió la trabajadora en una publicación difundida en redes sociales.
En otro mensaje compartido entre empleados del instituto, se acusa que mientras a nivel nacional pueden cuestionarse públicamente las deficiencias del IMSS, dentro de la delegación estatal existirían sanciones para quienes señalan directamente a funcionarios locales o personal de confianza.
Los testimonios también cuestionan el actuar del sindicato y denuncian un ambiente de miedo entre la base trabajadora.
Hasta el momento, el IMSS no ha emitido una postura oficial sobre la falta de agua en la Subdelegación Oriente ni sobre las acusaciones difundidas por trabajadores en redes sociales.
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Embargan primaria en Valles por juicio laboral de maestra despedida
Fueron asegurados equipos de cómputo, aires acondicionados y cuentas bancarias
Por: Redacción
La ejecución de un laudo laboral derivó este martes en el embargo de bienes dentro de la escuela primaria Antero G. González, en Ciudad Valles, luego de que una maestra de inglés obtuviera una sentencia favorable por despido injustificado y falta de pago de prestaciones laborales.
De acuerdo con el abogado de la docente, Matilde Hernández, el tribunal laboral ya había emitido una resolución definitiva desde febrero de 2026, en la que se ordenó cubrir salarios caídos, prestaciones, cuotas ante el Seguro Social y además reinstalar a la trabajadora en su puesto.
Sin embargo, al no cumplirse la sentencia, personal judicial acudió al plantel educativo para ejecutar el embargo de diversos bienes propiedad de la institución y de la sociedad de padres de familia.
Entre los bienes asegurados se encuentran equipos de cómputo, aires acondicionados y cuentas bancarias, los cuales podrían ser rematados o intervenidos legalmente si continúa el incumplimiento.
El litigante explicó que la maestra fue separada de su cargo en 2024 y señaló que la decisión habría sido tomada por el director del plantel, Xenón Hernández Hernández, a quien calificó como el “autor intelectual” del despido.
Asimismo, indicó que el adeudo continúa creciendo debido a salarios caídos y otras prestaciones acumuladas, por lo que actualmente la cantidad reclamada supera los 507 mil pesos.
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Soledad no será el único: anuncian más centros gratuitos de hemodiálisis en SLP
El proyecto busca apoyar a pacientes renales que actualmente enfrentan altos costos y largos traslados
Por: Redacción
Ricardo Gallardo Cardona, gobernador de San Luis Potosí, informó que ya iniciaron los estudios para la construcción de los primeros dos centros de hemodiálisis gratuitos en la entidad, los cuales estarán ubicados en Soledad de Graciano Sánchez y Tamazunchale, aunque adelantó que el proyecto contempla expandirse a todas las regiones del estado.
El mandatario estatal explicó que la intención es crear una red de atención para pacientes renales que permita acercar tratamientos especializados a personas que actualmente enfrentan altos costos médicos y largos traslados para recibir atención.
“La idea es contar con al menos un centro de hemodiálisis en cada región del estado”, adelantó.
Gallardo recordó que la semana pasada ya había anunciado la instalación de una clínica especializada dentro de una Clínica Rosa en Soledad de Graciano Sánchez; sin embargo, ahora confirmó que el proyecto no se limitará a la zona metropolitana y comenzará también en la Huasteca potosina , específicamente en Tamazunchale.
En el caso de Soledad, el nuevo centro de hemodiálisis se instalaría en el inmueble que anteriormente funcionaba como Unidad Administrativa Municipal, luego de que el ayuntamiento trasladara sus oficinas a un nuevo complejo sobre avenida San Pedro.
El gobernador detalló que el espacio será reacondicionado para funcionar como unidad médica especializada y contará inicialmente con al menos cuatro máquinas de hemodiálisis, con capacidad para atender a pacientes del municipio y zonas cercanas.
Además, señaló que el Ayuntamiento de Soledad apoyará con la adquisición de medicamentos necesarios para los tratamientos.
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