junio 5, 2026

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El círculo se cierra sobre Juan Manuel Carreras

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Las detenciones de varios de sus ex funcionarios hacen preguntarse si el ex gobernador acabará por enfrentar a la justicia

Por: Ana G Silva

El martes, fue detenido Miguel Ángel N., ex secretario de Salud durante el gobierno de Juan Manuel Carreras, quien se encuentra señalado de los probables delitos de uso abusivo de la función pública y asociación delictuosa, por lo que se suma a la lista de funcionarios de la pasada administración que enfrentan un proceso penal por desvío millonario de recursos, entre los que encuentran Jaime N., ex secretario de Seguridad Pública, y Mónica N., ex titular de la Secretaría de Salud y ex candidata a gobernadora por Morena, por lo que el círculo parece cerrarse sobre el ex gobernador. A continuación hacemos un repaso por las acusaciones que han llevado a los funcionarios del ex mandatario a la cárcel:

Miguel Ángel N. podría estar involucrado en el desvío de 32 millones de pesos, durante su gestión desde febrero del año 2021 hasta la culminación de su encomienda.

Mónica N., ex secretaria de Salud de San Luis Potosí y ex candidata de Morena a la gubernatura, fue detenida en el Estado de México el 12 de abril por una presunta compra irregular de 22.4 millones de pesos que debieron ser utilizados para el combate a la pandemia de covid-19, pero acabaron en manos de una empresa regiomontana dedicada a la venta de insecticidas.

La Auditoría Superior del Estado (ASE) detectó la compra hecha por la Secretaría de Salud, mediante asignación directa, a la empresa Public Health Supply and Equipment de México. El movimiento corresponde a la adquisición de 193 tambos de insecticida para el control del dengue en la Huasteca potosina, no obstante, esos recursos estaban etiquetados para la adquisición de insumos contra la pandemia.

Además de la ex titular de los Servicios de Salud, otras tres personas fueron capturadas por dicha operación, por lo que, de resultar responsables, también habrían cometido el delito de asociación delictuosa. Mónica N. pasaría 27 años en la cárcel en caso de demostrarse su culpabilidad.

La organización Ciudadanos Observando indicó que los cargos a Mónica N. solo es la punta del iceberg, ya que hay pruebas del desvío de recursos por más de 800 millones de pesos.

José Luis Ruiz Contreras, fiscal general del estado, informó que el caso de Miguel Ángel N. no se encuentra relacionado con el que se le imputa a la ex funcionaria Mónica N, antecesora del detenido, ya que ocurrieron bajo distintas circunstancias y durante la época en la que cada uno de ellos estuvieron al fr ente de esa Secretaría.

“Es otra diversa adquisición por diverso monto. En el caso de Mónica N. se reclama 22 millones 400 mil pesos, y en el caso del doctor el montó de la reparación del daño oscila en 31 millones y fracción

; son montos diferentes, son adquisiciones diferentes, en diversa época y en otras circunstancias”, afirmó. Además, agregó que la empresa y personal de la misma, que ya se encuentra vinculado a proceso por el otro caso similar, también estaría involucrado en la investigación del ex funcionario.

Otra aprehensión fue la de Jaime N. quien fue detenido el pasado 11 de febrero por la probable comisión de los delitos de ejercicio abusivo de las funciones públicas, ejercicio ilícito de las funciones públicas y uso ilícito de las atribuciones y facultades.

Ruiz Contreras afirmó que la detención del ex secretario de Seguridad podría significar una condena de más de 12 años, ya que se habrían desviado aproximadamente 4 millones de pesos.

De acuerdo con el fiscal, el ex funcionario rentó un inmueble a nombre de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado para oficinas públicas, sin embargo este inmueble tuvo usos personales y pese a ello fue pagado con dinero del erario durante todo el sexenio en su periodo como secretario.

Estos no serían los únicos casos de ex funcionarios que pudieran estar involucrados en hechos de corrupción de la pasada administración estatal, pues próximamente podrían ser aprehendidos quienes estuvieron implicados en el proyecto del metrobús; también se debe recordar que el 14 de marzo Daniel Pedroza Gaitán, ex secretario de Finanzas, supuestamente solicitó un amparo contra posibles órdenes de aprehensión por presuntos desvíos de recursos durante la campaña de su hermano Octavio Pedroza a la gubernatura del estado, luego que las autoridades estatales presentaron una denuncia en su contra.

Recientemente la Dirección General del Colegio de Bachilleres de San Luis Potosí presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) por el desvío de más de 160 millones de pesos correspondientes al pago del Impuesto Sobre la Renta (ISR) al interior de la institución en la pasada administración estatal encabezada por Juan Manuel Carreras.

Parece difícil creer que Carreras López no estaba al tanto de todas estas situaciones, más si se considera que las irregularidades se cometieron en dos áreas prioritarias, como la salud y la seguridad, mientras que la otra ocurrió en Educación, donde él había sido antes secretario.

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Ceepac analiza dos denuncias por actos anticipados de campaña

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La consejera presidenta Paloma Blanco confirmó que ambos expedientes ya se encuentran en revisión jurídica; uno corresponde a la Huasteca Potosina

Por: Redacción

El Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ceepac) mantiene en análisis dos denuncias formales por presuntos actos anticipados de campaña e infracciones a la legislación electoral, informó su consejera presidenta, Paloma Blanco López.

La funcionaria explicó que ambos asuntos ya fueron turnados al área jurídica para su revisión, aunque evitó adelantar posibles resoluciones debido a que los expedientes aún se encuentran en etapa de análisis.

Uno de los procedimientos corresponde a un caso registrado en la Huasteca Potosina, mientras que el segundo se refiere a un asunto de carácter local, detalló la presidenta del organismo electoral.

Blanco López precisó que las eventuales sanciones dependerán de los resultados de la investigación y de si se acredita alguna infracción a la normatividad vigente.

La consejera recordó que actualmente San Luis Potosí no se encuentra en periodo electoral formal,

por lo que las consecuencias jurídicas varían según la naturaleza de los hechos denunciados y el momento en que ocurran.

Explicó que la legislación contempla desde sanciones administrativas hasta restricciones para participar en futuros procesos electorales, particularmente en casos relacionados con violencia política en razón de género, además de posibles conductas que pudieran constituir delitos electorales y ser investigadas por la fiscalía especializada.

Las declaraciones fueron realizadas al término de una reunión entre autoridades electorales, legislativas y representantes del Poder Ejecutivo para analizar propuestas de reforma electoral, encuentro en el que, según Blanco López, no se abordaron temas presupuestales ni de financiamiento para futuros procesos comiciales.

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Ciudad

Centro de Salud Mental atiende hasta 35 personas al día

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El DIF Municipal reportó una alta demanda de servicios psicológicos, neuropsicológicos y psiquiátricos en el Centro Histórico

Por: Redacción

El Centro de Salud Mental del DIF Municipal de San Luis Potosí atiende diariamente entre 25 y 35 personas en sus turnos matutino y vespertino, informó la presidenta del organismo, Estela Arriaga Márquez.

La funcionaria explicó que la creación del centro respondió a la necesidad detectada por el área de Psicología y Prevención del DIF, que identificó una creciente demanda de atención especializada no solo psicológica, sino también psiquiátrica.

Arriaga reconoció que existe una fuerte demanda de estos servicios en la capital potosina y consideró que sería positivo ampliar la cobertura con más espacios de atención en salud mental.

Actualmente, el centro brinda consultas psicológicas, neuropsicológicas y psiquiátricas a usuarios que acuden en busca de atención especializada.

Además del Centro de Salud Mental, el DIF Municipal mantiene servicios médicos a través de cinco centros de salud ubicados en distintos centros comunitarios y mediante la Ruta de la Salud, programa itinerante que visita colonias de la ciudad para acercar consultas y estudios médicos a la población.

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Paridad y representación indígena, los retos electorales para 2027: TEESLP

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La presidenta del TEESLP, Dennise Porras, recordó que solo 15 de los 59 municipios del estado son gobernados por mujeres

Por: Redacción

Dennise Adriana Porras Guerrero, presidenta del Tribunal Electoral del Estado de San Luis Potosí (TEESLP), consideró que uno de los principales desafíos rumbo al proceso electoral de 2027 será garantizar el cumplimiento efectivo del principio de paridad de género, especialmente en los gobiernos municipales.

Al realizar un balance de las enseñanzas que dejó la reciente elección judicial y los retos que enfrentará el sistema electoral en los próximos años, la magistrada señaló que aún existe una deuda importante en materia de representación política de las mujeres.

Porras Guerrero recordó que actualmente solo 15 de los 59 municipios de San Luis Potosí son gobernados por mujeres, por lo que consideró necesario fortalecer no solo las reglas de paridad en las postulaciones, sino también los mecanismos que permitan que las mujeres accedan y permanezcan en estos cargos.

“Todavía tenemos una deuda pendiente sobre todo en lo que tiene que ver con municipios”, expresó.

La presidenta del Tribunal Electoral también destacó el avance registrado a nivel nacional, donde actualmente 14 entidades federativas son gobernadas por mujeres, una cifra que calificó como inédita. En ese sentido, consideró que para el próximo proceso electoral debe mantenerse, al menos, el nivel de representación femenina que actualmente existe en las gubernaturas del país.

Además de la paridad, señaló que otros temas prioritarios serán la inclusión y representación de grupos históricamente vulnerables, entre ellos pueblos y comunidades indígenas, personas de la diversidad sexual y los casos relacionados con usurpación de identidad de género en candidaturas.

La magistrada indicó que algunas de estas cuestiones podrían incorporarse dentro de las reformas político-electorales que actualmente se analizan, aunque advirtió que, de no concretarse por la vía legislativa, podrían ser abordadas mediante criterios administrativos o resoluciones jurisdiccionales.

Finalmente, Porras Guerrero destacó la necesidad de fortalecer el sistema de justicia electoral y reforzar la información dirigida a la ciudadanía ante la complejidad que representarán las próximas elecciones, donde coexistirán distintos cargos locales y federales.

“Tenemos una corresponsabilidad institucional para que la ciudadanía llegue informada a votar”, concluyó.

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